La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunicado desde Ginebra en el que realiza fuertes cuestionamientos al Estado uruguayo por los tratos inhumanos a los que están sometidos los adolescentes privados de libertad y le pide al gobierno de Tabaré Vázquez que “priorice las reformas de justicia juvenil para prevenir la tortura”.
“El uso excesivo de la detención de adolescentes y las pésimas condiciones de detención que encontramos durante nuestra visita son claramente inaceptables en una sociedad democrática. Es hora de que la apertura que las autoridades mostraron durante nuestras visitas se traduzca en reformas que hacen frente a estos problemas que perduran desde hace ya mucho tiempo”, concluyó Carolina Bárbara, Coordinadora de Derechos de los Niños de la OMCT.
La misión que visitó el país la semana pasada se realizó a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura- CAT de las Naciones Unidas en mayo del 2014. En aquella ocasión, todavía con José Mujica en la presidencia y en medio de la campaña para bajar la edad de imputabilidad penal, el Comité destacó tres áreas prioritarias para avanzar:
(a) asegurar o reforzar salvaguardias para las personas privadas de libertad, adoptando las medidas apropiadas para que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad y que se enjuicie debidamente a sus autores
(b) asegurarse de que el sistema de justicia juvenil esté armonizado con las normas internacionales;
(c) investigar prontamente y garantizar el enjuiciamiento debido por los actos de tortura en el sistema de justicia juvenil y garantizar la protección para las víctimas y los testigos.
Para examinar la aplicación de las recomendaciones, la misión visitó la cárcel de mujeres de Montevideo y algunos centros de detención para menores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). “Durante las visitas, la OMCT notó con preocupación algunos problemas que pueden representar tratos inhumanos y degradantes, tales como celdas de aislamiento y condiciones insalubres de detención. La OMCT también recibió quejas relacionadas con maltratos, largos períodos de confinamiento, el uso excesivo de medicamentos en algunos centros de detención y la persistencia de represalias en contra del personal que presenta denuncias dentro del SIRPA o que esté en desacuerdo con algunas de las prácticas establecidas”, destaca el comunicado emitido por la organización.
“Estamos particularmente preocupados de que algunos empleados del SIRPA formalmente acusados de actos de tortura y malos tratos estén simplemente reasignados a otros puestos de trabajo dentro del mismo sistema y en constante contacto con los niños detenidos. Igualmente preocupante es el hecho de que los empleados que denunciaron las agresiones y los abusos hayan perdido su trabajo como forma de represalia”, agrega el pronunciamiento de la OMCT. Además de estas visitas de control, la misión se entrevistó con representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); la nueva directiva del SIRPA; la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH); la Suprema Corte de Justicia; UNICEF; el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil.
Si bien la OMCT manifestó su reconocimiento por la apertura, el diálogo, la coordinación y el apoyo del gobierno y de la INDDHH a la misión, también manifestó su deseo de que “el nuevo gobierno de Uruguay le dé prioridad a las reformas legales y políticas en el sistema de justicia juvenil con el fin de cumplir plenamente con el derecho internacional”. Según trascendió luego de la visita, el gobierno uruguayo se comprometió a tomar varias medidas para mejorar la situación, entre ellas el cierre de la Colonia Berro, principal centro de reclusión juvenil del país.
