Diez víctimas de torturas en el Fusna cierran etapa testimonial antes de citar a militares.
Abril • 2015
La causa colectiva por torturas en la sede de los Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional y en un sótano de la Prefectura Nacional Naval en plena dictadura entra en la recta final previa a que los imputados sean llamados a declarar. El abogado que representa a la víctimas, Pablo Chargoñia -en coordinación con el equipo jurídico formado en torno al Observatorio de Derechos Humanos Luz Ibarburu-, solicitó a la sede que se fijen audiencias para las diez víctimas que aún no han comparecido. Más de 40 ya lo hicieron.
Las mayoría de estas personas fueron secuestradas por las fuerzas represivas entre 1977 y 1978 y permanecieron recluidas en los citados centros, algunas de ellas durante más de un año. Entre ellas se encuentra el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta, que meses atrás relató ante la Justicia su experiencia de estar 14 meses recluido en el Fusna. Tanto Brenta como otras víctimas han remarcado la ferocidad de las torturas y el régimen de privación de libertad al que fueron sometidos, en comparación con lo que se vivía en otros centros de reclusión de la dictadura. “Ir al Penal de Libertad era como ir a la libertad”, ironizó Brenta al ser consultado por la diaria.
Una de las prácticas particulares que imponían los oficiales del Fusna era obligar a los prisioneros a permanecer casi todo el día encapuchados o con los ojos vendados. Mientras el sentido de la vista se veía reprimido, el del oído se potenciaba. “Escuchábamos todos los gritos de los compañeros torturados. Por eso cuando la jueza [Julia Staricco] me preguntó si yo consideraba que las autoridades estaban al tanto de las torturas, tengo la seguridad de que sí, porque si nosotros escuchábamos, ellos también”, explicó Brenta.
La referencia concreta era para Tabaré Daners, quien en 2004 fue designado comandante en jefe de la Armada por el entonces presidente Jorge Batlle y que permaneció en el cargo hasta junio de 2006, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “Daners era el juez sumariante de la Armada”, sostuvo Brenta, y agregó que era el encargado del “interrogatorio formal”, aunque las actas que le llegaban habían sido previamente labradas durante las sesiones de torturas. “Era un trámite, ir y firmarlas delante suyo, como si hubieran sido producto de esa instancia formal. Los que se negaban a poner la firma eran devueltos a la máquina”, recordó Brenta, detenido a fines de 1977 junto a más de dos decenas de militantes de los Grupos de Acción Unificadora.
Entre los más de 50 presos políticos que pasaron por el Fusna había de todas las edades y sectores políticos. Según Brenta, los gritos de los torturados llegaban claramente hasta el despacho de Daners, por lo que era imposible que no supiera lo que estaba pasando ni que desconociera el estado físico y psicológico de los detenidos cuando eran conducidos ante él. Sin embargo, hasta el día de hoy Daners niega cualquier participación en violaciones a los derechos humanos, e incluso se ufanó ante Vázquez de haber contribuido a esclarecer las denuncias cuando entregó el mando de la Armada el 1º de junio de 2006: “Dentro de lo vivido institucionalmente, entiendo que debemos mencionar el tema de los derechos humanos, ya que al ser confirmado en el cargo [cuando asumió el Frente Amplio] y consultado al respecto por parte del señor presidente, le manifestamos en la oportunidad que haríamos cuanto estuviera a nuestro alcance para colaborar en su objetivo de dar vuelta una dolorosa página en la historia de nuestro país y recomponer, definitivamente, el tejido social”.
La percepción que tienen Chargoñia, Brenta y el resto de los denunciantes, al igual que organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es la contraria. Cuando terminen de declarar todas las víctimas, la jueza deberá citar en calidad de indagados a los militares mencionados como responsables. En esa lista figurarían, además de Daners, los también marinos Alex Lebel, Jorge Juansolo y Juan Carlos Larcebeau, este último procesado con prisión en 2007 por 29 delitos de homicidio.
Al igual que está ocurriendo en otras investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, se estima que los acusados solicitarían el archivo de las actuaciones alegando la prescripción de los delitos, así como la inconstitucionalidad de la ley que en 2011 los declaró imprescriptibles.
Obediencia indebida
Por otro lado, Chargoñia informó acerca de los últimos movimientos que hubo en otro expediente, en este caso el que procura establecer responsabilidades en el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, secuestrado por un grupo de tareas en julio de 1975 junto a otras siete personas y entregado en el Departamento de Inteligencia de la Policía. Allí fue torturado con el método del submarino hasta su muerte, tal como quedó demostrado en la reconstrucción histórica que una junta médica hizo de la autopsia, extremo ratificado en la sede por el médico forense Guido Berro.
En esta causa los imputados son el comisario Eduardo Telechea, el comisario Benítez, Enrique Navas, Ricardo Medina, José Sande Lima, Alen Castro y Beto Lemos, entre otros, según consta en el registro que lleva el Observatorio Luz Ibarburu. Semanas atrás Navas concurrió a declarar al Juzgado Penal de 7º Turno, a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, oportunidad en la que reconoció que cumplía tareas de ubicación y captura de requeridos, y en la que habría afirmado que “es posible” que entre las detenciones que concretó se encontrara Balbi. Sin embargo, alegó desconocer el destino que tenían esas personas, ya que su función era entregarlas a las autoridades de Inteligencia, cuyos referentes eran Medina y Sande.
Las actuaciones entraron en un impasse luego de que otros imputados reclamaron el archivo, al amparo de la supuesta prescripción de los delitos.
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/4/paso-a-paso/
