AGRICULTURA INTERVIENE EN LA DISPUTA ENTRE LOS PRODUCTORES Y MONSANTO
La batalla por las semillas
Les solicitó a ADM, Toepfer y Compañía Argentina de Granos que informen si firmaron un contrato con Monsanto donde se establece que les deben exigir a los productores el pago de regalías a partir de controles privados de la biotecnología.
El Ministerio de Agricultura les envió la semana pasada cartas a las cerealeras ADM, Toepfer y Compañía Argentina de Granos donde les solicita que le informen si firmaron un contrato con la multinacional Monsanto donde se establece que les deben exigir a los productores rurales el pago de regalías a partir de controles privados de la biotecnología incluida en la semillas. Las entidades del agro vienen denunciando desde hace varias semanas que Monsanto incluyó unilateralmente una cláusula en los contratos de compraventa de soja, por la cual los compradores podrían tomar las medidas necesarias para detectar la presencia de tecnología (Gen RR2/Intacta) en los granos entregados y retener un importe en concepto de regalías. A raíz de ello, se enviaron las cartas y se le dio diez días hábiles de plazo a las firmas para que den detalles sobre el tema. Si no responden, amenazan con suspenderlas del Registro Unico de Operadores de la Cadena Alimentaria. Además, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) presentará hoy una acción declarativa de certezas en el fuero contencioso administrativo federal para que la Justicia precise si toda la tecnología debe cobrarse cuando se compra la semilla.
“Creemos que la tecnología hay que pagarla y que es importante trabajar para estimular los procesos de innovación con reglas claras”, aseguró en Twitter el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. No obstante, dejó entrever su dudas sobre la modalidad que pareciera estar impulsando Monsanto para cobrar. “Queremos saber si los contratos que se estarían firmando son compatibles con el andamiaje legal de nuestro país”, agregó.
En el Gobierno se manejan con cautela porque los supuestos contratos que impulsó Monsanto son acuerdos entre privados. No obstante, la intención oficial es dejar en claro de manera consensuada con el conjunto de la cadena de la semilla cómo se debe pagar la tecnología para evitar conflictos. Por ese motivo, es que se ha estado convocando a todas las cámaras del sector a debatir. La última reunión fue el jueves pasado donde se conversó sobre la necesidad de crear un Registro de Uso Propio Controlado, inicialmente para trigo y soja, que ayude a combatir el uso ilegal de semillas, conocido como bolsa blanca. Además, en ese encuentro se planteó que todos los derechos de propiedad de la tecnología se cobren en la semilla. En representación del ministro Carlos Casamiquela, asistió su número dos, Gabriel Delgado, quien en ese momento informó que el Inase presentará en la Justicia una acción declarativa de certezas sobre ese tema. Del encuentro participaron representantes de Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Coninagro, de Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), de Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEM), entre otros.
A su vez, el Centro de Estudios de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), organización cercana al Gobierno, emitió un comunicado donde afirmó que la legislación vigente sobre semillas en el país permite que los agricultores que cosechan puedan guardarse una parte de su producción para usarla como semilla en la campaña siguiente, sin tener que pagar por ello monto alguno al obtentor, lo que le garantiza al agricultor la resiembra con su propia semilla, así como también comercializar su producción como materia prima y alimento. Luego de recordar ese derecho, Canpo le apuntó a Monsanto sin nombrarla, dando mayores pistas sobre la posición oficial: “El sistema comercial privado que intenta imponer una multinacional en nuestro país vía contratos privados entre los productores y la empresa particular no solo impide el ejercicio del derecho al uso propio de los agricultores, sino que restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por dicha compañía. Determina así quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no. De esta manera, una corporación pretende controlar la totalidad de la cadena productiva”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-271450-2015-04-27.html
