Luis Alén de Secretaría de DDHH
El subsecretario de Protección en Derechos Humanos, Luis Alén, destacó hoy que la Justicia haya aceptado los recursos de queja ante la resolución del juez Julián Ercolini que había rechazado el pedido de indagatoria a los empresarios del Grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto y de La Nación Bartolomé Mitre en la causa que investiga irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura cívico militar.
Alén, como representante legal de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella habían presentado un recurso de queja ante la resolución del magistrado que lleva la causa Papel Prensa y que en 24 horas rechazó el pedido de indagatoria a Magnetto, Mitre y otros acusados.
"Si no se llama a declarar, la causa no puede avanzar y no se resuelve nada", dijo el funcionario en declaraciones a Télam al recordar que el expediente acumula 26 cuerpos y que "desde que se inició la causa ya murieron cinco acusados".
Por su parte, Lidia Papaleo, la viuda del ex dueño de Papel Prensa David Graiver, afirmó que si los directivos de los diarios Clarín y La Nación se presentan a declarar en la causa que investiga la venta irregular de la planta "estamos ante un hito histórico de la política argentina".
Para la viuda de Graiver, el juez Ercolini "pierde años (investigando) el tema económico" y calificó de "absurdo" la investigación porque "utiliza los números de la dictadura" para determinar si existió delito de "empoderamiento" de la empresa.
En esos términos se refirió Papaleo de Graiver al referirse al reciente fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que analizará si corresponde citar a los empresarios, luego de que aceptara el recurso de queja presentado por los querellantes ante el rechazo del juez de llamar a indagatoria.
La investigación judicial se inició en 2010 en el Juzgado Federal 3 de la Plata y luego pasó al fuero federal a cargo de Julián Ercolini.
El expediente caratulado "Papel Prensa sobre presuntas irregularidades en su constitución, administración y transferencia de acciones" tiene como imputados a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Marcos Peralta Ramos y a los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos, de La Razón, ambos fallecidos después de abrirse la causa, al igual que Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y José Alfredo Martínez de Hoz.
"Queríamos que se revisara esa resolución porque claramente las pruebas presentadas eran suficientes para que sean indagados", remarcó Alén.
En tanto que Papaleo de Graiver advirtió que "no hay que distraerse" al señalar que el ataque que sufrió Víctor Hugo Morales por parte de desconocidos frente al paredón que levantó Clarín cuando pretendía hacer una nota, refleja que "el poder de Clarín sigue intacto, como hace 38 años".
Entrevistada por radio Télam, Papaleo reiteró que sigue recibiendo amenazas telefónicas y que se siente "víctima de la política", aunque negó sentir miedo pese al poder oscuro que simbolizó en "la mirada de Magnetto" hacia ella.
"Quiero que mi país tenga Papel Prensa como se creó, con el 28% de las acciones en manos del Estado. No quiero ser la más rica del cementerio", afirmó al reconocer que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "fue el primero que me dejó hablar", y el respaldo recibido que permitió iniciar la causa judicial en 2010.
Para la fiscalía de Barbella, el fallo de la Cámara "es un avance muy importante"
Reina el optimismo y la prudencia. Esa es la sensación que trasmitieron a ámbito.com desde la fiscalía federal Nº 5 de Leonel Barbella, tras la decisión de la Cámara Federal de aceptar el recurso de queja contra la doble negativa del juez Julián Ercolini de citar a declarar a los imputados por la apropiación ilegal de Papel Prensa.
"Es un avance muy importante porque demuestra que el pedido del fiscal tiene asidero, solvencia y razonabilidad", sostuvieron fuentes judiciales. En la misma línea se había expresado el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, en representación de la parte querellante, que también presentó un recurso similar al de Barbella. "Es una buena noticia, algo positivo", afirmó el funcionario nacional.
La Sala I de la Cámara Federal porteña decidió este jueves que la resolución que denegó la indagatoria de los directivos de Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre, es apelable y abrió las puertas a una posible citación ante la Justicia.
"Aceptaron la queja y abrieron la apelación por que entendieron que hay riesgo en la responsabilidad institucional del Estado", remarcaron las fuentes consultadas por este medio.
• 2 a 1
El fallo de la Cámara salió dos a uno. En la resolución, los camaristas que votaron a favor Eduardo Frailer y Jorge Ballestero consideraron que no indagar a los acusados "se trata de una decisión insusceptible de ser cuestionada mediante la vía de la apelación salvo que de ello resulte un agravio de imposible o de insuficiente reparación ulterior".
Y subrayaron: "Esta Sala ha sostenido históricamente que si bien la negativa del juez de primera instancia a ordenar la recepción de la declaración indagatoria -ante el pedido de los acusadores- no es una decisión de las 'expresamente declaradas apelables' por nuestro digesto procesal, lo cierto es que la regla general que se desprende de tal omisión cede cuando la resolución en crisis genera un gravamen irreparable".
Pero además, Frailer y Ballestero coincidieron con Barbella y la querella en el supuesto que de no lograr las indagatorias se "acarrea la imposibilidad de avanzar en la investigación de posibles delitos de lesa humanidad y de evitar la eventual responsabilidad del Estado argentino en caso de incumplir con sus obligaciones internacionales".
Esta semana, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, había advertido por las posibles sanciones económicas que podría afrontar la Argentina si no se avanza en la búsqueda de justicia en causas como estas.
Asimismo, los dos magistrados avalaron el argumento del fiscal sobre la puesta en peligro del cumplimiento de la obligación constitucional que pesa sobre los investigadores para impulsar pesquisas. "Los impugnantes introdujeron, de manera fundada y como eje de su disidencia, la imposibilidad del Ministerio Público Fiscal de cumplir con el propósito establecido por el artículo 120 de la Constitución nacional y, como consecuencia de ello, de ejercer la acción penal procurando el efectivo cumplimiento del debido proceso legal", afirmaron.
El voto negativo de Eduardo Farah concuerda con Ercolini. En su argumentación, Farah remarcó que la investigación está activa, bajo la responsabilidad del juez, y consideró que es adecuado esperar por la tasación de Papel Prensa. "La instrucción se encuentra bajo la dirección del juez, no está completa y no arribó a la instancia" suficiente para citarlos, indicó. Y agregó: "Por el contrario, la investigación sobre la hipótesis planteada está activa y en pleno trámite, habiéndose ordenado medidas de prueba que fueron consentidas por la parte acusadora. En ese contexto, el juez realizó un examen de los elementos colectados hasta aquí y entendió, dentro de un marco de indiscutible potestad propia, que no estaban reunidas las condiciones" para indagarlos.
A diferencia de sus colegas, para Farah en esta situación "mal puede hablar se una afectación de la facultad de impulsar la acción penal" de los fiscales, como así tampoco de una interferencia en el juzgamiento de crimen de lesa humanidad. Aunque se trate de un delito cometido en dictadura, el juez estimó que "no lo exime de seguir las reglas que impone la ley -para todos los procedimientos penales de esta jurisdicción- sobre la prueba y la dirección de la instrucción".
• Los próximos pasos
Para las próximos días se espera que la Cámara de vista al fiscal general en esta instancia, Germán Moldes, quien deberá sostener o rechazar el recurso. Lo mismo se solicitará a la querella. Más allá de la opinión del fiscal organizador de la marcha del 18F, se espera que la Secretaría de DDHH sostenga la queja y que la Cámara analice el pedido a indagatorias. Para ello, se también se aguarda una convocatoria a las dos partes para que expliquen sus posturas en una audiencia.
Una vez realizadas las exposiciones de Moldes y la querella se abre una etapa con tres posibles definiciones en el ámbito de la Cámara. La primera, la menos probable, es que la Cámara confirme lo actuado por Ercolini y ratifique la apelación, con lo cual las indagatorias quedarán sepultadas y hay peligro de que se allane el camino a la impunidad en el caso Papel Prensa. La segunda es que le solicite al juez que revise su rechazo a la apelación. La tercera es que directamente los camaristas le ordenen a Ercolini que cite a declarar a los imputados en los próximos días.
