09 de marzo de 2016
La Agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha reconocido que las organizaciones de derechos humanos, que reclaman ante el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la expulsión masiva de todos los extranjeros que lleguen a la costa de Grecia, tienen razón en sus planteamientos y advierten que se viola la normativa internacional firmada por los países del viejo continente y también por los turcos.
El alto comisionado de la ONU, Filippo Grandi, reconoció estar “profundamente preocupado ante este acuerdo. No se puede firmar ningún acuerdo que no salvaguarde las garantías que tienen los refugiados en el derecho internacional”, enfatizó ante el Parlamento Europeo, donde fue recibido el martes para plantear su visión de lo que ocurre. “Esto es un movimiento de refugiados básicamente: el 88% de los que piden asilo proceden de los diez países que más asilados generan en el mundo”, remarcó el funcionario de ONU.
Aunque se escucharon aplausos en el reciento, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, reafirmó que “todos los migrantes irregulares serán devueltos a Turquía, de acuerdo con las leyes europeas e internacionales”, incluyendo a todas luces a los sirios, pese a ser refugiados de una guerra que tiene ya cinco años y cientos de miles de muertos civiles.
El último cierre del paso de los Balcanes
Mientras tanto y apenas un día después de conocerse el acuerdo entre la Comunidad Europea y Turquía, los tres países que aún tenían cierta flexibilidad de paso para los refugiados – Eslovenia, Croacia y Serbia- bloquearon sus fronteras casi simultáneamente.
Aunque ya había una disminución sensible del pasaje, después del cierre del paso entre Macedonia y Grecia, ahora los tres países -incluso Serbia que no es parte de la Unión Europea- se unen para impedir la llegada al norte europeo.
Los ministerios de Interior de los tres países, informaron en sendos comunicados que autorizarán solo el ingreso al país “de personas con documentos de viaje válidos”, es decir pasaportes y visados, todo lo que carecen la casi totalidad de los refugiados.
Mientras tanto Amnistía Internacional, ha emitido una declaración en la que afirma que el acuerdo turco-europeo tiene “más lagunas legales y morales” que certezas para los refugiados y que el asentar a los miles que seguirán huyendo en Turquía no significa garantía alguna. “Ni teniendo la máxima imaginación se puede lograr que Turquía sea considerada un tercer país seguro y que la Unión Europea pueda legalmente, subcontratarle sus obligaciones”, sentenció Iverna McGowan, jefa de Amnistía para las instituciones europeas.
