La enardecida reacción de la Cámara de Comercio y Servicios ante la relativa flexibilización de las pautas salariales por parte del gobierno para la ronda de negociación colectiva que se dirimirá este año, raya ciertamente en el absurdo.
Ago 16, 2016
Parece surrealista que el gran capital se rasgue las vestiduras ante esa concesión mínima otorgada al movimiento sindical, que sólo favorecerá a los trabajadores que perciben los salarios más sumergidos.En efecto, esa decisión, que está alineada con las pautas oficiales impartidas a los negociadores de los Consejos de Salarios, sólo apunta a preservar el poder de compra de los asalariados, particularmente de quienes se encuentran en situación más deprimida.El cambio de criterio, que responde a una nueva realidad en materia de presiones inflacionarias, no contempla, sin embargo, el reclamo del PIT-CNT de que se establezcan correctivos anuales.
En esta oportunidad, salvo excepciones, no habrá recuperación salarial como en la década 2005-2014 que marcó una sustantiva mejora de los sueldos y las jubilaciones, acorde a la necesidad de redistribuir la renta en un contexto de fuerte crecimiento.
Contemplando el enlentecimiento de la economía y la necesidad de preservar básicamente el nivel de empleo, se ha sacrificado nuevamente a la masa trabajadora, la que tendrá que cargar con el peso de los ajustes y las restricciones.
Sin embargo, y pese a que las nuevas reglas de juego siguen atendiendo más a la situación del mercado laboral que a las demandas gremiales, el empresariado no dudó en poner el grito en el cielo, acorde a su vocación por la queja sin propuesta ni soluciones de fondo.
En sintonía con su predisposición al terrorismo verbal, los propietarios de los medios de producción advirtieron, como siempre, que las medidas gubernamentales pueden derivar en la pérdida de fuentes de trabajo.
Aunque aducen que las empresas no estarán en condiciones de asumir los costos salariales, la realidad demuestra que esa reflexión carece de todo sustento.
En efecto, en función de los nuevos criterios de ajuste, los salarios más sumergidos tendrán un aumento equivalente a la inflación registrada entre julio de 2015 y junio de 2016, que alcanzará a un 10,94%.
En base a los cálculos estimados, los salarios que en 2015 eran de 12.000 pesos pasarán a ser de 13.400 pesos, los que eran de 14.000 pesos aumentarán a 15.600 pesos, por 40 horas semanales, mientras que los empleados que cobraban 15.600 pesos, por 48 horas semanales, percibirán en el futuro 18.700 pesos.
Por su intrínseca contundencia, estos números eximen realmente de mayores comentarios, porque son, por supuesto, escandalosos.
Si fueran conscientes que viven en sociedad y no en su limbo de privilegios, los propios empleadores deberían sentir vergüenza por pagar las irrisorias remuneraciones que abonan.
Todos los trabajadores saben -naturalmente por experiencia propia- lo oneroso que resulta solventar un presupuesto familiar en un contexto de precios al alza de los artículos de consumo.
También lo saben los empresarios pese a que, desde el año pasado, se han limitado a eliminar miles de puestos de empleo para preservar sus altos niveles de apropiación de plusvalía, sin contemplar las legítimas aspiraciones y necesidades de sus empleados.
Evidentemente, no cambian más. Siguen siendo mezquinos y egoístas, acorde a su identidad de clase social
