28 ago 2016

BOLIVIA CONTRA LAS MINERAS Y EL IMPERIO


Evo Morales habla sobre el asesinato del viceministro Illanes

Publicado por Juan José Salinas


El presidente Evo Morales salió al cruce de lo que evidentemente es un conspiración alentada por el imperialismo. Falsos cooperativistas que son en realidad patrones que pretenden estar por encima de la ley subcontratan a mineros desempleados sin hacerles aportes ni cumplir con otras normas, sobreexplotándolos e impulsándolos a operar como falange propia bajo amenaza de dejarlos sin trabajo. 

Imágenes de los disturbios y última fotografía tomada al asesinado.
El gobierno boliviano confirmó que su viceministro “retenido” por mineros fue “brutalmente asesinado”
Pretenden tener la potestad de establecer ellos mismos contratos de supuestas joint ventures con empresas transnacionales, abriendo paso a la privatización de la actividad minera, algo que el gobierno de Evo Morales jamás aceptará. Un compañero que estuvo hace poco en Bolivia y Potosí, Ricardo Krakowski, regresó espantado del nivel de virulencia que encontró en la oposición de los (falsos) cooperativistas. Estábamos haciéndole el aguante a las Madres y a Hebe en la Plaza y me dijo que le parecía obvio que consumada las caídas de los gobiernos populares de Brasil y Argentina, el lazo se estrecharía sobre Bolivia y Ecuador. Pues eso. Los dejo con Evo (debajo de todo) , y con los despachos emitidos por la agencia Télam.

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, fue “cobarde y brutalmente asesinado” por cooperativistas mineros en conflicto con el gobierno que lo habían tomado como rehén, se anunció oficialmente.

“Todos los indicios indican que nuestro viceministro Rodolfo Illanes ha sido cobarde y brutalmente asesinado; estamos desarrollando las diligencias necesarias para que nos entreguen el cuerpo inerte”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una declaración a la prensa en el palacio de gobierno, cerca de la medianoche.

El asesinato ocurrió entre las 17.30 y las 18 (las 18.30 y las 19 en la Argentina) de ayer, señaló el funcionario.

Romero subrayó que “los cooperativistas hicieron una serie de declaraciones en las que reconocían que tenían secuestrado al viceministro, aunque usaron la palabra ‘retenido'”.

“Queremos no solo expresar nuestro repudio a este hecho criminal sin precedente, sino, al mismo tiempo, solicitar a la Justicia que esclarezca este asesinato y establezca responsabilidades a los institutos jurídicos que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó el ministro.

El presidente Evo Morales estaba “profundamente conmovido” por la noticia, reportó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, a una televisora privada.

Ferreira aseguró que el gobierno no permitirá que el crimen quede impune e informó que agentes de inteligencia ya habían detenido a entre 100 y 120 personas en relación con el asesinato.

La agencia noticiosa estatal ABI afirmó que es la primera vez en los últimos 50 años que un alto funcionario del gobierno es asesinado tras ser tomado como rehén por manifestantes.

Una versión sobre la muerte de Illanes circuló desde unas cuatro horas antes de que Romero la confirmara, cuando el periodista Moisés Flores aseguró a la radio Erbol que había visto el cadáver del viceministro a 50 metros de una torre de electricidad, en un cerro cercano a Panduro.

En esa localidad, a unos 180 kilómetros de La Paz, volvieron a registrarse ayer violentos enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros que llevaban tres días cortando rutas en demanda de la derogación de una ley para el sector promulgada por el presidente Evo Morales.

Esos enfrentamientos dejaron un minero muerto por “dos impactos de arma de fuego” -el tercero en dos días- y 20 heridos por balines de goma, según Erbol.

Los choques anteriores dejaron, además de las dos víctimas fatales, otra veintena de heridos y más de 30 detenidos, según voceros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

La suerte de Illanes había sido objeto de confusión ayer. Romero informó temprano que lo habían secuestrado y amenazaban con torturarlo, pero los mineros y el propio viceministro dijeron más tarde que estaba “retenido” mientras buscaba establecer un diálogo en procura de solucionar el conflicto.

Según Romero, Illanes fue raptado mientras daba una conferencia de prensa en uno de los puntos donde los mineros bloqueaban una ruta, en el departamento La Paz.

“Esta gente le ha impedido su derecho de locomoción, lo tienen amenazado y eso no es una retención pacífica e inocente: es un secuestro y es un hecho grave”, afirmó entonces el ministro.

Horas después, Illanes dijo a una radio local que estaba “retenido” por los mineros, que no había recibido “ningún maltrato” y que el retiro de la policía y la instalación de un diálogo con el gobierno eran condiciones impuestas para su liberación.

La protesta busca la derogación de una ley que autoriza la creación de sindicatos en las cooperativas mineras, una iniciativa que el sector considera perjudicial para sus intereses.
El gobierno asegura que la norma no alcanzará a las organizaciones mineras y sospecha que las protestas están vinculadas con un intento sectorial para conseguir beneficios del Estado.

“No queremos sindicatos en nuestro sector cooperativo; todos somos socios y no tenemos una relación de patrón a obrero”, afirmó el vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Albino García.

Varias investigaciones determinaron que las mineras operan con miles de trabajadores sometidos a condiciones de explotación y figuran como subcontratados de pequeños grupos de patrones.

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Al menos seis transnacionales trabajan con los cooperativistas



Las cooperativas mineras tienen firmados contratos de arrendamiento y de riesgo compartido con 31 empresas privadas. Entre esas al menos seis transnacionales que tienen la mayor parte de las concesiones.

Entre las empresas extranjeras que destacan están: Mining Development-Company (3 contratos), Manquiri S.R.L. (2), Compañía Minera del Sur (1), ASC filial Bolivia (2), Empresa American Internacional Trading Company Incorporated-AITC Inc. (6) y la Inti Raymi (1).
Dos de los 31 contratos tienen vigencia indefinida, otros dos por 35 años, seis por 25, ocho por 20 y los restantes por menos de 10 años, según figura en la lista proporcionada a OPINIÓN por el Ministerio de Gobierno y que tiene como fuente el Ministerio de Minería y Metalurgia.

Entre las demandas de los cooperativistas está la modificación de la nueva Ley de Minería para que se les permita asociarse con empresas transnacionales. Los 31 contratos firmados, fueron suscritos en el marco de la antigua norma.

Entre los socios privados de los cooperativistas están la Comsur, fundada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la Mining Development-Company, la empresa Manquiri y la American International Trading, que ya fueron observadas antes por el Gobierno.

Los contratos de arrendamiento o riesgo compartido, entre las cooperativas mineras y estas empresas, fueron firmadas desde el año 1996 hasta 2013. Al menos 22 fueron suscritos antes del 2006, es decir son anteriores a la llegada a la presidencia de Evo Morales, y nueve durante su Gobierno.

La promulgación de la nueva Ley de Minería en mayo de 2014, adecuada a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), fue la clave para frenar la firma de este tipo de convenios.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer sobre la existencia de los 31 contratos y aseguró que el Gobierno no puede aceptar la demanda de los mineros de este sector, de continuar asociándose con empresas privadas porque atenta contra la CPE y los recursos naturales que son de propiedad de todos los bolivianos.
Reiteró que solo el Estado tiene la atribución de suscribir acuerdos para la explotación de estos recursos. “Ellos (los cooperativistas mineros) pretenden que el pueblo boliviano y el Estado acepten, que aceptemos, que ellos van a ser una fachada para permitir el funcionamiento de empresas privadas”, dijo.

AUDITORÍA 

En abril de 2014, se conoció que 42 contratos, firmados entre cooperativas mineras y empresas privadas, fueron auditados. Entonces, la Procuraduría General del Estado detectó que siete de esos son lesivos al Estado, por lo que los presentaron a la Fiscalía General, para que inicie la acción penal contra los responsables.

Los contratos observados corresponden a la Cooperativa Minera 10 de Noviembre y la empresa Mining Development-Company; la Cooperativa Minera 27 de Marzo y la Empresa Manquiri; la Cooperativa Poopó y la Compañía Minera del Sur; la Cooperativa Pulacayo y la ASC Bolivia; la Cooperativa Industrial de Fundición Catavi y la española Empresa American International Trading, que firmó además con otros tres cuentapropistas: la Cooperativa Minera el Porvenir Ltda. y la Cooperativa Minera Morococala Ltda.


Opinión