A diez años del colapso de Wall Street, Trump avanza en la desregulación financiera
MARÍA EMILIA REBOLLO
MARÍA EMILIA REBOLLO
29 de Junio de 2018
DECIDIDO. El presidente Donald Trump decretó en 2017 revisar las regulaciones impuestas por su antecesor Barack Obama, incluidas en la Ley Dodd-Frank.
Los grandes bancos denuncian que las actuales disposiciones limitan la recuperación de la economía y presionan al Gobierno para que dé marcha atrás. La última palabra recaerá en los legisladores.
Mientras Estados Unidos transita el décimo aniversario de la mayor recesión desde 1929 con una economía boyante y los bancos disfrutan de ganancias récord, Donald Trump se moviliza para dar marcha atrás con las leyes que fueron impuestas para prevenir otra debacle.
Poco queda de aquel magnate que durante la campaña presidencial de 2016 hizo de Wall Street un blanco de sus amenazas. De advertirles a las elites políticas y empresariales que "no se saldrán con la suya", pasó a promover sin escalas el desmantelamiento de la ley Dodd-Frank, adoptada por iniciativa de la Administración de Barack Obama en 2010, por considerar que la regulación es excesiva y condiciona el crecimiento.
Sus intenciones tuvieron eco en el Capitolio. En un inusual entendimiento bipartidista, republicanos y demócratas sacaron adelante a fines de mayo pasado la primera reforma: solo serán sometidas a "pruebas de estrés" por parte la Reserva Federal (Fed) las entidades que cuenten como mínimo 250.000 millones de dólares en activos, cuando hasta ahora el requisito era desde 50.000, entre otras disposiciones. Los beneficiados son los bancos "comunitarios" y regionales, muchos de los cuales no cuentan con más de dos o tres sucursales. Así, solo diez firmas, de un total de 35, estarán bajo escrutinio.
La ley de 2.300 páginas y que a la fecha no fue aplicada en su totalidad, sostienen especialistas, también establece que las grandes corporaciones deben dejar organizado un eventual desmantelamiento y no pueden devolver beneficios a los accionistas sin la previa autorización del banco central. Anticuerpos versus burocracia.
"Yo no lo llamaría un desmantelamiento. Es un retroceso, pero conserva las reformas clave que son fundamentales para mantener un sistema estable", analizó Nellie Liang, exdirectora de la división de estabilidad financiera de la Fed, creada después de 2008, y actual miembro del reconocido Instituto Brookings en Washington DC, en conversación con Ámbito Financiero.
Pero Trump va por más. Mientras el escándalo por la política migratoria ocupaba los titulares días atrás, el abanderado de la Fed, Jerome Powell, hizo públicas sus intenciones de modificar la Regla de Volcker, concebida para limitar las inversiones especulativas de alto riesgo con depósitos en garantía o los fondos de sus clientes. En pocas palabras, fuerza a la compañías tomar los recaudos necesarios para mitigar una eventual caída.
Lobby
"Antes de la aprobación del alivio, la mayoría de los Demócratas del Congreso trataban a Dodd-Frank como un texto bíblico que no podía reformarse, pero la mentalidad está cambiando", afirmó la lobbista de la firma de abogados Paul Hastings, Dina Ellis Rochkind, a Ámbito Financiero.
"La regla de Volcker es una de las regulaciones más onerosas para los bancos. Es peor que reinstalar Glass-Steagall porque supone que todas las transacciones en un banco son ilegales", afirmó en referencia a la barrera legal aprobada en 1933 que exigía la separación del crédito al consumo y la banca de inversión, y que fue eliminada por Bill Clinton en 1999. "Afortunadamente, los reguladores reconocen la necesidad de realizar cambios, pero el lenguaje legal realmente necesita ser modificado", concluyó la mujer que representa los intereses privados en el Capitolio y la Casa Blanca.
En la otra vereda, políticos como Phill Angelides defienden que las regulaciones permanezcan tal como fueron aprobadas. Durante el primer tramo del Gobierno de Barack Obama (2009-2017), presidió la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, que lanzó una conclusión fundamental: el caos era evitable y predecible, y no hubiese sido posible si todavía hubiesen estado en vigor los pilares regulatorios que fueron borrados de un plumazo una década antes.
Ninguno de los organismos tuvo las herramientas para reaccionar a tiempo ante la amenaza de las hipotecas basura, que derivó en el quiebre de los grandes bancos y sumió a la economía mundial en una catástrofe. Muchos países todavía crujen.
"Después de casi una década de estabilidad, una economía en expansión y ganancias récord en los bancos, Washington está listo para repetir los mismos viejos errores", advirtió Angelides en una entrevista telefónica con Ámbito Financiero. "Es completamente inapropiado, terrible. No se trató de una tormenta perfecta, fue absolutamente evitable", agregó el demócrata, que dice "apoyar" el capitalismo.
"Y esto no es todo. Afianzados por más de $3 mil millones en lobby, es poco probable que los bancos acepten medias tintas en su búsqueda de la desregulación.Todos deberían estar asustados por lo que está sucediendo", agregó.
No obstante, las modificaciones en la normativa deben contar con el aval del Congreso, y algunos expertos advierten que el Gobierno no cuenta con el tiempo necesario para impulsar un tratamiento legislativo antes de las elecciones de medio término en noviembre, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y el Senado, hoy ambas en control republicano.
"Como consecuencia de la crisis financiera, millones de familias perdieron sus hogares y sus trabajos. La economía naufragó y las comunidades de todo el país quedaron devastadas. Los bancos de Wall Street admitieron haber cometido una falta y pagaron fortunas en multas. Pero ahora, con los banqueros a su lado, el presidente Trump comienza a desmantelar lo que protege a nuestras familias y economía", concluyó.
Las advertencias también llegaron desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado, cuando el retroceso era un proyecto. El organismo dirigido por Christine Lagarde publicó un informe en el que advirtió sobre que abandonar de "forma unilateral y sin coordinación previa las regulaciones mutuamente establecidas llevará a una fragmentación financiera y reavivará la carrera de mínimos en el ámbito regulatorio".
DECIDIDO. El presidente Donald Trump decretó en 2017 revisar las regulaciones impuestas por su antecesor Barack Obama, incluidas en la Ley Dodd-Frank.
Los grandes bancos denuncian que las actuales disposiciones limitan la recuperación de la economía y presionan al Gobierno para que dé marcha atrás. La última palabra recaerá en los legisladores.
Mientras Estados Unidos transita el décimo aniversario de la mayor recesión desde 1929 con una economía boyante y los bancos disfrutan de ganancias récord, Donald Trump se moviliza para dar marcha atrás con las leyes que fueron impuestas para prevenir otra debacle.
Poco queda de aquel magnate que durante la campaña presidencial de 2016 hizo de Wall Street un blanco de sus amenazas. De advertirles a las elites políticas y empresariales que "no se saldrán con la suya", pasó a promover sin escalas el desmantelamiento de la ley Dodd-Frank, adoptada por iniciativa de la Administración de Barack Obama en 2010, por considerar que la regulación es excesiva y condiciona el crecimiento.
Sus intenciones tuvieron eco en el Capitolio. En un inusual entendimiento bipartidista, republicanos y demócratas sacaron adelante a fines de mayo pasado la primera reforma: solo serán sometidas a "pruebas de estrés" por parte la Reserva Federal (Fed) las entidades que cuenten como mínimo 250.000 millones de dólares en activos, cuando hasta ahora el requisito era desde 50.000, entre otras disposiciones. Los beneficiados son los bancos "comunitarios" y regionales, muchos de los cuales no cuentan con más de dos o tres sucursales. Así, solo diez firmas, de un total de 35, estarán bajo escrutinio.
La ley de 2.300 páginas y que a la fecha no fue aplicada en su totalidad, sostienen especialistas, también establece que las grandes corporaciones deben dejar organizado un eventual desmantelamiento y no pueden devolver beneficios a los accionistas sin la previa autorización del banco central. Anticuerpos versus burocracia.
"Yo no lo llamaría un desmantelamiento. Es un retroceso, pero conserva las reformas clave que son fundamentales para mantener un sistema estable", analizó Nellie Liang, exdirectora de la división de estabilidad financiera de la Fed, creada después de 2008, y actual miembro del reconocido Instituto Brookings en Washington DC, en conversación con Ámbito Financiero.
Pero Trump va por más. Mientras el escándalo por la política migratoria ocupaba los titulares días atrás, el abanderado de la Fed, Jerome Powell, hizo públicas sus intenciones de modificar la Regla de Volcker, concebida para limitar las inversiones especulativas de alto riesgo con depósitos en garantía o los fondos de sus clientes. En pocas palabras, fuerza a la compañías tomar los recaudos necesarios para mitigar una eventual caída.
Lobby
"Antes de la aprobación del alivio, la mayoría de los Demócratas del Congreso trataban a Dodd-Frank como un texto bíblico que no podía reformarse, pero la mentalidad está cambiando", afirmó la lobbista de la firma de abogados Paul Hastings, Dina Ellis Rochkind, a Ámbito Financiero.
"La regla de Volcker es una de las regulaciones más onerosas para los bancos. Es peor que reinstalar Glass-Steagall porque supone que todas las transacciones en un banco son ilegales", afirmó en referencia a la barrera legal aprobada en 1933 que exigía la separación del crédito al consumo y la banca de inversión, y que fue eliminada por Bill Clinton en 1999. "Afortunadamente, los reguladores reconocen la necesidad de realizar cambios, pero el lenguaje legal realmente necesita ser modificado", concluyó la mujer que representa los intereses privados en el Capitolio y la Casa Blanca.
En la otra vereda, políticos como Phill Angelides defienden que las regulaciones permanezcan tal como fueron aprobadas. Durante el primer tramo del Gobierno de Barack Obama (2009-2017), presidió la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, que lanzó una conclusión fundamental: el caos era evitable y predecible, y no hubiese sido posible si todavía hubiesen estado en vigor los pilares regulatorios que fueron borrados de un plumazo una década antes.
Ninguno de los organismos tuvo las herramientas para reaccionar a tiempo ante la amenaza de las hipotecas basura, que derivó en el quiebre de los grandes bancos y sumió a la economía mundial en una catástrofe. Muchos países todavía crujen.
"Después de casi una década de estabilidad, una economía en expansión y ganancias récord en los bancos, Washington está listo para repetir los mismos viejos errores", advirtió Angelides en una entrevista telefónica con Ámbito Financiero. "Es completamente inapropiado, terrible. No se trató de una tormenta perfecta, fue absolutamente evitable", agregó el demócrata, que dice "apoyar" el capitalismo.
"Y esto no es todo. Afianzados por más de $3 mil millones en lobby, es poco probable que los bancos acepten medias tintas en su búsqueda de la desregulación.Todos deberían estar asustados por lo que está sucediendo", agregó.
No obstante, las modificaciones en la normativa deben contar con el aval del Congreso, y algunos expertos advierten que el Gobierno no cuenta con el tiempo necesario para impulsar un tratamiento legislativo antes de las elecciones de medio término en noviembre, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y el Senado, hoy ambas en control republicano.
"Como consecuencia de la crisis financiera, millones de familias perdieron sus hogares y sus trabajos. La economía naufragó y las comunidades de todo el país quedaron devastadas. Los bancos de Wall Street admitieron haber cometido una falta y pagaron fortunas en multas. Pero ahora, con los banqueros a su lado, el presidente Trump comienza a desmantelar lo que protege a nuestras familias y economía", concluyó.
Las advertencias también llegaron desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado, cuando el retroceso era un proyecto. El organismo dirigido por Christine Lagarde publicó un informe en el que advirtió sobre que abandonar de "forma unilateral y sin coordinación previa las regulaciones mutuamente establecidas llevará a una fragmentación financiera y reavivará la carrera de mínimos en el ámbito regulatorio".
