16 de junio de 2018
La corte suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la Operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sérgio Moro con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 6 a 5, el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales.
El caso se inició a raíz del inicio de alto voltaje de la Operación Lava Jato, cuando el 4 de marzo de 2016 el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario y otros oficiales le registraron su vivienda. En aquel momento, no obstante, Lula no se había negado a prestar declaración de manera espontánea. Moro entendió en su fallo que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre 2003 y 2010. En aquella oportunidad, también habían sido emitidas órdenes de interrogatorio para el hijo del ex mandatario, Fabio Luiz da Silva, y Paulo Okamotto, un antiguo colaborador de Lula y presidente del Instituto Lula.
El dictamen preliminar presentado por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, en diciembre, contra la conducción coercitiva ocurrió después de que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil comenzaran acciones judiciales en las que argumentaban que la medida violaba el derecho de los sospechosos de mantenerse en silencio y no autoincriminarse, informó el medio brasileño Carta Capital.
Los jueces que votaron positivamente para anular el método utilizado por el juez Moro en más de 50 oportunidades basaron su decisión en que la ley no cae solo sobre los políticos sino también sobre personas pobres. “La legislación no se aplica solamente a aquellos envueltos en posibles prácticas de corrupción, no se aplica solo al crimen de cuello blanco. No son solo ellos los coercionados por la policía. Son los envueltos en general en prácticas criminales. ¿No queremos un mejor Brasil? Todos queremos.”
El apretado resultado en la corte reflejó la división que ya había ocurrido en el juicio por el hábeas corpus de Lula, cuando cinco ministros defendieron la inconstitucionalidad de las prisiones en segunda instancia. A diferencia de aquel caso, fue Rosa Weber que votó como Mendes en la cuestión de las conducciones coercitivas. Cuando se juzgó el pedido de hábeas corpus del ex mandatario, sin embargo, la jueza votó contra Lula, aunque había argumentado estar en contra de la reclusión en segundo grado.
Ahora, la corte suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, preso condenado a 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril pasado en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
Moro condenó a Lula por corrupción al encontrarlo culpable –aunque sin pruebas– de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.
