Por Roberto Vázquez
NODAL, 21 marzo, 2019
La descomposición de las condiciones de vida de las mayorías sociales con la crisis del 2008 dio lugar a partir de diciembre de 2010 en Túnez a un ciclo de protestas que vendría a ser conocida como la “Primavera de los Pueblos”. Después de su pronta propagación por el mundo árabe, la ola de indignación cruzó el Mediterráneo, germinando la España del 15M, para a continuación atravesar el Atlántico y llegar al “ocupar Wall Street”. Terminaría su gira en junio de 2013, cuando bajó al Atlántico Sur, llenando las plazas y calles de Brasil.
A pesar de su carácter multitudinario, ambivalente y difuso, estas protestas compartieron la indignación popular frente a sus sistemas y representantes políticos y pusieron de manifiesto una agenda de cambio que abogaba por procesos de profundización democrática (más participación política, disminución de la brecha entre gobernantes y gobernados, más transparencia y control social), mejores servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, transporte, protección social) y condiciones laborales.
El malestar social con el empeoramiento de las condiciones vida a partir del 2008 se expresaba a través de la defensa de la democracia, desvirtuada por una casta política corrupta y sumisa a los grandes intereses económicos y responsable de los efectos perniciosos de la crisis.
Sin embargo, a partir de finales de 2013, con la abrupta caída de los precios del petróleo y otras commodities, empujadas por el softland de China, la crisis lejos de cerrarse volvería a golpear con fuerza, esta vez con especial intensidad a los países emergentes, exportadores de productos primarios. Los gobiernos postneoliberales de América Latina, cuyos proyectos de desarrollo seguían siendo altamente dependientes de la matriz primaria exportadora, acusaron el golpe.
En paralelo, las respuestas políticas y económicas al malestar social generado por la crisis de 2008 se dividieron entre propuestas neoliberales todavía más agresivas, que ignoraron por completo las demandas populares —como se ha visto en las gestiones, por ejemplo, de Rajoy, Macri o Temer— o alternativas inventivas que intentaron jugar con estas insatisfacciones, pero de manera superficial y engañosa, la macronización de la política. Coincidieron ambas en apostar por intentar normalizar la precariedad social por medio de la pauperización de los servicios sociales y por la uberzación de las relaciones de trabajo como nuevo patrón laboral.
Así, no solo el malestar ha persistido, también la desilusión con la ausencia de respuestas democráticas se ha hecho presente. El germen del nuevo sentido común de época que pareciera venir a suplantar la hegemonía neoliberal se desvanecía, abriendo paso al “Otoño de los Pueblos”, donde el enfado y la indignación populares empezarían ahora a abonar el camino hacia fórmulas de desnaturalización de la democracia en agendas no más universales sino particulares, envueltas en fórmulas y discursos autoritarios.
Sí en la Primavera el enfado miraba a los políticos, vistos como casta privilegiada, ahora se traducía en una especie de enmienda a la totalidad a la política. Si el combustible de las primeras fueron la esperanza y la ilusión ante una situación de degradación de los regímenes políticos y de las condiciones de vida de las mayorías sociales, ahora es el enfado, el cabreo y la rabia el alimento, el motor de las protestas.
No obstante, es fundamental volver a destacar la ambivalencia de la idiosincrasia de estas manifestaciones. Si en su último gran florecer, las protestas “primaverales” de junio de 2013 en Brasil, la agenda era eminentemente progresista, luego sufriría un proceso violento de instrumentalización capitaneado por la Red Globo y sus consorcios mediáticos satélites. Así, se desplazarían las demandas populares hacia una agenda punitivista y moralizadora que trataría de intoxicar a la sociedad, cimentando el golpe a Dilma Rousseff y la caza política a Lula da Silva, y pariendo a Bolsonaro.
De la misma manera, pero en sentido inverso —lo que nos trae un primer elemento para creer que la disputa por la hegemonía cultural de nuestro tiempo sigue abierta, así como el cambio de ciclo en América Latina— vemos como demandas de parte pueden terminar transformándose en demandas en defensa de lo común.
Después de diez años esperando una recuperación que nunca ha llegado, protestas como la de los camioneros en Brasil (2018) o los chalecos amarillos en Francia pusieron de manifiesto este “otoño” popular, con reivindicaciones que revelaban demandas de parte, centradas en la búsqueda de salidas individuales y autocentradas —“peleo por el precio de mi diésel, quienes usen gasolina que salgan a la calle defender sus intereses”; “mi preocupación es cómo llenar el tanque de mi coche, no como promover transporte público de calidad”; “tengo que pagar mis cuentas, no salvar el medio ambiente”— que terminaron, como en el caso de los chalecos amarillos, derivándose hacia demandas mucho más progresistas, como es su actual agenda de lucha por democracia directa y defensa de los derechos sociolaborales del pueblo.
En segundo lugar, las transformaciones geopolíticas internacionales, con el avance militar chino, y la vuelta del protagonismo ruso en los conflictos bélicos, asociados a sus movimientos económicos, también y significativamente en el hemisferio sur occidental, aceleraron la necesidad del Imperio de volver a actuar en la región. A ello, evidentemente, se suman la oportunidad generada por las debilidades de los gobiernos postneoliberales en la región y la preocupación por los avances en la integración continental y su articulación con los BRICS, vía Brasil, amenazando su histórica tutela sobre las reservas de petróleo y commodities del continente.
Ante esta situación, EE.UU. pondría en marcha una nueva estrategia para la región en tres etapas que, aunque no hayan sido planificadas como tal, fueron superponiéndose en el tiempo.
A continuación pasaremos a analizarlas pero antes es fundamental recordar que el timing de este avance de EE.UU. sobre la región es también fruto de la oportunidad generada por las debilidades presentadas por los gobiernos de la región, que deberían ser motivo de una profunda autocrítica de las fuerzas populares y democráticas del continente. A la incapacidad en haber generado un modelo de desarrollo y una nueva matriz económica que superara la enorme dependencia de la exportación de materias primas, se sumaban un cúmulo considerable de decepciones y promesas incumplidas. A pesar de los importantes avances sociales alcanzados por esos gobiernos, el rápido deterioro socioeconómico a partir de 2013, junto a las continuas denuncias de corrupción y la incapacidad en encontrar soluciones para atajar los elevados índices de violencia en el continente, llevaron a estos gobiernos a una situación de evidente fragilidad y allanaron el camino para la injerencia del norte.
Para explicar la estrategia yanqui en el continente es importante situar el proceso de disputa política en la región. Recordemos el estudio seminal del 2006, “La disputa por la construcción democrática en América Latina”, de Dagnino, Olvera y Panfichi, donde la construcción democrática es comprendida como un proceso de lucha por la hegemonía, articulando los actores políticos y sociales alrededor de distintos proyectos políticos en disputa en América Latina: el neoliberal, el democrático-participativo y el autoritario. Tributario de esta concepción, nos permitiremos aquí renombrar el proyecto democrático-participativo como democrático popular, noción que nos parece más ajustada para definir los procesos políticos postneoliberales que gobernaron la inmensa mayoría de los países de la región en la primera década del presente siglo.
Así, volviendo a la comprensión de la primera etapa de la estrategia norteamericana en la región, la misma se inserta en el momento auge de los gobiernos democráticos populares. Ante la debacle completa del proyecto neoliberal en la zona, estos gobiernos apenas quedaron con espacio de oposición parlamentaria y, en la práctica, sin capacidad de constituirse como adversarios electorales. Es por eso que la estrategia elegida fue fomentar a los medios de comunicación de la región —históricamente oligopolistas, antipopulares, neoliberales y con visiones geopolíticas subordinadas— como punta de lanza de la oposición política. Lo que popularmente vendría a ser conocido como PIGs, Partidos de la Prensa Golpista, responsables por ser los verdaderos adversarios dialécticos de esos gobiernos, ante la inacción absoluta de las viejas fuerzas políticas oligárquicas del continente. Su articulación se daría alrededor de la inefable SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, politburó de los conglomerados familiares de la región serviles a los designios de Washington.
La táctica era sencilla. Estimular la difusión incesante de denuncias de corrupción de los respectivos gobiernos nacionales y fomentar manifestaciones callejeras en su contra. El Corolario sería la realización de golpes parlamentarios. Frente a los ejemplos exitosos de Haití en 2002, Paraguay en 2006, se encontraron los casos de fracaso de la estrategia en el caso del Mensalão en Brasil en 2005, el Golpe de Estado en 2002 en Venezuela o la intentona golpista en Pando y Santa Cruz de la Sierra en 2008. El diagnóstico del fracaso de la estrategia en general era claro: los éxitos económicos de esos gobiernos no permitieron un masivo apoyo popular y, la ausencia de consecuencias judiciales a las denuncias penales de los gobernantes imponía una barrera para que la estrategia prosperara.
El imperio tomó nota del fracaso y puso en marcha un cuidadoso proceso de planificación con vistas a poner en práctica más adelante una especie de versión dos punto cero de esta estrategia.
Para ello, la primera tarea era ser pacientes. La nueva ofensiva debería esperar que estos gobiernos demostrasen debilidad económica, facilitando el apoyo popular en su contra. La extracción del petróleo a partir del esquisto, que bajó vertiginosamente el precio del crudo, asociado con el softland chino —que empujaría la caída del precio de las demás materias primas— sumados a los desgastes de años de gobierno, generaron el momento oportuno para la nueva blitzkrieg. En paralelo, la segunda tarea que debía ser cuidadosamente ejecutada se trataba de la puesta en marcha de una nueva doctrina para América Latina. Ya no se trataría más de “Seguridad Nacional” sino del Lawfare; ya no se trataría de la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas en la Escuela de las Américas sino de la formación de jueces y fiscales – tal y como ha evidenciado las filtraciones de Wikileaks.
El lawfare, o guerra jurídica asimétrica, busca, por medio de una orquestada cascada de demandas jurídicas, imponer un bloqueo a los gobiernos, atrapándolos en los tribunales, desmoralizándolas en los medios de comunicación y deslegitimándoles ante la opinión pública. Esa variable fundamental, la denuncia y condena de los gobernantes en los medios de comunicación, antes mismo de la sentencia judicial, no es inocente. Por ello quizás, la noción más apropiada para definir la nueva doctrina estadounidense para el continente debería ser “Media-Lawfare”, es decir, guerra jurídico-mediática asimétrica.
El asesinato sistemático de la reputación de sus blancos busca no solo desprestigiar al gobernante y paralizar su gobierno sino —y ahí su dimensión más perversa en términos democráticos y de defensa del Estado de Derecho— generar un clima de opinión previo, que facilite la aceptación de la sentencia condenatoria por parte de la ciudadanía, aunque se fundamente en la inexistencia de pruebas y por muy lejos que esta se encuentre de los hechos reales. Los casos conocidos son notorios: Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Jorge Glas y, el ejemplo más flagrante, Lula da Silva, y el parcial juez Moro, que terminaría, indisimuladamente, como superministro de Justicia (e Interior) del neofascista Bolsonaro.
Lo curioso de todo ello es que a pesar de toda esta maquinaria y de los considerables déficits gubernamentales de los gobiernos democráticos populares del continente, la impopularidad de los proyectos neoliberales volvió a quedar patente. Macri y Temer fueron la demostración del evidente fracaso, que para colmo destruyó el mito de que la derecha gestionaría mejor la economía. El riesgo era evidente: los gobiernos populares derrumbados por las urnas o golpes parlamentarios, después de las campañas del acoso jurídico y mediático, volverían al poder. Lula da Silva llegó a alcanzar 41% de las intenciones de voto (46% de los válidos) de las encuestas un mes antes de las elecciones de su país, estando ilegalmente en la cárcel e incomunicado hacía meses.
Es cuando entra en acción la tercera parte de la estrategia de acoso y derribo. Esta estrategia se concibe a través de la articulación entre las distintas plataformas comunicacionales actuales (tradicional, digital y espiritual) conformando una particular modalidad de Guerra Híbrida Electoral. En cuanto a su dimensión digital, se trata de un doble proceso de adecuación sociotécnica, de las estrategias y dinámicas electorales clásicas a las nuevas plataformas comunicacionales, y de los modelos y estrategias de negocios digitales al mundo de la política. Lo novedoso, y si se quiere exitoso, no estaría solamente en lo pionero de la ultraderecha internacional en este proceso de adecuación entre estrategia y medio, permitiéndole un cierto “monopolio” tecnológico, sino en su articulación perversa con las otras plataformas digitales, sobre todo la espiritual, representada por el neopentecostalismo y su nueva articulación con corrientes sionistas. Bolsonaro es el mejor ejemplo. Pero ahí están el Brexit y la elección de Trump. Las plataformas pueden cambiar (WhatsApp o Facebook) pero las dinámicas de campaña son las mismas.
En resumen, un modelo anclado en el acceso ilegal y en masa a la información de los ciudadanos (bigdata), tratada posteriormente por algoritmos y estudios psicométricos segmentando y geolocalizando perfiles y sus respectivos mensajes, que estimulan reacciones impulsivas y prereflexivas (persuasión y manipulación en masa), con contenidos basados en el odio, intolerancia y caos, basados en teorías oscurantistas, apocalípticas y anticientificistas (guerra cultural ultraconservadora) orientadas a la desinformación y polarización social y distribuidas de forma masiva en las redes sociales (WhatsApp, Facebook) por medio de centenares de millones de mensajes (impulsio), apoyadas en mecanismos de financiación ilegal y actuando de forma coordinada en la difusión de los mensajes con las informaciones vehiculadas por los canales de la potentísima comunicación espiritual de las iglesias neopentecostales.
Detrás de esta nueva “modalidad de campaña”, ya no estará el Departamento de Estado de EE.UU. sino el lobby de los sectores más reaccionarios ultraconservadores estadounidenses, como el flamante Steve Bannon y su discreto y millonario socio, Robert Mercer. Con ellos, un entramado de empresas dedicadas a la inteligencia artificial, psicometría y comunicación sensacionalista como son, respectivamente, Cambridge Analytica (que vio cerradas sus operaciones después de los escándalos vinculados a la elección de Trump), SCL Group y Breibart News. Su aliado, sectores neopentecostales y sionistas articulados.
Los resultados son tan impresionantes que en esta nueva Guerra Híbrida Electoral estaríamos hablando ya no de un cambio de ciclo en América Latina sino de una gran ofensiva internacional, coordinada por sectores muy reaccionarios, atrasados y peligrosos, que en este momento tienen la delantera en términos tecnológicos y cuentan con muchos recursos financieros y apoyo político. Y el tiempo corre en su favor.
* Analista boliviano. Publicado en La Época
