Por Nery Chaves García
22 marzo, 2019
22 marzo, 2019
Jean Betrand Aristide, el primer presidente electo democráticamente en Haití, fue derrocado en 2004. El éxito del segundo golpe en contra de su Gobierno se logró con la aquiescencia de una comunidad internacional, condicionada por los intereses de Francia (apoyada por Estados Unidos), que no iba a aceptar la exigencia de la reparación histórica que anunciaría el mandatario haitiano. Aristide fue obligado a abandonar su país tras un golpe de Estado que llevó al país a una crisis económica, política y humanitaria sin precedentes.
Después de la intervención militar que puso a Boniface Alexandre en el poder provisionalmente, se creó Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2004, con los objetivos de: “estabilizar el país, pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas y fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití”[i].
Desde entonces, la alta inestabilidad política, la enorme debilidad institucional –provocada, en gran parte, por la intervención extranjera a través de la ayuda humanitaria– y la crisis estructural de pobreza (que alcanzó al 80% de la población) se prolongaron sin atisbos de mejora. La llegada de la “ayuda” humanitaria tuvo una serie de impactos que pusieron en cuestión el desempeño de la intervención en el país.
Varios informes de Oxfam, entre los que se encuentran El lento camino hacia la reconstrucción[ii]y el reportaje MINUSTAH, la vieja enemiga de Haití[iii], relatan el impacto de la tragedia del país, cuya gran brecha social mantiene a millones de ciudadanos en la extrema pobreza y a una pequeña élite local (y otra internacional) como única(s) beneficiarias de los activos orientados a la ayuda a los haitianos.
A dos años del devastador terremoto de 2010 (período en el cual se desplegó una importante parte de la ayuda humanitaria dada en Haití en los últimos años[iv]) la situación era desalentadora: “519.000 haitianos vivían en tiendas de campaña, en 758 campamentos en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la mitad de los escombros seguían sin recogerse” y, lo que era peor, se había desatado un brote de cólera que acabó con la vida de miles de ciudadanos. Es de conocimiento público que el brote se produjo por la contaminación de fuentes hídricas que llevaron a cabo desde una base del equipo de la MINUSTAH.
El cólera, llevado por la MINUSTAH y deliberadamente ocultado por la ONU, produjo la muerte de 10.000 personas. Posteriormente, hubo un rebrote en 2015, con 18% más de víctimas mortales[v] que la primera vez.
Entre otros datos que recoge Oxfam sobre el destino de las inversiones son destacables los siguientes:
“El mayor receptor individual de dinero del terremoto de EE. UU. fue el Gobierno de los EE. UU. Lo mismo es válido para las donaciones de otros países.
Associated Press descubrió que de los 379 millones de dólares en dinero inicial de EE. UU., -se documentó en enero de 2010- que treinta y tres centavos de cada uno de estos dólares para Haití retornó directamente de retorno a los EE. UU.
Los presidentes George W. Bush y Bill Clinton anunciaron una iniciativa para recaudar fondos para Haití el 16 de enero de 2010. A partir de octubre de 2011, el Fondo había recibido 54 millones de dólares en donaciones. “(…) ha donado 2 millones para la construcción de un hotel de lujo haitiano de $ 29 millones”[vi].
El final de la misión y el inicio de la crisis
En abril de 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU definió la finalización de la MINUSTAH para octubre de 2017. A partir de entonces, el componente militar de la Misión se retiraría y habría reducciones tanto del personal policial como de las tareas civiles.
Por unanimidad, se estableció una Misión de seguimiento más pequeña, la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH), con mandato en el fortalecimiento del “estado de derecho, el desarrollo policial y los derechos humanos, así como los buenos oficios y las funciones de promoción para ayudar al Gobierno de Haití a consolidar los logros de estabilización y garantizar su sostenibilidad”. Dicha misión se establecería por un período inicial de seis meses desde el 16 de octubre de 2017 hasta el 15 de abril de 2018, aunque se prolongó hasta 2019.
Precisamente, en el marco de la definición de la continuidad de la Misión -después de la evaluación por parte de una comisión enviada especialmente para tal fin- los ajustes del Gobierno de Jovenel Moise, debido a las deudas adquiridas con proveedores, la subida de los precios, la escasez de combustible y los desmanes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el país, desataron la ira de una ciudadanía que reclama su derecho “a vivir como seres humanos”.
La crisis actual –anclada a las condiciones estructurales de dependencia a la ayuda externa y humanitaria– inició el 7 de febrero en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986. Fecha que, en sí misma, denota el carácter político y aglutinador de las manifestaciones recientes.
Desde entonces, distintas protestas en todo el país se configuraron en contra de una clase política que consideran les ha robado continuamente y de forma descarada. El último escándalo se relaciona con el robo en la gestión de Michel Martelly de 3.800 millones de dólares, de los fondos entregados en los programas de desarrollo de PETROCARIBE[vii].
La beneficiosa inestabilidad política
El empobrecimiento estructural de Haití corresponde a una política injerencista disfrazada de ayuda humanitaria, que promueve la dependencia del país caribeño de las “ayudas externas”. Las condiciones actuales del primer país en alcanzar la independencia de España son quizás el mejor ejemplo del “capitalismo del desastre” o bien, de la “ocupación humanitaria”, bajo estrategias que parten de la guerra o crisis humanitarias –creadas o no– que posibilitan la intervención extranjera y la apertura de mercados y/o políticas de corte neoliberal. La ayuda humanitaria tiene una importante cuota de responsabilidad en el empobrecimiento estructural de la población, la debilidad institucional, así como la depredación capitalista en Haití.
Discernir entre posibles escenarios en el país insular resulta en una tarea altamente compleja al ser una coyuntura en pleno desarrollo. Sin embargo, esa “tensa calma” que relatan algunos medios de comunicación, tras la paulatina “normalización” de algunos servicios públicos[viii], saca de la discusión el fondo de la problemática: pauperización de la vida cotidiana importada por intereses extranjeros –y también de la élite local–.
El segundo escenario corresponde al sostenimiento de las movilizaciones sociales en distintas partes del país. Esta situación aumentaría la represión por parte del Gobierno de Moise y, muy probablemente, la escalada de la violencia que ya de por sí es grave: según organizaciones sociales los asesinatos giran alrededor de los 60 –mientras que el Gobierno reconoce solamente 9–; así como 247 personas heridas y 600 encarcelamientos[ix]. La represión podría sofocar los movimientos sociales, pero al considerar la tradición organizativa y revolucionaria de Haití, la sublevación popular podría sostenerse y llegar a la negociación entre las distintas fuerzas políticas, a una salida de Moise o una ruta direccionada a una Asamblea Constituyente que reincorpore los mecanismos democráticos debilitados por las élites locales en la Constitución de 1987[x].
Sea cual sea el escenario, la tensión política está presente. Las propuestas de Moise respecto al diálogo y la reducción de los precios de alimentos son concesiones ante una población que, además de exigir la mejora de las condiciones de vida, reclama la independencia de las potencias extranjeras, así como de la ayuda humanitaria. Hoy, la clase popular haitiana vuelve a ser ejemplo de resistencia en una región que clama por una intervención humanitaria en Venezuela, país que fue clave en la lucha contra el cólera importado por Naciones Unidas. Así, la denuncia del golpe de Estado en ese país, a través del reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente, es uno de los ejes aglutinadoras de la revuelta popular. La ciudadanía haitiana movilizada, nuevamente, se convierte en la cabeza insurrecta de Latinoamérica en denuncia de la intervención humanitaria.
[i] Conformada por efectivos militares de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, Filipinas, la República de Corea, Sri Lanka, los Estados Unidos y Uruguay. Ver: https://dialogo-americas.com/es/articles/minustah-la-fuerza-de-paz-que-levanto-un-pais-necesitado
[ii] http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/io0002.dir/io0002.pdf
[iii] http://otramerica.com/especiales/haiti-el-terremoto-colonial/minustah-la-vieja-enemiga-de-haiti/1239
[iv] https://subversiones.org/archivos/122928
[v] https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-23/como-la-onu-llevo-el-colera-a-haiti-segun-sus-propios-expertos_1249903/
[vi] http://otramerica.com/especiales/haiti-seismo-colonial/el-buen-negocio-de-reconstruir-haiti/1225
[vii] https://laradiodelsur.com.ve/corrupcion-petrocaribe-haiti-caribe-nuestro/
[viii] https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/escuelas-de-haiti-comienzan-a-abrir-tras-dias-de-protestas-NB12133196,
[ix] https://aler.org/node/5325
[x] Eje aglutinador de la oposición, organizaciones de sociedad civil, así como movimientos sociales en contra de Moise.
Celag
