Por Andres Cabrera | Especial para NODAL
25 marzo, 2019
El pasado viernes 22 de marzo, nació formalmente en Chile el Foro para el Progreso de América de Sur (Prosur). Siete presidentes de Sudamérica: Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador, además del representante de Guyana, firmarían la declaración inicial de un organismo regional que permitirá afianzar la coordinación de las derechas a nivel continental, el cual, ha excluido a Venezuela de cualquier tipo de participación hasta que el gobierno de Nicolás Maduro no sea revocado o derrocado; cuestión que hasta el momento está lejos de concretarse. Si bien, Bolivia, Uruguay y Surinam asistieron a la cumbre inaugural para conocer los alcances de la cita, rechazaron su participación.
En el país anfitrión del evento, el presidente Sebastián Piñera atraviesa el segundo año de su segundo mandato (2018-2022), el que a diferencia de su primer gobierno (2010-2014), ha intensificado su disposición al conflicto a partir de una táctica basada en el control de la agenda noticiosa mediante la instalación de temas asociados a la seguridad, educación, inmigración y –por supuesto– la “venezolarización” del conflicto político en Chile, en un contexto en el que las fuerzas de oposición que cohabitan en el parlamento (ex Nueva Mayoría y Frente Amplio) no han sido capaces de enfrentar coordinadamente la ofensiva de la derecha, mientras las manifestaciones de los movimientos subalternos (especialmente el movimiento mapuche y feminista) se mantiene en alto grado de ebullición y potencial desborde de los estrechos marcos de la democracia representativa. En este escenario, el gobierno de Sebastián Piñera efectúa un desempeño táctico basado en el “efectismo comunicacional de las audiencias”, nada muy distinto al relato con el cual se imponen y gobiernan las derechas a nivel latinoamericano e internacional.
En nuestro continente, la “venezolarización” del conflicto ha rendido suculentos réditos para varias candidaturas presidenciales de la derecha, desde Sebastian Piñera a Iván Duque, pasando por la última victoria de Jair Bolsonaro. En segunda vuelta, todos ellos achacaron a sus contendores (Alejandro Guillier, Gustavo Petro y Fernando Haddad, respectivamente), intentar convertir sus respectivos países en Venezuela. En el caso chileno, la fórmula que resumiría la imputación de Piñera al adversario continuador de una descompuesta y hoy extinta Nueva Mayoría, sería nada más y nada menos que “Chilezuela”.
La iniciativa de crear Prosur llevaba un paso más allá estas iniciativas nacional-particulares de los representantes de la derecha en Cono Sur. Había sido el presidente de Colombia, Iván Duque, el primer mandatario en plantear públicamente en enero de este año el proyecto de un nuevo organismo regional que agrupase a los países de Sudamérica. La iniciativa estaba siendo trabajada de manera conjunta con el gobierno de Sebastián Piñera.
Las primeras declaraciones de ambos mandatarios eran bastante claras respecto a los dos objetivos geopolíticos que alentaban la creación de Prosur.
El primero: aumentar la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, aprovechando el avance de la derecha en distintos países del cono sur, y que en el actual escenario venezolano se encuentra representado en la figura del autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó.
El segundo: dar el “tiro de gracia” a uno de los principales organismos multilaterales creados por iniciativa de los gobiernos progresistas y/o de centro-izquierda que surgieron y predominaron en Latinoamérica durante la primera década de siglo XX, Unasur, iniciativa que germina en 2004 y se consolida el 2008 con la aprobación de su tratado constitutivo.
Obviar alguno de estos factores impide observar la creación de Prosur como un campo de lucha que escenifica el estado de la correlación de fuerza configurado a nivel continental.
Respecto al primero objetivo, ha de señalarse la sincronía que existe entre las primeras referencias públicas de Iván Duque respecto a la creación de Prosur y la autoproclamación como presidente encargado de Juan Guaidó el pasado 23 de enero; día en que comenzó su “meteórico ascenso” en la política internacional, por supuesto, respaldado por los principales agentes gubernamentales y estatales de EE.UU., empezando por su presidente, Donald Trump.
Un mes después, en el contexto de la ofensiva más importante desplegada por las fuerzas nacionales e internacionales que promovieron el derrocamiento del gobierno de Maduro el pasado 23 de febrero, los presidentes de Colombia y Chile aprovecharon de dar a conocer la programación inaugural de la cumbre Prosur. El presidente paraguayo Mario Abdo, si bien no es reconocido como uno de los impulsores de la iniciativa, también estuvo presencialmente en suelo colombiano.
El 23-F quedaría marcado como el “fracaso de Cúcuta”. La antigua táctica del “caballo de Troya” expresada en el ingreso de la “ayuda humanitaria” sería puesta en evidencia en las mismísimas páginas virtuales del New York Times. Cada semana se van conociendo nuevos antecedentes de la fracasada maniobra. Incluso el medio chileno La Tercera no tiene complicaciones en incorporar el relato de uniformados que desertaron de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de Venezuela y/o de la Guardia Nacional, dando cuenta explícitamente del plan perpetrado: “Íbamos a tener un éxito total, cerca de 550 guardias llegaríamos hasta (el Palacio de) Miraflores, pero en el tercer comando, cuatro militares de importancia nos traicionaron y se nos salió de las manos”.
En aquella oportunidad, las fuerzas injerencistas perdieron la batalla, más no la guerra. Intensificar la presión regional sobre el gobierno de Maduro, significa intensificar la línea trazada por el Grupo de Lima, organismo creado en agosto de 2017 y que –no está de más recordar– contó con el activo patrocinio del gobierno de Michelle Bachelet, comandado en ese entonces por el canciller, Heraldo Muñoz, presidente de uno de los pocos partidos ex Nueva Mayoría que –junto con la Democracia Cristiana y el Partido Radical– han reconocido la presidencia del autoproclamado Juan Guaidó.
Por supuesto, la exclusión anticipada de Venezuela del nuevo organismo se erige como la más contundente prueba de la inseparable correspondencia que existe entre la creación de Prosur y la intensificación de la crisis desatada en el país caribeño.
De manera complementaria, el segundo objetivo fundante de Prosur ha sido reemplazar de manera definitiva a Unasur. Tal propósito se asemeja a la imagen de aquél sepulturero que viene a “poner la lápida” al más ambicioso proyecto del progresismo latinoamericano gestado en el amanecer del siglo XXI, el cual, se planteaba un desafío geopolítico colosal: contrarrestar la influencia de EE.UU. en Latinoamérica.
Latinoamerica, no sólo “es un pueblo al sur de Estados Unidos”, tal como graficó de manera magistral la banda de rock chilena “Los Prisioneros”. Para EE.UU., Latinoamerica es también un pueblo inmensamente rico en recursos naturales; vitales para su improbable perpetuación como Estado hegemónico a nivel mundial, cuestión que ha entendido a la perfección el gigante asiático, China.
Junto a este factor decisivo en la configuración de la geopolítica Latinoamericana contemporánea, es claro que la declinación de Unasur se explica por el evidente debilitamiento de los proyectos progresistas y/o de centro-izquierda en el Cono Sur del continente, derivado en la propia desintegración del organismo, el cual ha quedado reducido a cinco países (de un total de doce) tras el retiro del gobierno de Ecuador hace poco más de una semana. Esta medida fue el antecedente directo de la participación de Lenin Moreno en la cumbre Prosur, consolidando aun más el distanciamiento con su predecesor, Rafael Correa, además de cualquier proyecto asociado al otrora eje bolivariano.
La idea de reemplazar Unasur por Prosur incorpora implícitamente una virtud geoestratégica para las derechas a nivel continental: permite dejar fuera de la iniciativa al segundo coloso latinoamericano, México, liderado actualmente por el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, quien en sus primeros 100 días de gobierno ha alimentado las expectativas del pueblo mexicano, bordeando un 80% de aprobación a su cometido.
AMLO ha decretado formalmente “el fin de la política neoliberal” en México. Sin México, las opciones de fortalecer la vía alternativa a la planteada por la derecha en el continente para intentar resolver la crisis en Venezuela (el denominado “Mecanismo de Montevideo”) queda en una posición de desventaja, a pesar del apoyo explícito que ha encontrado en países como Rusia y China.
Los creadores de la iniciativa, Sebastian Piñera e Iván Duque, han leído bien el escenario de desintegración de Unasur. El primero, trae la experiencia acumulada de su primer mandato donde participó activamente de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; siendo anfitrión incluso de la I Cumbre del organismo el año 2013 y asumiendo la presidencia pro tempore (2011-2013). Piñera entregaría la sucesión del cargo a Raúl Castro en enero de 2014. En paralelo, Sebastián Piñera impulsaría y firmaría el año 2012 junto a los presidentes de Perú (Ollanta Humala), Colombia (Juan Manuel Santos) y México (Felipe Calderón), la Alianza del Pacífico; organismo con una orientación marcadamente económica y librecambista.
Por aquellos años, la “belicosidad” de la política exterior de Sebastián Piñera se reducía prácticamente a cero. Hoy, la política exterior del mandatario chileno se alimenta del auge de las derechas a nivel continental. Tanto así que en los días previos a la cumbre, se realizó en Santiago el “Foro por la Democracia”, iniciativa coordinada y organizada por la coalición oficialista, Chile Vamos, y que reunió a más de 500 delegados que representantes de las dirigencias de los principales partidos y think tanks de derecha a nivel Latinoamericano. Entre los invitados especiales del foro, destacaron la activista cubana Rosa María Payá, el presidente del Congreso de Guatemala, y posible próximo candidato presidencial, Álvaro Arzú, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales, el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericano y candidato presidencial en Bolivia, Óscar Ortiz, el diputado por Sao Paulo, e hijo del Presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, y la senadora argentina, vicepresidenta del partido Propuesta Republicana, Laura Rodríguez Machado, una de las personas más cercanas a Mauricio Macri.
Si bien el avance que ha tenido la derecha a nivel continental ha sido fundamental para levantar Prosur mediante las victoria electorales que llevaron a la presidencia a Mauricio Macri (2015), Sebastián Piñera (2018), Mario Abdo (2018), Iván Duque (2018) y Jair Mesías Bolsonaro (2019), la consolidación de Prosur y la derecha en el continente se evaluará en el mediano plazo tras la resolución en siete meses más del “Súper Octubre”, donde tendremos elecciones presidenciales en Bolivia, Uruguay y Argentina.
De este modo, el nacimiento formal de Prosur en suelo chileno no es más que la notificación de un continente en disputa.
(*) (@andreacabrera83) Analista político chileno, investigador de Fundación Crea (@fundacioncrea)
