Tabaré echó a la cúpula de Defensa tras la polémica en torno al jefe del Ejército de Uruguay
02 de abril de 2019
El presidente Tabaré Vázquez junto al ahora ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Imagen: EFE
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó ayer al ministro y viceministro de Defensa y a los tres militares que conformaban el Tribunal de Honor del Ejército, entre ellos el recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, José González. La decisión del mandatario llegó dos días después de que salieran a la luz declaraciones del represor condenado José Gavazzo en las que confesaba ante el Tribunal de Honor haber arrojado al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. El tribunal consideró que este hecho no había faltado al honor militar, envió el fallo al Ejecutivo, pero no mencionó el crimen en el informe ni notificó del delito a la Justicia ordinaria.
La omisión de lo que confesó el represor Gavazzo ante el Tribunal de Honor fue el detonante de la salida de los ministros y de tres militares.
“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”. La confesión de Gavazzo rescatada de las actas por el diario uruguayo El Observador fue la que desencadenó las destituciones del ministro de Defensa Jorge Menéndez; del viceministro Daniel Montiel; del comandante en jefe del Ejército nombrado hace diez días, José González; del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y del general Gustavo Fajardo. Ante el tribunal conformado por estos tres últimos, Gavazzo admitió tanto haber desaparecido el cuerpo de Gomensoro como de haberle mentido a la Justicia al respecto. Sin embargo, otro ex militar que también estaba siendo juzgado por su honor, Jorge “Pajarito” Silveira, lo acusó, asimismo, de haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera de Juan Gelman. Silveira acusó a Gavazzo de no tener la hombría suficiente para asumir sus actos.
Pese a las confesiones y acusaciones, los militares –entre ellos, González– entendieron que no se había afectado el honor del Ejército, indicó El Observador. Por otro lado, consideraron que sí había faltado al honor de la Fuerza el hecho de que tanto Gavazzo como Silveira hayan permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, cuando ellos sabían que era inocente.
Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el presidente lo ignorara. Por ello, el 12 de marzo pasado, Vázquez dio el visto bueno al nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria. “Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.
Frente a este panorama, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, anunció ayer que se había designado a un funcionario de turno para investigar la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de Honor. “Recopilamos toda la información de fuente abierta y nos encontramos con la situación de que se habría puesto en conocimiento de los miembros del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de determinados hechos delictivos y las circunstancias de los mismos”, expresó a la prensa.
Según anunció el funcionario, envió a la Fiscalía de 13° Turno los antecedentes pertinentes al caso, entre ellos, el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, que indica que cuando se tiene conocimiento de la existencia o la presunción de un hecho delictivo se deben suspender las actuaciones y comunicar al superior extremo, algo que hasta el momento la Fiscalía desconoce. “Lo que sí sabemos es que en ningún momento se puso en conocimiento de la Justicia este hecho y estas circunstancias entendiendo de que puede haber, eso se determinará en la investigación, un hecho delictivo en la omisión de parte de los funcionarios públicos en denunciar un delito”, aseguró Díaz.
El Procurador General señaló que, aunque las actuaciones de los Tribunales de Honor son reservadas, si se establece el conocimiento de un hecho delictivo se debe informar al superior. “Parece que todo indica que ahí debió efectuarse una denuncia. Hay una cadena de mando ahí y en definitiva quien debe poner en conocimiento de la Justicia es el superior”, aseveró.
El fiscal general uruguayo recordó que su país forma parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a investigar y perseguir todos los delitos que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1985, considerados delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
El escándalo le explota al gobierno en plena campaña electoral, cuando la coalición gobernante Frente Amplio (FA) busca un cuarto mandato a partir de 2020. El precandidato por el opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que aunque Vázquez había tenido responsabilidad política en la designación de González al frente del Ejército, la decisión de las destituciones había sido acertada. Así también lo consideró el precandidato colorado Ernesto Talvi. “Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Destituyó al ministro y viceministro de Defensa, al Comandante en Jefe y a los otros dos miembros del Tribunal de Honor que no consideraron que la conducta repudiable de Gavazzo afectaba el honor del Ejército”, tuiteó.
El aspirante comunista a la nominación presidencial oficialista Oscar Andrade, había pedido el domingo la remoción del jefe del Ejército. “No puede seguir en funciones un comandante en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”, dijo en su cuenta de Twitter. Ayer, expresó su absoluto respaldo a la destitución de los integrantes del tribunal de honor. El candidato favorito en la interna del FA, el intendente de Montevideo Daniel Martínez, también expresó su respaldo a la decisión de Vázquez. “Mi total y absoluto respaldo a la decisión del Presidente Tabaré Vázquez. Para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente”, tuiteó.
“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”. La confesión de Gavazzo rescatada de las actas por el diario uruguayo El Observador fue la que desencadenó las destituciones del ministro de Defensa Jorge Menéndez; del viceministro Daniel Montiel; del comandante en jefe del Ejército nombrado hace diez días, José González; del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y del general Gustavo Fajardo. Ante el tribunal conformado por estos tres últimos, Gavazzo admitió tanto haber desaparecido el cuerpo de Gomensoro como de haberle mentido a la Justicia al respecto. Sin embargo, otro ex militar que también estaba siendo juzgado por su honor, Jorge “Pajarito” Silveira, lo acusó, asimismo, de haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera de Juan Gelman. Silveira acusó a Gavazzo de no tener la hombría suficiente para asumir sus actos.
Pese a las confesiones y acusaciones, los militares –entre ellos, González– entendieron que no se había afectado el honor del Ejército, indicó El Observador. Por otro lado, consideraron que sí había faltado al honor de la Fuerza el hecho de que tanto Gavazzo como Silveira hayan permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, cuando ellos sabían que era inocente.
Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el presidente lo ignorara. Por ello, el 12 de marzo pasado, Vázquez dio el visto bueno al nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria. “Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.
Frente a este panorama, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, anunció ayer que se había designado a un funcionario de turno para investigar la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de Honor. “Recopilamos toda la información de fuente abierta y nos encontramos con la situación de que se habría puesto en conocimiento de los miembros del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de determinados hechos delictivos y las circunstancias de los mismos”, expresó a la prensa.
Según anunció el funcionario, envió a la Fiscalía de 13° Turno los antecedentes pertinentes al caso, entre ellos, el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, que indica que cuando se tiene conocimiento de la existencia o la presunción de un hecho delictivo se deben suspender las actuaciones y comunicar al superior extremo, algo que hasta el momento la Fiscalía desconoce. “Lo que sí sabemos es que en ningún momento se puso en conocimiento de la Justicia este hecho y estas circunstancias entendiendo de que puede haber, eso se determinará en la investigación, un hecho delictivo en la omisión de parte de los funcionarios públicos en denunciar un delito”, aseguró Díaz.
El Procurador General señaló que, aunque las actuaciones de los Tribunales de Honor son reservadas, si se establece el conocimiento de un hecho delictivo se debe informar al superior. “Parece que todo indica que ahí debió efectuarse una denuncia. Hay una cadena de mando ahí y en definitiva quien debe poner en conocimiento de la Justicia es el superior”, aseveró.
El fiscal general uruguayo recordó que su país forma parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a investigar y perseguir todos los delitos que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1985, considerados delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
El escándalo le explota al gobierno en plena campaña electoral, cuando la coalición gobernante Frente Amplio (FA) busca un cuarto mandato a partir de 2020. El precandidato por el opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que aunque Vázquez había tenido responsabilidad política en la designación de González al frente del Ejército, la decisión de las destituciones había sido acertada. Así también lo consideró el precandidato colorado Ernesto Talvi. “Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Destituyó al ministro y viceministro de Defensa, al Comandante en Jefe y a los otros dos miembros del Tribunal de Honor que no consideraron que la conducta repudiable de Gavazzo afectaba el honor del Ejército”, tuiteó.
El aspirante comunista a la nominación presidencial oficialista Oscar Andrade, había pedido el domingo la remoción del jefe del Ejército. “No puede seguir en funciones un comandante en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”, dijo en su cuenta de Twitter. Ayer, expresó su absoluto respaldo a la destitución de los integrantes del tribunal de honor. El candidato favorito en la interna del FA, el intendente de Montevideo Daniel Martínez, también expresó su respaldo a la decisión de Vázquez. “Mi total y absoluto respaldo a la decisión del Presidente Tabaré Vázquez. Para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente”, tuiteó.
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