¿Quién se robó el PBI?
Por Marcelo Justo01 de abril de 2019
En octubre me invitó la Universidad de Misiones a hablar sobre el impacto económico-social de los paraísos fiscales, tema que cubro desde hace casi tres años en el programa de radio y podcast Justicia Impositiva, que financia la Tax Justice Network. Los Panama Papers y otros escándalos mediáticos han puesto el tema en el radar, pero su centralidad en el actual modelo económico capitalista va mucho más allá del revuelo que causan los trapos sucios financieros de multimillonarios, celebridades o corruptos.
Una estimación conservadora del semanario The Economist calcula que hay unos 21 billones de dólares, es decir, casi una tercera parte del PBI mundial, en estos centros offshore. Según Nicholas Shaxson, autor de la magnífica historia de las guaridas fiscales, “Las islas del Tesoro”, más de la mitad del comercio mundial circula en papel por estas guaridas: la mitad de los activos bancarios y una tercera parte de la inversión extranjera directa pasan por estos centros del secreto financiero.
La timba financiera que domina buena parte de la economía global no sobreviviría sin estos canales de circulación. Las multinacionales son los principales responsables de estos flujos ilícitos (un 65 por ciento, según estima Raymond Baker, en “El talón de Aquiles del capitalismo”), un dato que sorprendió a la audiencia de la Universidad de Misiones conformada por estudiantes de ciencias de la comunicación y profesores.
En comparación, la corrupción política, que tanto furor causa en los medios, representa menos del 5 por ciento de los flujos ilícitos. La cobertura es inversamente proporcional a su importancia: mucho metraje para celebridades o figuras públicas, casi nulo foco mediático en las corporaciones productivas, bancarias, financieras o tecnológicas.
No es por supuesto la única distorsión generada en los medios y luego esparcida a amplios sectores de la sociedad. Una de las frases más conocidas para cuantificar la supuesta corrupción K es “se robaron un PBI”, que si la memoria no me engaña fue “acuñada” por Leonardo Fariña, que vuelve a estar en el candelero como actor de reparto del “D’Alessio-Stornelli gate”. Otra manera más hiperbólica de satanizar al kirchnerismo es el “se robaron todo”, es decir, ya no un PBI sino el inconmensurable “todo”, una manera de que no haya resquicio ni escapatoria, que no quede ni un espacio político K que no esté poblado por ladrones con ganzúa, antifaz y maletines.
Las dos frases son insostenibles. Si se hubieran robado “todo” no habría habido fondos para pagarles a maestros, financiar la salud, la seguridad, la justicia, hacer infraestructura, lanzar el Arsat y el larguísimo etcétera de la era kirchnerista. Lo mismo vale para el PBI: ¿en qué bolsillos, bolsos, valijas y containers cabrían 500 mil millones de dólares?
La cuantificación de los estragos que causan los paraísos fiscales es una estimación dada la estructural opacidad del mundo offshore, pero es infinitamente más precisa que estas burradas analfabetas. Enfoquémonos en Argentina. Según un estudio comisionado por las Naciones Unidos, nuestro país se encuentra entre los cinco con mayor evasión o elusión fiscal de las multinacionales: 21 mil millones de dólares anuales. Antes de que el macrismo lo cerrara, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, el Cefid-AR, calculó que el total de los capitales fugados al exterior por residentes argentinos casi equivalía al PBI de la época K: unos 400 mil millones de dólares en 2012.
Uno de los asistentes a la conferencia, el tesista de la carrera de Antropología Social de la Universidad de Misiones Guido Diblasi, cazó al vuelo el alcance de estas cifras. “Esos sí que se robaron un PBI”, dijo. No se me había ocurrido el paralelo, pero inmediatamente noté el potencial que tenía. Le prometí que, si me permitía robarle la idea, lo usaría en una nota citando la fuente. En eso estoy ahora.
El problema es qué hacer con esta fuga de capitales. La preocupación del grueso de la población no señala a las guaridas fiscales como un problema primario porque tienen en su vida cotidiana urgencias más acuciantes –desde el desempleo a las tarifas o el hambre– y porque el tema tiene algo de realidad abstracta, técnica y lejana. No lo es: por ahí se va un PBI. Pero puede resultar árido, plagado de jerga técnica y opacidad leguleya.
Un dato elemental ayuda a visualizar el impacto estructural que tiene el mundo offshore en la vida cotidiana tan marcada hoy por la deuda, el FMI y un ajuste eterno: lo que no se recauda, se sustrae al gasto público, que baja la calidad y el alcance de las prestaciones y con frecuencia tiene que endeudarse para ofrecer la cobertura mínima. En otras palabras, con un PBI fugado, el problema no es que se gasta mucho como dice la ortodoxia, sino que se recauda poco y mal.
En cuanto a la solución, en mi programa “Justicia Impositiva”, me he encontrado con dos escuelas. Una dice que en la era actual de la globalización no se puede hacer mucho sin un acuerdo internacional porque cualquier medida meramente nacional será fácilmente perforada por un sistema ultrasofisticado. La otra escuela admite esta realidad, pero entiende que el problema es urgente y que hay espacios a nivel nacional y regional para actuar.
Entre estas dos posiciones soy ecléctico, pero como están las cosas pienso que en Argentina ya no es cuestión de escuelas: es cuestión de necesidad. Sin cerrar al menos un poco ese grifo, será muy complicado sostener una política nacional y popular. A nivel global existen iniciativas meritorias, pero insuficientes: la ley del Pacto Ético en Ecuador que prohíbe que funcionarios públicos tengan activos en paraísos fiscales, la exclusión de empresas offshore de los contratos municipales en más de 30 ayuntamientos de España, o el reporte país por país para las multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).
En este país capaz de tropezarse tantas veces con la misma piedra tenemos además la materia gris necesaria para planificar esta lucha. El Cefid-AR fue un ejemplo de estudios en este campo. Especialistas como Jorge Gaggero, Magdalena Rua, Verónica Grondona, Juan Valerdi, por nombrar algunos, hurgaron con precisión quirúrgica en los mecanismos utilizados y el impacto que provocó en todo el tejido económico-social. El problema que veo hoy es otro. Por razones obvias, el tema no está en la agenda del oficialismo, pero me da la impresión de que tampoco tiene la centralidad que se merece en la agenda de la oposición que, en caso de ser electa, tendrá una losa pesadísima que levantar: mejor estar minuciosamente preparados para ese momento.
En octubre me invitó la Universidad de Misiones a hablar sobre el impacto económico-social de los paraísos fiscales, tema que cubro desde hace casi tres años en el programa de radio y podcast Justicia Impositiva, que financia la Tax Justice Network. Los Panama Papers y otros escándalos mediáticos han puesto el tema en el radar, pero su centralidad en el actual modelo económico capitalista va mucho más allá del revuelo que causan los trapos sucios financieros de multimillonarios, celebridades o corruptos.
Una estimación conservadora del semanario The Economist calcula que hay unos 21 billones de dólares, es decir, casi una tercera parte del PBI mundial, en estos centros offshore. Según Nicholas Shaxson, autor de la magnífica historia de las guaridas fiscales, “Las islas del Tesoro”, más de la mitad del comercio mundial circula en papel por estas guaridas: la mitad de los activos bancarios y una tercera parte de la inversión extranjera directa pasan por estos centros del secreto financiero.
La timba financiera que domina buena parte de la economía global no sobreviviría sin estos canales de circulación. Las multinacionales son los principales responsables de estos flujos ilícitos (un 65 por ciento, según estima Raymond Baker, en “El talón de Aquiles del capitalismo”), un dato que sorprendió a la audiencia de la Universidad de Misiones conformada por estudiantes de ciencias de la comunicación y profesores.
En comparación, la corrupción política, que tanto furor causa en los medios, representa menos del 5 por ciento de los flujos ilícitos. La cobertura es inversamente proporcional a su importancia: mucho metraje para celebridades o figuras públicas, casi nulo foco mediático en las corporaciones productivas, bancarias, financieras o tecnológicas.
No es por supuesto la única distorsión generada en los medios y luego esparcida a amplios sectores de la sociedad. Una de las frases más conocidas para cuantificar la supuesta corrupción K es “se robaron un PBI”, que si la memoria no me engaña fue “acuñada” por Leonardo Fariña, que vuelve a estar en el candelero como actor de reparto del “D’Alessio-Stornelli gate”. Otra manera más hiperbólica de satanizar al kirchnerismo es el “se robaron todo”, es decir, ya no un PBI sino el inconmensurable “todo”, una manera de que no haya resquicio ni escapatoria, que no quede ni un espacio político K que no esté poblado por ladrones con ganzúa, antifaz y maletines.
Las dos frases son insostenibles. Si se hubieran robado “todo” no habría habido fondos para pagarles a maestros, financiar la salud, la seguridad, la justicia, hacer infraestructura, lanzar el Arsat y el larguísimo etcétera de la era kirchnerista. Lo mismo vale para el PBI: ¿en qué bolsillos, bolsos, valijas y containers cabrían 500 mil millones de dólares?
La cuantificación de los estragos que causan los paraísos fiscales es una estimación dada la estructural opacidad del mundo offshore, pero es infinitamente más precisa que estas burradas analfabetas. Enfoquémonos en Argentina. Según un estudio comisionado por las Naciones Unidos, nuestro país se encuentra entre los cinco con mayor evasión o elusión fiscal de las multinacionales: 21 mil millones de dólares anuales. Antes de que el macrismo lo cerrara, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, el Cefid-AR, calculó que el total de los capitales fugados al exterior por residentes argentinos casi equivalía al PBI de la época K: unos 400 mil millones de dólares en 2012.
Uno de los asistentes a la conferencia, el tesista de la carrera de Antropología Social de la Universidad de Misiones Guido Diblasi, cazó al vuelo el alcance de estas cifras. “Esos sí que se robaron un PBI”, dijo. No se me había ocurrido el paralelo, pero inmediatamente noté el potencial que tenía. Le prometí que, si me permitía robarle la idea, lo usaría en una nota citando la fuente. En eso estoy ahora.
El problema es qué hacer con esta fuga de capitales. La preocupación del grueso de la población no señala a las guaridas fiscales como un problema primario porque tienen en su vida cotidiana urgencias más acuciantes –desde el desempleo a las tarifas o el hambre– y porque el tema tiene algo de realidad abstracta, técnica y lejana. No lo es: por ahí se va un PBI. Pero puede resultar árido, plagado de jerga técnica y opacidad leguleya.
Un dato elemental ayuda a visualizar el impacto estructural que tiene el mundo offshore en la vida cotidiana tan marcada hoy por la deuda, el FMI y un ajuste eterno: lo que no se recauda, se sustrae al gasto público, que baja la calidad y el alcance de las prestaciones y con frecuencia tiene que endeudarse para ofrecer la cobertura mínima. En otras palabras, con un PBI fugado, el problema no es que se gasta mucho como dice la ortodoxia, sino que se recauda poco y mal.
En cuanto a la solución, en mi programa “Justicia Impositiva”, me he encontrado con dos escuelas. Una dice que en la era actual de la globalización no se puede hacer mucho sin un acuerdo internacional porque cualquier medida meramente nacional será fácilmente perforada por un sistema ultrasofisticado. La otra escuela admite esta realidad, pero entiende que el problema es urgente y que hay espacios a nivel nacional y regional para actuar.
Entre estas dos posiciones soy ecléctico, pero como están las cosas pienso que en Argentina ya no es cuestión de escuelas: es cuestión de necesidad. Sin cerrar al menos un poco ese grifo, será muy complicado sostener una política nacional y popular. A nivel global existen iniciativas meritorias, pero insuficientes: la ley del Pacto Ético en Ecuador que prohíbe que funcionarios públicos tengan activos en paraísos fiscales, la exclusión de empresas offshore de los contratos municipales en más de 30 ayuntamientos de España, o el reporte país por país para las multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).
En este país capaz de tropezarse tantas veces con la misma piedra tenemos además la materia gris necesaria para planificar esta lucha. El Cefid-AR fue un ejemplo de estudios en este campo. Especialistas como Jorge Gaggero, Magdalena Rua, Verónica Grondona, Juan Valerdi, por nombrar algunos, hurgaron con precisión quirúrgica en los mecanismos utilizados y el impacto que provocó en todo el tejido económico-social. El problema que veo hoy es otro. Por razones obvias, el tema no está en la agenda del oficialismo, pero me da la impresión de que tampoco tiene la centralidad que se merece en la agenda de la oposición que, en caso de ser electa, tendrá una losa pesadísima que levantar: mejor estar minuciosamente preparados para ese momento.
