Cecilia González
7 ene 2021
Facebook/Instagram y Twitter se erigieron repentinamente como defensores de la democracia y el miércoles, en medio del caos por la toma del Capitolio, bloquearon las cuentas del presidente estadounidense Donald Trump.
Al principio, algunos celebraron. Cómo no. Implicaba acallar los discursos violentos, xenófobos, conspiracionistas, falsos y golpistas de un presidente que no acepta su derrota e insiste en impugnar una elección sin una sola prueba, más que sus gritos y denuncias arropadas por los fanáticos que lo veneran.
Pero la decisión entraña un grave problema.
¿Por qué empresas privadas, que han sido sujetas a investigaciones judiciales, que operan con base en sus intereses políticos y comerciales, van a decidir qué se puede decir y qué no en el debate público y, sobre todo, quiénes y cómo pueden hacerlo?
El poder de esta medida es inmenso, tanto como el riesgo de que Marck Zuckerberg y Jack Dorsey censuren discursos con la anuencia de las sociedades, a costa de dejar en manos de esos empresarios el derecho a la libertad de expresión y la regulación de expresiones públicas, tarea que en cualquier sistema democrático le corresponde más bien al Estado.
La súbita eliminación de tuits o bloqueo de las cuentas de Trump puede parecer simpática, un acto de justicia, pero arrastra una sombra de hipocresía porque han sido precisamente estas plataformas las que han albergado y permitido la difusión de discursos de odio que traspasaron la pantalla para imponerse en las calles, sin importar el país del que se trate.
Y no hicieron nada para frenar esa expansión radicalizada de grupos como el que convirtió el 6 de enero de 2021 en uno de los días más funestos para la democracia.
Al principio, algunos celebraron. Cómo no. Implicaba acallar los discursos violentos, xenófobos, conspiracionistas, falsos y golpistas de un presidente que no acepta su derrota e insiste en impugnar una elección sin una sola prueba, más que sus gritos y denuncias arropadas por los fanáticos que lo veneran.
Pero la decisión entraña un grave problema.
¿Por qué empresas privadas, que han sido sujetas a investigaciones judiciales, que operan con base en sus intereses políticos y comerciales, van a decidir qué se puede decir y qué no en el debate público y, sobre todo, quiénes y cómo pueden hacerlo?
El poder de esta medida es inmenso, tanto como el riesgo de que Marck Zuckerberg y Jack Dorsey censuren discursos con la anuencia de las sociedades, a costa de dejar en manos de esos empresarios el derecho a la libertad de expresión y la regulación de expresiones públicas, tarea que en cualquier sistema democrático le corresponde más bien al Estado.
La súbita eliminación de tuits o bloqueo de las cuentas de Trump puede parecer simpática, un acto de justicia, pero arrastra una sombra de hipocresía porque han sido precisamente estas plataformas las que han albergado y permitido la difusión de discursos de odio que traspasaron la pantalla para imponerse en las calles, sin importar el país del que se trate.
Y no hicieron nada para frenar esa expansión radicalizada de grupos como el que convirtió el 6 de enero de 2021 en uno de los días más funestos para la democracia.
Poder
Facebook tiene 2.448 millones de usuarios. Instagram, parte del emporio Zuckerberg, otros 1.000 millones. Y Twitter 339 millones. Su penetración a escala global mantiene las alarmas encendidas desde hace años por el uso (y abuso) que hacen de los datos personales, la manipulación de algoritmos y, en el caso de Facebook/Instagram, las denuncias por prácticas monopólicas.
El mismo día en que acallaban a Trump, había estallado el debate por los nuevos términos y condiciones impuestos por Whatsapp (otra vez Zuckerberg) a sus 1.600 millones de usuarios y que, entre otros aspectos, a partir del 8 de febrero los obliga a compartir sus datos con Facebook, con la inquietud sobre la deteriorada privacidad siempre latente.
Todavía está vigente la discusión que desató el documental "El dilema de las redes sociales", que Netflix estrenó en octubre pasado, y que alertaba sobre las estrategias que se aplican para que los usuarios se vuelvan adictos a fin de manipular sus sentimientos, su vida personal, sus consumos y sus preferencias políticas, además de diseñar audiencias para beneficio de empresas específicas. Para convertir a los ciudadanos en mercancías. El apartado de la difusión de noticias falsas es particularmente inquietante.
Zuckerberg negó las acusaciones y calificó la película como "sensacionalista" porque distorsiona la función de las redes sociales, pero la desconfianza sobre el manejo y control de la información de los usuarios revive ahora con el caso Trump.
Uno de los aspectos centrales es que es el Estado, no una empresa privada, la que debe regular los términos del debate público, garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información y establecer los delitos vinculantes.
"La preservación de la democracia deben hacerla las instituciones públicas, no las corporaciones", resumió el investigador argentino Iván Schuliaquer en el portal Cosecha Roja. "Una parte sustantiva de la convivencia democrática, que es la regulación de la discusión pública, tiene a las grandes plataformas digitales como árbitros. Sus reglas corporativas, inestables y opacas. O sea que algo no está funcionando según los principios democráticos", advirtió Martín Becerra, otro reconocido experto en estos temas.
Igual, no deja de ser paradójico que la discusión se esté desarrollando a través de posteos y tuits, con sus respectivos links a artículos especializados. Muchos, incluso, se viralizan.
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Las "benditas" redes sociales
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sorprendió al sumarse a la discusión sobre el papel de las plataformas que, en su caso, se convirtieron en grandes aliadas y a las que adjudica parte de su éxito electoral en su tercera postulación, después de años de padecer el acoso de un periodismo tradicional mayoritariamente opositor.
"Hay una cosa que ayer y hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso", explicó López Obrador, al mismo tiempo que se negó a condenar a Trump por incitar a la violencia.
"Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?, si nosotros estamos por las libertades. Esto lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, que fue una revolución, fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura, se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, la comunicación circular", aseguró.
Según el presidente, que suele referirse a "las benditas redes sociales", ya no puede haber retrocesos. "¿Cómo se va a censurar a alguien? 'A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial'. ¿Dónde está incluso la norma?, ¿dónde está la legislación?, ¿dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", dijo.
El debate, como vemos, está abierto y lejos de ser saldado. Porque si ahora corporaciones que tienen poco y nada de democráticas decidieron silenciar a Trump, en cualquier otro momento harán lo mismo con otros actores políticos a su conveniencia.
También insistió en que las redes, como empresas, no pueden decidir que es nocivo, perjudicial o dañino; qué va en contra de las buenas costumbres y del buen gobierno.
"Vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales históricamente se han sometido al poder, con honrosas excepciones. Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura es motivo de preocupación", insistió.
El debate, como vemos, está abierto y lejos de ser saldado. Porque si ahora corporaciones que tienen poco y nada de democráticas decidieron silenciar a Trump, en cualquier otro momento harán lo mismo con otros actores políticos a su conveniencia.
Y no podemos dejar que asuman ese papel.
@ceciazul
