Por Juan J. Paz y Miño Cepeda, especial para NODAL
En 30/06/2022
Luego de una década de dictaduras, Ecuador inició los gobiernos constitucionales en 1979. Pero a partir de la crisis de la deuda externa (1982) y tal como ocurriera en los otros países latinoamericanos, su economía fue forzada a seguir el recetario del FMI a través de sucesivas cartas de intención y en la década de 1990 se sujetó al Consenso de Washington. De esta manera, por sobre las ideologías de los distintos gobiernos, durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, se impuso el camino neoliberal. Las consecuencias de ese modelo, además de la agresiva concentración de la riqueza, se han visto en el sistemático deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, como lo prueban las estadísticas oficiales y de entidades internacionales como la CEPAL. En semejantes circunstancias, Ecuador vivió permanentes manifestaciones y protestas populares, además de por lo menos 4 grandes movilizaciones indígenas. También se agravó la desinstitucionalización y se afectó la estabilidad constitucional, a tal punto que en la década 1996-2006 hubo 7 gobiernos, una efímera dictadura y 3 presidentes electos fueron derrocados.
Después de la década gubernamental de Rafael Correa (2007-2017), identificado con el primer ciclo de gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina, el sucesor Lenín Moreno (2017-2021) dio un giro total: abandonó la “Revolución Ciudadana”, desprestigió y persiguió a todo lo que significara “correísmo”, logró el juzgamiento de escandalosos casos de corrupción, pero ante todo recobró el camino neoliberal, suscribió un macro acuerdo (SAF, 2019) con el FMI y recuperó el espacio de poder económico e influencia política de las elites empresariales y ricas del país, además de contar con el respaldo de los partidos identificados con la derecha y ser blindado con el soporte que le dio la gran prensa del país. Nuevamente la riqueza se reconcentró, mientras se deterioraban empleo, desempleo, pobreza y desesperanza, acompañados con la ruina de los bienes y servicios públicos, junto a la literal paralización de las inversiones estatales. Moreno ni siquiera atendió la vacunación general, cuando se extendió la pandemia del Coronavirus en 2020. En octubre de 2019, se produjo una enorme movilización indígena y popular que paralizó al país. La brutal represión gubernamental ha merecido tres informes sobre violaciones a los derechos humanos (CIDH, NNUU, Comisión Defensoría del Pueblo), pero la impunidad se mantiene hasta el presente.
El triunfo presidencial de Guillermo Lasso para un período de cuatro años (2021-2025) fue recibido con alivio y esperanza por sus votantes. Pero fue singularmente beneficioso para las derechas económicas y políticas que, si bien durante el gobierno de Moreno ya lograron crear un bloque de poder dominante, confiaron en consolidar su hegemonía con un presidente que provenía directamente de sus filas. De modo que Lasso no solo dio continuidad al modelo económico empresarial-neoliberal recuperado por Moreno, sino que lo afirmó durante su primer año de gestión, en el cual lo más destacable fue la exitosa y rápida vacunación a la población nacional. Si bien se produjo la mejoría de algunos índices económicos, los resultados sociales continúan deteriorados y algunos empeoraron.
En tales circunstancias, la polarización social que provoca el modelo empresarial-neoliberal, como ya se experimentara en las décadas finales del siglo XX, junto al privilegio que se ahonda en favor del bloque de poder reconstituido, inevitablemente condujo a protestas y manifestaciones, hasta el estallido de la movilización indígena promovida por la CONAIE a partir del 13 de junio, acompañada por amplios sectores y organizaciones. En ausencia de políticas sociales desde el Estado y una situación económica desesperante, la CONAIE planteó una demanda de 10 puntos que, en esencia, chocan con el modelo de economía tan beneficioso para el sector privado, pero no para la población. Al provenir de “los indios”, como ocurriera igualmente en el pasado, las pasiones clasistas y racistas en su contra también estallaron. La escalada entre protestas, violencia y represión se volvió indetenible. Y, al mismo tiempo, el hecho de que UNES (“correísmo”) haya planteado en la Asamblea Nacional la destitución constitucional del presidente, algo que no se logró, tiene que ser observado como parte de las estrategias por el poder que juegan los partidos políticos institucionales, con sus propias dinámicas de cálculos e intereses.
En los dos “frentes” obviamente el gobierno de Guillermo Lasso jugó sus propias estrategias. Finalmente se negó al diálogo con Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, a quien permanentemente ha descalificado; mientras en forma directa atribuye al “correísmo” un afán conspirador y antidemocrático. Desde luego, en el camino, nuevamente la brutal represión y la persecución resurgieron. Ha quedado el dolor de las víctimas.
Sin embargo, el jueves 30 de julio, tanto la CONAIE, como la FEINE y la FENOCIN (el conjunto de las organizaciones indígenas y campesinas), junto con los delegados del gobierno y contando con la mediación de la iglesia católica, acordaron continuar el diálogo interrumpido. Han concluido con la suscripción de un acta inicial y se trabajará en mesas técnicas sobre el conjunto de las demandas, todo lo cual será evaluado dentro de 90 días. Ha sido un paso de avance en tan complejo problema. De todos modos, con un sólido bloque de poder que lo respalda, es difícil pensar que el gobierno de Lasso se encuentre “debilitado”. El acuerdo alcanzado es una fórmula de paz en la dramática coyuntura vivida, porque el problema de fondo subsiste: el modelo empresarial-neoliberal (además, históricamente caduco en el mundo, pero que en el país es todavía un ideal) genera polarización, conflictividad, riesgo institucional, beneficios para elites económicas y sociales, y poder plutocrático revestido como democracia.
*Doctor en Historia. Profesor Emérito de la PUCE
En 30/06/2022
Luego de una década de dictaduras, Ecuador inició los gobiernos constitucionales en 1979. Pero a partir de la crisis de la deuda externa (1982) y tal como ocurriera en los otros países latinoamericanos, su economía fue forzada a seguir el recetario del FMI a través de sucesivas cartas de intención y en la década de 1990 se sujetó al Consenso de Washington. De esta manera, por sobre las ideologías de los distintos gobiernos, durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, se impuso el camino neoliberal. Las consecuencias de ese modelo, además de la agresiva concentración de la riqueza, se han visto en el sistemático deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, como lo prueban las estadísticas oficiales y de entidades internacionales como la CEPAL. En semejantes circunstancias, Ecuador vivió permanentes manifestaciones y protestas populares, además de por lo menos 4 grandes movilizaciones indígenas. También se agravó la desinstitucionalización y se afectó la estabilidad constitucional, a tal punto que en la década 1996-2006 hubo 7 gobiernos, una efímera dictadura y 3 presidentes electos fueron derrocados.
Después de la década gubernamental de Rafael Correa (2007-2017), identificado con el primer ciclo de gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina, el sucesor Lenín Moreno (2017-2021) dio un giro total: abandonó la “Revolución Ciudadana”, desprestigió y persiguió a todo lo que significara “correísmo”, logró el juzgamiento de escandalosos casos de corrupción, pero ante todo recobró el camino neoliberal, suscribió un macro acuerdo (SAF, 2019) con el FMI y recuperó el espacio de poder económico e influencia política de las elites empresariales y ricas del país, además de contar con el respaldo de los partidos identificados con la derecha y ser blindado con el soporte que le dio la gran prensa del país. Nuevamente la riqueza se reconcentró, mientras se deterioraban empleo, desempleo, pobreza y desesperanza, acompañados con la ruina de los bienes y servicios públicos, junto a la literal paralización de las inversiones estatales. Moreno ni siquiera atendió la vacunación general, cuando se extendió la pandemia del Coronavirus en 2020. En octubre de 2019, se produjo una enorme movilización indígena y popular que paralizó al país. La brutal represión gubernamental ha merecido tres informes sobre violaciones a los derechos humanos (CIDH, NNUU, Comisión Defensoría del Pueblo), pero la impunidad se mantiene hasta el presente.
El triunfo presidencial de Guillermo Lasso para un período de cuatro años (2021-2025) fue recibido con alivio y esperanza por sus votantes. Pero fue singularmente beneficioso para las derechas económicas y políticas que, si bien durante el gobierno de Moreno ya lograron crear un bloque de poder dominante, confiaron en consolidar su hegemonía con un presidente que provenía directamente de sus filas. De modo que Lasso no solo dio continuidad al modelo económico empresarial-neoliberal recuperado por Moreno, sino que lo afirmó durante su primer año de gestión, en el cual lo más destacable fue la exitosa y rápida vacunación a la población nacional. Si bien se produjo la mejoría de algunos índices económicos, los resultados sociales continúan deteriorados y algunos empeoraron.
En tales circunstancias, la polarización social que provoca el modelo empresarial-neoliberal, como ya se experimentara en las décadas finales del siglo XX, junto al privilegio que se ahonda en favor del bloque de poder reconstituido, inevitablemente condujo a protestas y manifestaciones, hasta el estallido de la movilización indígena promovida por la CONAIE a partir del 13 de junio, acompañada por amplios sectores y organizaciones. En ausencia de políticas sociales desde el Estado y una situación económica desesperante, la CONAIE planteó una demanda de 10 puntos que, en esencia, chocan con el modelo de economía tan beneficioso para el sector privado, pero no para la población. Al provenir de “los indios”, como ocurriera igualmente en el pasado, las pasiones clasistas y racistas en su contra también estallaron. La escalada entre protestas, violencia y represión se volvió indetenible. Y, al mismo tiempo, el hecho de que UNES (“correísmo”) haya planteado en la Asamblea Nacional la destitución constitucional del presidente, algo que no se logró, tiene que ser observado como parte de las estrategias por el poder que juegan los partidos políticos institucionales, con sus propias dinámicas de cálculos e intereses.
En los dos “frentes” obviamente el gobierno de Guillermo Lasso jugó sus propias estrategias. Finalmente se negó al diálogo con Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, a quien permanentemente ha descalificado; mientras en forma directa atribuye al “correísmo” un afán conspirador y antidemocrático. Desde luego, en el camino, nuevamente la brutal represión y la persecución resurgieron. Ha quedado el dolor de las víctimas.
Sin embargo, el jueves 30 de julio, tanto la CONAIE, como la FEINE y la FENOCIN (el conjunto de las organizaciones indígenas y campesinas), junto con los delegados del gobierno y contando con la mediación de la iglesia católica, acordaron continuar el diálogo interrumpido. Han concluido con la suscripción de un acta inicial y se trabajará en mesas técnicas sobre el conjunto de las demandas, todo lo cual será evaluado dentro de 90 días. Ha sido un paso de avance en tan complejo problema. De todos modos, con un sólido bloque de poder que lo respalda, es difícil pensar que el gobierno de Lasso se encuentre “debilitado”. El acuerdo alcanzado es una fórmula de paz en la dramática coyuntura vivida, porque el problema de fondo subsiste: el modelo empresarial-neoliberal (además, históricamente caduco en el mundo, pero que en el país es todavía un ideal) genera polarización, conflictividad, riesgo institucional, beneficios para elites económicas y sociales, y poder plutocrático revestido como democracia.
*Doctor en Historia. Profesor Emérito de la PUCE
