Por Nicolás Centurión
En 08/07/2022
El 27 de junio se cumplieron 49 años del último golpe de Estado cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Plan Cóndor, desapariciones, torturas, expropiación de bebés y una larga lista de aberraciones. Todo eso y más, para instalar un proyecto económico a sangre y fuego.
Se inauguraba una nueva etapa del capitalismo y los poderes fácticos no titubearon un segundo en aplicarlo. Sus consecuencias y sostenimiento a lo largo del tiempo perduran hasta el día de hoy, a pesar de haber retornado la democracia y haber pasado por la ola progresista a principios del siglo XXI.
Cara o cruz
La década del 70 en América Latina tuvo las dos caras de una moneda. Por un lado un movimiento social, popular, sindical de fuste, robusto y combativo; pero por el otro se desplegaron las alas y las garras de las peores dictaduras de nuestra historia. Uruguay no fue la excepción. Mientras en las calles y en los centros clandestinos se torturaba, en fatuos escritorios se pergeñó el ajuste y la persecución a la clase trabajadora. La moneda se decantó por el lado del neoliberalismo.
La misma madrugada del golpe la Central Nacional de Trabajadores (CNT) se declaró en huelga, que duró 15 días. El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron capturados.
El 4 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización “por notoria mala conducta” en la órbita pública y privada. Esto facilitó la persecución de los huelguistas por parte de las patronales, así como la eliminación de mano de obra “improductiva”, como personas próximas a jubilarse y con problemas de salud.
La dictadura “significó un descenso del salario y las pasividades a menos del 50% de su valor en 1968, la destrucción de 50.00 productores agropecuarios, el cierre de centenares de pequeñas y medianas industrias, y un sideral aumento del endeudamiento externo que pasó de 716 millones de dólares en 1973 a 6.000 millones de dólares en 1985”, señala Miguel Carrió en su libro “País vaciado”.
El modelo de plaza financiera se instauró en el Uruguay en 1974. En mayo de 1979 se eliminaron los encajes bancarios, culminando un proceso de progresiva reducción, y se eliminaron los regímenes promocionales de financiamiento de las exportaciones.
La dictadura liberalizó la economía en medio de la crisis mundial del petróleo. La expansión del endeudamiento externo bruto pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. Agregado a esto, la reducción del poder de compra de los salarios en un 60%, comparando 1984 con 1971.
Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generalizó la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajaron los aportes patronales a la seguridad social y se derogó el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaba la actividad financiera.
La transferencia fue del orden de 5.000 millones de dólares de 1981: ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.
La falta de garantías para los reclamos laborales, las dificultades para conseguir un empleo, la incorporación de mano de obra sin experiencia en tareas especializadas y el multiempleo contribuyeron a que las patronales tuvieran mejores condiciones para aumentar la productividad del trabajo con la trágica consecuencia de muertes por accidentes laborales y mutilaciones que incapacitaban a los trabajadores.
El hoy es tan ayer
La política aperturista al mercado internacional conllevó un aumento de las exportaciones con déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones eran superiores. Como consecuencia de la falta de negociación colectiva y las dificultades para el accionar sindical reivindicativo, hubo una caída sostenida del salario real, pasando a la mitad entre 1973 y 1985, lo que se sumaba a la caída del período anterior. ¿Década del 70 o 2022?
La dictadura no solo fue una máquina de muerte. El golpe de Estado en Uruguay fue la inauguración de un proyecto económico implantado a sangre y fuego. La corrupción, el aumento de la deuda pública y el manejo de los fondos públicos de manera irregular estuvieron a la orden del día y siguieron derramando su efecto en la transición democrática o más bien en la democracia tutelada por los militares que tuvo el país desde 1985.
La década de los 90 estuvo gobernada por los tradicionales Partido Nacional y Colorado, como históricamente sucedió hasta el 2004 con el ascenso del centroizquierdista Frente Amplio. Fue una década donde se iniciaron procesos que hasta el día no han tenido freno. Por un lado la infantilización de la pobreza, mientras la percepción de la corrupción creció a pasos agigantados. El narcotráfico era tapa de diarios, junto al lavado de dinero en Punta del Este, las SAFIs (Sociedades Anónimas Financieras) y el vaciamiento de bancos.
Los intentos privatizadores se instalaron por doquier, algunos truncos, algunos exitosos. Las zonas francas crecieron a mansalva, mientras se verificaba el desmantelamiento de la industria nacional. Los gobiernos “neoliberales” avanzaron sobre el salario indirecto, desfinanciando, privatizando y tercerizando los servicios públicos como la salud, la educación y la vivienda. La antesala de la crisis del 2002 estaba lista.
Si muchas veces se habla de oleadas en el campo progresista, hay que hablar también de oleadas neoliberales que a veces también vienen como mareas. Se puede trazar un hilo conductor desde los 70 hasta el presente. La macroeconomía sigue su rumbo sin variación alguna, lo dijo el mismísimo Ministro de Economía de la dictadura Alejandro Vegh Villegas, al ser consultado por la política económica del Frente Amplio.
Hoy asistimos a otra entrega de soberanía mayúscula: el puerto, las tierras, la rambla costanera, el agua, cada vez más zonas francas para que no tributen aquí, cada vez más mega proyectos inmobiliarios, ghettos de ricos, “cantegriles” de pobres. Cada vez más ollas populares, aunque las exportaciones no paren de aumentar.
Cada veinte años, nuevas crisis para que viejos dilemas no se resuelvan y los capitalistas de siempre vuelvan a acumular y concentrar riqueza y poder. La dictadura no fue un delirio de hombres malos.
Hoy no se precisa un golpe de Estado para dominar. La institucionalidad republicana cobija en su seno dicha explotación. Esa misma dictadura de la que hablamos, debilitó de manera contundente al campo popular. Preestreno para arrasar con todo lo público.
En 08/07/2022
El 27 de junio se cumplieron 49 años del último golpe de Estado cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Plan Cóndor, desapariciones, torturas, expropiación de bebés y una larga lista de aberraciones. Todo eso y más, para instalar un proyecto económico a sangre y fuego.
Se inauguraba una nueva etapa del capitalismo y los poderes fácticos no titubearon un segundo en aplicarlo. Sus consecuencias y sostenimiento a lo largo del tiempo perduran hasta el día de hoy, a pesar de haber retornado la democracia y haber pasado por la ola progresista a principios del siglo XXI.
Cara o cruz
La década del 70 en América Latina tuvo las dos caras de una moneda. Por un lado un movimiento social, popular, sindical de fuste, robusto y combativo; pero por el otro se desplegaron las alas y las garras de las peores dictaduras de nuestra historia. Uruguay no fue la excepción. Mientras en las calles y en los centros clandestinos se torturaba, en fatuos escritorios se pergeñó el ajuste y la persecución a la clase trabajadora. La moneda se decantó por el lado del neoliberalismo.
La misma madrugada del golpe la Central Nacional de Trabajadores (CNT) se declaró en huelga, que duró 15 días. El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron capturados.
El 4 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización “por notoria mala conducta” en la órbita pública y privada. Esto facilitó la persecución de los huelguistas por parte de las patronales, así como la eliminación de mano de obra “improductiva”, como personas próximas a jubilarse y con problemas de salud.
La dictadura “significó un descenso del salario y las pasividades a menos del 50% de su valor en 1968, la destrucción de 50.00 productores agropecuarios, el cierre de centenares de pequeñas y medianas industrias, y un sideral aumento del endeudamiento externo que pasó de 716 millones de dólares en 1973 a 6.000 millones de dólares en 1985”, señala Miguel Carrió en su libro “País vaciado”.
El modelo de plaza financiera se instauró en el Uruguay en 1974. En mayo de 1979 se eliminaron los encajes bancarios, culminando un proceso de progresiva reducción, y se eliminaron los regímenes promocionales de financiamiento de las exportaciones.
La dictadura liberalizó la economía en medio de la crisis mundial del petróleo. La expansión del endeudamiento externo bruto pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. Agregado a esto, la reducción del poder de compra de los salarios en un 60%, comparando 1984 con 1971.
Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generalizó la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajaron los aportes patronales a la seguridad social y se derogó el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaba la actividad financiera.
La transferencia fue del orden de 5.000 millones de dólares de 1981: ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.
La falta de garantías para los reclamos laborales, las dificultades para conseguir un empleo, la incorporación de mano de obra sin experiencia en tareas especializadas y el multiempleo contribuyeron a que las patronales tuvieran mejores condiciones para aumentar la productividad del trabajo con la trágica consecuencia de muertes por accidentes laborales y mutilaciones que incapacitaban a los trabajadores.
El hoy es tan ayer
La política aperturista al mercado internacional conllevó un aumento de las exportaciones con déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones eran superiores. Como consecuencia de la falta de negociación colectiva y las dificultades para el accionar sindical reivindicativo, hubo una caída sostenida del salario real, pasando a la mitad entre 1973 y 1985, lo que se sumaba a la caída del período anterior. ¿Década del 70 o 2022?
La dictadura no solo fue una máquina de muerte. El golpe de Estado en Uruguay fue la inauguración de un proyecto económico implantado a sangre y fuego. La corrupción, el aumento de la deuda pública y el manejo de los fondos públicos de manera irregular estuvieron a la orden del día y siguieron derramando su efecto en la transición democrática o más bien en la democracia tutelada por los militares que tuvo el país desde 1985.
La década de los 90 estuvo gobernada por los tradicionales Partido Nacional y Colorado, como históricamente sucedió hasta el 2004 con el ascenso del centroizquierdista Frente Amplio. Fue una década donde se iniciaron procesos que hasta el día no han tenido freno. Por un lado la infantilización de la pobreza, mientras la percepción de la corrupción creció a pasos agigantados. El narcotráfico era tapa de diarios, junto al lavado de dinero en Punta del Este, las SAFIs (Sociedades Anónimas Financieras) y el vaciamiento de bancos.
Los intentos privatizadores se instalaron por doquier, algunos truncos, algunos exitosos. Las zonas francas crecieron a mansalva, mientras se verificaba el desmantelamiento de la industria nacional. Los gobiernos “neoliberales” avanzaron sobre el salario indirecto, desfinanciando, privatizando y tercerizando los servicios públicos como la salud, la educación y la vivienda. La antesala de la crisis del 2002 estaba lista.
Si muchas veces se habla de oleadas en el campo progresista, hay que hablar también de oleadas neoliberales que a veces también vienen como mareas. Se puede trazar un hilo conductor desde los 70 hasta el presente. La macroeconomía sigue su rumbo sin variación alguna, lo dijo el mismísimo Ministro de Economía de la dictadura Alejandro Vegh Villegas, al ser consultado por la política económica del Frente Amplio.
Hoy asistimos a otra entrega de soberanía mayúscula: el puerto, las tierras, la rambla costanera, el agua, cada vez más zonas francas para que no tributen aquí, cada vez más mega proyectos inmobiliarios, ghettos de ricos, “cantegriles” de pobres. Cada vez más ollas populares, aunque las exportaciones no paren de aumentar.
Cada veinte años, nuevas crisis para que viejos dilemas no se resuelvan y los capitalistas de siempre vuelvan a acumular y concentrar riqueza y poder. La dictadura no fue un delirio de hombres malos.
Hoy no se precisa un golpe de Estado para dominar. La institucionalidad republicana cobija en su seno dicha explotación. Esa misma dictadura de la que hablamos, debilitó de manera contundente al campo popular. Preestreno para arrasar con todo lo público.
Obra que, lamentablemente, aún no se vislumbra su final.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
