Un sistema financiero hijo de la desregulación

POR QUE VOTARON EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS PARA PROTEGER DE LOS BUITRES A LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDA

Seis países se opusieron en la ONU a fijarles reglas restrictivas a los fondos buitre. El peso del poder financiero, representado por Nueva York y Londres. La defensa de los buitres y de otros delitos de la gran banca internacional.

Por Raúl Dellatorre

Los bancos globales han desarrollado un área que llaman private banking, para facilitar la fuga, evasión y lavado de activos de sus clientes.

El debate de los nueve principios votados en la Asamblea de las Naciones Unidas, como mecanismo de defensa de los países soberanos en situación de reestructuración de deuda, dejó a la vista situaciones que hoy atraviesan la disputa por el futuro del sistema financiero mundial. Una de ellas es la férrea oposición de los países que contienen los mayores centros financieros mundiales (Londres y Nueva York), a cualquier forma de regulación al sistema y a sus principales actores. El voto de Estados Unidos y Gran Bretaña en contra de imponerle condiciones o limitar el accionar de los fondos buitre tiene su correlato en la actitud, como mínimo, “permisiva” que estos mismos países tienen frente a conductas ilegales probadas de algunos de los principales bancos globales. Estas entidades utilizan esos mismos centros financieros para operar desde allí y coordinar la circulación de los capitales que fugan hacia paraísos o “guaridas”, con el fin de evasión y ocultamiento. En esos destinos son resguardados, ocultados y multiplicados a través de los servicios que ofrece esa misma banca global. Otros dos países que incluyen centros financieros de importancia, ligados a los anteriores (Frankfurt y Tokio), también votaron en contra de la propuesta contra los buitres que Argentina llevó a la ONU: ellos son Alemania y Japón. Canadá e Israel, por distintas razones, tienen fuertes nexos y compromisos con el poder financiero estadounidense. Es decir que los seis votos en contra de la propuesta que llevó Argentina a la ONU se podrían explicar por los intereses en juego en esta disputa en el sistema financiero mundial por ponerle reglas a una operatoria ya estructuralmente delictiva.

Entre el 3 y el 5 del corriente mes se realizó en Ankara (Turquía), un encuentro de especialistas de diferentes países para debatir sobre la situación financiera mundial. Fue en paralelo a la reunión de ministros de economía del grupo de los 20, que tenía lugar en la misma ciudad. Allí, dos investigadores del Cefid.Ar, Jorge Gaggero y Magdalena Belén Rúa, presentaron un trabajo en el que analizan el rol de los bancos globales en la evasión fiscal, fuga de capitales y lavado de dinero. Así como está el caso del HSBC, que tomó relevancia internacional a partir de la denuncia formulada por un ex ingeniero en informática del banco, y por involucrar a 130 mil clientes y a 203 países, el estudio señala la existencia de muchos otros bancos internacionales involucrados en los mismos delitos, evidenciando “un comportamiento sistemático y generalizado de gran parte de esas entidades financieras, a gran escala, con el objeto de ocultar la riqueza privada de sus clientes de todo el mundo”.

El otro aspecto que destaca la investigación es la actitud de los diferentes países, particularmente los más poderosos, ante este comportamiento de los grandes bancos. Y aquí es donde surge la vinculación con el voto de esos mismos países en contra de regular la participación de los fondos buitre en las reestructuraciones de deudas soberanas. “Los países anglosajones que resultan sede de los mayores centros financieros globales (Londres y Nueva York) y también centro de los más importantes hubs (núcleos de comunicación) globales de guaridas fiscales, parecen resultar –a la vez– los que registran los impactos económico-financieros más importantes de las maniobras en análisis y los que muestran la más “permisiva” reacción de sus sistemas legales ante las mismas”, refiere el trabajo señalado. En efecto, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña han demostrado voluntad por combatir estos delitos o revisar las normas regulatorias para impedirlos.

En el caso de la potencia norteamericana, señala el trabajo, “las sanciones se han limitado a multas que parecieran contundentes (en sus cifras) sólo si no se las compara con los beneficios que los bancos sancionados han obtenido como consecuencia de la violación de las leyes; cuando se lo hace, estas multas se revelan como gangas”. Por otra parte, recuerda que la aceptación de las multas en las causas judiciales de Estado Unidos, suelen “formar parte de acuerdos por los cuales los directivos directamente implicados, y pasibles de la aplicación de prisión efectiva, no resultan encausados”. En cuanto al Reino Unido, el estudio cita el antecedente reciente del resonante caso del HSBC, y señala que “hasta el momento, la anomia que muestra al respecto la autoridad tributaria parece resultar consistente con la casi total parálisis de su sistema judicial”.

La caracterización hecha más arriba sobre Londres y Nueva York, como “importantes hubs de guaridas fiscales” en la operación de los bancos globales, se explica por la presencia masiva de esas entidades en casi todos los países del planeta (a través de filiales o simples oficinas intermediarias), para captar clientes, y la coordinación que se ofrece desde aquellas ciudades para asegurarse a los recursos un destino lejos de la vista del fisco.

El servicio de private banking (se traduciría como banca secreta, ya que se refiere al concepto de privacidad), que prestan todos los bancos globales, consiste en ofrecerle al cliente (en general, dueño de una gran fortuna) la posibilidad de transferir sus activos líquidos no declarados al exterior, bien resguardados y con chance de multiplicarse mediante inversiones por vía de sociedades ad hoc, hedge funds, fondos mutuos u otras modalidades que se brindan en el menú. Además, la entidad ofrece a esos clientes exclusivos, el asesoramiento en fusiones o adquisiciones de empresas, y hasta en la planificación de sucesiones.

Este servicio, que los grandes bancos ofrecen a lo largo y lo ancho del mundo, está coordinado desde grandes centros financieros como Londres, Nueva York, Frankfurt o Tokio. Estimaciones privadas indican que el 38 por ciento de las grandes fortunas del mundo colocada offshore, se ubica en paraísos o guaridas dependientes de la city londinense: en la propia capital británica, en alguna de las pequeñas islas del Canal de la Mancha (Jersey y Guernesey), en Dublín (Irlanda), Hong Kong o Singapur, que son los más importantes destinos financieros bajo su jurisdicción. Las estimaciones de la riqueza privada offshore varía, según distintos análisis, entre los 12 y los 32 billones (millones de millones) de dólares. Estados Unidos concentra otra parte del control del circuito ilegal de dinero, quizás unos puntos por debajo de la porción que se le atribuye a Gran Bretaña. Los paraísos fiscales de Delaware (en su propio territorio), Panamá y varias islas del Caribe, son los principales centros de alojamiento, bajo control estadounidense, para el dinero fugado.

La posibilidad de que los principales bancos del mundo desarrollaran una plataforma de servicios, ya “institucionalizada”, para ofrecer servicios ilegales se creó bajo las condiciones de la desregulación del mercado financiero de los ‘80 y los ‘90. A esta última década corresponde también el proceso de conversión de las deudas soberanas en títulos públicos transferibles, que puso en marcha el Plan Brady, el primer gran canje o refinanciación de deudas tras las crisis latinoamericanas. A partir de allí, los “clubes de acreedores” conformados por los grandes bancos internacionales dejaron de existir y el acreedor perdió su rostro, su identidad. De la mano de este anonimato, se abrió la grieta por la que entraron los fondos buitre, como forma de lucrar frente a casos de default soberanos.

Así, el private banking de la gran banca global y los fondos buitre son hijos del mismo proceso de desregulación financiera. La crisis de 2008, por abuso de procedimientos de especulación estructural (las hipotecas “subprime”), también. Ninguno de estos fenómenos es “un efecto no deseado” del sistema, sino su consecuencia lógica. Cada vez son más los países que rechazan este funcionamiento del sistema financiero, ya sea porque son su víctima, o porque advierten que podrán serlo. El núcleo que resiste el embate de quienes quieren ponerle límite es pequeño, pero reúne a socios muy poderosos. En estos países, desde hace ya varios años el poder financiero es parte del poder político, y hasta se confunde con él (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania). Las seis manos alzadas en contra de los nueve principios en la votación de la ONU no fue más que otra manifestación de la resistencia de esos poderosos a aceptar cambios sobre el sistema que controlan.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-282067-2015-09-20.html

Tucumán, el Chaco y detener la caprilización

ARGENTINA

La cuestión tucumana, digámoslo, está siendo un intento de golpe. No gusta que se diga, pero fue así nomás: otro de los tantos impulsos golpistas que un oposicionismo desesperado procuró por diversas vías en los últimos años, por lo menos desde la llamada “crisis de la 125”, en 2008.

 Por Mempo Giardinelli

Motorizados desde los grandes intereses antinacionales, resabios del arcaico espíritu oligárquico del Diecinueve, y los grandes multimedios nacionales, la mayoría de la oposición antiperonista y antikirchnerista se dio vuelta rifando los principios y valores históricos que les quedaban.

Astutísimos y perversos, sus mentores mediáticos son capaces de idear inesperadas acciones sediciosas y desestabilizadoras. Golpistas de ley, asistidos por ejércitos de abogados todo servicio y economistas de tele y apocalipsis sin fin, ahora están furiosos porque todo lo procurado no les augura buen resultado. Y es que el desprecio al pueblo se les nota, y el pueblo, aun con vastos sectores engañados y confundidos, les da la espalda una vez más.

No ganaron ni un tercio de las nueve provincias que esperaban gobernar, y todas sus artimañas fracasaron: el caso Nisman, los sótanos patagónicos, las Seychelles, ahora Tucumán. Y eso que el gobierno les ofreció en bandeja un montón de dedazos y torpezas apellidadas Jaime, Boudou, Massa, Insaurralde, Báez, López, por lo menos. Pero no les sale ni el tiro del final, y eso que alteraron la vida de la colectividad judía, ensoberbecieron a dirigencias industriales y agrarias, y prometieron negocios que no podrán garantizar. Porque la Argentina cambió. Eso. No es la mansa de hace tiempo, como si el 2001 y 2002 mostraran sus enseñanzas en estos tiempos también calientes.

Ahora en Tucumán les dio una paliza un gobernador indefendible, y con un candidato que no enamora. Pero les ganó con votos y por lejos, y eso los enloqueció y ahí andan recurriendo a jueces serviles, jurídicamente ignorantes.

Pero lo que asombra más son sus marionetas devenidas víctimas de facto. Porque son muchísimos, son miles, y muchos de ellos buenas personas que hicieron política desde partidos populares, con sentido nacional y posiciones respetables, pero ahora se dieron vuelta, genuflexos.

Quisiera equivocarme, y escribo este texto confiando en que el bombardeo antidemocrático no llegará al Chaco, o al menos no logrará el objetivo perturbador que vienen ensayando las últimas semanas: el ominoso comienzo de una Gran Capriles rioplatense.

El radicalismo de Alvear queda chiquito y hasta buenazo cuando uno advierte el golpe de derecha que ha logrado dar el Sr. Ernesto Sanz en el centenario radicalismo que fue mi cuna y que siempre reivindiqué y seguiré reivindicando porque allí mamé la simple decencia y los valores republicanos verdaderos de quien solamente piensa porque sabe pensar y no responde a patrón alguno, ni ha sido ni es pagado por nadie, como supone tanto imbécil. Es un deber honrar la memoria de mi padre socialista de “La Vanguardia” y la del mentor político que fue para mí Luis “El Bicho” León, ese radical extraordinario que jamás dio pasos por interés económico ni contra esta nación que amaba y enseñaba a amar. Ninguno de ellos, jamás, hubiera consentido el desastre del radicalismo y el socialismo que hoy vemos al servicio de tipejos políticamente deplorables.

Cierto que radicales y socialistas se equivocaron muchas veces, como cuando la Libertadora, a la que prestaron ministros y embajadores, mala práctica que se repitió en otras dictaduras. Pero eran incapaces de esconderse detrás de una Justicia devenida el partido político más reaccionario de nuestra historia.

Ahora, primero, habrá que barrerlos en las urnas más allá de que el candidato del FpV tampoco enamore, y que me perdonen la franqueza pero Daniel Scioli a mí y a muchos, muchísimos argentinos, y sobre todo a los que apoyamos al kirchnerismo desde posiciones críticas y nada complacientes, no nos termina de convencer. No escribo en nombre de nadie, pero sé que este sentimiento está generalizado.

Barrerlos como en Tucumán, digo, y como ahora seguramente en el Chaco, salvo que vengan a querer incendiar esta provincia tranquila.

Ya en Tucumán comenzaron la caprilización. Los apoyan desde afuera, el New York Times y El País, y el Wall Street Journal y los Globo y los Mercurios. Pero no van a triunfar, aunque sigan causando daños y encima el kirchnerismo siga ofreciéndoles rengueras como la minería abierta y la pésima gestión ambiental.

Escribo esto antes de las elecciones en mi provincia. Donde, recuérdese, en las PASO hubo unos 22 puntos de diferencia, sin protestas ni impugnaciones.

Hoy voy a votar en Resistencia convencido aún de que la gente democrática que son mis amigos y han dado tantas demostraciones de buena esencia, no van a prestarse a un nuevo tucumanazo caprilesco. Y menos bailando al compás de este sujeto ignorante y soberbio, de cuestionada decencia y corta entendedera, que les ha robado partidos, sueños y principios. Éste que quiere pagar a los buitres pero ahora lo desmiente. Que quiere privatizar de nuevo YPF y Aerolíneas, pero no tiene huevos para decirlo. Que quiere que la AUH “sea por ley”, ignorando que ya es ley y con los votos de su partido.

En un artículo en La Voz del Interior, en 2007, escribí: “Llama la atención la súbita, inmensa popularidad de este hombre que era presidente de Sevel cuando la DGI acusó a esa empresa de evadir 55 millones de pesos entre 1993 y 1995; que fue procesado en 2001 por un resonante contrabando de autopartes; que era vicepresidente de la empresa propietaria del Correo meses antes de que éste quebrara dejándole al Estado una deuda multimillonaria; o que –acusan boquenses– construyó palcos en La Bombonera sin llamar a licitación y mediante una de sus empresas”.

Si todo esto viene al Chaco hoy domingo, y turban nuestro proceso electoral, yo espero que mis amigos radicales, camaradas de años y que saben de mi aprecio, respeto y prudencia, no se presten a la caprilización macrista-clarinista.

ALLA NO JODEN (III)

PAGARÁN U$S 900:

Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a General Motors de ocultar información

17.09.2015

NUEVA YORK (Uypress) — La automotriz General Motors realizará un desembolso de 900 millones de dólares para resolver los cargos criminales en su contra presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el maneja inapropiado de un defecto relacionado con más de 120 muertes.

General Motors (GM) deberá pagar 900 millones  de dólares para resolver cargos criminales en su contra, presentados por el Departamento de Justicia, como consecuencia del maneja inapropiado de un defecto en un interruptor de encendido que obligó a llamar a reparaciones a más de dos millones y medio de vehículos y causó por lo menos 124 muertes.

Según informa The Wall Street Journal, el acuerdo anunciado este jueves ayudará a poner fin a un frente de la crisis de seguridad que ha enlodado la recuperación de GM de su bancarrota, reducido sus reservas de dinero, y dejado mal parada su reputación entre los consumidores

Los fiscales federales en Nueva York acusaron a la automotriz de fraude electrónico y conspirar para ocultar información a un regulador del gobierno en relación con el interruptor defectuoso, según información presentada por la fiscalía de Manhattan.

Además de la multa, caracterizada por el gobierno como una renuncia a "ganancias ilícitas", GM acordó someterse a auditorías independientes de seguridad por hasta cuatro años. No se acusó a ningún ejecutivo.

La automotriz aceptó un acuerdo de enjuiciamiento diferido, bajo el cual el gobierno buscará descartar el caso en tres años si la compañía cumple los términos del acuerdo.

El año pasado, General Motors solicitó a los dueños de 2,6 millones de vehículos pequeños que los llevaran a taller para repararles los interruptores porque podían zafarse de la posición de encendido. Si esto ocurre, el motor se apaga imprevistamente, además de que se desactivan las bolsas de aire, y la asistencia para la dirección y para los frenos.

dfp

LA SAGA DE NIEMBRO.

Ciro James, Hernán Lombardi, María Eugenia Vidal y la madre del borrego: las notebooks de Magnetto
Juan José Salinas   

15/09/2015


Mientras el PRO se debate en la duda hamletina de si amputa o el Niembro o se banca la gangrena, vuelven como un búmerang viejas noticias. Ciro Gerardo James, sospechado entre otras cosas de llevarle escuchas ilegalmente obtenidas a Mauricio Macri a su domicilio de Barrio Parque (Palermo Chico) es un un lector habitual de Pájaro Rojo. Otro lector fiel nos dice que muy curiosamente está casado con Silvia Daniela Zanta, que fue socia de Bárbara Diez, esposa de Horacio Rodríguez Larreta, en su empresa de organización de casamientos y otros “eventos” (palabra que según la Real Academia quiere decir “eventualidad, hecho imprevisto”·, es decir todo lo contrario). Por su parte, el padre de Silvia, Juan José Zanta fue socio de Hernán Lombardi, actual secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en una empresa llamada “EFYC S.A. Museos de la Argentina, Turismo, Cultura, Expo” que, entre otras cosas, terceriza casi todos los materiales que llevan el sello del Teatro Colón (que, de público, conserva poco y nada). Lombardi habría tenido negocios con J.J. Zanta también en otra empresa de este, ECO Publicidad SRL. Sin embargo, cuando hace ya cinco años se le mencionó su vinculación con Zanta y Ciro James, Lombardi montó en Pegaso, se puso frente a un micrófono amigo de Radio Mitre y dijo que no conocía ni a esas empresas, ni a James, “ni un pito”, y dijo que se trataba de una operación “del loco de Olivos” y repitió y reiteró que vivíamos en el momento más autoritario de la democracia.

Es bueno recordarlo ahora, cuando ha salido a la luz que la impoluta vicejefa de la Ciudad y candidata la gobernación de la Provincia, María Eugenia Vidal, trabajó con la esposa de Don Niembro en Boca Juniors y más concretamente en la redituable Fundación Social para el Bienestar de la Gente (Como Uno). ¡Con razón lo defiende tanto!

La defensa numantina de hechos de más que obvia corrupción quizá persiga que la lupa de los investigadores no se pose sobre los lazos entre el Grupo Clarín y la administración de Macri-Larreta que redundó, por ejemplo y entre otros contrataciones directas, en la provisión de notebooks para los alumnos de los colegios secundarios de la Ciudad por la empresa Prima (del Grupo) a cambio de la bonita cifra de 274 millones de dólares estadounidenses.

http://pajarorojo.com.ar

ALLA NO JODEN (II)

Volkswagen trucó sus coches para evitar los límites a las emisiones

El grupo alemán tendrá que someter medio millón de vehículos a revisión en EE UU y se enfrenta a una sanción multimillonaria

SANDRO POZZI Nueva York 18 SEP 2015 

Empleados de Volkswagenen realizando la inspección final / JOCHEN LÜBKE

La agencia que en Estados Unidos se encarga de la protección del medioambiente acusa al grupo Volkswagen de haber hecho trampa al instalar en sus vehículos de manera deliberada un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. La compañía alemana está obligada a modificar el sistema, lo que le forzará a hacer una llamada a revisión que afectará a 482.000 modelos Volkswagen y Audi.

El programa se instaló en algunos vehículos diésel vendidos entre 2008 y 2015, de acuerdo con la nota en la que se detalla la acción contra el grupo automovilístico. El sistema era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba oficial de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en condiciones normales de circulación.

Los modelos que deberán pasar ahora por el taller son las versiones cuatro cilindros del Jetta, Beetle, Audi A3 y Golf, además de los Passat que de 2014 y 2015. La agencia calcula que estos coches emiten hasta 40 veces más contaminantes que los indicados por la normativa, por eso se considera una “violación muy seria” de la Clean Air Act. “Es ilegal y una amenaza para la salud pública”, valora el regulador.

El grupo alemán podría hacer frente a una multa máxima de 37.500 dólares por cada vehículo, lo que elevaría el total a 18.000 millones. Pero desde la agencia no indican en este momento el alcance de la reprimenda. El grupo Volkswagen, por su parte, evita hacer comentarios sobre la acción de la autoridad de medioambiente en EE UU, en la que también participa el Estado de California.

Los títulos de Volkswagen cayeron casi un 4% tras el anuncio. Las autoridades estadounidenses insisten en la importancia de que todos los fabricantes respeten la legislación en materia de medioambiente. Al mismo tiempo asegura que la acción por parte de los propietarios no debe ser inmediata, porque son seguros. Además, es legal conducirlos aunque no respetan el estándar.

La acusación de EE UU y California daña además la imagen de Volkswagen, que ofrece en sus campañas estos vehículos diesel como eficientes y respetuosos con el medioambiente. El dispositivo que llevan instalado, como denuncian los reguladores, los hacía más limpios de lo que en realidad son. El grupo alemán se limita a decir que está cooperando y debe emitir aún la llamada a revisión.

ALLA NO JODEN

El fisco de EE UU reclama 3.300 millones de dólares a Coca-Cola

La agencia tributaria estadounidense observa irregularidades en la fiscalidad de las ganancias obtenidas en el extranjero

BLOOMBERG Nueva York 19 SEP 2015 -

Botellas de Coca-Cola / DANIEL ACKER (BLOOMBERG)

El grupo Coca-Cola ha recibido una notificación del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en sus siglas en inglés), la agencia tributaria estadounidense, en la que le reclama 3.300 millones de dólares en impuestos, más los correspondientes intereses, por diferencias con la tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero.

La decisión del fisco estadounidense se produce tras la auditoría tributaria a la que sometió a la compañía de Atlanta correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 a 2009, explicó Coca-Cola en un comunicado al regulador este viernes. El fisco aún no ha exigido impuesto ninguna sanción y el gigante mundial de bebidas gaseosas aseguró que en su opinión la evaluación no tiene recorrido porque considera la reclamación como "infundada". La empresa explica que aplica la misma metodología para calcular los beneficios que tributan en EE UU desde hace casi 30 años. 

Coca-Cola es una de las grandes corporaciones estadounidenses que tiene conflictos con el fisco por las ganancias obtenidas en el extranjero. Algunos expertos consideran que algunas prácticas contables se hacen para proteger el dinero de los impuestos estadounidenses. El IRS tienen contenciosos abiertos con Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. por los precios de transferencias, las operaciones que realizan las filiales del mismo grupo para trasladar beneficios al lugar donde menos tributen.

En concreto, la disputa con Coca Cola se debe a la concesión de licencias o royalties a las empresas radicadas en el extranjero, que fabrican, distribuyen y venden bebidas gaseosas.

"Tenemos la intención de interponer todos los recursos administrativos y judiciales necesarias para resolver este asunto", aseguró Coca-Cola a través de un comunicado este viernes. "La compañía ha seguido la misma metodología para la determinación de la ganancia imponible estadounidense de ciertas operaciones de la empresa extranjera durante casi 30 años."

AL MENOS 43 COMBATIENTES Y CIVILES MURIERON EN EL ATAQUE INSURGENTE

Asalto talibán a una base paquistaní

Un comando de catorce asaltantes uniformados atacó una base militar en las afueras de Peshawar. Dieciséis de los soldados muertos estaban rezando en una mezquita en el interior de la base, a la cual lograron acceder algunos de los asaltantes.

Un comando talibán atacó ayer una base de las fuerzas aéreas paquistaníes en el noroeste del país, provocando la muerte de 43 personas en una operación en la que murieron los insurgentes, trece de los cuales pertenecen al grupo agresor. Este constituye el peor atentado desde la masacre contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014.

El ejército dijo que un comando de catorce asaltantes uniformados atacaron en la mañana de ayer la base militar de Badaber, ubicada en las afueras de Peshawar, encrucijada al noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. El general Asim Bajwa, portavoz del ejército paquistaní, dijo en una rueda de prensa que el enfrentamiento con los rebeldes duró varias horas. “Al menos 29 personas fueron martirizadas, 23 de la fuerza aérea, tres del ejército y tres civiles”, informó el funcionario, que precisó que hay 29 heridos. “Los atacantes vinieron de Afganistán, el ataque fue planeado y controlado desde allá”, precisó Bajwa.

El portavoz de Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), grupo islamista armado en lucha desde hace ocho años contra el gobierno y el ejército, reivindicó este asalto realizado según él por un “comando de kamikazes”.

Dieciséis de los soldados muertos estaban rezando en una mezquita en el interior de la base, a la cual lograron acceder algunos de los asaltantes.

No quedó claro si alguno de los atacantes pudo escapar. Los detalles de cómo lograron entrar a la mezquita que está dentro de los muros del complejo y matar a los fieles durante la oración eran dudosos. Las ambulancias llevaron a unos 20 heridos que pertenecían al personal militar al hospital, le dijo un oficial rescatista, Bilal Ahmed, a la agencia Reuters.

“El ataque comenzó temprano por la mañana con disparos de granadas y armas automáticas”, contó Kifayatulá, un testigo dueño de un comercio próximo a esta base militar. “Estaba orando en una mezquita, muy cerca. Era imposible salir por la puerta principal, por lo que tuvimos que saltar por la ventana para escapar”, agregó.

“Las explosiones y los disparos eran ensordecedores. Fue aterrador”, dijo por su parte Khan Sabitulá, un jornalero cuya casa fue parcialmente dañada por el ataque. La base Badaber se encuentra cerca de una zona residencial.

El ataque ocurrió mientras el ejército paquistaní estaba llevando a cabo una importante operación contra los combatientes locales y extranjeros en la región tribal del norte de Wasiristán, que linda con Afganistán.

Bajwa, dijo que los atacantes entraron a la base desde distintas direcciones en dos ataques, aparentemente uno iba dirigido a la mezquita, pero los fuerzas de seguridad respondieron rápidamente.

La base aérea, establecida en la década de 1960, no era funcional y era usada mayormente como un lugar residencial para los empleados y oficiales de la fuerza aérea. “En esta base no está desplegado ningún aparato del ejército del aire, ningún avión de combate”, dijo un oficial que pidió el anonimato.

El jefe del ejército, general Raheel Shairf, se dirigió inmediatamentea Peshawar para reunirse con las fuerzas de seguridad que tomaban parte en la operación. Sahrif visitaría un hospital militar donde los médicos estaban tratando a los soldados heridos.

“Todos los terrorists llevaban chalecos con explosivos y estaban armados con granadas, morteros y rifles AK-47”. La Fuerza de Rápida Respuesta del ejército paquistaní respondió inmediatamente y mató a seis terroristas antes que pudieran entrar”, dijo un oficial de la fuerza aérea.

El TTP cometió en diciembre 2014 el atentado más mortífero de la historia moderna de Pakistán cuando uno de sus comandos se infiltró en una escuela de Peshawar para matar fríamente a más de 150 personas, en su mayoría niños. Después de ese ataque, el ejército paquistaní intensificó las operaciones contra los bastiones jihadistas en el noroeste del país, en particular en las zonas tribales de Khyber y Waziristán del Norte, sector que sirvió de cuartel general al TTP, a la red Haqani y a Al Qaida en el transcurso de la última década.

Esta misma semana, la aviación paquistaní bombardeaba el valle de Shawal, un sector apartado de Waziristán del Norte cubierto por un bosque denso que permite a los insurgentes ocultarse. Estas operaciones militares contribuyeron a reducir el número de atentados islamistas a través del país estos últimos meses.

Como reacción al ataque contra la escuela de Peshawar, Pakistán reanudó las ejecuciones de condenados a muerte y creó tribunales antiterroristas controvertidos porque autorizan al ejército a juzgar a civiles a puerta cerrada. Desde entonces, Pakistán ha ahorcado a más de 200 condenados a muerte, algunos de ellos sin relación alguna con atentados o con los talibán locales, denuncian organizaciones de defensa de los derechos humanos, que piden a Islamabad que vuelva a instaurar una moratoria de la pena capital.

Otro genocida que muere sin condena

MARIO BENJAMIN MENENDEZ, EX GOBERNADOR DE FACTO DE MALVINAS Y PARTE DEL OPERATIVO INDEPENDENCIA

Tenía 85 años y estaba internado por una infección. Fue procesado en 2012 como responsable del centro de detención tucumano La Escuelita, por donde pasaron más de 1500 personas.

El genocida Mario Benjamín Menéndez, jefe de Estado Mayor del Ejército argentino durante el Operativo Independencia en 1975 y gobernador de facto de las islas Malvinas durante los meses que duró la guerra, murió ayer a los 85 años. Menéndez estaba procesado desde 2012 por su papel en la campaña diseñada por Isabel Martínez de Perón para reprimir la guerrilla rural que el ERP organizaba en los montes de Tucumán, en el marco de la megacausa de lesa humanidad Operativo Independencia, pero no llegó a ser condenado. El genocida también tuvo un rol protagónico en la Guerra de Malvinas. Fue gobernador de las islas y jefe del Comando Conjunto de las tropas argentinas entre el 7 de abril de 1982 –apenas cinco días después del desembarco– hasta la rendición, firmada por él mismo frente a los generales ingleses.

El genocida murió tras tres semanas de estar internado por una infección.

Estuvo a cargo del centro de detención La Escuelita, el primer centro clandestino de detención montado por la represión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, por donde pasaron más de 1500 detenidos, entre febrero y diciembre de 1975. A fines de 2012, fue procesado junto a otros 16 genocidas por los delitos de “asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados” cometidos contra 270 personas durante el Operativo Independencia, en el que se desempeñó como jefe de Estado Mayor operacional de la localidad tucumana de Famaillá, donde funcionaba La Escuelita.

“Menéndez, en tu nombre recordamos y repudiamos a todos los cobardes que no se hicieron y no se hacen cargo de tantas muertes y de la traición”, dijo sobre él Rodolfo Merlino, titular del Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata. El 14 de junio de 1982, Menéndez firmó el acta de rendición argentina en la Guerra de Malvinas, después de haber sido nombrado gobernador de las islas el 7 de abril.

Fue un miembro destacado dentro de la larga lista de genocidas del mismo apellido: sobrino del golpista Benjamín Menéndez, cabecilla del levantamiento militar que intentó derrocar a Perón en 1951, y primo hermano del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura terrorista inaugurada el 24 de marzo de 1976, Luciano Benjamín Menéndez.

Argentina: suspenden actividades de “Barrick Gold” por derrame de cianuro

Una fuga de cianuro afectó la cuenca del río Jáchal en San Juan, producto de la rotura de un caño que transporta cianuro a la mina Veladero, explotada por la Barrick Gold. La justicia ordenó suspender las actividades de la mina por cinco días, tras un amparo presentado por los vecinos.

Nuevamente la impunidad de las mineras provoca daños ambientales y contaminación en ríos. De nuevo la “fiebre del oro” pone en alerta a poblaciones y vecinos sin ningún tipo de protección ni resguardo legal. El gobierno de José Luis Gioja y la Barrick Gold otra vez cómplices de un incidente de contaminación en la cordillera sanjuanina. La movilización y asamblea popular vuelven a convertirse en símbolo de lucha y resistencia para la protección del ambiente.

Idas y vueltas en las declaraciones oficiales que tratan de minimizar el derrame y encubrir las consecuencias ambientales reiteran el debate público sobre las mineras en la Argentina y la protección que poseen de los gobiernos provincial y nacional.

Derrame y primeras voces

Domingo 13 de septiembre, 10 de la mañana. A través de mensajes de whatsapp comenzó la alerta a los vecinos de San José de Jachal, una pequeña localidad ubicada a 170 kilómetros al norte de la capital de San Juan. El mensaje alarmaba sobre un grave incidente en el yacimiento Veladero por la rotura de una cañería que traslada solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación (lugar donde se realiza la separación del mineral útil del estéril mediante el uso de solución cianurada). 15 mil litros de cianuro habían sido derramados al río Taguas proveniente de la mina de oro.
Por la noche, unas 300 personas se autoconvocaron frente a las puertas del municipio de Jáchal, donde el intendente Jorge Barifusa aseguraba que “los técnicos consideran que no se había producido contaminación del Río Jáchal”.

Por su parte, los vecinos reunidos en asamblea acordaron conformar una comisión para que reclame y supervise la realización de análisis de las aguas por parte de la Universidad Nacional de San Juan. A la vez que decidieron presentar un amparo ambiental ante la justicia.

Comunicado de la impunidad

El lunes 14, la empresa Barrick Gold emitió un comunicado en el que reconocía parcialmente el suceso: “Ayer Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación”, pero aseguró que “NO HUBO CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS QUE CORREN EN LA CUENCA DEL RÍO JÁCHAL”. Sino que “sólo hubo daños materiales en una cañería que transporta cianuro, sin verse afectada la salud de los trabajadores”, y remarcó que no hubo contaminación en los ríos, información que circuló por las redes sociales y whatsapp”.

La minera indicó que frente al problema “se procedió a actuar de acuerdo al Plan de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y se tomaron todas las medidas para dar solución a la contingencia ocurrida” y agregó: “Queremos dejar absolutamente claro que solo hubo daños materiales en una cañería sin verse afectada la salud de los trabajadores” y que “se está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona”.

La Barrick Gold confirmaba así que el conducto estaba pinchado, pero negaba que el cianuro haya llegado al río Jáchal. Por su parte, la Cámara Minera de San Juan salió a asegurar que es seguro tomar “hasta medio vaso” de agua mezclada con el líquido tóxico. Según Jaime Bergé, titular de la entidad minera de la provincia, “el cianuro en el manejo de las minas está en proporciones tan bajas que está alrededor del 7% al 8% en el agua. Hasta podes tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está sumamente diluido”.

El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que se trató de “una falla técnica en una válvula” y que inconvenientes de este tipo no se registraron en los últimos 15 años. Según dijo, “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas, pero rápidamente se diluyó y actualmente el problema está solucionado”.

“No hay peligro para la población, se puede tomar agua en todos lados, y estamos haciendo los controles pertinentes para que no vuelva a pasar. Esto fue una falla mecánica, posiblemente de fabricación”, confirmaba ingenuamente el funcionario provincial.

El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, ratificaba las declaraciones de los empresarios mineros “Fue contingencia técnica que fue controlada y que no generó problemas. Hay que llevarles seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”.

Rectificación oficial y Desmentida a la Barrick

El martes 15, a través de un comunicado oficial, el gobierno provincial informó que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero generado por la Barrick Gold.

Ratificando lo revelado por los vecinos de Jáchal sobre la contaminación de la cuenca del río Taguas, el propio gobierno comunicó a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco.

Antes de esto, se había comunicado oficialmente que “ya pasó el problema, que se controló los residuos en el río y que su agua es apta para la vida humana y acuática”.

Suspensión de las actividades en Veladero

Finalmente, este miércoles 16, Pablo Nicolás Oritja, juez de Jáchal, dio lugar al amparo presentado por los vecinos y ordenó suspender las actividades en el yacimiento Veladero de la empresa Barrick Gold. Además se establece que se distribuya agua apta para el consumo humano a todas las localidades afectadas de Jáchal e Iglesia a costa de la empresa minera.

El letrado ordenó también la inspección ocular de la mina Veladero a fin de constatar las condiciones de seguridad de los procedimientos de explotación que tengan relación con los hechos puestos en conocimiento.

Se designó al ingeniero en minas Daniel Hugo Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, para que elabore un informe técnico y para constatar si hubo alguna afectación a la fauna silvestre, y al veterinario Mauro Pedernera, “con el objeto de que extraiga muestras cadavéricas de los órganos blandos de posibles animales muertos en la zona de la explotación minera”.

Asimismo, se solicitó la extracción de muestras de tierra de los lugares involucrados para que luego de su análisis, informe si se encuentran rastros de elementos químicos contaminantes y en su caso enumere y cuantifique las proporciones de los mismos.

Finalmente, el amparo que dio lugar el juez Oritja establece “Suspéndase el proceso de lixiviación que se realiza en la mina Veladero por el término de cinco días, plazo este en el que se deberá acreditar por parte de la empresa y constatar por el consultor técnico designado por este tribunal y demás organismos de control, el funcionamiento seguro del proceso de lixiviación reseñado”.

Veladero y Pascua Lama en San Juan, La Alumbrera en Catamarca, Mina Navidad en Chubut, Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Calcatreu en Río Negro, Andacollo en Neuquén, Mina Pirquitas en Jujuy, San Jorge en Mendoza y Famatina en La Rioja. Algunos de los yacimientos megamineros a cielo abierto en Argentina. En cada uno de ellos, el lobby de los gobiernos provinciales y la complacencia del gobierno nacional han generado el deterioro del ambiente y el avasallamiento de los derechos ciudadanos a costa de las regalías mineras.

Marcha

Más de 50 mil trabajadores marcharon por aumento salarial y más presupuesto a educación

Encabezada por una pancarta que portaban trabajadoras del ex Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) que reclaman “mantener la fuente laboral”, una marcha de más de 50.000 personas llegó ayer al Palacio Legislativo, bajando desde 18 de Julio por Avenida del Libertador.





La movilización y el acto que le siguió cerraron una jornada de paro parcial entre las 9.00 y las 13.00, convocado por el PIT-CNT bajo la consigna “Para que los cambios no se detengan” y en reclamo de aumento del salario real, “más y mejor” presupuesto, 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública y un sistema de compras públicas.

En representación de los trabajadores del sector público habló el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien criticó el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. “Este presupuesto se presentó como el mejor de la historia del país, pero para los trabajadores este presupuesto que nos quieren vender como escrito por la izquierda en realidad parece que se firmó con la derecha”, dijo el dirigente de la FFSP, que está haciendo un paro de 72 horas que finaliza hoy. La FFSP pide que los salarios de los escalafones más bajos, actualmente en el entorno de 15.000 pesos, alcancen a 30.000. En materia de derechos humanos, Pereira se refirió a la campaña de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para que “se sepa dónde están y que los que sepan declaren ante la Justicia”. “Queremos verdad y justicia. No olvidamos y no perdonamos”, expresó.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, que habló por los trabajadores privados, dijo que hay que continuar impulsando la aprobación de “leyes obreras”, como una norma de “insolvencia patronal” que genere un fondo aportado por las mismas empresas y gestionado por el Banco de Previsión Social para “asegurar el cobro de los créditos laborales a los trabajadores”, llamó a solidarizarse con los trabajadores de Fripur y criticó la designación del ex vicepresidente Luis Hierro López (Partido Colorado) como embajador en Perú.

El dirigente reclamó modificar las políticas de compras públicas, la promoción de más y mejores inversiones públicas en las empresas del Estado, y la potenciación del ferrocarril. También manifestó solidaridad “con los pueblos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil”, opinó que “si habrá que apostar a la región, porque el mayor grado de exportaciones con mayor valor agregado es para la región, no es para China ni para Europa”, y en referencia al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo: “Algún canciller iluminado, pero iluminado por las luces del capitalismo, mira más para el norte que para el sur. ¡Mirá para el sur, hermano! ¡Acá están tus hermanos!”.

Diverio reiteró el planteo del PIT-CNT de no reducir los gastos sino “mejorar los ingresos” en el presupuesto, y pidió “tocar los bolsillos de los que acumularon riqueza durante todos estos años”, revisar las exoneraciones tributarias de las zonas francas y estudiar la posibilidad de “utilizar parte de las reservas guardadas”.

En el cierre del acto, en nombre del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT habló Fernando Gambera, que advirtió que “la derecha está avanzando en muchos lados” y defendió “la unidad” del movimiento sindical. Afirmó que “sólo se puede avanzar en el marco de un bloque popular de los cambios” y agregó que “nadie se puede enojar” cuando el PIT-CNT opina que “se debe cambiar el sistema tributario”. “Porque, en todo caso, nuestra independencia, pero no indiferencia, se basó en una premisa que marcó un antes y un después en este país: que pague más el que más tiene, que ayude más el que más tiene para dar. Esto sigue vigente”, manifestó Gambera.

La Diaria

Ayotzinapa: detienen a presunto autor material de la masacre y forenses argentinos dudan de la identificación del segundo normalista

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Gildardo López Astudillo, un lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.







El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Gildardo López Astudillo, un lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 normalistas. Declaraciones refieren que fue él quien está relacionado directamente con estos hechos”, explicó Sales en conferencia de prensa.

Según el funcionario federal, la investigación para capturar a López Astudillo duró 11 meses, tiempo en que cambió tres veces de residencia hasta ocultarse en un departamento de Taxco de Alarcón, en Guerrero.

Sales explicó que López Astudillo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y distribución de droga en Iguala y Cocula, municipios en Guerrero. Además, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Gildardo López fue trasladado al Distrito Federal y puesto a disposición de la SEIDO.

Renato Sales dijo que hasta el momento van 111 presuntos responsables vinculados en la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la declaración de otro de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa identificado como Felipe Rodríguez Salgado, López Astudillo le habló por teléfono la noche del 26 de septiembre de 2014 para ordenarle que “se moviera con su gente” a la entrada de Iguala, donde él y mandos de las policías municipales de Iguala y de Cocula tenían a un grupo de jóvenes en cinco patrullas y en una camioneta blanca de redilas.

Rodríguez Salgado agregó que al llegar, subieron a los normalistas en el vehículo de redilas y se dirigieron al basurero de Cocula, pero alrededor de “unos 25 ya iban muertos por asfixia” y quedaban “unos 15 vivos”, a los que él y su “gente” ejecutaron a balazos y calcinaron, para después regresar a Iguala, pese a que él sabía que todos eran estudiantes.

Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos que ya fue detenido, declaró que Gildardo López Astudillo le notificó sobre los estudiantes, pero le aseguró que eran del cártel contrario, por lo que “avaló las acciones para, ‘defender su territorio’”.

La detención de Gildardo López Astudillo se dio a conocer un día después de que la procuradora General de la República, Arely Gómez González, informó sobre la identificación de los restos de otro normalista de Ayotzinapa.

Aunque la identificación de un fragmento de hueso se basa en resultados que no son cien por ciento concluyentes, la Universidad de Innsbruk determinó que la identificación es positiva debido a que existen 72 posibilidades de que el fragmento de hueso analizado sí pertenezca a Jhosivani, contra una posibilidad de que no lo sea.

En noviembre pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer por primera vez la foto de López Astudillo.

Animal Político
Duda el EAAF que restos analizados en Innsbruck sean de otro normalista

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que actúa como coadyuvante de la defensa de los padres de Ayotzinapa, aseguró que el resultado obtenido por el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, que logró identificar el ADN mitocondrial de un fragmento óseo encontrado en el río San Juan como perteneciente a Jhosivani Guerrero de la Cruz, ‘‘solo puede ser considerado una posibilidad’’. Sostuvo –como ya lo había hecho el pasado 7 de febrero– que existen ‘‘serias interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas’’.

El comunicado del EAAF, en respuesta al que divulgó anoche la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, no empezó a circular hasta que los peritos pudieron reunirse con Martina de la Cruz y Margarito Guerrero Tecoapa, ambos campesinos de Omeapa, Tixtla, padres del normalista desaparecido Jhosivani Guerrero.

El indicio genético, señala el EAAF, es ‘‘débil y no definitivo’’. A ello se suma la falta de evidencia segura de que los residuos encontrados por buzos de la Marina y entregados a agentes de la PGR procedieran efectivamente del basurero de Cocula. consideraron.

‘‘Los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos’’, precisaron los forenses.

El comunicado recuerda que la diligencia de ‘‘recuperación de restos’’ que se llevó a cabo el 28 de octubre del año pasado se realizó sin que fueran convocados los peritos coadyuvantes, a pesar de que había un acuerdo de trabajar en todos los pasos de la investigación de manera conjunta.

A la fecha, la PGR tampoco les ha entregado –con las firmas correspondientes– la llamada ‘‘cadena de custodia’’, que certifica que cada uno de los pasos de una evidencia ocurrió tal como consta en el expediente.

El equipo argentino reiteró anoche lo que sostuvo el pasado 7 de febrero, una semana después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció sus conclusiones sobre el caso Iguala. En esa ocasión, los peritos independientes pusieron en duda que el fragmento óseo que fue identificado como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio hubiera sido efectivamente incinerado en Cocula y arrojado al río. Hoy sostienen la misma reserva respecto de la segunda identificación.

Asientan: ‘‘El EAAF no estuvo presente en el momento en el que los buzos y los peritos de la PGR mencionan haber recuperado, el 29 de octubre de 2014, una de estas bolsas del río San Juan. Tampoco se participó en el hallazgo del fragmento del hueso que la procuraduría indicó haber recuperado de dicha bolsa’’. Las mismas dudas prevalecen en el caso de Jhosivani. Por todo ello, concluyen que el de Iguala ‘‘es un caso abierto, no cerrado’’.

El trato a las víctimas

Los expertos del grupo forense, uno de los más reconocidos en el mundo en su especialidad, cuestionó ayer nuevamente el trato que la PGR dio a los familiares de los normalistas desaparecidos, ya que la procuradora Arely Gómez anunció públicamente la posible identificación del joven sin haber hablado antes con sus padres.

Un grupo de paterfamilias de Ayotzinapa, entre quienes se encontraba Margarito Guerrero, fueron notificados a mediodía que debían trasladarse al Distrito Federal porque recibirían información de la procuraduría. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pidió a la procuradora que esperara a los progenitores de los muchachos desaparecidos, pero ésta no accedió y compareció ante los medios sin haber informado antes a las víctimas.

El equipo argentino advirtió que ‘‘la urgencia de la comunicación pública’’ de resultados delicados, como el del miércoles, ‘‘corre el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los resultados de sus familiares, con el debido tiempo y asistencia necesaria. Ninguna familia debería enterarse de ese modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de un familiar desaparecido’’.

Ayer por la tarde, un grupo del equipo argentino viajó a Tixtla, Guerrero, acompañado por el director del Centro Pro, Mario Patrón, y por Ximena Antillón, la sicóloga que trabaja en el acompañamiento sicosocial con los familiares de los 43. Juntos sostuvieron una larga conversación con los padres y los hermanos de Jhosivani, en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Ahí les explicaron en detalle las implicaciones técnicas y legales de la información que divulgó la PGR. El normalista es el benjamín de una numerosa familia campesina. También es uno de los más jóvenes del grupo de desaparecidos, 20 años. En su pueblo, de no más de 500 habitantes, la mitad de la población es analfabeta.

Los resultados

El equipo recordó que en noviembre de 2014 ellos y la Procuraduría General de la República enviaron al laboratorio austriaco –por recomendación del propio EAAF– 17 fragmentos óseos. Este centro es el mejor en la especialidad de resolver la identificación genética de restos en casos particularmente difíciles. Inicialmente los forenses de Innsbruck intentaron obtener el ADN nuclear (de padre, madre o hermanos consanguíneos) de estas muestras. No se logró en los 16 primeros fragmentos analizados. En la muestra 17 se obtuvo un perfil completo que coincidió con el ADN de la familia de Alexander Mora.

Posteriormente se intentó un análisis aún más específico, conocido como de secuenciación masiva paralela. En siete muestras se encontró que los restos supuestamente recogidos en el río San Juan y procedentes de la hipotética hoguera de Cocula no son ‘‘de origen específicamente humano’’. Finalmente se intentó la vía del análisis mitocondrial (procedente de la madre). Se fortaleció la demostración en el resto de Alexander Mora –un hueso esfenoides de la base del cráneo– y se obtuvieron indicios de la identificación de Jhosivani.

Pero, advirte el EAAF, ‘‘las dos muestras provienen de la bolsa que según la PGR fue recuperada del río San Juan, a las afueras de Cocula’’ y no directamente del basurero.

La posibilidad de la coincidencia entre el ADN de Martina de la Cruz y el resto óseo analizado es ‘‘baja en términos estadísticos’’. Una probabilidad de uno contra 73, según el EAAF, lo que se suma al ‘‘incierto y problemático’’ lugar de procedencia de los restos.

‘‘El valor del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani disminuye significativamente y sólo puede ser considerado como una posibilidad’’, determina el comunicado del equipo.

Inconsistencias

El nuevo texto del EAAF, referente a su trabajo en el caso Iguala, recuerda las inconsistencias e irregularidades que presentó el acopio de evidencias desde su origen. Sobre los restos recolectados por los peritos de las dos entidades –el equipo argentino y la PGR– se encontraron fragmentos que no pertenecían a los normalistas. Por ejemplo, un fragmento de mandíbula humana con dientes y prótesis dentales. Ninguno de los jóvenes desaparecidos tiene este tipo de piezas dentales.

Reiteraron lo que sostuvieron en febrero pasado: ‘‘Por el momento, aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas ni hay elementos científicos suficientes que vinculen los restos hallados y recuperados por la PGR en el río con el basurero’’.

En esta conclusión, el EAAF coincide con una de las tesis que el pasado 6 de septiembre dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que, ‘‘a través de un peritaje en incendios y dinámica de fuego, descarta la versión presentada por la Procuraduría General de la República a través de los inculpados hasta la fecha, sobre la posibilidad de una incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula en las condiciones señaladas por los mismos’’.

La Jornada

Detrás de “incursiones aéreas de Venezuela” en Colombia hay compras de F-16

Con una operación de compra-venta de bombarderos F-16 podría estar relacionada la denuncia de las autoridades de Colombia, sobre la incursión de aeronaves de combate venezolanas en el espacio aéreo colombiano la noche del pasado domingo.

Publicado el 9/17/15 

Se trata de doce aviones F-16 A/B Netz pertenecientes a Israel y que fueron puestos a disposición de Colombia a mediados del mes de julio, a través de un listados con datos como los números de matrículas, informó el portal especializado www.infodefensa.com.

Esto ocurrió en el contexto de una negociación que se inició en junio de este año, cuando la embajada de Colombia en Tel Aviv le solicitud información a Israel sobre la disponibilidad de un lote de aviones adquiridos hace 30 años, y cuyo uso supera las 7 mil horas.

La respuesta entregada hace referencia a 10 equipos F-16A monoplaza, identificados con los números 100, 107, 117, 124, 131, 220, 243, 258, 281 y 760, y a dos F-16B biplaza, con los números 017 y 996.

El reporte sobre la supuesta incursión aérea fue “filtrado” a tempranas horas de ayer a través de “fuentes oficiales” y medios como el diario La Opinión, de Cúcuta, aseguraron que “Dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela violaron el espacio aéreo colombiano en el sureño departamento de Vichada”.

Posteriormente el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), general Carlos Eduardo Bueno, confirmó que en la noche del domingo a las 21:59 se registró una nueva incursión de aeronaves militares venezolanas en el espacio aéreo nacional, esta vez por el departamento del Vichada.

Esta nueva violación a la soberanía colombiana se dio en la zona conocida como La Venturosa y Nueva Antioquia. Según explicó el general Bueno, cuando el radar detectó las 2 aeronaves venezolanas, al ver la cercanía con la frontera se avisa al vecino país, quien informó a través de la capitán Ramírez de la Fuerza Aérea de Venezuela, que las aeronaves se vieron obligadas a traspasar la frontera debido a las malas condiciones meteorológicas.

Bueno no precisó las características de las dos aeronaves, pero lo que quedó sobrentendido por omisión era que se trataba de los poderosos bombarderos estadounidense adquiridos por Venezuela en los años 80.

Esta es la segunda violación al espacio aéreo denunciada por el gobierno colombiano en un lapso de 36 horas, y la tercera desde que se inició una operación especial para controlar el contrabando de gasolina y alimentos, las maniobras cambiarias para devaluar el bolívar. así como la violencia paramilitar que afecta a regiones como los estados Táchira y Zulia, en el occidente de Venezuela

El primer señalamiento colombiano sobre violaciones a su espacio aéreo fue el sábado 31 de agosto, en horas del mediodía, cuando un helicóptero Superpuma. Con el vicepresidente Jorge Arreaza a bordo, sobrevoló la población colombiana de Puerto Samtander, durante algunos minutos.

Mientras que el segundo fue el sábado en la tarde, cuando “dos aeronaves militares venezolanas ingresaron 2.9 kilómetros dentro del espacio aéreo colombiano, sobrevolando la zona de Majayura; perdiéndose rápidamente en dirección hacia Castilletes”, según un comunicado oficial, divulgado el domingo pasado

El gobierno venezolano ha negado en cada caso que sus aviones hayan ingresado a Colombia y ha atribuido los reportes neogranadinos a un intento de continuar con la producción de un “falso positivo” contra Venezuela y así “criminalizar” las acciones que impulsa el mandatario suramericano, Nicolás Maduro, para construir una “nueva frontera de paz”.

Las “incursiones” del fin de semana han permitido que muchos colombianos recuerden que su país no cuenta propiamente con una fuerza aérea capaz de resguardar el territorio, ya que casi todo el equipamiento está enfocado en el combate contrainsurgente. Y de ese modo se ha generado cierto apoyo (al menos en redes sociales) a la opción de comprar aviones de combate usados, que serían los únicos factibles de adquirir por el limitado presupuesto colombiano.

Sin embargo los F-16 en negociación tienen al menos 35 años y un desempeño que supera las 7 mil horas de vuelo. Por lo tanto deben ser modernizados y adaptados, según se negocie y acuerde, para lo cual Israel ha ofrecido hacerlo en un lapso de 12 a 24 meses. En ese período se entrenarían las tripulaciones y el personal técnico para la operación y mantenimiento.

Por lo tanto, los reportes de violaciones al espacio aéreo sin duda van a incidir en el proceso de adquisición de la dotación, ante la inminente “amenaza” que para la integridad de Colombia representa una Venezuela con dos sistemas de aviones de combate, a saber F-16 y Sukhoi.

Sin poder de combate aéreo
Colombia no tiene sistemas de combate aéreo. Sus aviones más poderosos son los israelíes Kfir, de caza y ataque a superficie.
Por eso los informes de supuestas acciones aéreas venezolanas tienen un impacto enorme, pues carecen de mecanismos para darles respuestas.
La compra Israel sería muy probable (aunque oficialmente lo niegan) por los nexos políticos y económicos y porque hay una significativa dependencia del estado de Israel.
De hecho, uno de los elementos a considerar es la posibilidad de transferir a los aviones F-16 el equipamiento de los Kfir.
Colombia tiene, entoces, una policía de contrainsurgencia con recursos como los aviones Embraer Tucano, fabricados en Brasil, con los que bombardean a las FARC, pero que no pueden enfrentarse con un F-16 o un Sukhoi.
Para eso están las siete bases gringas y la “protección intervencionista” de los poderes globales.
Por eso los generales en sus ratos libres se dedican a negociar con traficantes y con vendedores de armas.

LA IGUANA.TV / La-tabla.blogspot.com

VOTO DE URUGUAY A FAVOR DE COLOMBIA

DECLARACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

 

El gobierno de Colombia acusó a Venezuela por supuesta violación de los derechos humanos de algo más de un millar de sus ciudadanos que habitaban el estado de Táchira, en la franja fronteriza entre ambas naciones. Esta acusación se fincó en organismos internacionales y se amplificó mediante la campaña montada por los grandes medios de comunicación que responden a los intereses del imperio, transnacionales y sectores de derecha de los países, lo cual se suma a la sistemática agresión desestabilizadora contra la revolución bolivariana que comenzó desde que asumió el presidente Hugo Chávez en 1998, la que incluyó el intento de golpe de estado de 2002.

El 12 de septiembre Bogotá sumó a la tensión reinante la denuncia de violación de su espacio aéreo por aeronaves militares venezolanas, hecho que es negado por el gobierno de Venezuela.​

El primer organismo que atendió la actual situación fue la OEA, donde el pasado 1°de septiembre el pleno de representantes no aceptó la petición colombiana de convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores. En esa sesión Colombia obtuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y hubo una ausencia, por lo que la moción fue derrotada. 

El embajador de Venezuela ante el organismo, Roy Chaderton, expresó que el gobierno de su país  ”no es partidario de discutir este tema en la OEA por su lamentable historial” y sostuvo que lo más indicado sería en la UNASUR,  ya que éste ha sido el adecuado para resolver conflictos en los últimos años. La reunión se iba a llevar a cabo el  8 de septiembre, pero, lamentablemente, el gobierno de Colombia se negó a concurrir a esa instancia regional.

Hay que señalar que llaman la atención los votos de El Salvador y Uruguay en la OEA a favor de Colombia. En el caso de Uruguay recordamos que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa, desafortunadamente, comparó el tema de derechos humanos en Venezuela -por la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos con antecedentes como partícipes activos en el fracasado golpe 2002, - con lo acontecido durante la pasada dictadura en su país, algo que se cuestiona por no equiparable y de distinta naturaleza.

 

Bogotá resolvió presentar el conflicto como un simple problema de desplazamiento de colombianos, lo que difiere sustancialmente de la realidad de los hechos.  La repatriación de un número limitado de colombianos se debe a que  -de una u otra forma-, se vinculaban con acciones ilegales, desde diversas escalas de contrabando hasta la utilización de construcciones y viviendas como refugio y base de operaciones criminales.  Entre los edificios señalados para demolición hay refugios de secuestradores y sitios en que los ahora repatriados acumulaban alimentos y bienes a precios reducidos que luego eran vendidos en Colombia.

 

Lo paradójico es que la repatriación de ese limitado número de colombianos relacionados con la delincuencia- los que en otros países hubieran sido juzgados y encarcelados- contrasta con la presencia de cinco millones y medio de sus connacionales residentes en Venezuela, quienes han sido acogidos con generosidad, poseen plenos derechos políticos y gozan de todos los programas sociales bolivarianos, incluyendo educación gratuita, asistencia sanitaria,  alimentos subsidiados, así como vivienda. Se estima que un promedio de 150 mil colombianos emigran a Venezuela cada año. En ese número se contabilizan 110 mil desplazados por el conflicto bélico en Colombia, según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados (ACNUR).

 

Por lo tanto, es evidente que el conflicto no puede enfocarse en uno de sus efectos, sino que merece una explicación más profunda basada en causas comprobables por la comunidad latinoamericana.

 

Debido a la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el Estado de Excepción en específicos municipios del estado Táchira y el cierre provisional de la frontera, luego que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran baleados y heridos.

 

Esta decisión se tomó con la finalidad de enfrentar la eventual embestida de paramilitares, lograr la desarticulación de atentados socioeconómicos, frenar el contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes, así como evitar la desestabilización de la moneda venezolana, ya que los contrabandistas aprovechan ilegalmente su cotización para la adquisición de bienes esenciales a muy bajo costo -subvencionados por el gobierno venezolano con el fin de garantizar la alimentación y el bienestar de su pueblo-. El caso del contrabando de gasolina a gran escala es un negocio ilegal de lo más rentable por sus bajísimos precios en Venezuela en relación con los de Colombia. El argumento del gobierno bolivariano para estas y otras medidas es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos de la población venezolana.

 

Con base en lo expuesto, ofrecemos nuestro apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, en una coyuntura que el imperio y la ultraderecha pretenden utilizar el conflicto para dividir a dos pueblos de Nuestra América, sumando desde aquí el rechazo al intento  de confundir y desplazar el foco de atención por parte del  gobierno de Colombia que procura ocultar su responsabilidad en el conflicto.

 

Asimismo, consideramos que la única vía de solución para evitar la confrontación entre estos países hermanos, es el diálogo que permita acceder a una solución en los términos que lo ha reiterado el presidente Maduro en Caracas este 9 de septiembre:  “….yo propongo que se trabaje desde las cancillerías,  para que el presidente  Santos y yo firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela..." Esta propuesta estuvo sobre la mesa el 12 de septiembre en la reunión en Ecuador de las dos cancilleres que declararon que seguirán tratando de llegar a acuerdos que posibiliten el encuentro de sus presidentes.

GRUPO DE FRENTEAMPLISTAS DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

FRENTE PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO