Nicolás Centurión
On Oct 14, 2022
De país ejemplo en políticas antitabaco a favorecer a empresa de cigarrillos. La tabacalera que opera en Uruguay tiene línea directa con el gobierno y logró que el presdiente neoliberal Luis Lacalle firme un decreto que la beneficia gracias a un aporte de campaña. El contrabando es la excusa, pero los argumentos se hacen humo.
Humo entre pasaportes
Uruguay por estas semanas ha sido foco internacional por varias noticias alarmantes. Primero el caso del narcotraficante Sebastián Marset, donde la cancillería de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos le expidió un pasaporte con celeridad siendo que estaba detenido justamente por portar un pasaporte falso. Marset es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.
Seguidamente el presidente adujo no recibir presiones por parte de la tabacalera y lo calificó de “una falta de respeto” y esgrimió su ya clásico argumento del “ya me conocen” con intenciones de generar complicidad en los periodistas y de manera práctica no habilitar al debate. Ese mismo argumento fue usado en el Caso Astesiano y las contradicciones pasaron a ser mentiras. Los mandatarios deben rendir cuentas y su gestión es la que habla.
Varios medios de prensa publicaron que la empresa tabacalera Montepaz contribuyó a la campaña electoral de Lacalle de 2019 que a la postre lo colocara como presidente de la República, con 14 mil quinientos dólares. ¿Eso es lo que vale la salud de los uruguayos?
Bocanada de humo
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Atrás quedó el combate a las tabacaleras y especificamente el litigio que tuvo el Estado uruguayo contra la multinacional Philip Morris, juicio que fue ganado por el Estado uruguayo, reconocido internacionalmente y tomado como “leading case”.
El contrabando de cigarrillos mueve cientos de miles de millones de dólares alrededor del mundo y en el Mercosur tiene uno de sus puntos de mayor concentración. La principal ruta de contrabando de tabaco y cigarrillos tiene su origen en Uruguay y Paraguay y termina en la Zona Económica Especial del municipio de Maicao, en La Guajira, Colombia. El cargamento hace escala en Aruba, desde donde se reenvía a Maicao, e incluso a Venezuela.
Más de la mitad de las marcas ilegales provienen de Uruguay y Paraguay, considerados los ‘reyes’ del cigarrillo de contrabando en la región. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera del ex presidente paraguayo Horacio Cartes transfirió 43 millones de dólares.Y es de conocimiento público que las rutas de contrabando de tabaco y cigarrillos son usados por los narcotraficantes de la región para transportar cocaína, entre otras drogas.
Resta saber las conexiones profundas de la política uruguaya con las tabacaleras. ¿Este decreto firmado por Lacalle es solo una devolución de favores por la campaña? ¿Es solo negocios para que Montepaz comercialice más o hay otras cuestiones que aún se nos escapan?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
De país ejemplo en políticas antitabaco a favorecer a empresa de cigarrillos. La tabacalera que opera en Uruguay tiene línea directa con el gobierno y logró que el presdiente neoliberal Luis Lacalle firme un decreto que la beneficia gracias a un aporte de campaña. El contrabando es la excusa, pero los argumentos se hacen humo.
Humo entre pasaportes
Uruguay por estas semanas ha sido foco internacional por varias noticias alarmantes. Primero el caso del narcotraficante Sebastián Marset, donde la cancillería de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos le expidió un pasaporte con celeridad siendo que estaba detenido justamente por portar un pasaporte falso. Marset es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.
Luego, el caso de Alejandro Astesiano, efe de custodia del presidente Lacalle que montó una asociación para delinquir en plena Torre Ejecutiva, en las narices del Presidente, de la secretaría de Inteligencia y de altos funcionarios de gobierno. Otra vez los pasaportes. Esta vez se fraguaron documentos públicos para poder obtener pasaportes uruguayos legítimos. En esta operativa están involucrados ciudadanos rusos con una operativa que denota años de existencia.
Pero entre medio de estos dos casos, donde el eco en portales de noticias internacionales sigue resonando, Uruguay retrocedió varios pasos en una política de Estado de la que había sido granjeado el país a nivel mundial: políticas antitabaco en beneficio de la salud de la población y por ende conflictos con grandes tabacaleras.
El presidente Lacalle, el 2 de setiembre, firmó un decreto que modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), reglamentada por el decreto 120 de 2019, relativa al empaquetado y etiquetado de cigarrillos.
El decreto flexibilizó la política antitabaco para “competir más efectivamente” con el contrabando. A partir de ese momento se permite la venta de cigarrillos en cajillas blandas, que fueron prohibidas durante la presidencia del médico centroizquierdista Tabaré Vázquez.
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Entonces se suprimió de la redacción la prohibición de incluir en los cigarrillos logos o inscripciones de las marcas, que ahora podrán “incorporar la identificación” que las caracteriza. Según informó el diario conservador El Observador, el decreto fue aprobado sin contar con la opinión de la Comisión asesora para el control de tabaco del Ministerio de Salud Pública.
En 2014 ya se había consagrado en la Ley 19.259 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el que “establece el camino a seguir para combatir el contrabando, entre las cuales se definen medidas para regular la cadena de suministro, con la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera”.
Especialistas tanto dentro de Uruguay como de fuera han señalado que esta política es un retroceso desde todo punto de vista. La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó primero un recurso de revocación contra el decreto y un recurso de amparo.
La Facultad de Medicina le ha recordado al gobierno que esta “política de Estado” posibilitó que disminuyera “la prevalencia de consumo de tabaco en adultos uruguayos de 32% en el año 2001 a 19% en la actualidad, siendo la disminución aún más pronunciada en las generaciones jóvenes, impactando favorablemente en indicadores de salud de nuestro país”.
Once días después de firmar el decreto, es decir el 13 de setiembre, ante medios informativos Lacalle admitió que ese decreto fue a pedido de la empresa tabacalera Montepaz S.A. En palabras del presidente que contestó en modo irónico: “»¿Quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz» y remató «No, si me lo pidió una fábrica de chicles».
Pero entre medio de estos dos casos, donde el eco en portales de noticias internacionales sigue resonando, Uruguay retrocedió varios pasos en una política de Estado de la que había sido granjeado el país a nivel mundial: políticas antitabaco en beneficio de la salud de la población y por ende conflictos con grandes tabacaleras.
El presidente Lacalle, el 2 de setiembre, firmó un decreto que modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), reglamentada por el decreto 120 de 2019, relativa al empaquetado y etiquetado de cigarrillos.
El decreto flexibilizó la política antitabaco para “competir más efectivamente” con el contrabando. A partir de ese momento se permite la venta de cigarrillos en cajillas blandas, que fueron prohibidas durante la presidencia del médico centroizquierdista Tabaré Vázquez.
En 2014 ya se había consagrado en la Ley 19.259 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el que “establece el camino a seguir para combatir el contrabando, entre las cuales se definen medidas para regular la cadena de suministro, con la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera”.
Especialistas tanto dentro de Uruguay como de fuera han señalado que esta política es un retroceso desde todo punto de vista. La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó primero un recurso de revocación contra el decreto y un recurso de amparo.
La Facultad de Medicina le ha recordado al gobierno que esta “política de Estado” posibilitó que disminuyera “la prevalencia de consumo de tabaco en adultos uruguayos de 32% en el año 2001 a 19% en la actualidad, siendo la disminución aún más pronunciada en las generaciones jóvenes, impactando favorablemente en indicadores de salud de nuestro país”.
Once días después de firmar el decreto, es decir el 13 de setiembre, ante medios informativos Lacalle admitió que ese decreto fue a pedido de la empresa tabacalera Montepaz S.A. En palabras del presidente que contestó en modo irónico: “»¿Quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz» y remató «No, si me lo pidió una fábrica de chicles».
Seguidamente el presidente adujo no recibir presiones por parte de la tabacalera y lo calificó de “una falta de respeto” y esgrimió su ya clásico argumento del “ya me conocen” con intenciones de generar complicidad en los periodistas y de manera práctica no habilitar al debate. Ese mismo argumento fue usado en el Caso Astesiano y las contradicciones pasaron a ser mentiras. Los mandatarios deben rendir cuentas y su gestión es la que habla.
Varios medios de prensa publicaron que la empresa tabacalera Montepaz contribuyó a la campaña electoral de Lacalle de 2019 que a la postre lo colocara como presidente de la República, con 14 mil quinientos dólares. ¿Eso es lo que vale la salud de los uruguayos?
Bocanada de humo
El contrabando de cigarrillos mueve cientos de miles de millones de dólares alrededor del mundo y en el Mercosur tiene uno de sus puntos de mayor concentración. La principal ruta de contrabando de tabaco y cigarrillos tiene su origen en Uruguay y Paraguay y termina en la Zona Económica Especial del municipio de Maicao, en La Guajira, Colombia. El cargamento hace escala en Aruba, desde donde se reenvía a Maicao, e incluso a Venezuela.
Más de la mitad de las marcas ilegales provienen de Uruguay y Paraguay, considerados los ‘reyes’ del cigarrillo de contrabando en la región. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera del ex presidente paraguayo Horacio Cartes transfirió 43 millones de dólares.Y es de conocimiento público que las rutas de contrabando de tabaco y cigarrillos son usados por los narcotraficantes de la región para transportar cocaína, entre otras drogas.
Resta saber las conexiones profundas de la política uruguaya con las tabacaleras. ¿Este decreto firmado por Lacalle es solo una devolución de favores por la campaña? ¿Es solo negocios para que Montepaz comercialice más o hay otras cuestiones que aún se nos escapan?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Seguidores de Castillo en Lima denuncian un intento de golpe de Estado.. Imagen: AFP
. Imagen: Leandro Teysseire
. Imagen: Sandra Cartasso
. Imagen: AFP
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