Espias de todos lados

ARGENTINA
Una causa por espionaje que preocupa al poder podría caerse

Un caso derivado de la interna en inteligencia.Son escuchas que había pedido ilegalmente Stiuso, ex jefe de la SIDE. Aparecen mencionados políticos oficialistas y opositores, jueces y empresarios.
Nicolás Pizzi

Sin ocupar la primera plana de los medios, la causa “Dark Star” tiene en vilo a jueces, empresarios, jefes de la SIDE, y dirigentes del Gobierno y de la oposición. Todos aparecen mencionados en las más de 16.400 fojas de escuchas realizadas por la SIDE, y convalidadas por la Justicia, durante más de tres años.

“Dark Star” es una empresa de seguridad a la que el ex jefe de la SIDE, Jaime Stiuso, acusó de hacer espionaje para Gran Bretaña. Era una gran excusa para escuchar a decenas de personas. Fue tan grande el escándalo que el juez Sergio Torres, el mismo que había autorizado las intervenciones, tuvo que cerrar la causa. Pero las escuchas pasaron a su colega Luis Rodríguez, quien deberá definir si el contenido de los audios revela algún otro delito. Hasta ahora, el juez tiene en su poder sólo transcripciones, con algunas explicaciones hechas por la propia SIDE. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, Rodríguez ya le pidió los CDs originales al juzgado de Torres. La respuesta fue negativa. “Sólo trabajamos con las transcripciones”, le contestaron al magistrado. El paso siguiente fue enviarle una nota al titular de la AFI, Oscar Parrilli. La ex SIDE todavía no respondió, pero ya denunció al ex jefe de Operaciones Jaime Stiuso. Si los CDs no aparecen, el escándalo podría terminar en el archivo.

La historia comenzó en octubre de 2011, cuando los espías de Stiuso se presentaron ante el juez Torres y le pidieron la autorización para intervenir varias líneas y una casilla de mail amparados por la Ley de Inteligencia (25.520). La denuncia formal se concretó en febrero del año siguiente y aseguraba que la empresa “Dark Star” hacía espionaje para Gran Bretaña. Desde entonces, se pincharon decenas de teléfonos.


En realidad, el objetivo de la SIDE era espiar a otra empresa de seguridad, denominada C3, con oficinas en Puerto Madero y en Palermo. Según prueban las escuchas, pudo saber este diario, en esa agencia trabajaban agentes y ex agentes de la SIDE que tenían contacto con un enemigo de Stiuso, Fernando Pocino, aliado de Cristina Kirchner y uno de los pocos sobrevivientes de la purga concretada en diciembre de 2014. Es más, Clarín pudo saber que Pocino, al que generalmente apodan como “Melena”, frecuentaba las oficinas de Puerto Madero, en Alicia Moreau de Justo 740. En esa agencia también trabajaba un empleado de extrema confianza de Frank Holder, el ex espía de la CIA que trabajó en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y tiene estrecha vinculación con la consultora FTI Consulting, contratada por Torneos & Competencias para intentar sortear el escándalo en la FIFA.

La causa “Dark Star” es una bomba de tiempo en varios sectores de poder porque en las escuchas autorizadas aparecen mencionados empresarios de renombre, jueces federales y de la Corte Suprema, jefes de la ex SIDE, funcionarios del Gobierno nacional como Florencio Randazzo o Amado Boudou, de la administración porteña, como Horacio Rodríguez Larreta, y hasta periodistas. Las escuchas también abordan las constantes luchas de poder entre los ex jefes de la SIDE o las alianzas de alguno de ellos con el ahora ex jefe del Ejército de la Nación César Milani, al que apodaban “Milanesa”.

Descartado el espionaje internacional, el fiscal Federico Delgado pidió en abril el archivo de la causa, pero también que se informe del contenido de las escuchas al Congreso y al Poder Ejecutivo. Ahora se abrió otro expediente, por otros posibles delitos, en la que podría intervenir el flamante fiscal y ex funcionario Franco Picardi, a quien el juez Rodríguez, casualmente, investiga por el concurso que lo llevó a su cargo.

El futuro del expediente depende de una respuesta de la Secretaría de Inteligencia, donde deberían estar guardados los CDs originales. Sin ese material, las transcripciones no tendrían validez. De hecho, podrían haber sido adulteradas. El organismo hasta ahora contraatacó denunciando a Stiuso, refugiado en Estados Unidos. Esto recién comienza. 

http://www.clarin.com/

Corte ordena entregar nombres de ex agentes de la CNI que aún trabajan para el Ejército

CHILE

¡Perdió el general!

El Ejército quedará obligado a entregar una información que originalmente negó a El Ciudadano tras una solicitud por la Ley de Transparencia. En abril de este año, el comandante en Jefe, Humberto Oviedo, había señalado que la publicidad de los nombres de quienes integraron la CNI no podía ser autorizada, puesto que eso afectaría la honra de los funcionarios y su derecho al trabajo.

MATÍAS ROJAS ·

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso presentado por el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada, para ocultar un listado de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que continúan ejerciendo funciones al interior de la institución castrense.

De esta forma, el Ejército queda obligado a entregar una información que originalmente negó a El Ciudadano tras una solicitud por la Ley 20.285 cuya procedencia fue ratificada por el Consejo para la Transparencia, órgano que falló en favor de este medio de comunicación.

En el texto del recurso de ilegalidad contra el CPLT, que fue presentado en abril de este año, el general Oviedo había defendido la reserva de los nombres solicitados citando la Ley 19.974, que protege el Sistema de Inteligencia del Estado.

Igualmente señaló que la publicidad de los nombres de quienes integraron la CNI no podía ser autorizada, puesto que ello afectaría la honra de los funcionarios y su derecho al trabajo, dando paso a “funas”.

Todos estos argumentos fueron refutados por la Novena Sala de la Corte capitalina, presidida por la ministra Pilar Aguayo Pino e integrada por el ministro subrogante Jorge Norambuena Carrillo y el abogado integrante Óscar Torres Zagal, que estableció que “si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado Operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida”.

Esto “máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado”.

Asimismo, el tribunal de alzada indicó que el propio Ejército estimó el número de funcionarios activos que posiblemente integraron la CNI en un universo de 7.436, por lo que no hay antecedentes que hagan presumir que para cumplir con la solicitud respectiva se “requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

Más adelante, el fallo sostiene que no es válido jurídicamente que el comandante en Jefe “pretenda eximirse” del cumplimiento de la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la información a El Ciudadano invocando la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, “toda vez que no es una disposición legal que corresponda aplicar al caso en análisis”.

La decisión de la Corte concluye que la información sí obra en poder del Ejército, “especialmente ante la Dirección del Personal… la que razonablemente debe estar ordenada administrativamente, a lo menos desde el punto de vista remuneracional y previsional”.

Como informó El Ciudadano en abril, uno de los tantos ex agentes de la CNI que a la fecha cumplen funciones en el Ejército, es el funcionario civil Héctor Cáceres Orellana, quien se desempeña en el Comando de Salud como asesor de contabilidad.

El trabajo del ex CNI ha sido cuestionado por la familia del cabo Orlando Morales Pinto, asesinado en extrañas circunstancias en 2002 tras denunciar irregularidades en el Cosale cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa. Junto con Héctor Cáceres, al momento de la muerte de Orlando se encontraba activo otro personaje vinculado a los servicios de inteligencia de Pinochet: Álvaro Guzmán Valenzuela, entonces director del Cosale.Matías RojasEl Ciudadano

http://www.elciudadano.cl/2015/06/26/181129/corte-ordena-entregar-nombres-de-ex-agentes-de-la-cni-que-aun-trabajan-para-ejercito/

COMO LES FUE A LOS GRIEGOS DE LA MANO DE LA COMISION EUROPEA Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Cinco años de crisis y ajuste fiscal permanente

Un repaso de lo ocurrido desde que Atenas recibió el primer paquete de ayuda en 2010 permite ver que los acuerdos firmados para lograr financiamiento, a cambio de implementar recortes en el gasto, no hicieron más que profundizar la recesión.

 Por Fernando Krakowiak

La decisión del primer ministro griego, Alexis Tsipras, de rechazar las exigencias de la Comisión Europea abre un escenario incierto de fuerte inestabilidad económica y financiera para Grecia. No obstante, un repaso de lo ocurrido en los últimos cinco años permite ver que los distintos acuerdos firmados por Atenas para lograr financiamiento, a cambio de implementar sucesivos planes de ajuste fiscal, no hicieron más que profundizar la crisis económica.

Grecia adoptó el euro el 1º de enero de 2001 y a partir de entonces vivió un boom de consumo fomentado por la estabilidad de los precios y el acceso fácil al crédito. Los especialistas coinciden en que fue una bonanza ficticia que no respondió a una mejora en la productividad de su economía. Los principales ganadores del período fueron los bancos alemanes y franceses que financiaron el endeudamiento y las multinacionales de esos mismos países que ganaron participación en el mercado griego. Ambos procesos fueron de la mano de un creciente déficit comercial y corriente. A su vez, la adopción del euro implicó para Grecia una rigidez similar a la que enfrentó Argentina durante la convertibilidad, lo cual la forzó a resignar la política monetaria y cambiaria. Incluso fue más allá porque no “ató” la suerte de su moneda a otra, sino que directamente eliminó la propia. Luego de la caída del banco Lehman Brothers en septiembre de 2008, y la consecuente profundización de la crisis internacional, la tasa de interés de los créditos se encareció y de a poco comenzó a quedar claro que Grecia no estaba en condiciones de afrontar los vencimientos de su deuda, que en 2009 ya superaba los 300.000 millones de euros, cifra equivalente al 120 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). En mayo de 2010, ya a las puertas del default, los países de la Eurozona aprobaron un paquete de ayuda por 110.000 millones de euros, el cual estuvo condicionado a la implementación de un durísimo plan de ajuste cuyo cumplimiento comenzó a ser monitoreado trimestralmente por la troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

La troika prometió que sus recetas ayudarían a Grecia a salir adelante, pero el ajuste no hizo más que profundizar la recesión económica y elevar la tasa de desempleo, que se duplicó hasta llegar al 21 por ciento. En el caso de los jóvenes, la desocupación superó el 50 por ciento. A mediados de 2011, se comenzó a negociar un segundo rescate que esta vez contempló una quita de la deuda y nuevas exigencias de recorte del gasto para el gobierno griego. Un acuerdo inicial se anunció en octubre de ese año. Por entonces, la pérdida de soberanía de Grecia era tan manifiesta que la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que una delegación de la troika se radicaría en Atenas para asegurar su cumplimiento. “Es mejor que haya un sistema de supervisión permanente”, aseguró. El acuerdo se aprobó el 21 de febrero de 2012, cuando se terminaron de negociar los recortes, y contempló un desembolso por 130.000 millones de euros, lo que elevó el plan de ayuda a 240.000 millones de euros en total, pero como las recetas fueron las mismas el resultado no fue diferente.

En octubre de 2012, con el conservador Andonis Samarás el frente del gobierno, la economía continuó en caída y el desempleo llegó al 25,1 por ciento. Pese a ello, la troika condicionó el desbloqueo de nuevos desembolsos a la profundización de las “reformas estructurales” que suponían un mayor recorte del gasto. En febrero de 2013, el desempleo trepó al 27 por ciento y entre los menores de 25 años alcanzó el 64,2 por ciento. Esa misma dinámica recesiva se repitió durante el resto de 2013 y también en 2014, hasta que Samarás adelantó las elecciones generales para el 25 de enero de 2015, en las que se impuso el partido de izquierda Syriza con el 36,4 por ciento de los votos, que proclamó primer ministro a Alexis Tsipras.

El flamante jefe de Gobierno prometió renegociar la deuda externa “con soluciones viables y justas que sirvan a toda Europa y evitando la confrontación, pero también las políticas de sumisión”. A su vez, se comprometió a reactivar la economía, combatir la evasión fiscal y mejorar la política social para revertir la crisis alimentaria de una amplia porción de la población.

El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, propuso en febrero un “programa puente” de seis meses mientras se buscaba una solución definitiva al problema de la deuda. El Eurogrupo aceptó finalmente en ese momento prorrogar el acuerdo por cuatro meses y disolvió la troika como gesto de buena voluntad, ya que, según dijo, Tsipras se comprometió a no deshacer las transformaciones emprendidas e impulsar algunos de los compromisos pendientes. Desde entonces, ambas partes habían acercado posiciones, a punto tal que en las últimas semanas estaban a punto de llegar a un acuerdo para extender el programa de asistencia y permitirle a Grecia afrontar el vencimiento de deuda de mañana sin problemas.

Syriza había aceptado el compromiso fiscal de lograr un superávit primario de 1 por ciento este año, de 2 por ciento en 2016 y de 3,5 por ciento en 2017. Además, se había comprometido a elevar el IVA, la edad de jubilación y recortar el gasto militar. Las diferencias eran graduales. En el caso del IVA, Tsipras quería que todos los alimentos pagaran un 13 por ciento en lugar de un 23 por ciento, y no sólo los básicos como exigía Bruselas. Además, quería que esa excepción alcanzara a los hoteles, lo cual también era rechazado por los acreedores. En lo que respecta a la edad jubilatoria, había aceptado subirla en un plan gradual, pero no quería conceder que el régimen se autofinancie, como ocurre en otros países europeos, ya que en Grecia una parte importante del sistema se sostiene con el dinero de los impuestos. A su vez, aceptaba recortar 200 millones de euros del gasto militar y no 400 millones con le pedían. También proponía un impuesto a los yates, que el FMI resistía. Pese a las diferencias, la mayoría de los analistas confiaban en que se iba a llegar a un acuerdo, pero los acreedores siguieron tirando de la cuerda y el viernes la negociación se empantanó.

La convocatoria de Tsipras al referéndum para que el pueblo decida si acepta las políticas de ajuste o si patea el tablero fue acompañada de un pedido al Eurogrupo para extender la asistencia al menos hasta que se realizara la consulta, pero la solicitud no fue concedida y de pronto la crisis se precipitó a tal punto que el gobierno se vio obligado ayer a anunciar un corralito bancario para evitar que los griegos hoy se lleven de los bancos hasta los escritorios. El escenario que se abre ahora es incierto, aún en el caso de que el pueblo vote a favor de retomar la negociación, porque una vez que se establecen controles de capitales no es fácil dar marcha atrás, aunque Tsipras dejó en claro en su discurso que su apuesta es por un rechazo al acuerdo, con la intención de ponerle fin al ajuste permanente que sufre Grecia desde hace cinco años sin ningún resultado a la vista.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

FUTBOL Y POLITICA(PRO)

LAS RELACIONES DEL DEFENSOR DE BURZACO CON EL PARTIDO DE MACRI

Abogado con contactos

Mariano Mendilaharzu es abogado de Alejandro Burzaco, detenido por las coimas en FIFA. Hace dos años, tuvo contratos con el gobierno porteño que no cumplió y defendió a Rodríguez Larreta.

 Por Gustavo Veiga

Mariano Mendilaharzu, el abogado de Alejandro Burzaco –hoy detenido en Bolzano, Italia, por el escándalo de las coimas en la FIFA– es el mismo que en 2013 se adjudicó servicios de consultoría en el gobierno porteño que no había cumplido varios meses después de ser contratado, como denunció Página/12 el 2 de septiembre de 2013. También fue defensor de Horacio Rodríguez Larreta en varias causas penales y estuvo conchabado en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) donde asesoraba a su director ejecutivo, el militar retirado Juan José Gómez Centurión. Hizo lo propio en el Banco Ciudad junto a su colega Jorge Eduardo Anzorreguy, el penalista que defiende a Hugo y Mariano Jinkis, los dueños de la sociedad Full Play que se entregaron a Interpol después de que estuvieran prófugos y continúan bajo un pedido de extradición de Estados Unidos por pagar presuntos sobornos en el fútbol. El célebre psicólogo Carl Jung diría: “No existen las coincidencias y sí la sincronicidad”.

Mendilaharzu declaró desde Italia que su cliente, el ex CEO de la productora Torneos y Competencias, “no es un hombre bomba”. Además de algunas consideraciones sobre la situación jurídica de su defendido, aquella frase –con una pretensión tranquilizadora para quienes temen que el empresario hable y comprometa a más gente–, fue de las más curiosas desde que explotó el escándalo en Suiza el 27 de mayo. El abogado ha estado ligado al candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO en las próximas elecciones, al director de la AGC y al Banco Ciudad. La defensa de Burzaco en Italia la comparte con Roberto Pisano, un letrado local que en el pasado patrocinó a Silvio Berlusconi, el ex jefe de Gobierno varias veces denunciado por distintos escándalos.

El propio Rodríguez Larreta reconoció que Mendilaharzu lo había asesorado legalmente. Lo hizo cuando se conoció la denuncia de que no había cumplido los servicios de consultoría en la AGC en 2013. Su contrato llegaba a 741 mil pesos, según dos resoluciones administrativas de ese año. En aquel momento, el actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri dijo: “El es abogado mío en algunas causas, es un hombre de confianza, pero no sé de qué se trata la denuncia. Todas las denuncias que aparezcan estamos a disposición, siempre fuimos muy transparentes”. Sin embargo, un hombre hiperactivo y detallista como él en sus labores como funcionario, tuvo que reconocer: “no tengo idea qué contrata cada área de Gobierno”.

Las denuncias contra el letrado fueron publicadas por este diario con el respaldo documental de los expedientes. La nota decía que la AGC aprobó el 26 de marzo de 2013 “la contratación de un servicio de consultoría para el desarrollo de mejores prácticas inspectivas, a efectos de posibilitar consultas en línea relativas a cuestiones técnico-jurídicas en materia contravencional y/o penal, en ocasión del ejercicio del poder de policía desempeñado por esta Agencia Gubernamental de Control”. El trabajo se le adjudicó a Mendilaharzu para que brindara el asesoramiento por 130.680 pesos en el expediente 523904-2013.

Cuatro meses después, el 26 de julio, Gómez Centurión lo volvió a contratar por 610.500 pesos en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 203.500 pesos cada una según el expediente 2888993-2013. Entre los dos servicios de consultoría sumaban 741.180 pesos. Estos gastos pudieron ser afrontados gracias al decreto 556/10 que les permite a los directores generales y directores del gobierno porteño disponer de 2.500.000 y 2.000.000 de pesos mensuales, respectivamente, para contrataciones directas.

Hasta ese momento, la relación jurídica con Rodríguez Larreta era evidente. Lo había defendido en más de una causa. Además, Mendilaharzu había coincidido como asesor en el Banco Ciudad junto a Anzorreguy, hermano de Hugo, el jefe de la ex SIDE durante el gobierno de Carlos Menem. La noticia salió publicada el 28 de noviembre de 2010 en www.elsindical.com.ar. En un blog de trabajadores del Banco Ciudad también se difundió una nómina de asesores que integraba el actual abogado de Burzaco.

El escándalo de la FIFA volvió a vincularlos en su tarea profesional. Ahora desde Italia y Argentina asesoran a los empresarios extraditables que están acusados por un tribunal federal de Nueva York de haber pagado coimas siderales para quedarse con los derechos televisivos de sucesivas ediciones de la Copa América. Los cargos dicen “conspiración, corrupción y lavado de dinero”. Y conllevan la posibilidad de pasar hasta treinta años en prisión.

gveiga12@gmail.com

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-275946-2015-06-29.html

El Gobierno prepara camino para cumplir con recomendaciones sobre DDHH

Uruguay

25.06.2015

MONTEVIDEO (Uypress) — Este miércoles se reunió en la sede del PIT-CNT la organización social Crysol que nuclea a persona víctimas del terrorismo de Estado. Buscan concretar modificaciones a las leyes 18033 y 18596, para que Uruguay cumpla con las recomendaciones de relator especial de ONU sobre DDHH.

El Gobierno de Tabaré Vázquez comienza a dar señales fuertes sobre el tema DDHH. La más destacada es la creación de la Comisión por Verdad y Justicia. Vázquez quiere avanzar y ha sostenido que "No hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando denodadamente para buscar la información que falta. Falta información, en algún lado está. Hay que buscarla".
Vázquez se ha manifestado en la interna de su Consejo de Ministros que su gobierno estará caracterizado por ir más hacia la izquierda.
Desde Crysol se ha visto esto como un gran avance. Pero junto con esta información, el Gobierno también busca realizar un seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los cometidos de esta Comisión será controlar el cumplimiento de las leyes reparatorias y de las medidas simbólicas de reparación.  El Gobierno busca evaluar el estado de situación en relación al cumplimiento de las leyes reparatorias con especial referencia al funcionamiento de las Comisiones Especiales creadas por las leyes 18.033 y  18.596.
Desde Crysol se impulsa la modificación de las leyes 18.033 y 18.596. Las modificaciones propuestas ya fueron entregadas al Prosecretario de la Presidencia de la República Dr. Juan Andrés Roballo y al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
 En diciembre de 2012 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, INDHH, emitió una recomendación al Presidente de la República solicitando el envío de un proyecto de ley que subsanase el incumplimiento de las normas de DDHH vigentes en el país en cuanto a las víctimas del terrorismo de Estado.
Dicha recomendación hasta el momento no ha sido cumplida por la Presidencia de la República que es la única facultada legalmente para proponer un proyecto de ley con dichas características.
El proyecto presentado por Crysol es una iniciativa destinada a facilitar el trabajo gubernamental para cumplir con sus obligaciones y compromisos, además de agilitar dicho proceso incorporando el enfoque especializado de las víctimas del terrorismo de Estado.
La propuesta presentada por Crysol recoge los puntos de vista de la INDDHH, del Relator Especial de las Naciones Pablo de Greiff y de la Comisión Internacional de Juristas.
La iniciativa de Crysol no es un nuevo proyecto en sí mismo sino una reescritura de los textos legales vigentes, con modificaciones,  para introducir las recomendaciones formuladas por los diferentes organismos de DDHH.
Este año se cumplen 10 años de la aprobación de la Resolución 60/147 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el instrumento legal que resume y sintetiza las obligaciones de los Estados cuando se producen graves violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en nuestro país durante el terrorismo de Estado. Es el documento especifica los derechos de las víctimas. Es el estándar de calidad para evaluar objetivamente los avances y definir con precisión los desafíos pendientes de solucionar