La jueza Mariana Motta no hizo lugar al pedido de prescripción ingresado por la Dra. Graciela Figueredo, defensora del general (r) Pedro Barneix, en diciembre pasado. Según el abogado de la familia Perrini, Óscar López Goldaracena, citado por Montevideo Portal, Uruguay está cumpliendo con la normativa internacional vigente.
Goldaracena dijo a ese medio que nuestro país aprobó en 1968 la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, puesta en vigencia en noviembre de 1970 y ratificada por la legislación nacional el 15 de junio de 2001, en la ley 17.347.
La Convención determina que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en la que se hayan cometido, y si Uruguay no cumpliera con ese principio estaría incurriendo en responsabilidad: "No puede ser desconocido ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Judicial".
Según informaba La República el pasado mes de noviembre, Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia) por personal militar, y fue trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue “brutalmente” torturado. Los testigos aseguran que los efectivos de la unidad se “ensañaron” con Perrini, porque intento defender a unas jóvenes que estaban siendo agredidas sexualmente.
Horas después murió. “El examen externo enseña múltiples hematomas y esquimosis en parte anterior de tórax y abdomen, especialmente en hipogastro y genitales externos. Múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente. Esquimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo, tercio inferior”, expresa la autopsia a la que accedió La República. Según el abogado Goldaracena, ese documento “muestra claramente que Perrini fue torturado”.
El general (r) Pedro Barneix está siendo citado en calidad de testigo, porque no habría tenido que ver directamente con la muerte de Perrini.
Según el portal de noticias Coloniaya, entre los relacionados con la muerte hay dos médicos militares. Se espera que la familia de Perrini solicite el cierre de fronteras para evitar que estos imputados salgan del país.
