Diario Última Hora, Paraguay
Cinco décadas de violencia, miles de muertos y millones de desplazados fue el doloroso vía crucis que la República de Colombia debió sobrellevar para estar, por fin, encaminada en un proceso de paz que todos anhelamos culmine prontamente. Si los gobernantes paraguayos no actúan ahora, con firmeza y determinación, en contra de la insidiosa violencia desatada por grupos irregulares en el Norte del país, no erradican el flagelo del narcotráfico y cortan sus perversos tentáculos en el ámbito de la política y la Justicia, el Paraguay se arriesga a atravesar el mismo calvario que padeció la hermana nación. Para evitarlo, es menester poner todo el ingenio, los recursos financieros y la voluntad política al servicio del saneamiento de la República.
Los números que detallan el martirio humano que soportó en las últimas cinco décadas la hermana República de Colombia son más que elocuentes. En medio siglo de acción de las FARC, se perdieron nada menos que 220.000 vidas humanas y se produjo el desplazamiento de unos 5 millones de personas. La lucha contra el narcotráfico no fue menos cruenta.
Como bien lo señaló un artículo de la cadena británica BBC, “en la década de 1980 hasta su muerte, en 1993, Pablo Escobar y el cártel de Medellín que él dirigía infligieron todo un catálogo de asesinatos y caos en Colombia. En 1991, la tasa de homicidios en Medellín era de 381 por cada 100.000 habitantes. Unas 7.500 personas murieron en la ciudad solo aquel año”.
No fue sino después de mucho invertir en materia de seguridad y de contar con el decidido apoyo de los Estados Unidos, a través del Plan Colombia, que el hermano país pudo contener el flagelo del narcotráfico. En el ámbito del combate a la violencia armada, cinco décadas de atroz violencia tuvieron que sucederse para que, finalmente, los guerrilleros aceptaran iniciar un diálogo con el Gobierno en pos de la indispensable pacificación del país.
Aunque sin adquirir la desbordante dimensión del fenómeno colombiano, también en nuestro país se registran circunstancias similares. Desde hace más de una década, un grupo de violentos están afincados en el Norte del país cometiendo todo tipo de actos criminales contra de la población civil, desde atracos a bancos hasta el secuestro con fines extorsivos y el cobarde asesinato de quienes fueron ilegal y arbitrariamente privados de su libertad.
Por su parte, la reciente eliminación física del periodista Pablo Medina, en el Departamento de Canindeyú, puso en evidencia el alcance y la magnitud del fenómeno del tráfico de drogas en nuestro país, así como las perversas conexiones de este flagelo con el mundo de la política.
Salvo que las autoridades gubernamentales actúen con determinación y firmeza, están dadas las condiciones para que el Paraguay se convierta en la nueva víctima de la marginalidad delictiva en América del Sur. Si no se reacciona ahora, los paraguayos estaremos forzados a seguir el largo calvario que sobrellevaron los hermanos colombianos en el último medio siglo.
A evitarlo a toda costa, deben estar orientados los esfuerzos de nuestros gobernantes. Para ello, es preciso poner todo el ingenio, los recursos financieros, la cooperación internacional y, muy puntualmente, la voluntad política, en la senda encaminada al saneamiento de la República.
De manera simultánea, deben impulsarse todas las políticas públicas y sociales que sean del caso para obtener la promoción humana de los miles de compatriotas cuya vida se debate hoy entre la pobreza y la precariedad, caldo de cultivo en el que se ceban los violentos ideologizados y los responsables de la delincuencia organizada transnacional que hoy opera en nuestro suelo.
