Tres oficiales del Ejército encargados de la lucha antisubversiva fueron pasados a Tribunal de Honor en 1979 acusados de secuestrar a un argentino, ajeno a toda guerrilla, a quien quisieron hacer pasar por montonero con el fin de sacarle cuatro millones de dólares.
Compartimos el informe de Leonardo Haberkorn:
Foto: Chele, archivo Brecha
Verano de 1979. Gobierna la dictadura militar y todavía no hay signos de apertura política en Uruguay. Un señor llamado Luis Camuyrano llega a la Jefatura de Montevideo para hacer una denuncia. En los papeles en los que se basa este reportaje no queda claro si fue el miércoles 14 o el jueves 15 de marzo.
Camuyrano, que es argentino, dice a quien lo atiende en la Jefatura de Policía que en los últimos cuatro días lo han secuestrado dos veces, se lo llevan y lo vuelven a dejar en el hotel donde está alojado, prometiéndole volver a secuestrarlo. Dice que lo extorsionan y que lo tienen amenazado de muerte. Que le han propuesto “un acuerdo para ser liberado a cambio de la entrega a sus captores de cuatro millones de dólares”. Que lo han obligado a enviar un télex a un banco de Europa con ese objetivo. Que cuando el dinero llegue, sus secuestradores se quedarán con él.
Cuenta que se aloja en el hotel Crillón y que en cualquier momento volverán por él, para exigirle el dinero. Si no lo tiene, lo matarán. Y acá viene lo más interesante. Dice que sus secuestradores son militares y policías. Que él no tiene nada que ver con los Montoneros ni con ninguna guerrilla. Que está en Montevideo por negocios, una venta de carne, una exportación de grasa para Bolivia.
Obviamente no era fácil en aquellos años llegar a la Jefatura de Policía y denunciar por secuestro y extorsión a policías y militares. Pero Camuyrano –que no era un niño inocente– habrá estimado que esa era la última carta que le quedaba por jugar, que no tenía otro remedio, que de lo contrario lo matarían.
Todo está registrado en unos papeles que pertenecen al propio Ejército. Y demuestran con claridad, ponen en blanco sobre negro, que ciertos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas –que tenían a su cargo la lucha antisubversiva– amenazaban, secuestraban y extorsionaban. No como parte del combate a los movimientos subversivos, sino, simplemente, como vulgares ladrones para quedarse con dinero ajeno.
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No se sabe si Camuyrano habrá tenido tal grado de sinceridad con quien le tomó la denuncia como para contarle que sus propios negocios tampoco solían ser legales. Más que un empresario, él, Luis Felipe Camuyrano De León, argentino residente en Italia, era un delincuente de cuello blanco. Tenía sus códigos. No usaba la violencia. Lo suyo eran estafas, falsificaciones, droga.
Cuando llegó esa tarde de marzo a la Jefatura de Policía de Montevideo, Camuyrano llevaba apenas cinco meses de goce de libertad, luego de haber pasado un lustro preso en Alemania.
Aunque esa historia no está registrada en los papeles del Ejército, sí está en el ejemplar del 18 de octubre de 1973 del diario La Vanguardia de Barcelona. Camuyrano integraba una banda de estafadores que contactaba a los familiares de las víctimas del naufragio del trasatlántico Andrea Doria para sacarles dinero con el fin de solventar una inexistente operación de rescate del buque. Decía ser dueño de una sólida y experimentada empresa de rescate marítimo, y exhibía documentos que así lo demostraban. Falsos, claro.
Quién sabe, en realidad, qué “negocio” había traído a Camuy-rano a Montevideo. Es probable que la idea de venir a Uruguay fuera del doctor Ferreira Estrada, socio y compinche, también con antecedentes penales varios: estafa, falsificación y contrabando.
Lo más seguro es que todo haya sido una trampa de Ferreira Estrada.
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Camuyrano terminó de hacer su denuncia y quien la recibió le dio curso.
El jueves 15 de marzo, un comisario de apellido Márquez le pidió al comisario Hugo Campos Hermida, jefe de la Brigada de Narcóticos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que le prestara “grabadores y captores”: los necesitaba porque había un caso de “secuestro en el hotel Crillón” e iban a investigarlo.
Un secuestro en el hotel Crillón. Campos Hermida se dio cuenta de que se trataba de Camuyrano y se desesperó. Él estaba implicado en esa extorsión. Estaba muy involucrado. ¡Toda la historia había comenzado cinco días antes en su propio despacho!
Hay que parar esto ya mismo, pensó, y corrió a la oficina del inspector Leonel Luna Méndez, director de Investigaciones, para pedirle que por favor no siguieran adelante.
El inspector Luna Méndez relataría luego, y quedó anotado por escrito, que Campos Hermida llegó a su despacho exhibiendo una “alteración nerviosa”. Le manifestó que “estaba metido” en una extorsión. Tan atormentado estaba que le dijo que “quería pegarse un tiro”.
Luna se contactó entonces con el mismísimo jefe de Policía de Montevideo, el coronel Hugo Arregui, y le relató lo que estaba sucediendo. Campos Hermida fue interrogado entonces por el Jefe de Policía y declaró más o menos lo mismo. Pidió “que el hecho se hiciera pasar como un procedimiento de sedición a efectos de no ser perjudicado”.
Se puede suponer que allí mismo Campos Hermida le advirtió a los jefes de la Policía montevideana que no se trataba sólo de él, sino que también había metida gente del Ejército, del Ocoa ni más ni menos, el poderoso Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de las Fuerzas Armadas. Estaba metido un comandante del Ocoa, el teniente coronel Ernesto Ramas.
“Ramas sabía que era por dinero”, admitió Campos Hermida ante sus superiores.
Pero, por algún motivo, sus súplicas no fueron oídas y la investigación siguió.
No se sabe qué pasó en la Policía, pero en el Ejército todo terminó en un Tribunal de Honor. Las actas de ese escandaloso Tribunal de Honor, no todas pero casi, son los papeles que respaldan este informe.
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Todo había comenzado cinco días atrás.
El 10 de marzo un argentino con antecedentes penales llamado Ferreira Estrada llegó a la oficina del comisario Campos Hermida y pidió para hablar con él.
Campos Hermida diría luego que lo atendió porque lo conocía de un trato comercial que habían tenido en 1962, cuando trabajaba manejando un remise.
Según lo que declaró el comisario cuando fue interrogado como testigo por el Tribunal de Honor del Ejército, Ferreira Estrada le contó que estaba en Montevideo con un socio, un tal Luis Camuy-rano, que le debía plata a pesar de que tenía millones de dólares depositados en un banco europeo.
Tras la entrevista, Campos Hermida no informó nada a sus superiores en la Policía sino que se puso directamente en contacto con el teniente coronel Ramas, segundo comandante del Ocoa.
Ramas montó un operativo para detener a Camuyrano. Tampoco él le avisó a su superior, el coronel Julio C González. Participaron, además de Campos Hermida y el propio Ramas, otros dos oficiales del Ejército, el capitán Julio Tabárez y el teniente primero Antranig Ohannessian; y dos agentes policiales al servicio del Ocoa, los sargentos Nurmi Suárez y Washington Grignoli.
Fue un operativo del Ocoa –a espaldas del jefe del Ocoa– para apresar a Camuyrano.
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La Policía liberó a Camuy-rano, que seguramente habrá escapado a Argentina o regresado a Europa.
Los tres oficiales de la Policía implicados en el secuestro fueron interrogados por sus superiores. Un resumen de sus declaraciones fue entregado como insumo a los miembros del Tribunal de Honor del Ejército. Algunos pasajes de esas declaraciones, muy significativas, aparecen en las actas del tribunal.
No consta si los tres policías implicados fueron sancionados. Sí que el sargento Nurmi Suárez pidió o recibió la baja y se fue a vivir a Argentina.
Campos Hermida y Grignoli fueron citados al Tribunal de Honor sólo como testigos, ya que esa corte militar sólo tenía como cometido juzgar el proceder de los oficiales del Ejército implicados en el caso. Sus declaraciones, de todos modos, están en las actas.
En el Ejército, mientras tanto y antes de que se conformara el Tribunal de Honor, hubo una investigación “sumaria” que determinó sanciones para Ramas, Tabárez y Ohannessian, firmadas por el propio comandante en jefe, el teniente general Luis Vicente Queirolo (véase recuadro).
CAMPOS HERMIDA PASA VERGÜENZA. El Tribunal de Honor se reunió por primera vez el 11 de junio de 1979 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Lo integraban cuatro coroneles. Como presidente, Doroteo de León. Como vocales, Pedro H Gonnet y Alfredo A Rubio. Juan C Curutchet era vocal secretario.
Oficiaba de auxiliar para el registro de declaraciones y otras tareas de apoyo, pero sin poder de decisión, el mayor Rafael Miranda.
Campos Hermida, cuyo testimonio resultaba clave para saber cómo había comenzado todo, compareció el 24 de julio de 1979.
Hábil declarante, el comisario trató de darle largas al asunto, de diluir el relato y evadir las preguntas con historias laterales exasperantemente largas.
Uno de los coroneles lo interrumpió:
—En forma breve, perdone, quiero que me conteste cómo (Ferreira Estrada) le presentó el caso.
Entonces Campos Hermida contó que Ferreira Estrada fue a verlo a su oficina y le dijo que Camuyrano era un montonero, que “tiene la hija que es montonera, que está en Francia” y que “tiene además 12 millones de dólares en un banco suizo”.
Campos Hermida insistió en que él le pasó el caso al teniente coronel Ernesto Ramas, subjefe del Ocoa, y se desligó del asunto. No le creyeron. Tampoco le creyeron que hubieran secuestrado a Camuyrano pensando de verdad que era montonero. Para el momento de aquella sesión del Tribunal de Honor, más de tres meses después del día en que el argentino se había presentado en la Jefatura de Policía para denunciar su caso, ya estaba del todo claro que Camuyrano no tenía nada que ver con la guerrilla, una información fácilmente comprobable con una llamada de teléfono a los servicios de inteligencia de Argentina.
Por eso mismo, en el Tribunal, en alguna fría sala del Hospital Militar, esos cuatro coroneles le preguntaron una y otra vez a Campos Hermida por qué no había chequeado la información que le había proporcionado un hombre al que no veía desde hacía tantos años, que no era un informante habitual y que tenía antecedentes penales, antes de pasarla al Ocoa y montar un operativo.
Un coronel le dijo al comisario con evidente disgusto:
—Yo lo que no veo claro es cómo ustedes le creen con tanta seguridad a Ferreira Estrada que el hombre era montonero…
Otro coronel le preguntó si dado que Camuyrano supuestamente era montonero, por qué Ferreira Estrada no lo había denunciado en Argentina y había venido a hacerlo a su oficina.
Las explicaciones de Campos Hermida no resultaron creíbles. Los militares que lo interrogaban no le creyeron nada, según queda claro de la lectura de las actas.
Uno de los coroneles le recordó al comisario su desesperada irrupción en la oficina del inspector Luna, cuando el asunto comenzó a descubrirse:
—Comisario Campos; en determinado momento, ante uno de los comisarios inspectores, ante ese camarada usted manifestó con un gesto deprimido que estaba metido en el asunto de la extorsión y que quería pegarse un tiro. ¿Cuál era el motivo de la desesperación, entonces?
Está en las declaraciones.
Campos Hermida respondió que no había sido tan así.
—Aunque usted diga que no es así, usted firmó allí –le recordaron–.Ya de entrada se sabía que andaba en danza el dinero.
Campos Hermida lo admitió:
—Sí, señor.
Luego trató de hacer una precisión: “había dinero; no era por dinero, había dinero, es distinto”.
Pero reconoció que pensaban hacerse con el dinero de Camuy-rano y que le darían una parte a Ferreira Estrada por haberles pasado el dato.
“Sí, son cinco partes, es una que hay que respetar para el informante”, le explicó Campos Hermida a los coroneles, sin pudor. Y contó que le había dado garantías al informante de que podía confiar en los hombres del Ocoa: ellos respetarían el acuerdo para repartir el dinero y le entregarían su parte. Citándose a sí mismo, el comisario recordó ante el Tribunal de Honor las palabras con las que había tranquilizado a su informante: “En eso usted no va a tener ningún problema, Ferreira, con esta gente no va a tener ningún problema, si en caso de que se reciba ese dinero, que ese dinero esté oficialmente, delo por hecho, no le quepa la menor duda”.
—¿Por qué causa –le preguntó uno de los coroneles– se presentó usted en el despacho del señor jefe de Policía, parece que alterado psíquicamente, y le dio a entender al señor jefe de Policía que se podía encontrar involucrado en un hecho delictivo. (…) Y por qué usted (…) le pidió al señor jefe de Policía que se hiciera pasar el hecho como de un procedimiento de sedición a efectos de no perjudicarlo.
—Bueno –respondió– yo no recuerdo, no recuerdo que haya dicho esas palabras, que se hiciera pasar un procedimiento…
—Le pidió al jefe de Policía que hiciera pasar el hecho como un procedimiento de sedición a efectos de no perjudicarlo… –le refrescaron la memoria, mostrándole sus propias declaraciones ante los mandos policiales.
Campos Hermida pasó vergüenza en el interrogatorio. “Yo sé que tal vez ninguno de ustedes crean lo que yo les estoy diciendo”, dijo en un momento.
Por último le preguntaron por el comandante Ramas. En sus declaraciones ante los jefes policiales, Campos Hermida había dado a entender claramente que Ramas sólo quería el dinero de Camuyrano. Ahora intentó rebajar sus afirmaciones:
—A mí me preguntan después qué pienso yo, si el comandante Ramas podía haber hecho esto, podía haber hecho una extorsión, yo no creo que él, de ninguna manera, que el comandante Ramas pueda haber hecho una extorsión, no lo puedo creer. Que barajaron mal la cosa o que manejaron mal el procedimiento.
INTERROGATORIOS A CAMUY-RANO. Leyendo las sucesivas entrevistas realizadas por el Tribunal de Honor se puede reconstruir qué pasó con Camuy-rano.
Todo fue muy rápido. Ferreira Estrada habló el sábado con Campos Hermida. El comisario llamó a Ramas y se planificó el operativo. El domingo de noche, a las 21 horas, detuvieron a Camuy-rano en la esquina de Uruguay y Paraguay.
Lo llevaron, encapuchado y esposado, no a la base del Ocoa, sino a la casa de Ramas en El Pinar, sin dar aviso del procedimiento a los superiores del Ocoa ni de la Policía.
Ramas, el dueño de casa, interrogó personalmente a Camuy-rano. Es de suponer que habrá empleado los oprobiosos métodos a la usanza del momento. Pero no se puede saber con certeza, porque si bien el interrogatorio de los cuatro coroneles que conformaron el Tribunal de Honor es meticuloso en cuanto a si se cometió o no una extorsión, no hay preguntas sobre malos tratos o torturas al detenido.
Sea como sea que haya sido, en esa primera jornada de interrogatorio en la casa de El Pinar quedó claro que Camuyrano tenía dinero en Europa.
El argentino fue luego llevado al hotel Crillón de modo que pudiera realizar los trámites necesarios para traer el dinero: cuatro millones de dólares que se repartirían entre sus secuestradores y Ferreira Estrada.
Según declaró Campos Hermida, “Ramas le manifestó que liberó al detenido para posibilitar algún contacto, que dinero existiría, estando en averiguaciones si se podría transferir…”
El martes 13 volvieron a secuestrar a Camuyrano y esta vez lo llevaron a la “base Roberto” del Ocoa, aunque nuevamente no anotaron su ingreso ni avisaron al coronel al mando.
Volvieron a interrogar al argentino, seguramente preguntándole qué había podido avanzar para traer el dinero a Uruguay. Camuyrano relató a la Policía que tras ese segundo secuestro, el propio Ramas lo llevó de regreso al hotel Crillón y le anticipó que a partir de ese momento los interrogatorios serían a cara descubierta.
Quizás ese detalle fue el que hizo entrar en pánico a Camuy-rano y lo decidió a presentarse en la Jefatura de Policía para denunciar su caso.
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El sargento Grignoli, interrogado como testigo por el Tribunal de Honor acerca de los motivos por los cuales Camuyrano fue detenido, respondió:
—Era un montonero, que estaba acá buscando documentos, tratando de conseguir documentos para presuntamente… habría un dinero de por medio que estaba en Europa que sería de los Montoneros y que habría tratado de recuperarlo…
Antes, cuando sus jefes de la Policía le preguntaron en qué lío andaba metido, Grignoli lo había contado todo. Había dicho entonces que el teniente Ohannessian había quedado encargado de hacer los trámites con el banco en el que Camuyrano tenía los millones, para que los dólares fueran girados a Uruguay.
Los coroneles del Tribunal de Honor, con esas declaraciones en sus manos, le recordaron sus dichos a Grignoli. Uno de ellos le preguntó:
—¿Por quién tuvo conocimiento usted de que el teniente Ohannessian era el encargado de hacer averiguaciones con respecto a la posible transferencia de fondos de Europa hasta acá?
Luego de unos balbuceos, Grignoli respondió que lo presumió porque usualmente Ohannessian se encargaba de ese tipo de trámites.
Uno de los coroneles del tribunal le retrucó:
—Sí, bueno, pero en las declaraciones usted no dice que presume, usted dice que fue él el encargado. ¿Se acuerda en qué momento usted se enteró o de qué forma, expresado correctamente y no presunciones?
—No, señor, concretamente quién me lo dijo no recuerdo.
—¿Pero usted tenía la seguridad de que él era el encargado?
—Sí, yo pienso que sí, no tengo ninguna otra cosa que pensar, de otra persona que pueda hacerlo, ni que alguien más pudiese…
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Ohannessian declaró que no hizo ninguna averiguación en los bancos para traer el dinero de Camuyrano desde Europa. Es “totalmente mentira al cien por cien”.
Sin embargo, admitió que Ramas le habló del dinero tras interrogar a Camuyrano.
Las actas de las comparecencias de Ramas y Tabárez ante el Tribunal de Honor faltan en los papeles a los que se accedió. Sin embargo, en sus considerandos finales, el Tribunal repasa los principales datos obtenidos en su pesquisa y allí se citan algunos pasajes de lo que declararon estos dos oficiales.
Ramas, por ejemplo, dijo que aceptó la propuesta de Campos Hermida para detener a Camuy-rano porque quería impresionar a sus superiores. Relató que tras el primer interrogatorio en El Pinar, le quedó claro que Camuyrano no era montonero y que le habría dicho a Campos Hermida que era todo un “bolazo”.
Sin embargo, no pudo explicar por qué entonces lo volvió a secuestrar otra vez dos días después.
Según quedó estampado en las conclusiones del Tribunal de Honor, según Ramas “el motivo de esta nueva detención se debió a nuevos informes surgidos de la Policía, pero no puede determinar cuáles fueron, aunque ambos interrogatorios fueron conducidos por él”.
Además, Ramas admitió que en el segundo interrogatorio a Camuyrano, en la base del Ocoa, “se trató la posibilidad de efectuar una transferencia de fondos de bancos europeos”.
Tabárez, por su parte, en su comparecencia ante el Tribunal de Honor, manifestó que Ramas, que era su superior, le ordenó participar del operativo y le dijo que se trataba de detener a un montonero.
Relató haberle preguntado a su jefe qué opinión tenía el coronel González, el jefe del Ocoa, sobre el operativo y recordó que su superior le respondió que “aún no había hablado con el señor coronel a los efectos de no crear una falsa expectativa”.
Tabárez dijo no haber participado de la sesión de preguntas a Camuyrano pero contó que Ramas le comentó “que del interrogatorio practicado no surgen indicios de valor subversivo”. Y que personalmente escuchó como Camuyrano le decía a Ramas que tenía dinero depositado en Alemania y Suiza.
Además, agregó que luego de la segunda detención del argentino, Ramas le ordenó retirar cierta documentación del Ocoa, al parecer referente al caso.
El Tribunal no interrogó al sargento Nurmi Suárez, porque ya no revistaba en la Policía y había emigrado a Argentina. Pero se cita lo que Suárez manifestó cuando fue interrogado por sus superiores de la Jefatura de Policía de Montevideo, declaraciones muy significativas que quizás expliquen por qué Suárez no siguió en la Policía y se marchó del Uruguay. Dice en una de las fojas del Tribunal de Honor: “El ex sargento Nurmi Suárez, en el interrogatorio primario, admite haber participado en el operativo, conjuntamente con los señores teniente coronel Ernesto Ramas, capitán Julio Tabárez, teniente primero Antranig Ohannessian, comisario Campos Hermida y sargento primero Washington Grignoli, manifestando que los actuantes en ningún momento hablaron de sedición y sí de reparto de dinero, hecho ratificado en su acta policial”.
Suárez también relató que “el teniente primero Antranig Ohannessian había manifestado que no había necesidad de viajar a Europa para efectuar la transferencia de los fondos y habría quedado en hacer las averiguaciones al respecto”.
SECUESTRO EXTORSIVO. Todo lo que ocurrió después no es menos escandaloso. Los coroneles que tan duramente habían interrogado a los testigos y a los acusados, en vista de las declaraciones obtenidas debieron necesariamente haber llegado a la conclusión de que el secuestro de Camuyrano había tenido como fin principal, o único, el hacerse con su dinero. Un secuestro extorsivo. Un delito común, vulgar y grave.
De hecho, en los vistos y considerandos de su resolución final, todo apunta en ese sentido.
Pero, sin embargo, el Tribunal de Honor emitió un fallo muy benévolo.
La falta cometida por Ramas “no afecta el honor de las Fuerzas Armadas ni del cuerpo de oficiales”, estableció el tribunal. Lo mismo para Tabárez y Ohannessian.
En los tres casos se consideró que lo ocurrido se trató de un hecho “aislado” y eso se consideró un atenuante. Además, se relativizó la denuncia por provenir de personas con antecedentes penales.
Sólo a Ramas se le cargó con un agravante, el ser jefe y haber sido el responsable del procedimiento. El hecho de que hubiera ordenado retirar documentación del Ocoa se consideró probado y se estableció que fue una “falta de discernimiento grave, pero circunstancial”.
Las sanciones exactas aplicadas no se aprecian en la documentación consultada porque quien hizo públicos estos papeles mantuvo en secreto el fallo definitivo del Tribunal de Honor sobre Ramas y Tabárez.
Sin embargo, en el legajo de Ramas se aprecia que tras el Tribunal de Honor estuvo seis meses suspendido, sin puesto en el Ejército, encuadrado en la categoría de “No disponible”. Ese período fue desde el 2 de enero al 3 de julio de 1980.
El fallo de Ohannessian, el único del cual se obtuvo el acta del Tribunal de Honor en esta investigación, seguramente fue igual al de Tabárez.
Ohannessian fue encuadrado dentro de lo que se llama “amonestación por falta leve” y se dejó expresa constancia de que se trató de un caso aislado en su proceder como oficial. El Tribunal apenas se limitó a exhortarlo a que en el futuro “brinde al superior el debido asesoramiento a efectos de evitar actuaciones que dejen dudas sobre la rectitud de procedimientos en cumplimiento de misiones por parte de integrantes del Ejército”.
QUEIROLO Y EL TRIBUNAL DE HONOR. La benigna resolución del Tribunal indignó al comandante en jefe del Ejército, el teniente general Luis V Queirolo.
El 30 de agosto de 1979, Queirolo devolvió al Tribunal de Honor su fallo dejando constancia expresa de que el Comando General del Ejército no compartía lo actuado y lo resuelto.
“La gravedad de los hechos en los cuales tuvieron participación fundamental un jefe y dos oficiales subalternos no fueron debidamente analizados”, manifestó el comandante del Ejército.
Queirolo hizo notar que el Tribunal no profundizó en su búsqueda de la información ni interrogó a “personas fundamentales” en el caso: Camuyrano, Ferreira Estrada y Nurmi Suárez, entre ellos.
Tampoco –protestó el comandante–, se averiguó qué pasó con el télex supuestamente enviado a un banco europeo para que los millones de dólares de Camuyrano fueran girados a Uruguay. Y no se le dio la adecuada valoración al grave hecho de que se sacara documentación del Ocoa, “lo cual incluso podría llegar a configurar delito”.
“Las respuestas de los involucrados ante el Tribunal General de Honor lejos de aclarar los hechos, los confunden”, lamentó el comandante del Ejército y ordenó que el fallo fuera devuelto al Tribunal.
“Por lo expuesto –estableció– se servirá lo pertinente a los efectos de continuar las actuaciones y agotar los medios para permitir esclarecer en todo su alcance los hechos.”
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Sólo teniendo los papeles delante se puede creer lo que sigue.
El Tribunal le respondió al comandante en jefe del Ejército recién el 9 de octubre de 1979. Es decir, los cuatro coroneles se tomaron 40 días para contestarle a su jefe.
¿Y qué le dijeron los coroneles al teniente general Queirolo?
Que el fallo estaba bien, que no embromara más: no se podía entrevistar a Camuyrano, ni a Ferreira Estrada, ni al ex policía Nurmi Suárez porque se habían ido a la Argentina, no se podía saber qué había pasado con el télex porque Antel no guardaba registro de los télex enviados, no se podía creer a los acusadores porque eran personas con antecedentes y, por eso, habían decidido priorizar “la buena conducta anterior” de los oficiales juzgados.
Y se reafirmaron en su benévolo fallo.
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La discrepancia entre el comandante del Ejército y los integrantes del Tribunal de Honor fue laudada ni más ni menos que por el entonces presidente de facto Aparicio Méndez, con fecha 11 de diciembre de 1979.
Méndez y su ministro de Defensa, Walter Ravenna, dirimieron el caso a favor del Tribunal y laudaron que lo actuado era correcto.
Brecha accedió al acta en la cual Méndez y Ravenna firmaron ratificando el fallo del Tribunal sobre Ohannessian, y cabe concluir que lo mismo habrán hecho para Ramas y Tabárez.
RAMAS, SANCION Y DESPUÉS. En el legajo de Ernesto Ramas constan las dos sanciones que recibió: la suspensión de seis meses tras el Tribunal de Honor y sanción de 60 días de arresto a rigor que se le impuso antes de ser sometido al Tribunal. Se agrega que esta última le fue impuesta el 16 de marzo de 1979 por orden del propio comandante del Ejército, el general Queirolo.
Con igual fecha, el coronel González, máximo jefe del Ocoa, anotó en el legajo de Ramas: “En coordinación con funcionarios policiales, integrantes de la Brigada de Narcóticos, dependiente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, realiza un operativo antisedicioso, el cual presenta ciertas irregularidades en la forma como se procedió. Funcionarios policiales intervinientes expresan que el operativo se había realizado con la intención de lograr beneficios personales por parte de los ejecutores del operativo”.
González escribió a continuación que Ramas insistió en que todo fue un operativo contra la sedición. Pero agregó: “Al exponer cómo se gestó y se llevó a cabo el operativo, demostró en esta oportunidad no haber tenido un claro concepto en el desempeño de sus obligaciones”.
Debido al caso, las notas obtenidas por Ramas para su desempeño en 1979, fueron las peores:
Conducta: deficiente.
Capacidad militar: deficiente.
Calificación sintética: deficiente.
Ramas firmó el “conforme” de estas calificaciones, según consta en su legajo. Sin embargo, luego de los seis meses de suspensión fue nombrado jefe del Departamento de Mantenimiento Automotor del Servicio de Material y Armamento del Ejército (Sma).
Su jefe allí, la máxima autoridad del Sma, era el coronel Alfredo Rubio. Curiosamente, Rubio había sido uno de los cuatro integrantes del benévolo Tribunal de Honor.
Luego Ramas ascendería a coronel.
Hoy está preso y con una condena a 20 años de cárcel como corresponsable de 28 asesinatos.
Tabárez también llegó a coronel.
Ohannessian llegó a mayor. Está preso a la espera que se procese un pedido de extradición de Italia, para ser juzgado por su participación en la operación Cóndor.
Consultado a través de su abogada Rosanna Gavazzo, Ramas hizo saber que no le interesaba hacer declaraciones sobre el caso Camuyrano y el Tribunal de Honor al que fue sometido.
Tabárez, que fue ubicado en su domicilio, se disgustó por el hecho de que las actas del Tribunal de Honor tomaran estado público.
Consideró que se trata de un documento privado. No quiso hacer declaraciones. “Yo fui exonerado de toda responsabilidad y el fallo fue ratificado por el presidente de la República”, dijo.
Ohannessian no pudo ser consultado.
***
El único integrante del Tribunal de Honor que permanece vivo es el entonces coronel Pedro Gonnet, hoy general retirado.
Consultado para este informe por el caso dijo: “No recuerdo nada. ¿Está seguro de que yo participé de ese tribunal?”
Se le leyeron varias de las actas que llevaban su firma, se le ofrecieron detalles, fechas, nombres, pero no hubo caso. “No recuerdo nada. Han pasado muchos años.”
Quien actuó de secretario, el entonces mayor Rafael Miranda, también está vivo.
Consultado por este semanario dijo que efectivamente le tocó ser secretario de varios tribunales de honor en aquellos años, pero sostuvo que de este caso en particular no recordaba nada concreto, habían sido muchos tribunales, muchas décadas, los recuerdos se le mezclaban.
Al comenzar a leerle algunos pasajes de la documentación para refrescarle la memoria, interrumpió.
—¿Pero usted tiene los papeles? Entonces lo tiene todo.
Las sanciones
El comandante en jefe del Ejército, el teniente general Luis V Queirolo, firmó el 30 de abril de 1979 una resolución que establecía que “de acuerdo a las conclusiones arribadas con motivo de la información sumaria realizada ante los hechos (…) se servirá disponer las siguientes medidas disciplinarias”:
Al teniente coronel Ramas, 60 días de arresto riguroso por, entre otros, los siguientes motivos:
Interrogar a un detenido en una base y no registrar su ingreso a la misma, ocultando también el operativo.
Dar lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
Actuar con ligereza, falta de tacto e irresponsabilidad, al llevar a cabo un procedimiento conjunto que posteriormente dio lugar a que se pusiera en tela de juicio su honestidad, integridad y lealtad, al verse involucrado con subalternos y funcionarios policiales.
Agravar su situación por ostentar su calidad de jefe responsable del operativo, comprometiendo a oficiales subalternos y personal superior y subalterno de la Policía.
Al capitán Tabárez, 45 días de arresto riguroso por:
Siendo oficial del Ocoa, tomar parte de un operativo conjuntamente con personal policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
Contravenir disposiciones concretas al no registrar el ingreso de un detenido a una base, siendo oficial de servicio de la misma, motivando que se intentara ocultar el procedimiento.
Al teniente Ohannessian: 45 días de arresto riguroso por:
Siendo oficial del Ocoa, tomar parte de un operativo conjuntamente con personal policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
Ser acusado por funcionarios policiales de habérsele encomendado la tarea de realizar averiguaciones en bancos de plaza para tramitar una transferencia de fondos de un detenido, desde el exterior a Montevideo, con la presunta finalidad de ser distribuido entre el propio detenido y sus captores.
Los tres, además, fueron pasados a Tribunal de Honor.
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