7 ENE, 2016
Los despidos de esta semana son sólo el comienzo. Así lo dejó entrever la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien al defender los 2035 despidos en el Senado, indicó que “los ministros van a tomar medidas del mismo estilo”. Ayer se siguieron acumulando las denuncias de nuevas cesantías en distintas áreas de gobierno. En la ex Afsca, unas 90 personas fueron dejadas cesantes. En Jefatura de Gabinete, otras 150, mientras que en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas quedaron sin trabajo. En el Centro Cultural Kirchner, unos 600 contratos no fueron renovados. En conflicto se extendió a los municipios: hubo entre 800 y mil despidos en Quilmes. En La Plata, donde se hablaba de 4000 despidos, se abrió una mesa de negociación. En Lanús, se anunció la revisión de 301 contratos del año pasado. Desde el kirchnerismo, sostuvieron que se trata de una persecución política.
“El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”, afirmó Michetti, en línea con el discurso generalizado para justificar despidos. La vicepresidenta tomó la decisión de anular el pase a planta de 2035 personas y adelantó que ese tipo de medidas se replicarán en los ministerios nacionales. “Se están haciendo auditorías en todos lados y se los ha ido encontrando”, indicó la vicepresidenta, quien detalló que los nombramientos “hay que mirarlos con detenimiento, tienen que ver con un sector político, en particular con La Cámpora”.
Desde el kirchnerismo, denunciaron una caza de brujas. “Michetti, que se dice democrática y dialoguista, promueve el despido de militantes kirchneristas. Esto se llama persecución ideológica”, afirmó la ex ministra de Defensa Nilda Garré. La ex legisladora porteña Gabriela Cerruti indicó que se trata de “un verano de persecución ideológica y caza de brujas que recordaremos como el más nefasto de la historia”.
Estás despedido
Las denuncias de despidos se acumularon ayer. Los trabajadores de la ex Afsca, luego de un asueto forzado, fueron convocados al edificio. En la puerta, bajo un cordón policial, debieron hacer una fila y se fueron enterando de quiénes seguían teniendo trabajo y quiénes no. Ayer, según pudo saber este diario, se precisó que fueron despedidos 40 trabajadores no jerárquicos, mientras 50 coordinadores dejaron sus funciones.
Desde ATE, denunciaron otros 20 despidos en Vialidad Nacional. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, indicó que “hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido”. Remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización. “Tenemos despidos confirmados en el Centro Cultural Kirchner, en Afsca y dentro de Vialidad Nacional hay 20 despidos al día de hoy, gente con 15 años de antigüedad”, afirmó. También informó que lo mismo está ocurriendo en Jefatura de Gabinete, donde serían 150 las personas despedidas. “Hay gente con 5, 6, 10 años cesanteados por presunción de actividad política. No podemos creer el nivel de violencia institucional que están tomando”, sostuvo Catalano.
RUMBO A LA IMPUNIDAD
Los despidos de esta semana son sólo el comienzo. Así lo dejó entrever la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien al defender los 2035 despidos en el Senado, indicó que “los ministros van a tomar medidas del mismo estilo”. Ayer se siguieron acumulando las denuncias de nuevas cesantías en distintas áreas de gobierno. En la ex Afsca, unas 90 personas fueron dejadas cesantes. En Jefatura de Gabinete, otras 150, mientras que en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas quedaron sin trabajo. En el Centro Cultural Kirchner, unos 600 contratos no fueron renovados. En conflicto se extendió a los municipios: hubo entre 800 y mil despidos en Quilmes. En La Plata, donde se hablaba de 4000 despidos, se abrió una mesa de negociación. En Lanús, se anunció la revisión de 301 contratos del año pasado. Desde el kirchnerismo, sostuvieron que se trata de una persecución política.
“El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”, afirmó Michetti, en línea con el discurso generalizado para justificar despidos. La vicepresidenta tomó la decisión de anular el pase a planta de 2035 personas y adelantó que ese tipo de medidas se replicarán en los ministerios nacionales. “Se están haciendo auditorías en todos lados y se los ha ido encontrando”, indicó la vicepresidenta, quien detalló que los nombramientos “hay que mirarlos con detenimiento, tienen que ver con un sector político, en particular con La Cámpora”.
Desde el kirchnerismo, denunciaron una caza de brujas. “Michetti, que se dice democrática y dialoguista, promueve el despido de militantes kirchneristas. Esto se llama persecución ideológica”, afirmó la ex ministra de Defensa Nilda Garré. La ex legisladora porteña Gabriela Cerruti indicó que se trata de “un verano de persecución ideológica y caza de brujas que recordaremos como el más nefasto de la historia”.
Estás despedido
Las denuncias de despidos se acumularon ayer. Los trabajadores de la ex Afsca, luego de un asueto forzado, fueron convocados al edificio. En la puerta, bajo un cordón policial, debieron hacer una fila y se fueron enterando de quiénes seguían teniendo trabajo y quiénes no. Ayer, según pudo saber este diario, se precisó que fueron despedidos 40 trabajadores no jerárquicos, mientras 50 coordinadores dejaron sus funciones.
Desde ATE, denunciaron otros 20 despidos en Vialidad Nacional. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, indicó que “hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido”. Remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización. “Tenemos despidos confirmados en el Centro Cultural Kirchner, en Afsca y dentro de Vialidad Nacional hay 20 despidos al día de hoy, gente con 15 años de antigüedad”, afirmó. También informó que lo mismo está ocurriendo en Jefatura de Gabinete, donde serían 150 las personas despedidas. “Hay gente con 5, 6, 10 años cesanteados por presunción de actividad política. No podemos creer el nivel de violencia institucional que están tomando”, sostuvo Catalano.
RUMBO A LA IMPUNIDAD
En otras áreas, como Nación Seguros, se hablaba de 25 personas echadas, mientras que en la Unidad AMIA, ATE denunció la disolución del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA, que tenía como tarea analizar la información desclasificada de la ex SIDE:
El encargado de llevar adelante la revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas. “Si hay centenares de personas contratadas desde un origen político y sin una función en el Estado, obviamente que va a haber barro en la cancha”, sostuvo.
En el mismo sentido se pronunció el responsable de los medios públicos, Hernán Lombardi, quien defendió los despidos en el CCK. “El 85 por ciento de los contratados eran convenios de asistencia técnica con las Universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza y vencieron el 31 de diciembre”, afirmó. Lombardi estimó que “el CCK tuvo un parto prematuro. La obra está claramente sin terminar, los equipamientos de luces y sonidos no están instalados, se inauguró antes de tiempo por las necesidades políticas de la presidenta saliente”.
“Es un artilugio técnico para despedir a 500 personas”, lo cuestionó el delegado gremial del CCK Nicolás Esperante, quien consideró que “estamos viviendo un verano de autoritarismo y persecución ideológica como no recordábamos desde las épocas más nefastas”. A Lombardi también le respondió el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Es fundamental dejar en claro que los convenios con las distintas facultades no son ninguna triangulación como se dijo. Se trata de convenios Estado-Estado de Asistencia Técnica. Todos los contratos terminaban el 4 de enero, y las nuevas autoridades tenían la posibilidad de renovarlos o finalizarlos. Que no usen esto como excusa para dejar en la calle a 800 trabajadores”, dijo.
Garré afirmó que “en los noventa decían que el Estado era ineficiente. Ahora, que está lleno de ñoquis. El objetivo es el achicamiento con diez mil trabajadores despedidos por mes”. “Echan trabajadores por su perfil político en todo el país. Casi diez mil en total. No les preguntan qué tarea cumplen. Los echan por sus publicaciones en las redes”, sostuvo, por su parte, Cerruti.
El encargado de llevar adelante la revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas. “Si hay centenares de personas contratadas desde un origen político y sin una función en el Estado, obviamente que va a haber barro en la cancha”, sostuvo.
En el mismo sentido se pronunció el responsable de los medios públicos, Hernán Lombardi, quien defendió los despidos en el CCK. “El 85 por ciento de los contratados eran convenios de asistencia técnica con las Universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza y vencieron el 31 de diciembre”, afirmó. Lombardi estimó que “el CCK tuvo un parto prematuro. La obra está claramente sin terminar, los equipamientos de luces y sonidos no están instalados, se inauguró antes de tiempo por las necesidades políticas de la presidenta saliente”.
“Es un artilugio técnico para despedir a 500 personas”, lo cuestionó el delegado gremial del CCK Nicolás Esperante, quien consideró que “estamos viviendo un verano de autoritarismo y persecución ideológica como no recordábamos desde las épocas más nefastas”. A Lombardi también le respondió el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Es fundamental dejar en claro que los convenios con las distintas facultades no son ninguna triangulación como se dijo. Se trata de convenios Estado-Estado de Asistencia Técnica. Todos los contratos terminaban el 4 de enero, y las nuevas autoridades tenían la posibilidad de renovarlos o finalizarlos. Que no usen esto como excusa para dejar en la calle a 800 trabajadores”, dijo.
Garré afirmó que “en los noventa decían que el Estado era ineficiente. Ahora, que está lleno de ñoquis. El objetivo es el achicamiento con diez mil trabajadores despedidos por mes”. “Echan trabajadores por su perfil político en todo el país. Casi diez mil en total. No les preguntan qué tarea cumplen. Los echan por sus publicaciones en las redes”, sostuvo, por su parte, Cerruti.
Municipios y provincias
La discusión siguió en el conurbano. En Quilmes, el intendente PRO Martiniano Molina había adelantado, en un reportaje de este diario, que el municipio podía funcionar con cuatro mil trabajadores menos. Los gremios denunciaron mil despidos, mientras que desde la intendencia hablaban de 800. El secretario de ATE-Quilmes, Claudio Arévalo, reclamó que se los reincorpore “porque son compañeros que venían todos los días a trabajar. En muchos casos son únicos sostén de familia, que les va a costar conseguir un trabajo”. Y precisó: “Son compañeros que prestan servicio en el Hospital de San Francisco Solano, las guarderías municipales, las unidades sanitarias y también hay barrenderos”.
En tanto, en La Plata, abrieron una mesa de negociación con el intendente macrista Julio Garro, quien había resuelto no renovar 3985 contratos. No obstante, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, indicó que “la decisión es no darles continuidad a los contratos políticos para cuidar el bolsillo de los platenses”.
En Lanús, anunciaron que revisarán 301 contratos de 2015. “Si trabaja y se lo precisa, se lo va a renovar. Si es un ñoqui, no va a seguir”, sostuvieron desde la intendencia. El secretario de la Federación de Sindicatos Municipales, Rubén García, denunció despidos también en Adolfo Alsina, Chascomús, Esteban Echeverría, Coronel Vidal y Coronel Suárez.
Página 12
Los sindicatos defendieron el rol del sector estatal y rechazaron su “demonización”
El grueso del mundo sindical se abroqueló para rechazar las opiniones y decisiones del macrismo acerca del trabajo estatal. “Hay una intencionalidad política de querer demonizar al empleado público”, aseguró Pedro Wasiejko, secretario adjunto de CTA y líder del Sindicato del Neumático. “En general, detrás de esto, cuando la ideología de derecha es predominante, se esconde la intención de privatizar áreas”, consideró Wasiejko.
Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, compartió esa advertencia: “Lo que están tratando de hacer es instalar una situación en la sociedad para poder justificar que lo que se viene es un desguace del Estado y despidos masivos.” Para Catalano, a diferencia del estereotipo de los ’80 y los ’90, “hoy el empleado público cobró muchísimo valor porque fue el que pudo llevar adelante la aplicación de políticas sociales de inclusión”.
Por eso, el dirigente de ATE colocó el eje en el papel asumido por el Estado y puso como ejemplo el Documento Nacional de Identidad. “Antes, para hacer un DNI tardabas alrededor de un año y medio o dos años. Hoy, la identidad es un derecho: sacás un turno o vas personalmente y sabés que en 15 minutos tenés resuelta esa situación y que te envían el DNI a tu domicilio”, describió Catalano. “Toda esa estructura, además de que hubo una decisión política, se lleva adelante por trabajadores”, recordó. Sobre la idea de una masa laboral sobredimensionada, la consideró falsa: “Hay áreas donde todavía falta, porque tenés pocos enfermeros, hay faltante de personal auxiliar en los colegios, faltan maestros”, enumeró. También lamentó que “se esté condenando socialmente a trabajadores que estudiaron, concursaron y tienen muchos años de antigüedad”, a quienes “se cuestiona como si fueran contratados políticos y la verdad es que Mauricio Macri, en una semana, por decreto, pasó a planta a gente que ni siquiera era parte del Estrado y que entra con altos cargos y sueldos importantes.”
Desde la CGT, Andrés Rodríguez, secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación, sostuvo que, “en otras épocas, la palabra ñoqui ha significado la antesala de racionalizaciones salvajes con tal de reducir los planteles del Estado”. Rodríguez remarcó que en la administración pública “existen normativas en los casos de que un empleado no cumple las reglas y las autoridades lo pueden sancionar. No se puede estigmatizar a quien desarrolla una función social, a veces sin contar con medios adecuados.”
Tiempo Argentino
La discusión siguió en el conurbano. En Quilmes, el intendente PRO Martiniano Molina había adelantado, en un reportaje de este diario, que el municipio podía funcionar con cuatro mil trabajadores menos. Los gremios denunciaron mil despidos, mientras que desde la intendencia hablaban de 800. El secretario de ATE-Quilmes, Claudio Arévalo, reclamó que se los reincorpore “porque son compañeros que venían todos los días a trabajar. En muchos casos son únicos sostén de familia, que les va a costar conseguir un trabajo”. Y precisó: “Son compañeros que prestan servicio en el Hospital de San Francisco Solano, las guarderías municipales, las unidades sanitarias y también hay barrenderos”.
En tanto, en La Plata, abrieron una mesa de negociación con el intendente macrista Julio Garro, quien había resuelto no renovar 3985 contratos. No obstante, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, indicó que “la decisión es no darles continuidad a los contratos políticos para cuidar el bolsillo de los platenses”.
En Lanús, anunciaron que revisarán 301 contratos de 2015. “Si trabaja y se lo precisa, se lo va a renovar. Si es un ñoqui, no va a seguir”, sostuvieron desde la intendencia. El secretario de la Federación de Sindicatos Municipales, Rubén García, denunció despidos también en Adolfo Alsina, Chascomús, Esteban Echeverría, Coronel Vidal y Coronel Suárez.
Página 12
Los sindicatos defendieron el rol del sector estatal y rechazaron su “demonización”
El grueso del mundo sindical se abroqueló para rechazar las opiniones y decisiones del macrismo acerca del trabajo estatal. “Hay una intencionalidad política de querer demonizar al empleado público”, aseguró Pedro Wasiejko, secretario adjunto de CTA y líder del Sindicato del Neumático. “En general, detrás de esto, cuando la ideología de derecha es predominante, se esconde la intención de privatizar áreas”, consideró Wasiejko.
Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, compartió esa advertencia: “Lo que están tratando de hacer es instalar una situación en la sociedad para poder justificar que lo que se viene es un desguace del Estado y despidos masivos.” Para Catalano, a diferencia del estereotipo de los ’80 y los ’90, “hoy el empleado público cobró muchísimo valor porque fue el que pudo llevar adelante la aplicación de políticas sociales de inclusión”.
Por eso, el dirigente de ATE colocó el eje en el papel asumido por el Estado y puso como ejemplo el Documento Nacional de Identidad. “Antes, para hacer un DNI tardabas alrededor de un año y medio o dos años. Hoy, la identidad es un derecho: sacás un turno o vas personalmente y sabés que en 15 minutos tenés resuelta esa situación y que te envían el DNI a tu domicilio”, describió Catalano. “Toda esa estructura, además de que hubo una decisión política, se lleva adelante por trabajadores”, recordó. Sobre la idea de una masa laboral sobredimensionada, la consideró falsa: “Hay áreas donde todavía falta, porque tenés pocos enfermeros, hay faltante de personal auxiliar en los colegios, faltan maestros”, enumeró. También lamentó que “se esté condenando socialmente a trabajadores que estudiaron, concursaron y tienen muchos años de antigüedad”, a quienes “se cuestiona como si fueran contratados políticos y la verdad es que Mauricio Macri, en una semana, por decreto, pasó a planta a gente que ni siquiera era parte del Estrado y que entra con altos cargos y sueldos importantes.”
Desde la CGT, Andrés Rodríguez, secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación, sostuvo que, “en otras épocas, la palabra ñoqui ha significado la antesala de racionalizaciones salvajes con tal de reducir los planteles del Estado”. Rodríguez remarcó que en la administración pública “existen normativas en los casos de que un empleado no cumple las reglas y las autoridades lo pueden sancionar. No se puede estigmatizar a quien desarrolla una función social, a veces sin contar con medios adecuados.”
Tiempo Argentino
