31 de marzo de 2016
Emir Sader
Sociólogo y filósofo brasileño, director del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Master en filosofia política y doctor en Ciencia política.
Los gobiernos progresistas de América Latina cometieron el pecado de lesionar intereses de las elites dominantes. En Brasil, el editor jefe del diario O Globo –un tal Ali Kamel– llegó a escribir un libro para acusar a los que han introducido la política de cuotas para negros en las universidades públicas, de haber “introducido” (sic) el racismo en Brasil. Los negros estaban quietos, según él, a lo mejor resignados por su condición, en un país conocido por su “democracia racial”, por una integración consentida, cuando la política de cuotas despertó en ellos sentimientos malos. El libro se llama No somos racistas y acusa a los que han introducido las políticas de cuotas de haber introducido el racismo en Brasil.
Sentimientos similares se mantuvieron presentes en sectores de las elites tradicionales, cuando vieron que sus privilegios dejaban de ser sólo suyos, para convertirse en derechos de todos. Hay sectores de la clase media que no quieren derechos, prefieren privilegios que los incluya solamente a ellos.
Los gobiernos progresistas han promovido los derechos de la gran masa que siempre había estado rezagada, discriminada, excluida. Es una experiencia inolvidable para ellos y traumática para los que los querían siempre abajo. Se fueron acumulando rencores, conforme esa masa fue eligiendo y reeligiendo a los gobiernos que atendían sus reivindicaciones.
Ahora, cuando la derecha ve posibilidades de retornar al gobierno –vía elecciones, como en Argentina o de alguna forma de golpe blando, como en Brasil y en Venezuela–, sus designios se van volviendo claros. No se trata solamente de adecuaciones económicas, sino de virajes fundamentales hacia economías de mercado, abiertas al libre comercio, la vuelta a Estados mínimos y a fuertes recortes de empleos y de los derechos sociales de la gran mayoría.
Se trata de una verdadera revancha social, porque las correlaciones de fuerzas entre las clases han cambiado mucho, a favor de las capas populares. Las elites y la derecha no perdonan haber cedido espacios para los derechos de la masa de la población. Macri ataca directamente las políticas sociales del gobierno de Cristina, so pretexto de equilibrar las finanzas públicas y combatir la inflación.
En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país –Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB– representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).
Hablar simplemente de restauración parece algo plácido respecto a la violencia del contenido social de las medidas que buscan poner en práctica, así como de la represión que necesariamente las acompaña.
La lucha por la defensa de la democracia y de los gobiernos progresistas no es solamente una lucha política y electoral, es una inmensa batalla social, de defensa de la gran masa de la población, cuyos derechos están en juego bajo la feroz revancha de clases que la derecha lleva a cabo o pretende hacerlo donde lucha por volver al poder.
Los gobiernos progresistas han promovido los derechos de la gran masa que siempre había estado rezagada, discriminada, excluida. Es una experiencia inolvidable para ellos y traumática para los que los querían siempre abajo. Se fueron acumulando rencores, conforme esa masa fue eligiendo y reeligiendo a los gobiernos que atendían sus reivindicaciones.
Ahora, cuando la derecha ve posibilidades de retornar al gobierno –vía elecciones, como en Argentina o de alguna forma de golpe blando, como en Brasil y en Venezuela–, sus designios se van volviendo claros. No se trata solamente de adecuaciones económicas, sino de virajes fundamentales hacia economías de mercado, abiertas al libre comercio, la vuelta a Estados mínimos y a fuertes recortes de empleos y de los derechos sociales de la gran mayoría.
Se trata de una verdadera revancha social, porque las correlaciones de fuerzas entre las clases han cambiado mucho, a favor de las capas populares. Las elites y la derecha no perdonan haber cedido espacios para los derechos de la masa de la población. Macri ataca directamente las políticas sociales del gobierno de Cristina, so pretexto de equilibrar las finanzas públicas y combatir la inflación.
En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país –Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB– representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).
Hablar simplemente de restauración parece algo plácido respecto a la violencia del contenido social de las medidas que buscan poner en práctica, así como de la represión que necesariamente las acompaña.
La lucha por la defensa de la democracia y de los gobiernos progresistas no es solamente una lucha política y electoral, es una inmensa batalla social, de defensa de la gran masa de la población, cuyos derechos están en juego bajo la feroz revancha de clases que la derecha lleva a cabo o pretende hacerlo donde lucha por volver al poder.
