Decreto ley para facilitar la fuga de empresas de Cataluña07 de octubre de 2017
Puigdemont intenta cerrar la puerta para que no se fuguen empresas de Cataluña. Imagen: AFP
Con el nuevo mecanismo que prevé el decreto ley, las compañías que quieran trasladar su domicilio a otra parte del territorio español pueden hacerlo sin necesidad de aprobación por parte de su junta general de accionistas.
El Gobierno español de Mariano Rajoy aprobó ayer un decreto ley que permite agilizar la salida de empresas y bancos de Cataluña ante la turbulenta situación que atraviesa la región, con una posible declaración unilateral de independencia en el aire. Con el nuevo mecanismo, las compañías que quieran trasladar su domicilio a otra parte del territorio español pueden hacerlo sin necesidad de aprobación por parte de su junta general de accionistas.
“Esta modificación se ha realizado a instancias empresariales”, dijo en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos. “No es culpa de las empresas, sino de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud”, añadió en una crítica al Gobierno catalán de Carles Puigdemont, impulsor del proceso secesionista.
La posibilidad de que el Parlamento de Cataluña declare en los próximos días la independencia de forma unilateral, como prometió esta semana Puigdemont, ha llevado a algunos de los bancos y de las empresas más grandes de Cataluña a plantear su salida de la región. Se espera que CaixaBank, el mayor banco de Cataluña y el tercero de España, acuerde en las próximas horas trasladar su sede a Palma de Mallorca o Madrid a instancias del mecanismo aprobado hoy. También el Banco Sabadell, el segundo de la región, decidió el jueves mover, más de un siglo después de su fundación, su sede social desde Sabadell (Barcelona) a Alicante, en el sureste de España.
El mayor temor de los bancos catalanes es quedar fuera de la zona euro si hay una declaración de independencia, lo que supondría quedarse sin el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo y fuera de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos.
Ante la incertidumbre que provoca el proceso de independencia catalán, otras grandes empresas catalanas se plantean seguir los pasos del Banco Sabadell si hay una declaración de secesión. Según medios españoles, entre ellas podrían estar Gas Natural, Abertis,Freixenet o Codorniu. Ayer la empresa Gas Natural Fenosa acordó trasladar su domicilio social desde Barcelona a Madrid ante la incertidumbre que provoca la posibilidad de una declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña. El consejo de administración de la multinacional energética, una de las más importantes de España, dio ayer el visto bueno al traslado.Según matizó hoy De Guindos, la medida aprobada hoy por el Gobierno “afecta a todas las sociedades que tengan su domicilio en España, independientemente de cuál sea su capital”.
Cataluña celebró el pasado domingo un referéndum de independencia pese a la prohibición previa por parte del Tribunal Constitucional. El resultado, con cerca del 90 por ciento de los votos a favor de la secesión, podría llevar al Parlamento catalán a declararla de forma unilateral en los próximos días, según marca una ley aprobada en la región a principios de septiembre y suspendida por la Justicia. El Gobierno regional de Cataluña anunció ayer los resultados definitivos del referéndum soberanista, lo que supuestamente marca el inicio de un plazo de 48 horas para declarar la secesión. El Gobierno catalán contabilizó 2,04 millones de votos a favor de la independencia de Cataluña de España, de los 2,28 millones obtenidos, lo que equivale a un porcentaje cercano al 90 por ciento.
Con la victoria del “sí” sobre la mesa, la llamada “ley del referéndum”, aprobada por el Parlamento catalán a principios de septiembre y suspendida por la Justicia, estable la celebración “de una sesión ordinaria” en el Parlamento catalán “entre los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales” para “efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”. Sin embargo, la situación es de incertidumbre. La Cámara regional había fijado un pleno para el lunes por la tarde con el fin de analizar la situación y posiblemente declarar la independencia, pero la sesión fue prohibida por la Justicia española.
Ayer, el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, pidió comparecer en el “Parlamento” catalán el martes por la tarde para abordar la “situación política actual”. De esta forma, trataría de ganar tiempo y sortear la suspensión de la Justicia, según la prensa.
Por su parte la Comisión Europea instó ayer a España y a Cataluña a que dialoguen inmediatamente para tratar de solucionar la crisis abierta tras el polémico referéndum independentista celebrado el pasado domingo en esa región del noreste del país. “Queremos que esto ocurra rápidamente”, dijo un portavoz en Bruselas, si bien reiteró la postura de la Comisión de no inmiscuirse, ya que lo considera un asunto interno de España.
Cataluña celebró el pasado domingo un referéndum de independencia pese a la prohibición previa por parte del Tribunal Constitucional. El resultado, con cerca del 90 por ciento de los votos a favor de la secesión, podría llevar al Parlamento catalán a declararla de forma unilateral en los próximos días, según marca una ley aprobada en la región a principios de septiembre y suspendida por la Justicia. El Gobierno regional de Cataluña anunció ayer los resultados definitivos del referéndum soberanista, lo que supuestamente marca el inicio de un plazo de 48 horas para declarar la secesión. El Gobierno catalán contabilizó 2,04 millones de votos a favor de la independencia de Cataluña de España, de los 2,28 millones obtenidos, lo que equivale a un porcentaje cercano al 90 por ciento.
Con la victoria del “sí” sobre la mesa, la llamada “ley del referéndum”, aprobada por el Parlamento catalán a principios de septiembre y suspendida por la Justicia, estable la celebración “de una sesión ordinaria” en el Parlamento catalán “entre los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales” para “efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”. Sin embargo, la situación es de incertidumbre. La Cámara regional había fijado un pleno para el lunes por la tarde con el fin de analizar la situación y posiblemente declarar la independencia, pero la sesión fue prohibida por la Justicia española.
Ayer, el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, pidió comparecer en el “Parlamento” catalán el martes por la tarde para abordar la “situación política actual”. De esta forma, trataría de ganar tiempo y sortear la suspensión de la Justicia, según la prensa.
Por su parte la Comisión Europea instó ayer a España y a Cataluña a que dialoguen inmediatamente para tratar de solucionar la crisis abierta tras el polémico referéndum independentista celebrado el pasado domingo en esa región del noreste del país. “Queremos que esto ocurra rápidamente”, dijo un portavoz en Bruselas, si bien reiteró la postura de la Comisión de no inmiscuirse, ya que lo considera un asunto interno de España.
En la víspera, el comisario europeo de Programación Financiera y presupuestos, el alemán Günther Oettinger, calificó como muy preocupante la crisis y opinó que existe el riesgo de una guerra civil en España.
