15 Febrero 2019
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció el llamado a elecciones generales anticipadas para el 28 de abril, tras sufrir esta semana una derrota a su proyecto presupuestario que dejó en evidencia las dificultades para gobernar en minoría parlamentaria.
En este momento, los sondeos dan al PSOE como vencedor en unos futuros comicios, pero con un número de escaños que, incluso sumando a Podemos, no le alcanzaría para gobernar.
En este momento, los sondeos dan al PSOE como vencedor en unos futuros comicios, pero con un número de escaños que, incluso sumando a Podemos, no le alcanzaría para gobernar.
"La disyuntiva es clara como Gobierno y como presidente (del Gobierno). O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros o bien creer que España no tiene un minuto que perder, que necesita avanzar, no dar pasos hacia atrás, empeñar todo su esfuerzo en abordar todos los desafíos", dijo en una declaración el político socialista, aludiendo a la posibilidad que tenía de seguir en el poder prorrogando las cuentas del Gobierno anterior del conservador Partido Popular.
"Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía (y) dar la espalda a la crispación en este país", añadió Sánchez, en velada referencia al resurgimiento de las divisiones por el conflicto independentista en Cataluña.
El Congreso español rechazó el miércoles el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 después de que los partidos independentistas catalanes en el Congreso rechazaran apoyar al Ejecutivo.
Fuentes políticas han indicado que Sánchez quería una votación cuanto antes para pasar página de la derrota parlamentaria y movilizar al electorado de izquierda contra el auge del grupo de ultraderecha Vox, que a fines del año pasado dio con su apoyo el poder en el gobierno de Andalucía al Partido Popular y Ciudadanos, una alianza que los analistas consideran posible a nivel nacional.
Exhumación de Franco
En el mismo día, Sánchez aprobó el decreto que ordena la exhumación de los restos del dictador Francisco Francos del Valle de los Caídos y prohíbe a la familia que sea enterrado en la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.
Sánchez había prometido sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma inmediata, pero el proceso se complicó porque la familia, que se opone a la exhumación, advirtió que si el cuerpo era sacado de su actual tumba sería inhumado en la Catedral de La Almudena, donde se encuentra su hija.
Esta posibilidad fue rechazada por el Ejecutivo, por tratarse de un sitio más accesible que el actual mausoleo y no sólo supondría darle un lugar de reconocimiento sino que podría facilitar actos de "enaltecimiento" o "exaltación"del dictador, algo que está prohibido por la Ley de Memoria Histórica.
Por eso, el Consejo de Ministros español aprobó ahora un acuerdo que al mismo tiempo que ordena la exhumación de Franco, también prohíbe a la familia que lo entierre en La Almudena, alegando cuestiones de "orden público y seguridad".
El Ejecutivo da un plazo de 15 días a la familia para que señale un nuevo lugar de inhumación alternativo, según explicó la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que adoptó la decisión.
En caso de que la familia no conteste, el Ejecutivo se reserva la decisión del lugar de enterramiento de los restos del dictador.
La ministra de Justicia española destacó que la decisión es un acto de "responsabilidad histórica de este Ejecutivo" que marcará a "los españoles del futuro".
"Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía (y) dar la espalda a la crispación en este país", añadió Sánchez, en velada referencia al resurgimiento de las divisiones por el conflicto independentista en Cataluña.
El Congreso español rechazó el miércoles el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 después de que los partidos independentistas catalanes en el Congreso rechazaran apoyar al Ejecutivo.
Fuentes políticas han indicado que Sánchez quería una votación cuanto antes para pasar página de la derrota parlamentaria y movilizar al electorado de izquierda contra el auge del grupo de ultraderecha Vox, que a fines del año pasado dio con su apoyo el poder en el gobierno de Andalucía al Partido Popular y Ciudadanos, una alianza que los analistas consideran posible a nivel nacional.
Exhumación de Franco
En el mismo día, Sánchez aprobó el decreto que ordena la exhumación de los restos del dictador Francisco Francos del Valle de los Caídos y prohíbe a la familia que sea enterrado en la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.
Sánchez había prometido sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma inmediata, pero el proceso se complicó porque la familia, que se opone a la exhumación, advirtió que si el cuerpo era sacado de su actual tumba sería inhumado en la Catedral de La Almudena, donde se encuentra su hija.
Esta posibilidad fue rechazada por el Ejecutivo, por tratarse de un sitio más accesible que el actual mausoleo y no sólo supondría darle un lugar de reconocimiento sino que podría facilitar actos de "enaltecimiento" o "exaltación"del dictador, algo que está prohibido por la Ley de Memoria Histórica.
Por eso, el Consejo de Ministros español aprobó ahora un acuerdo que al mismo tiempo que ordena la exhumación de Franco, también prohíbe a la familia que lo entierre en La Almudena, alegando cuestiones de "orden público y seguridad".
El Ejecutivo da un plazo de 15 días a la familia para que señale un nuevo lugar de inhumación alternativo, según explicó la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que adoptó la decisión.
En caso de que la familia no conteste, el Ejecutivo se reserva la decisión del lugar de enterramiento de los restos del dictador.
La ministra de Justicia española destacó que la decisión es un acto de "responsabilidad histórica de este Ejecutivo" que marcará a "los españoles del futuro".
