Once motivos para esperar que todo salga (muy) mal
Por Julián Zícari
20 Feb 2019
Nicolás Dujovne
Tratemos de ser honestos. El objetivo de todo el plan económico actual es simple: se remite sólo a aguantar y ganar tiempo, rezando para que no pase nada malo.Porque todos sabemos que esto es una burbuja que en algún momento va a explotar. Y eso va a ocurrir más pronto que tarde. Además sabemos que una nueva corrida cambiaria dejaría a la economía en un know-out fulminante o en las puertas de uno. Y el problema es que, por la dinámica económica actual, parece casi imposible que no ocurra alguna en algún momento.
Actualmente se paga un altísimo costo por un método que transitoriamente frena al dólar (y algo a la inflación) pero que asesina a las pymes, que es algo de efectos permanentes. Y aún con todo, este método no garantiza ni que haya una mejoría, algo de calma o siquiera que no haya una explosión terminal. Por si fuera poco es necesario agregar a este diagnóstico varios elementos más, los cuales nos podrían ayudar a entender por qué sería lógico que todo resultará todavía mucho peor con el panorama actual.
El primer punto es innegable: es un hecho que la demanda de dólares va a crecer a medida que avance el año electoral y que la presión será cada vez más fuerte mes a mes.
El segundo punto es similar: los inversores actualmente están frente al dilema de “un poco más de carry” o bien “dolarizar ya”. Y lo que es lógico es que en algún momento dicho dilema se zanje a favor de la dolarización total. Siendo ello un elemento determinante. Ahora que han bajado las tasas de los plazos fijos: ¿cuántos de ellos decidirán quedarse en el peso hasta fin de año?
Otro punto señala que es lógico que todos los que quieran comprar dólares empiecen a hacerlo más temprano que tarde. Porque saben que mientras más demoren, más alto será el precio de la divisa. Y por ende menos dólares podrán comprar, agregando mucho peso a la presión cambiaria, que es la única variable que mira el gobierno como garantía de que no explotará todo.
Cuarto punto: Si el 2017 fue dentro de todo un buen año económico y uno bastante bueno en términos políticos para el Gobierno, porque pudo controlar las expectativas e imponerse electoralmente, trasmitiendo confianza a los inversores, ahora no pasa lo mismo. El Gobierno ya ha perdido la confianza del mercado, todo se desmorona y ahora el riesgo país está atado a que no gane “el populismo” en las elecciones. Lo que implica una secuencia lógica esperable: que suba de la desconfianza, suba el riesgo país, se desmoronen las expectativas, el Gobierno caiga en las encuestas y el dólar se dispare. Asegurando con ello finalmente que se imponga el populismo en las elecciones. Así, sin confianza el Gobierno va derecho a secuencia de expectativas autocumplidas frente a los mercados.
En este sentido, debemos blanquear otro punto: los tenedores de bonos liquidarán todo antes de las PASO, y ahí el goteo pasará a ser catarata, produciendo una inundación que todo lo ahogue. Algo que puede adelantarse mucho antes si las encuestas le son adversas al Gobierno o se produce un resultado electoral inesperado en las provincias que ponga nerviosos a los inversores. Así, los meses más tensos serán marzo, junio y agosto. Y si hay un cisne negro internacional, todo será peor aún.
El sexto elemento a considerar es que el Gobierno anunció una caída del gastopúblico del 2,7% del PBI para este año. Lo cual, de manera lógica, va a producir por lo menos una caída económica de igual nivel. Si sumamos a ello el arrastre estadístico y el de todos los agregados económicos (consumo, inversión, salarios, obra pública, etc.), es fácil notar que este año será todavía peor en términos de la economía real que el nefato 2018.
Un séptimo punto que nos hace pensar que sea lógico que todo vaya mal es lo que indican los que debería ser los epicentros de la política económica, pero que cada vez van peor. Pues la recaudación está cayendo más rápido que la actividad, lo que nos señala que no sólo la promesa del “déficit cero” no se va cumplir, sino que el gobierno necesitará recurrir a los mercados (hoy cerrados) para cubrir sus cuentas. Y ni hablar lo que está pasando con la inflación: al 2,9% de enero, va a haber que sumar un valor todavía más alto para febrero y una inflación en marzo mayor a la febrero. El piso inflacionario de este año, no podrá ser de ningún modo menor al 35-40%. Por lo que el dólar, para no atrasarse todavía más, deberá terminar el año arriba de 50 pesos, sumando más presión inflacionaria y paranoia.
Octavo punto. El BCRA dice que ahora quiere empezar a desarmar la bola de Leliqs que el mismo armó, por lo que los bancos se tendrán que ir desprendiendo de dichos títulos todos los meses, para tener en abril como máximo un 65% de Leliqs en relación a sus depósitos. El problema es que actualmente hay 850 mil millones de pesos en Leliqs, lo que equivalen a 20 mil millones de dólares. No parece lógico entonces que el BCRA pueda sortear su propia trampa. El fantasma del plan Bonex, del corralón o de un Boden 2012 afloran en el aire como solución a la bomba de las Leliqs. Sino, la opción alternativa será una hiperinflación.
En noveno lugar, sabemos que de haber una corrida cambiaria el Gobierno está atado de manos frente a ello según lo pactado con el FMI: el Banco Central sólo podrá vender dólares si el precio de la divisa supera el techo de la zona de no intervención (no antes). Pero aún eso, sólo podría vender como máximo 150 millones por día y bajo mecanismo de licitaciones. Es decir, no podría actuar directamente sobre el mercado. Además, esos 150 millones resultan realmente insuficientes si se considera que el año pasado se llegaron a demandar 1.500 millones en una sola jornada. Las otras herramientas indirectas también están abortadas por lo arreglado con el Fondo: no se podrán vender dólares a futuro para ordenar expectativas ni podrán intervenir los Bancos oficiales (Nación, Provincia o el Ciudad) para calmar la demanda. En una palabra, el Central está totalmente atado de manos, por lo que es lógico que el dólar pueda dispararse con el menor round cambiario que haya, desmoronando toda la estrategia oficial.
En décimo lugar, si consideramos el patrimonio del BCRA sabemos que luce fuerte pero realmente es débil. Dice tener 67 mil millones de dólares en reservas. Pero 15 MM son en realidad encajes de depósitos en dólares y 18 MM son divisas precautorias del swap firmado con China. O sea, la mitad de esas reservas (33 MM) no son si quiera recursos genuinos. Pero los otros 34 MM restantes equivalen a la actual base monetaria. Y aquí se agrega el verdadero problema: cómo hará entonces el gobierno para afrontar los vencimientos de Letes, Lecaps y demás bonos y letras que vencen antes del recambio de gobierno. Si hacemos la cuenta, ni aún si el FMI le diera todo el dinero comprometido alcanza para afrontar todos los vencimientos. Serán necesarias altas tasas de renovación pero ni la confianza ni la dinámica económica actual le juegan a favor al gobierno. Por lo que, como venimos diciendo, es bastante lógico que todo termine mal: default o salto cambiario son las únicas soluciones.
Por último, el año pasado se fugaron del sistema 27.500 millones dólares. Y eso que el 2018 no fue un año electoral y que había expectativas a favor. ¿Es lógico pensar que no sólo se podría repetir lo sucedido el año pasado, sino que incluso sea peor la fuga dado que este año es electoral y aflora el fantasma de default para el año próximo? De ocurrir esto, el resultado será de consecuencias imprevisibles.
Si el lector considera que los once motivos reseñados son lógicos que ocurran, o aunque sea uno solo de ellos, coincidirá entonces con el diagnóstico general que se ha intentado destacar: no es posible esperar que las cosas marchen bien este año. Sino que lo lógico es que resulte todo muy mal. Ojalá nos equivoquemos. Pero la lógica esta vez parece estar de nuestro lado.
Nicolás Dujovne
Tratemos de ser honestos. El objetivo de todo el plan económico actual es simple: se remite sólo a aguantar y ganar tiempo, rezando para que no pase nada malo.Porque todos sabemos que esto es una burbuja que en algún momento va a explotar. Y eso va a ocurrir más pronto que tarde. Además sabemos que una nueva corrida cambiaria dejaría a la economía en un know-out fulminante o en las puertas de uno. Y el problema es que, por la dinámica económica actual, parece casi imposible que no ocurra alguna en algún momento.
Actualmente se paga un altísimo costo por un método que transitoriamente frena al dólar (y algo a la inflación) pero que asesina a las pymes, que es algo de efectos permanentes. Y aún con todo, este método no garantiza ni que haya una mejoría, algo de calma o siquiera que no haya una explosión terminal. Por si fuera poco es necesario agregar a este diagnóstico varios elementos más, los cuales nos podrían ayudar a entender por qué sería lógico que todo resultará todavía mucho peor con el panorama actual.
El primer punto es innegable: es un hecho que la demanda de dólares va a crecer a medida que avance el año electoral y que la presión será cada vez más fuerte mes a mes.
El segundo punto es similar: los inversores actualmente están frente al dilema de “un poco más de carry” o bien “dolarizar ya”. Y lo que es lógico es que en algún momento dicho dilema se zanje a favor de la dolarización total. Siendo ello un elemento determinante. Ahora que han bajado las tasas de los plazos fijos: ¿cuántos de ellos decidirán quedarse en el peso hasta fin de año?
Otro punto señala que es lógico que todos los que quieran comprar dólares empiecen a hacerlo más temprano que tarde. Porque saben que mientras más demoren, más alto será el precio de la divisa. Y por ende menos dólares podrán comprar, agregando mucho peso a la presión cambiaria, que es la única variable que mira el gobierno como garantía de que no explotará todo.
Cuarto punto: Si el 2017 fue dentro de todo un buen año económico y uno bastante bueno en términos políticos para el Gobierno, porque pudo controlar las expectativas e imponerse electoralmente, trasmitiendo confianza a los inversores, ahora no pasa lo mismo. El Gobierno ya ha perdido la confianza del mercado, todo se desmorona y ahora el riesgo país está atado a que no gane “el populismo” en las elecciones. Lo que implica una secuencia lógica esperable: que suba de la desconfianza, suba el riesgo país, se desmoronen las expectativas, el Gobierno caiga en las encuestas y el dólar se dispare. Asegurando con ello finalmente que se imponga el populismo en las elecciones. Así, sin confianza el Gobierno va derecho a secuencia de expectativas autocumplidas frente a los mercados.
En este sentido, debemos blanquear otro punto: los tenedores de bonos liquidarán todo antes de las PASO, y ahí el goteo pasará a ser catarata, produciendo una inundación que todo lo ahogue. Algo que puede adelantarse mucho antes si las encuestas le son adversas al Gobierno o se produce un resultado electoral inesperado en las provincias que ponga nerviosos a los inversores. Así, los meses más tensos serán marzo, junio y agosto. Y si hay un cisne negro internacional, todo será peor aún.
El sexto elemento a considerar es que el Gobierno anunció una caída del gastopúblico del 2,7% del PBI para este año. Lo cual, de manera lógica, va a producir por lo menos una caída económica de igual nivel. Si sumamos a ello el arrastre estadístico y el de todos los agregados económicos (consumo, inversión, salarios, obra pública, etc.), es fácil notar que este año será todavía peor en términos de la economía real que el nefato 2018.
Un séptimo punto que nos hace pensar que sea lógico que todo vaya mal es lo que indican los que debería ser los epicentros de la política económica, pero que cada vez van peor. Pues la recaudación está cayendo más rápido que la actividad, lo que nos señala que no sólo la promesa del “déficit cero” no se va cumplir, sino que el gobierno necesitará recurrir a los mercados (hoy cerrados) para cubrir sus cuentas. Y ni hablar lo que está pasando con la inflación: al 2,9% de enero, va a haber que sumar un valor todavía más alto para febrero y una inflación en marzo mayor a la febrero. El piso inflacionario de este año, no podrá ser de ningún modo menor al 35-40%. Por lo que el dólar, para no atrasarse todavía más, deberá terminar el año arriba de 50 pesos, sumando más presión inflacionaria y paranoia.
Octavo punto. El BCRA dice que ahora quiere empezar a desarmar la bola de Leliqs que el mismo armó, por lo que los bancos se tendrán que ir desprendiendo de dichos títulos todos los meses, para tener en abril como máximo un 65% de Leliqs en relación a sus depósitos. El problema es que actualmente hay 850 mil millones de pesos en Leliqs, lo que equivalen a 20 mil millones de dólares. No parece lógico entonces que el BCRA pueda sortear su propia trampa. El fantasma del plan Bonex, del corralón o de un Boden 2012 afloran en el aire como solución a la bomba de las Leliqs. Sino, la opción alternativa será una hiperinflación.
En noveno lugar, sabemos que de haber una corrida cambiaria el Gobierno está atado de manos frente a ello según lo pactado con el FMI: el Banco Central sólo podrá vender dólares si el precio de la divisa supera el techo de la zona de no intervención (no antes). Pero aún eso, sólo podría vender como máximo 150 millones por día y bajo mecanismo de licitaciones. Es decir, no podría actuar directamente sobre el mercado. Además, esos 150 millones resultan realmente insuficientes si se considera que el año pasado se llegaron a demandar 1.500 millones en una sola jornada. Las otras herramientas indirectas también están abortadas por lo arreglado con el Fondo: no se podrán vender dólares a futuro para ordenar expectativas ni podrán intervenir los Bancos oficiales (Nación, Provincia o el Ciudad) para calmar la demanda. En una palabra, el Central está totalmente atado de manos, por lo que es lógico que el dólar pueda dispararse con el menor round cambiario que haya, desmoronando toda la estrategia oficial.
En décimo lugar, si consideramos el patrimonio del BCRA sabemos que luce fuerte pero realmente es débil. Dice tener 67 mil millones de dólares en reservas. Pero 15 MM son en realidad encajes de depósitos en dólares y 18 MM son divisas precautorias del swap firmado con China. O sea, la mitad de esas reservas (33 MM) no son si quiera recursos genuinos. Pero los otros 34 MM restantes equivalen a la actual base monetaria. Y aquí se agrega el verdadero problema: cómo hará entonces el gobierno para afrontar los vencimientos de Letes, Lecaps y demás bonos y letras que vencen antes del recambio de gobierno. Si hacemos la cuenta, ni aún si el FMI le diera todo el dinero comprometido alcanza para afrontar todos los vencimientos. Serán necesarias altas tasas de renovación pero ni la confianza ni la dinámica económica actual le juegan a favor al gobierno. Por lo que, como venimos diciendo, es bastante lógico que todo termine mal: default o salto cambiario son las únicas soluciones.
Por último, el año pasado se fugaron del sistema 27.500 millones dólares. Y eso que el 2018 no fue un año electoral y que había expectativas a favor. ¿Es lógico pensar que no sólo se podría repetir lo sucedido el año pasado, sino que incluso sea peor la fuga dado que este año es electoral y aflora el fantasma de default para el año próximo? De ocurrir esto, el resultado será de consecuencias imprevisibles.
Si el lector considera que los once motivos reseñados son lógicos que ocurran, o aunque sea uno solo de ellos, coincidirá entonces con el diagnóstico general que se ha intentado destacar: no es posible esperar que las cosas marchen bien este año. Sino que lo lógico es que resulte todo muy mal. Ojalá nos equivoquemos. Pero la lógica esta vez parece estar de nuestro lado.
Sobreprecios modelo Macri. Denuncian que una obra no sale 40 por ciento menos sino nueve veces más
Por Raúl Kollmann
18 de febrero de 2019
Macri con Iguacel, director de Vialidad, luego secretario de Energía y después fuera del Estado por los tarifazos. Cómo opera la "patria contratista" en la actualidad. El Sindicato de Vialidad, pondrá sobre la mesa la doble vara de Comodoro Py y de toda la coalición política y mediática que la respalda.
El tramo más importante de la construcción de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, fue licitado por el kirchnerismo, en 2015, por 285 millones de pesos. Pero ahora se le pretende pagar a Iecsa, la empresa que fuera del primo de Mauricio Macri, nada menos que 2.500 millones de pesos, nueve veces más del valor original.
Vialidad Nacional autorizó un rediseño de la obra con el argumento que bajaría los costos, pero –sin tener en cuenta la inflación– derivó en un aumento del 120 por ciento a precios constantes. Esto obligaba a una nueva licitación, porque ya no se trataba del proyecto anterior. Sin embargo, el adjudicatario siguió siendo el mismo: Iecsa, que perteneció a Angelo Calcaterra.
La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 por ciento, mientras que el de Iecsa justito recibió un incremento del 120 por ciento y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 por ciento. Todos los datos contradicen lo que el presidente Macri viene diciendo: que las obras que hace Cambiemos son un 40 por ciento más baratas que las del kirchnerismo. La denuncia realizada por Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, demuestra todo lo contrario, de manera brutal, y no solo en esa obra.
El Sindicato de Vialidad presentó el escrito en la justicia federal y el sorteo determinó, justito, que la causa recayera en el juez Julián Ercolini, el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por la obra vial de Santa Cruz. El magistrado ha jugado siempre –como gran parte de Comodoro Py–, del lado de Cambiemos, pero precisamente elevó la causa a juicio considerando a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita porque en la provincia de Santa Cruz se permitieron readecuaciones de precios y prórrogas en las obras. Con la misma lógica debería imputar a Mauricio Macri, algo que sería delirante como es delirante la acusación contra CFK por las rutas de Santa Cruz que ni licitó ni adjudicó ni controló.
El otro elemento impactante es que la denuncia de los trabajadores de Vialidad va contra Javier Iguacel, que fue quien denunció a CFK y todas las autoridades anteriores de Vialidad por supuestos incrementos en la obra vial de Santa Cruz que son aumentos muy inferiores a los que Iguacel firmó en el tramo Pilar-Pergamino.
La maniobra original de Iguacel, al principio del gobierno de Macri, fue grotesca. Asumió como titular de Vialidad el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, en su resolución número 1, ordenó una auditoría de las obras viales. Pero no dispuso que fuera a todas las obras viales del país sino a un único distrito: Santa Cruz. O sea, sólo le importó acusar al kirchnerismo.
Pero, además, la auditoría realizada por dos ingenieros y un contador, los tres designados por Vialidad – Justo Romero, Ramón Martínez Oría y el contador Marcelo Bianchi– estableció que sólo había un mínimo desface entre la obra realizada y la obra cobrada: 0,1 por ciento. Pese a eso, Iguacel de todas maneras hizo la denuncia penal y Comodoro Py se ocupó de magnificarla.
Cambios
El tramo II B de la ruta Pilar–Pergamino, el adjudicado a Iecsa, va de Arroyo de Giles al puente sobre Arroyo Gómez. Los contratos se firmaron en junio de 2015 y la adjudicación fue por 285 millones de pesos, cuando el presupuesto era de 315 millones. O sea que hubo un 15 por ciento de descuento. Los trabajos debían estar terminados en junio de 2017.
“Sin razón que lo justifique –señala la denuncia de los trabajadores de Vialidad–, el equipo de Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”. Desde el punto de vista jurídico, la alteración del proyecto original debía implicar un nuevo llamado a licitación, ya que se cambió la obra y se violaba el principio de igualdad al no darle chances a las empresas que se habían presentado. Los técnicos de Vialidad –cuenta Aleña– desaconsejaron esas decisiones, pero todo siguió adelante. La ley dice que cuando se alteran los términos de una licitación en un 80 por ciento corresponde hacer una nueva licitación. Aquí el incremento que se otorgó fue del 120 por ciento.
Aumentos
El argumento fue curioso: que el nuevo trazado iba a implicar una reducción de costos y una obra más eficiente. Sin embargo, a valores de origen se le autorizó a Iecsa un aumento del presupuesto de los 285 millones del principio a 628 millones a valores de 2015. Si se tienen en cuenta las actualizaciones, “resulta un precio actual y vigente de 2.001 millones de pesos”. Según le indicó Aleña a este diario, al día de hoy, el Estado pagará por la obra 2.500 millones de pesos, 877 por ciento más que el original.
El sindicato de Vialidad transcribe en su denuncia la resolución de Iguacel. “Modificación de la traza del proyecto en cuestión, la cual se retira del valle de inundación del Rio Areco alejándose de la Ruta Nacional N°8 actual en dirección noroeste antes de interceptar el Arroyo El Zorro, por terrenos de mayor cota. Ello evita la construcción de un puente sobre este arroyo, así como otros en los arroyos Laguna y Vagues y sus respectivos aliviadores. Asimismo, presenta una menor longitud, de aproximadamente 800 metros, lo que ofrece un trazado hidráulicamente más conveniente y de menor recorrido.”
O sea, menos recorrido, menos puentes, e inexplicablemente mayor valor, dicen los técnicos de Vialidad. El único cambio que encareció fue la sustitución por otro asfalto, pero de acuerdo a los técnicos de Vialidad ese cambio no debía significar un aumento superior al 10 por ciento, lejos del 120 por ciento que se autorizó.
En la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos, evaluación hecha por la Oficina de Costos. Es, de hecho, una denuncia de sobreprecios y lo contrario de lo que dice el Presidente: la obra no sale un 40 por ciento menos que durante el kirchnerismo, sino casi un 40 por ciento más.
Vecinos
Otro dato que llama la atención es lo sucedido con los otros tramos licitados por el kirchnerismo en la ruta 8. Hay tres tramos en los que se permitió una readecuación, aprobada por Iguacel. En el tramo I B, ganado por la empresa Chediak, que encabeza Juan Chediak, se permitió un aumento del 35 por ciento. En el tramo III, ganado por Vialmani, propiedad de empresarios entrerrianos, se autorizó un aumento del 45 por ciento.
El tramo II B, el adjudicado a Iecsa, consiguió en cambio un 120 por ciento de aumento. Se trata de tres tramos contiguos.
Los trabajadores de Vialidad también mencionan que en la licitación original, Iecsa ofertó un descuento del 15 por ciento, lo que redujo el valor de 315 millones a 285 millones. La lógica indica que ese descuento también debía regir para el rediseño. Implican 80 millones de pesos menos que el Estado debía pagar. Iguacel pasó por encima de eso, beneficiando a la empresa.
Demoras
Una de las acusaciones mayores contra el gobierno anterior es que no se cumplían los plazos de las obras. En el contrato se establecía que el tramo debía estar terminado en junio de 2017. Como es obvio –y tiene cierta lógica– con el rediseño se le permitió una prórroga en los tiempos de la obra. El nuevo plazo es en abril de 2019.
Parece cantado que no se cumplirá tampoco esa fecha, pero queda claro que las obras del macrismo no sólo no salen un 40 por ciento menos sino que tardan, sea la razón que sea, el doble de lo estipulado. Estaban previstos dos años hasta junio de 2017 y serán 4 años hasta mediados de 2019.
