JERUSALÉN (Uypress) –
01.02.2019
Un informe reservado de la Unión Europea, datado en julio pasado, critica con dureza la ocupación israelí en Cisjordania. El material, al que tuvo acceso el diario El País de Madrid, constata la "sistemática discriminación legal" que sufren los palestinos en Cisjordania. Se trata de un informe confidencial, dirigido a los responsables del Servicio Exterior en Bruselas, al que ha tenido acceso el diario madrileño, y donde los embajadores en Jerusalén Este y Ramala reclaman que Israel reforme la justicia militar para "garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo a la ley internacional".
Los diplomáticos que suscriben el documento representan a Gobiernos que en ocasiones divergen abiertamente sobre el conflicto israelí-palestino, pero que se han puesto de acuerdo en describir el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como "un régimen dual". Aunque no figura en el texto la expresión apartheid legal, su contenido da cuenta de una justicia segregada. "El informe es una cartografía de la situación de los derechos en la denominada Área C, de mandato exclusivo israelí y que cubre el 60% del territorio ocupado, con un conjunto de recomendaciones dirigidas a Bruselas endosadas por todos los jefes de misión", precisa una fuente europea en Jerusalén.
A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de "Judea y Samaria", denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano. Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Según da cuenta el informe publicado en el diario madrileño por Juan Carlos Sanz, hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días. Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los tribunales militares israelíes de 2011, la última disponible.
Este documento reservado de la UE, fechado el pasado 31 de julio y pendiente todavía de ser estudiado en Bruselas, examina "la realidad de una cuasi permanente ocupación".
En Cisjordania, más de 2,5 millones de palestinos se ven "privados de sus derechos civiles básicos" y afrontan "numerosas restricciones a su libertad de movimientos". La economía palestina está sometida, además, a un "sustancial subdesarrollo" desde hace cinco décadas.
Los representantes diplomáticos europeos coinciden en defender la solución de los dos Estados como el mejor camino hacia la paz regional.
En materia de libertades civiles, como libertad de expresión y reunión, o de derechos urbanísticos de construcción, los palestinos también se ven discriminados. Las reuniones de más de 10 personas precisan del permiso del comandante militar, que rara vez se concede. La pena por violar la prohibición se eleva a 10 años de cárcel. "La reunificación familiar, en particular cuando uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad palestina y de un país europeo, también se ve dificultada por las autoridades israelíes", destaca la fuente europea consultada.
"Los palestinos de Cisjordania están sujetos a unos mecanismos [legales] sobre los que no cuentan con ningún derecho de representación", puntualiza el documento confidencial europeo, "ya que los militares israelíes son una entidad exterior que solo responde ante un Gobierno extranjero". En junio del año pasado, cerca de 6.000 palestinos (de los que 350 eran menores de edad, como el emblemático caso de la adolescente Ahed Tamimi), se encontraban internados en cárceles situadas en territorio israelí como "prisioneros de seguridad", así llamados por tratarse de casos de "violencia de origen nacionalista".
El informe de los jefes de misión europeos ante la Autoridad Palestina, basados en Jerusalén y Ramala, es también crítico con el Ejecutivo del presidente Mahmud Abbas, que recibe de la UE ayuda financiera esencial para su supervivencia. La politización del sistema judicial, las detenciones arbitrarias (incluidas las de periodistas), los abusos y torturas en centros de detención y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, entre otras actuaciones del Gobierno palestino, reciben la censura del informe diplomático de la Unión. El rais Abbas no está sometido a control parlamentario y legisla mediante decretos.
