Emergen los síntomas del desaguisado económico que puso en marcha Cambiemos
Tropezar con la misma piedra
Por Santiago Fraschina
10 de febrero de 2019
Nicolás Dujovne avanza con las medidas que exige Christine Lagarde desde el FMI. Imagen: NA
Las consecuencias de lo que vive la Argentina no hay que buscarlas en herencias recibidas ni en tormentas desatadas, sino en el conjunto de la política económica que implementó el macrismo desde que sujetó el timón del país.
Como intentando prescindir de la historia, el neoliberalismo está mostrando su verdadero rostro. Después de tres años de haber asumido el mando del Ejecutivo, las variables y relaciones fundamentales de la macroeconomía se han deteriorado por completo y ya emergen en la superficie los síntomas de desaguisado económico puesto en marcha: ajustes interminables para la población, ganancias exorbitantes para los grupos concentrados, cierres de fábricas con destrucción de empleo de calidad, tasas de interés por las nubes, vuelta al FMI, endeudamiento e inflación descontrolada.
Como intentando prescindir de la historia, el neoliberalismo está mostrando su verdadero rostro. Después de tres años de haber asumido el mando del Ejecutivo, las variables y relaciones fundamentales de la macroeconomía se han deteriorado por completo y ya emergen en la superficie los síntomas de desaguisado económico puesto en marcha: ajustes interminables para la población, ganancias exorbitantes para los grupos concentrados, cierres de fábricas con destrucción de empleo de calidad, tasas de interés por las nubes, vuelta al FMI, endeudamiento e inflación descontrolada.
La situación se ha vuelto tan delicada que hasta el propio mercado internacional le ha dado la espalda al modelo. Se han cerrado las puertas que facilitaban la entrada al financiamiento externo por parte de capitales privados, suceso que acelera la dependencia y la sumisión hacia intereses transnacionales. Mientras tanto, en la ciudadanía florecen sentimientos de angustia y pesimismo sobre el presente y el futuro por el deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías.
Las consecuencias de lo que hoy está viviendo la Argentina no hay que buscarlas en herencias recibidas, ni en tormentas desatadas, sino en el conjunto de la política económica que implementó el macrismo desde que sujetó el timón del país.
La lógica aplicada tomó como cimiento a lo más rancio de la ortodoxia económica y junto con ella, la creencia de que la desregulación traería las soluciones que el país necesitaba. La apertura indiscriminada del comercio exterior, la liberación de las cuentas corriente y de capital, y la desregulación del mercado de cambios, son las principales causas de base de la crisis vigente. A pesar de los deplorables resultados obtenidos, desde el oficialismo se insiste con profundizar la receta, incluso a costa de ceder soberanía, y bajo un “relato” que se hace cada vez más difícil de vender electoralmente.
Una muestra de ello es el (re)acuerdo firmado con el FMI para adelantar fondos que se proyectaba que llegarían en los próximos años. Se elevaron los desembolsos desde 6.000 millones de dólares a 13.400 millones para 2018 y desde 11.400 millones a 22.800 millones para 2019 (además de incrementar el acuerdo total en 7.100 millones). Semejante reconfiguración, hecha desprolijamente y con la premura del caso, es el mero reflejo de la fragilidad externa a la cual han llevado al país. Así también, es indispensable recordar la evaporación, en tan solo unas pocas semanas, de los primeros 15.000 millones de dólares desembolsados por el Fondo. El tamaño de los desbalances externos provocados por la fuga y el déficit comercial hace que el stock aportado por el FMI, a pesar de su considerable volumen, resulte insuficiente para garantizar la estabilidad financiera del país en el corto-mediano plazo. Con el paso del tiempo, resulta más evidente la necesidad de mantener un esquema de controles de flujos de capitales y cambiarios (como los que se habían aplicado durante la gestión anterior).
La renuncia del presidente del BCRA Luis Caputo y su remplazo por Guido Sandleris -con el visto bueno del FMI- fue un indicio de que las decisiones relevantes de política económica comenzaron a tomarse puertas afuera. Es en las oficinas de este organismo que se deciden las pautas que debe seguir el Gobierno para lograr terminar su mandato, sin que detonen prematuramente las bombas que se mantienen en el frente externo. Mientras tanto, desde el Fondo se exige más ajuste, déficit cero y la liquidación de activos que son patrimonio de todos los argentinos (como el FGS en manos de las Anses). Las recetas del Fondo pretenden curar la enfermedad matando al paciente. Las medidas recomendadas no hacen más que profundizar la crisis y situar al país en el ciclo calamitoso de endeudamiento crónico y vulnerabilidad política, social y económica.
Por su parte, el Presupuesto 2019 formaliza las intenciones del Gobierno de descargar el ajuste en la clase trabajadora y complacer a los mercados financieros, intentando garantizar el pago de la deuda por sobre objetivos sociales elementales. Alrededor de 500.000 millones de pesos (o 2,7 por ciento del PIB) serán destinados a partidas que mejoran la vida de las mayorías. El Presupuesto contiene recortes en subsidios a energía y trasporte, obras de infraestructura pública, transferencias a las provincias, educación, salud y vivienda. Además, incluye subas estrepitosas de intereses de la deuda pública, que valuados a un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, superarán los 560.000 millones de pesos (un aumento superior a la inflación interanual que se espera para el año). De ese modo, se operativiza una cuantiosa transferencia de riqueza desde la población al capital financiero y se convalida el ajuste que se vino depositando sobre las espaldas de los estratos medios y bajos de la población desde que asumió el nuevo gobierno.
El alza de precios acumulada anual fue la mayor desde 1991. Estos números implican una pérdida en el ingreso real de más de diez puntos porcentuales para los gremios que lograron las mejores paritarias, y una erosión salarial más evidente para los trabajadores estatales y no registrados. Aunque representa un perjuicio para los trabajadores, la inflación sirvió al Gobierno para cumplir su anhelo de desplomar el salario en dólares de los argentinos, hecho que se exhibe en ámbitos internacionales como un logro y una condición necesaria para atraer inversiones (que aún brillan por su ausencia).
El reacomodo de precios relativos perjudicó claramente a la clase obrera, que vio cómo el resto de los precios de los bienes subían más que sus ingresos. Las tarifas de los servicios públicos suben sin pausa: el gas ha aumentado más de 2.000 por ciento en tres años, mientras se intenta compensar a las empresas gasíferas por la devaluación y se eliminan programas que beneficiaban a los sectores de más bajos ingresos con tarifas diferenciadas. El ahogo económico que está generando la política tarifaria en consumidores y el empresariado pyme (principalmente industriales y comerciales) atenta contra la necesidad de recomponer la demanda agregada y sacar a la economía de la recesión en que la han sumergido. Es menester para salir de la crisis: frenar el cierre de fábricas, recomponer salarios, jubilaciones y puestos de trabajo (en cuatro meses se perdieron 100.000 empleos y resta aún atravesar lo peor del ciclo recesivo). Sin embargo, el Gobierno continúa por el sendero opuesto. La reforma previsional convalidó una poda del poder adquisitivo de las prestaciones sociales.
Una muestra de ello es el (re)acuerdo firmado con el FMI para adelantar fondos que se proyectaba que llegarían en los próximos años. Se elevaron los desembolsos desde 6.000 millones de dólares a 13.400 millones para 2018 y desde 11.400 millones a 22.800 millones para 2019 (además de incrementar el acuerdo total en 7.100 millones). Semejante reconfiguración, hecha desprolijamente y con la premura del caso, es el mero reflejo de la fragilidad externa a la cual han llevado al país. Así también, es indispensable recordar la evaporación, en tan solo unas pocas semanas, de los primeros 15.000 millones de dólares desembolsados por el Fondo. El tamaño de los desbalances externos provocados por la fuga y el déficit comercial hace que el stock aportado por el FMI, a pesar de su considerable volumen, resulte insuficiente para garantizar la estabilidad financiera del país en el corto-mediano plazo. Con el paso del tiempo, resulta más evidente la necesidad de mantener un esquema de controles de flujos de capitales y cambiarios (como los que se habían aplicado durante la gestión anterior).
La renuncia del presidente del BCRA Luis Caputo y su remplazo por Guido Sandleris -con el visto bueno del FMI- fue un indicio de que las decisiones relevantes de política económica comenzaron a tomarse puertas afuera. Es en las oficinas de este organismo que se deciden las pautas que debe seguir el Gobierno para lograr terminar su mandato, sin que detonen prematuramente las bombas que se mantienen en el frente externo. Mientras tanto, desde el Fondo se exige más ajuste, déficit cero y la liquidación de activos que son patrimonio de todos los argentinos (como el FGS en manos de las Anses). Las recetas del Fondo pretenden curar la enfermedad matando al paciente. Las medidas recomendadas no hacen más que profundizar la crisis y situar al país en el ciclo calamitoso de endeudamiento crónico y vulnerabilidad política, social y económica.
Por su parte, el Presupuesto 2019 formaliza las intenciones del Gobierno de descargar el ajuste en la clase trabajadora y complacer a los mercados financieros, intentando garantizar el pago de la deuda por sobre objetivos sociales elementales. Alrededor de 500.000 millones de pesos (o 2,7 por ciento del PIB) serán destinados a partidas que mejoran la vida de las mayorías. El Presupuesto contiene recortes en subsidios a energía y trasporte, obras de infraestructura pública, transferencias a las provincias, educación, salud y vivienda. Además, incluye subas estrepitosas de intereses de la deuda pública, que valuados a un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, superarán los 560.000 millones de pesos (un aumento superior a la inflación interanual que se espera para el año). De ese modo, se operativiza una cuantiosa transferencia de riqueza desde la población al capital financiero y se convalida el ajuste que se vino depositando sobre las espaldas de los estratos medios y bajos de la población desde que asumió el nuevo gobierno.
El alza de precios acumulada anual fue la mayor desde 1991. Estos números implican una pérdida en el ingreso real de más de diez puntos porcentuales para los gremios que lograron las mejores paritarias, y una erosión salarial más evidente para los trabajadores estatales y no registrados. Aunque representa un perjuicio para los trabajadores, la inflación sirvió al Gobierno para cumplir su anhelo de desplomar el salario en dólares de los argentinos, hecho que se exhibe en ámbitos internacionales como un logro y una condición necesaria para atraer inversiones (que aún brillan por su ausencia).
El reacomodo de precios relativos perjudicó claramente a la clase obrera, que vio cómo el resto de los precios de los bienes subían más que sus ingresos. Las tarifas de los servicios públicos suben sin pausa: el gas ha aumentado más de 2.000 por ciento en tres años, mientras se intenta compensar a las empresas gasíferas por la devaluación y se eliminan programas que beneficiaban a los sectores de más bajos ingresos con tarifas diferenciadas. El ahogo económico que está generando la política tarifaria en consumidores y el empresariado pyme (principalmente industriales y comerciales) atenta contra la necesidad de recomponer la demanda agregada y sacar a la economía de la recesión en que la han sumergido. Es menester para salir de la crisis: frenar el cierre de fábricas, recomponer salarios, jubilaciones y puestos de trabajo (en cuatro meses se perdieron 100.000 empleos y resta aún atravesar lo peor del ciclo recesivo). Sin embargo, el Gobierno continúa por el sendero opuesto. La reforma previsional convalidó una poda del poder adquisitivo de las prestaciones sociales.
Y el esfuerzo exigido a la ciudadanía es asimétrico: se le reducen impuestos a los sectores económicos más concentrados, con bajas en derechos de exportación, contribuciones patronales y blanqueos de capitales.
Las marchas y contramarchas de los últimos meses -con el pedido de ayuda al Fondo- no son más que un parche que no solucionan los problemas en que se encuentra la Argentina y que la necesidad más que la convicción ha puesto en agenda.
Si bien el dólar se encuentra más calmo, no se debe soslayar la enorme presión que lo deprime. Las tasas de interés de las Leliq relanzaron la bicicleta financiera, pero a costa de imposibilitar el fondeo de empresas y asfixiar un consumo ya de por sí alicaído. Pero a pesar de los intentos del Gobierno por postergar la crisis, la fragilidad de la economía se refleja en un nivel de riesgo país que sigue muy elevado, ante la atenta mirada de los operadores internacionales que encienden las alarmas por el tamaño que la deuda alcanzaría sobre el PIB. Las altas tasas imposibilitan/dificultan a diversas empresas progresar con los proyectos de Participación Público Privada (PPP), un instrumento que el mismo Gobierno hizo depender la obra pública ante el ajuste que lleva adelante.
En resumidas cuentas, tres años de neoliberalismo han podado el entramado productivo y las condiciones de vida de la mayoría de la población, suprimiendo las mejoras que en años precedentes -de crecimiento y redistribución- se habían alcanzado. Los beneficiarios forman parte de un conglomerado muy reducido, ligado a capitales financieros, sectores que funcionan en entornos de baja o nula competencia y exportadores. No es redundante reforzar la idea una vez más de que la caída de la actividad económica y la regresión en la distribución del ingreso no son un error de la política, sino las consecuencias buscadas de los dirigentes que llevan adelante este proyecto de exclusión y estancamiento de una Argentina para pocos.
* Director de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) e integrante del colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).
Si bien el dólar se encuentra más calmo, no se debe soslayar la enorme presión que lo deprime. Las tasas de interés de las Leliq relanzaron la bicicleta financiera, pero a costa de imposibilitar el fondeo de empresas y asfixiar un consumo ya de por sí alicaído. Pero a pesar de los intentos del Gobierno por postergar la crisis, la fragilidad de la economía se refleja en un nivel de riesgo país que sigue muy elevado, ante la atenta mirada de los operadores internacionales que encienden las alarmas por el tamaño que la deuda alcanzaría sobre el PIB. Las altas tasas imposibilitan/dificultan a diversas empresas progresar con los proyectos de Participación Público Privada (PPP), un instrumento que el mismo Gobierno hizo depender la obra pública ante el ajuste que lleva adelante.
En resumidas cuentas, tres años de neoliberalismo han podado el entramado productivo y las condiciones de vida de la mayoría de la población, suprimiendo las mejoras que en años precedentes -de crecimiento y redistribución- se habían alcanzado. Los beneficiarios forman parte de un conglomerado muy reducido, ligado a capitales financieros, sectores que funcionan en entornos de baja o nula competencia y exportadores. No es redundante reforzar la idea una vez más de que la caída de la actividad económica y la regresión en la distribución del ingreso no son un error de la política, sino las consecuencias buscadas de los dirigentes que llevan adelante este proyecto de exclusión y estancamiento de una Argentina para pocos.
* Director de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) e integrante del colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).
