Por Agustín Fontenla
03 de abril de 2019
Pablo Iglesias cree que los elementos de la “policía política” siguen operando en el Estado español. Imagen: AFP
En julio de 2016, unas semanas después de las elecciones generales de España en las que Podemos se consolidó como tercera fuerza política del país, y se ganó el derecho a decidir la formación del próximo gobierno de España, el portal de “noticias” Okdiario.com publicó unas capturas de pantalla de un teléfono celular de una colaboradora de Pablo Iglesias, que le había sido robado poco tiempo atrás.
La Audiencia Nacional investiga una de las numerosas operaciones que realizó una “policía política” para desprestigiar al partido.
Entonces, la dirección de la formación morada no dudó en interpretar el hecho como parte de una cadena de operaciones políticas realizadas en su contra desde que, en los comicios de diciembre de 2015, la sociedad española había colocado a Podemos en la primera fila de la política nacional.
Casi tres años después de aquella publicación de Okdiario.com, la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre aquel suceso, que hoy ya no aparece aislado sino como una más de las numerosas operaciones sucias que realizó una “policía política”, desarrollada en las sombras de la Dirección Adjunta Operativa (DOA) de la Policía, y que respondía al Ministerio del Interior que comandaba el exministro Jorge Fernández Díaz durante el primer gobierno de Mariano Rajoy.
Aquella operación difundida por Okdiario.com no era la más grave que había sufrido la formación liderada por Pablo Iglesias. En las semanas anteriores se habían publicado informes sin ningún sustento jurídico en el que se acusaba a Podemos de estar financiado ilegalmente por Irán y Venezuela. Sin embargo, la sucesión de operaciones cobraba especial importancia si se atendía al contexto político.
Ya en las elecciones de diciembre de 2015, el Partido Popular (PP) había obtenido la mayor cantidad de votos, pero no los suficientes para formar gobierno, ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos (Cs), una fuerza hermanada ideológicamente. Ante esa imposibilidad del PP, el PSOE, que había sido la segunda fuerza más votada, podía explorar un acuerdo con Podemos o Cs.
“Existía una presión política importante para que Podemos se abstuviera en un gobierno formado por el PSOE y Cs. Más tarde, Pedro Sánchez (el actual presidente del Gobierno de España) reconoció en un programa de televisión que había recibido grandes presiones de empresas y medios de comunicación para que bajo ningún concepto negociara con Podemos”, señala Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos.
En ese contexto, “todos los partidos usaron políticamente esa información (las mentiras sobre la financiación ilegal y otras operaciones), aunque sabían absolutamente que era una operación parapolicial para desprestigiar a Podemos”. Ejemplos de esa utilización sobran. Por aquellos días de enero de 2016, el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, dijo a la prensa: “Podemos es chavista-comunista y es financiado por Venezuela e Irán”.
El PSOE finalmente no pactaría con Podemos, y llegaría a un acuerdo con Cs, aunque el rechazo de la fuerza de Iglesias a abstenerse dejaría frustrado el intento socialista de llegar a La Moncloa. Con el fracaso consumado del PSOE y del PP para formar un gobierno, se realizó un nuevo llamado a elecciones generales para junio de 2016. Los resultados de la consulta electoral fueron muy similares, pero esta vez, el PP logró la abstención del PSOE y formó su Ejecutivo.
Un año después de que el gobierno de Rajoy hubiera logrado apoyo parlamentario para permanecer en La Moncloa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía española detuvo al excomisario José Manuel Villarejo, célebre integrante de la “policía política”, dándole inicio a una enorme investigación judicial que aborda y se vincula con numerosos hechos sensibles y potenciales delitos en la política española. Entre ellos, el robo del teléfono a la colaboradora de Iglesias.
Días atrás, al salir de una declaración ante la Audiencia Nacional para testificar como perjudicado por la “policía política”, Pablo Iglesias señaló que una de las mayores vergüenzas de la democracia española es la “existencia de una trama criminal que vincula a policías, medios de comunicación y grandes empresarios”, en referencia a lo que popularmente se denomina como las “cloacas del Estado”, y en la que “la policía política” es uno de sus elementos centrales.
Según apunta Elizo, “las cloacas es una estructura estable criminal, en términos mafiosos clásicos, que tiene diferentes negocios, como el blanqueo de capitales”. Sin embargo, es probable que su mayor logro haya llegado a través del trabajo sucio de la “policía política”.
“La cloaca afecta la democracia completamente porque ha cambiado las reglas del juego en términos democráticos para mantener una estructura de poder consolidada en los últimos años”, afirma Elizo. La estructura a la que se refiere es el régimen político instaurado tras la dictadura franquista, y que ha garantizado la alternancia en el poder del PP y el PSOE bloqueando el ingreso de otras formaciones al sistema político español.
El domingo pasado, Iglesias dio a entender en una entrevista que “las cloacas” y elementos de la “policía política” continúan operando en el Estado español. Este lunes, el ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, aseguró que desde que estaba en el cargo se adoptaron “medidas claras y contundentes” para desmontar las “cloacas”. La afirmación de Marlaska es parcialmente cierta.
Cinco de los siete altos cargos policiales imputados por su actuación en esa “policía política”, ya no están en la fuerza. Entre los mas conocidos, Eugenio Fino, exdirector de la DOA en el 2016, que deberá responder ante la justicia, aunque se retiró en junio del 2016, fue condecorado y recibe una pensión vitalicia; y José Manuel Villarejo, actualmente procesado por una grabación ilegal, y centro de varias causas en curso en la Justicia española. Sin embargo, existen al menos dos exfuncionarios policiales vinculados a aquella mafia policial que permanecen en la fuerza, a pesar de que el gobierno socialista asegura que ocupan puestos burocráticos.
Aunque los tribunales españoles actúen contra los integrantes de la “policía política”, existen ámbitos que permanecen al margen de cualquier rendición de cuentas por haber impulsado e integrado aquella trama corrupta: la política y los medios de comunicación. Hasta el momento, no han cesado ni dejado la actividad, ni han sido procesadas las autoridades políticas que debían responder por aquella brigada encargada de armar operaciones sucias. Como ejemplo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que exculpado a los ojos del Partido Popular, ha sido nombrado por su presidente, Pablo Casado, como integrante de la dirección actual. En cuanto a los medios de comunicación y los periodistas, Eduardo Inda, director de Okdiario.com, responsable de las publicaciones falsas sobre Podemos, continúa paseándose soberbiamente por las tertulias políticas de Telecinco y La Sexta, canales de Mediaset y Atresmedia, respectivamente, las dos cadenas de TV que concentran la mayor audiencia en España.
Entonces, la dirección de la formación morada no dudó en interpretar el hecho como parte de una cadena de operaciones políticas realizadas en su contra desde que, en los comicios de diciembre de 2015, la sociedad española había colocado a Podemos en la primera fila de la política nacional.
Casi tres años después de aquella publicación de Okdiario.com, la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre aquel suceso, que hoy ya no aparece aislado sino como una más de las numerosas operaciones sucias que realizó una “policía política”, desarrollada en las sombras de la Dirección Adjunta Operativa (DOA) de la Policía, y que respondía al Ministerio del Interior que comandaba el exministro Jorge Fernández Díaz durante el primer gobierno de Mariano Rajoy.
Aquella operación difundida por Okdiario.com no era la más grave que había sufrido la formación liderada por Pablo Iglesias. En las semanas anteriores se habían publicado informes sin ningún sustento jurídico en el que se acusaba a Podemos de estar financiado ilegalmente por Irán y Venezuela. Sin embargo, la sucesión de operaciones cobraba especial importancia si se atendía al contexto político.
Ya en las elecciones de diciembre de 2015, el Partido Popular (PP) había obtenido la mayor cantidad de votos, pero no los suficientes para formar gobierno, ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos (Cs), una fuerza hermanada ideológicamente. Ante esa imposibilidad del PP, el PSOE, que había sido la segunda fuerza más votada, podía explorar un acuerdo con Podemos o Cs.
“Existía una presión política importante para que Podemos se abstuviera en un gobierno formado por el PSOE y Cs. Más tarde, Pedro Sánchez (el actual presidente del Gobierno de España) reconoció en un programa de televisión que había recibido grandes presiones de empresas y medios de comunicación para que bajo ningún concepto negociara con Podemos”, señala Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos.
En ese contexto, “todos los partidos usaron políticamente esa información (las mentiras sobre la financiación ilegal y otras operaciones), aunque sabían absolutamente que era una operación parapolicial para desprestigiar a Podemos”. Ejemplos de esa utilización sobran. Por aquellos días de enero de 2016, el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, dijo a la prensa: “Podemos es chavista-comunista y es financiado por Venezuela e Irán”.
El PSOE finalmente no pactaría con Podemos, y llegaría a un acuerdo con Cs, aunque el rechazo de la fuerza de Iglesias a abstenerse dejaría frustrado el intento socialista de llegar a La Moncloa. Con el fracaso consumado del PSOE y del PP para formar un gobierno, se realizó un nuevo llamado a elecciones generales para junio de 2016. Los resultados de la consulta electoral fueron muy similares, pero esta vez, el PP logró la abstención del PSOE y formó su Ejecutivo.
Un año después de que el gobierno de Rajoy hubiera logrado apoyo parlamentario para permanecer en La Moncloa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía española detuvo al excomisario José Manuel Villarejo, célebre integrante de la “policía política”, dándole inicio a una enorme investigación judicial que aborda y se vincula con numerosos hechos sensibles y potenciales delitos en la política española. Entre ellos, el robo del teléfono a la colaboradora de Iglesias.
Días atrás, al salir de una declaración ante la Audiencia Nacional para testificar como perjudicado por la “policía política”, Pablo Iglesias señaló que una de las mayores vergüenzas de la democracia española es la “existencia de una trama criminal que vincula a policías, medios de comunicación y grandes empresarios”, en referencia a lo que popularmente se denomina como las “cloacas del Estado”, y en la que “la policía política” es uno de sus elementos centrales.
Según apunta Elizo, “las cloacas es una estructura estable criminal, en términos mafiosos clásicos, que tiene diferentes negocios, como el blanqueo de capitales”. Sin embargo, es probable que su mayor logro haya llegado a través del trabajo sucio de la “policía política”.
“La cloaca afecta la democracia completamente porque ha cambiado las reglas del juego en términos democráticos para mantener una estructura de poder consolidada en los últimos años”, afirma Elizo. La estructura a la que se refiere es el régimen político instaurado tras la dictadura franquista, y que ha garantizado la alternancia en el poder del PP y el PSOE bloqueando el ingreso de otras formaciones al sistema político español.
El domingo pasado, Iglesias dio a entender en una entrevista que “las cloacas” y elementos de la “policía política” continúan operando en el Estado español. Este lunes, el ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, aseguró que desde que estaba en el cargo se adoptaron “medidas claras y contundentes” para desmontar las “cloacas”. La afirmación de Marlaska es parcialmente cierta.
Cinco de los siete altos cargos policiales imputados por su actuación en esa “policía política”, ya no están en la fuerza. Entre los mas conocidos, Eugenio Fino, exdirector de la DOA en el 2016, que deberá responder ante la justicia, aunque se retiró en junio del 2016, fue condecorado y recibe una pensión vitalicia; y José Manuel Villarejo, actualmente procesado por una grabación ilegal, y centro de varias causas en curso en la Justicia española. Sin embargo, existen al menos dos exfuncionarios policiales vinculados a aquella mafia policial que permanecen en la fuerza, a pesar de que el gobierno socialista asegura que ocupan puestos burocráticos.
Aunque los tribunales españoles actúen contra los integrantes de la “policía política”, existen ámbitos que permanecen al margen de cualquier rendición de cuentas por haber impulsado e integrado aquella trama corrupta: la política y los medios de comunicación. Hasta el momento, no han cesado ni dejado la actividad, ni han sido procesadas las autoridades políticas que debían responder por aquella brigada encargada de armar operaciones sucias. Como ejemplo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que exculpado a los ojos del Partido Popular, ha sido nombrado por su presidente, Pablo Casado, como integrante de la dirección actual. En cuanto a los medios de comunicación y los periodistas, Eduardo Inda, director de Okdiario.com, responsable de las publicaciones falsas sobre Podemos, continúa paseándose soberbiamente por las tertulias políticas de Telecinco y La Sexta, canales de Mediaset y Atresmedia, respectivamente, las dos cadenas de TV que concentran la mayor audiencia en España.
