La paz en Colombia se complica con la desaparición del exjefe de las FARC
BOGOTÁ (Uypress) -
02.07.2019
Foto El Colombiano
El excomandante de las FARC Jesús Santrich en menos de dos meses salió de la cárcel, asumió su escaño en la Cámara de Representantes y el fin de semana abandonó su programa de seguridad y desapareció.
Consigna El País de Madrid que Seuxis Paucias Hernández Solarte, su verdadero nombre, es reclamado por la justicia de Estados Unidos con la acusación de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país. Su posible fuga hace ahora saltar todas las alarmas y, una vez más, golpea la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos.
Santrich se suma así a los miembros de la antigua dirección del grupo insurgente que se apartaron del camino de reincorporación del grupo insurgente, encabezados por el negociador jefe de las FARC, Iván Márquez, en paradero desconocido desde el pasado mes de agosto.
El partido nacido de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y su máximo dirigente, Rodrigo Londoño, Timochenko, ya tomaron distancias de este último y lo apartaron de facto de la organización. La formación se apresuró a pronunciarse también sobre Santrich mediante un comunicado en el que le piden "reafirmar con su presencia, en los escenarios que le fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del acuerdo de paz".
La FARC recuerda que siempre le ha respaldado y ha defendido su presunción de inocencia ante la acusación de narcotráfico, pero advierte que "si algún militante decide ponerse al margen del proceso o, luego de la entrada en vigencia del acuerdo, asume conductas que lo pongan fuera de la ley, debe asumir sus consecuencias tal y como está redactado en el texto que firmamos con el Estado".
La inquietud política que en las últimas semanas ha generado la figura de Santrich quedó reflejada en la imagen de su estreno hace semanas en el Congreso, donde la organización, según lo pactado en La Habana, cuenta con diez escaños garantizados repartidos entre Cámara y Senado durante dos legislaturas. Decenas de representantes, del Gobierno y también de la oposición, lo recibieron con carteles que le señalaban como elemento perturbador de los acuerdos de paz. Con estas premisas, el propio presidente colombiano, Iván Duque, quien le ha calificado en repetidas ocasiones de "mafioso", aseguró que las autoridades harán respetar el Estado de derecho.
"Ver a una persona con semejantes características, abandonar su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP [Unidad Nacional de Protección], violando los protocolos de seguridad, solo muestra que su deseo es eludir la justicia”, dijo Duque.
En el marco del proceso, más de cien exguerrilleros que firmaron la paz fueron asesinados en Colombia desde 2016. A los incesantes homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país, se suman los de antiguos rebeldes que firmaron la paz.
“Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del acuerdo final y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno”, dijo la dirección de la FARC, tras una reunión de emergencia convocada por su presidente, Rodrigo Londoño, Timochenko.
Al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la paz, el partido ha advertido que el delicado momento que atraviesa la implementación puede desembocar en un nuevo ciclo de violencia.
Timochenko denunció asimismo la estigmatización por parte del Centro Democrático –el partido del presidente Iván Duque y su mentor político, el expresidente y senador Álvaro Uribe–, “que de alguna manera estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos; y que constituye una campaña de persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado”.
Los episodios de muertes violentas de excombatientes se multiplican. Los registros de la FARC cuentan 134 miembros asesinados luego de la firma de los acuerdos de paz –que cobijan a 12.000 exguerrilleros en tránsito a la vida civil–, así como 34 de sus familiares y otros 11 desaparecidos.
Fuente: El País de Madrid
