Por Leonardo González Perafán
5 julio, 2019
5 julio, 2019
Desde la firma del acuerdo de paz (noviembre de 2016) al día de hoy han sido asesinados 614 líderes y defensores del territorio, la paz y los derechos humanos. Estos homicidios se han cometido en el marco de una transición, que dependiendo de la implementación o no del proceso de paz puede generar mayores índices de violencia o por el contrario a una estabilización de la paz en los territorios.
A medida en que se abre la posibilidad de la paz, muchos de los que están en contra que ven sus intereses locales o regionales afectados, toman posiciones radicales y no quieren aceptar que estamos marchando hacia una situación de fin de la confrontación armada y del conflicto. El asesinato selectivo de líderes y defensores del territorio tienen como finalidad especialmente el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de sus territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en las regiones.
El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y reordenamiento de territorios, así como una situación de inestabilidad con muchas causas: el repliegue de las Farc-Ep hacia las zonas de concentración es una de esas situaciones porque se cambian las relaciones locales de poder y se presentan poderes que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales) que se contrasta con una ausencia del Estado en estos territorios. Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
El ataque se ha presentado especialmente a las organizaciones de base que defienden su territorio y la modalidad no ha sido sólo asesinar a sus líderes sino a cualquiera que haga parte de dicha organización o movimiento. En ese sentido actualmente más de 30 organizaciones son perseguidas de manera sistemática por parte de alianzas de característica narcoparamilitar, que tiene intereses de apropiación territorial (para el control de rutas del narcotráfico e implementación de macroproyectos) e intereses políticos (para la frenar el crecimiento que ha tenido los últimos años la oposición). Esta alianza es por supuesto desconocida por el Estado, e incluso deslegitima las luchas de los líderes asesinados dirigiendo las investigaciones a muertes por problemas personales, haciendo cada vez más difícil la garantía de la vida a los líderes y defensores de derechos humanos.
Las amenazas tienen una lógica y un patrón común: hay amenazas en estos momentos en 15 departamentos de Colombia muy graves con panfletos donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones. Esto lo están haciendo por medio de panfletos firmados por unas supuestas organizaciones de autodefensa. Muchos de estos panfletos evidencian claramente que no son auténticos, que no responden a las organizaciones que supuestamente firman y que obedecen a lo que se ha denominado como “fuerzas oscuras”, es decir, todo este aparato que genera una mentalidad contrainsurgente no se ha desactivado. Es una ideología, son redes, son individuos que recurren a estos procedimientos y que se exacerban ahora que se viene una coyuntura electoral de disputa por poderes locales.
Las cifras
El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz señala que durante este periodo se presentaron 614 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De los cuales la gran mayoría pertenecen a organizaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes o a Juntas de Acción Local, organizaciones que se caracterizan por la defensa del territorio, la democracia y el medio ambiente. Así mismo, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, de la cual hacen parte las organizaciones sociales más representativas del país (ONIC, PCN, Cumbre de los Pueblos, Marcha Patriótica, Ríos Vivos, entre otras), registra que hubo más de 460 amenazas individuales o colectivas en contra de sus organizaciones, 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y 5 casos de desaparición forzada en contra de dirigentes locales y regionales.
* Coordinador de proyectos de Indepaz. Profesional en Derecho.
