Por Carlos Heller,
NODAL, 4 julio, 2019
No estaríamos muy alejados de la realidad si afirmáramos que existe un cierto paralelismo entre el aún preliminar “Acuerdo Unión Europea – Mercosur” y el fracasado ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Si bien es casi imposible extrapolar el contexto nacional e internacional a la actualidad, es cierto que muchas de las desventajas para los países sudamericanos que la concreción de ese acuerdo hubiese implicado no difieren de las que ocurrirían en cuanto entren en vigencia las poco conocidas normativas del presente convenio sudamericano con los países de la comunidad europea.
La Unión Europea dio a conocer un documento que, según indica, “sintetiza los resultados de las negociaciones del principio de acuerdo firmado el 28 de junio de 2019”. La poca información brindada en el mismo apenas deja entrever el tratamiento que se otorgaría a cada una de las partes, ya que, si bien aún quedan muchas cuestiones por resolver, las medidas de fondo probablemente no varíen demasiado. El Mercosur no llevaría las de ganar.
Hace más de una década se pretendía caer en el afortunadamente trunco proyecto de libre comercio iniciado con el bloque norteamericano (ALCA), que ahora se intenta resucitar de alguna manera por parte de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. En el acuerdo con la UE se pretende poner en igualdad de condiciones a dos bloques con niveles de desarrollo económico completamente disímiles. Según el informe de la UE, los dos bloques liberalizarían poco más de un 90% de su comercio bilateral de bienes. No obstante, en el caso del ingreso de bienes industriales europeos al Mercosur, se eliminarían desde el comienzo los aranceles correspondientes a “sectores clave” como autos, partes de autos, maquinaria, químicos y medicamentos. Por otro lado, en el capítulo sobre servicios, se establece que, si bien se protege el derecho de las partes a hacer valer sus regulaciones, esto de ninguna manera limitaría la posibilidad de que los miembros de la Unión Europea o del Mercosur provean servicios públicos, asegurando “igualdad de condiciones” entre los proveedores de servicios locales y extranjeros. Adicionalmente, se señala que el acuerdo “facilitaría” el acceso de las empresas europeas a las licitaciones para proyectos de obras públicas. Claramente, esto último dejaría a las empresas sudamericanas en desventaja dada la disparidad en el nivel de desarrollo con las empresas del bloque europeo.
Para las pequeñas y medianas empresas, un segmento que seguramente deberá afrontar la competencia de los grandes proveedores de bienes y servicios europeos, el manifiesto se reduce a asegurar la buena predisposición de las grandes empresas a efectuar un “intercambio de información” con las pequeñas ya que para estas últimas es más complicado obtenerla.
En definitiva, para los países y (los ciudadanos) del bloque sudamericano este aún preliminar intento de “zona de libre comercio” con Europa implicaría un retroceso en la estructura productiva. En nuestro caso iríamos hacia una Argentina reprimarizada en la que, a grandes rasgos, le venderíamos materias primas a las grandes potencias europeas para recibir bienes industriales a cambio. Claro que, a diferencia de lo que ocurría hace casi 200 años, cuando la economía argentina debía sufrir las consecuencias del monopolio inglés, el actual acuerdo tiene además sus aristas propias del contexto actual.
Las fuertes presiones para flexibilizar el mercado laboral en las economías de América del Sur encontrarían el terreno perfecto con el pretexto de hacer más “atractivas” las posibilidades de inversión. También se encuentra latente la pérdida de derechos fundamentales, como los de acceso universal a los servicios públicos, ante la posibilidad de que sean negociados en el mercado como cualquier otro servicio y no como servicios esenciales para el desarrollo económico y social, como debería ser.
Afortunadamente y aunque el presidente Macri lo haya presentado como un gran logro, aún queda mucho por recorrer hasta que este principio de acuerdo pueda hacerse realidad, ya que debe ser aprobado por los Parlamentos de los países miembro. En este sentido, ya comienzan a hacerse oír algunas voces de las autoridades de los países europeos. Tal es el caso de Emmanuel Macron, quien dejó en claro que su país “no está por el momento listo para ratificar” un tratado birregional de tamaña envergadura, cuya negociación dependió exclusivamente de la Comisión Europea.
Queda claro que el gobierno argentino pretende aprovechar al máximo el rédito que el acuerdo Mercosur- UE podría darle en el contexto electoral y es por eso que las primeras reuniones las están realizando con representantes locales, para “generar respaldo” de aquellos grupos de poder más afines.
Las apariencias engañan
Muy lejos de las imágenes de euforia y congratulaciones que emitieron en estos días los funcionarios del gobierno argentino, alegando el supuesto éxito del acuerdo con la Unión Europea, la realidad del ciudadano de a pie no amerita ningún festejo.
La tasa de desocupación superó los dos dígitos (10,1%) luego de doce años, lo que implica que 2 millones de personas se encuentran sin trabajo en Argentina. Pero ése no es el único problema laboral. La tasa de subocupación, es decir, aquellas personas que trabajan entre 1 y 35 horas semanales por causas involuntarias se incrementó en 2 puntos porcentuales. Además, las estadísticas indican un incremento de la precarización laboral, ya que se incrementaron los empleos de asalariados no registrados y de cuentapropistas en detrimento de los puestos de trabajo registrados.
Aquellos que conservan su trabajo, por su parte, vieron caer sus ingresos reales. Algo que viene ocurriendo desde hace varios meses. En los primeros cuatro meses de 2019 ya perdieron un 2,2% de poder adquisitivo, lo que se suma al 11,7% que se contrajo durante 2018.
En materia de crecimiento, los resultados económicos que se esperan fruto de “los esfuerzos”. en palabras de la ahora ex titular del FMI, Christine Lagarde, parecen no haber llegado. Todo lo contrario, según las estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central Argentino, el PIB se achicaría un 1,4% en 2019, una merma incluso mayor a las expectativas que el mismo relevamiento publicaba en enero de este año (caída del 1%).
Estas nada alentadoras proyecciones no hacen más que reflejar lo que ya se registró en el primer trimestre 2019: una caída del 5,8% del PIB explicada principalmente por las bajas en el Consumo Privado (-10,5%) y la Inversión (-24,6%). De hecho, la “tasa de inversión” tocó el valor más bajo desde 2009, comprometiendo así el crecimiento futuro.
Es muy difícil pensar en una Argentina que salga adelante en estas condiciones. Las atractivas imágenes de los funcionarios argentinos celebrando un acuerdo que, más allá de lo que implicaría, aún está en instancias iniciales, no deberían impedirnos ver la realidad local. Una realidad que necesita de otro modelo económico para revertirse, un modelo alternativo que antes que el “libre comercio” priorice el desarrollo inclusivo del país y la protección de su industria y demás sectores productivos locales, en particular pymes y empresas de la economía social y solidaria.
*Presidente Partido Solidario de Argentina. Ex diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires
