Por Raúl Kollmann
8 de julio de 2019
El tratado Unión Europea – Mercosur, ya puesta la firma de los negociadores en el mismo, ingresa en la etapa de “revisión legal”, que en el viejo Continente se avizora turbulenta, pero que en el bloque regional sudamericano todavía no se define, más allá de los tibios reclamos de “dar a conocer lo firmado”, ya que ni siquiera eso se transparentó.
El gobierno de Mauricio Macri pasó de un anuncio eufórico, describiéndolo como “un hecho histórico” entre lágrimas y voz entrecortada de su canciller, a eludir una explicación sobre su contenido esquivando, incluso, una exposición ante el Congreso. De presentarlo como un relanzamiento promisorio de su gestión, el gobierno de Cambiemos parece haber pasado a querer sacarlo de la discusión pública. Sobre todo, cuando se pretende ahondar en sus detalles.
La poca información difundida hasta ahora muestra que el Mercosur cedió toda pretensión en materia de contemplación a sus sectores industriales, al tiempo que cedió a todos los reclamos de apertura de barreras al ingreso de productos importados a su propio mercado. Se sabe, también, que un listado de condiciones que había demandado la Unión Industrial Argentina en los encuentros decisivos de los equipos negociadores del segundo semestre de 2018, fue devuelto sin una sola respuesta positiva. Apenas si se “logró” que, en el caso de algunos sectores específicos, se abriera un termino de tres a diez años para la plena vigencia del arancel cero de importación.
El argumento, al que incluso adhieren algunas cámaras industriales, es que “hay que dar tiempo” a que los sectores manufactureros locales logren condiciones para enfrentar la competencia importada. Como si del otro lado del océano permanecieran estancados hasta que, algún proceso de este tipo, los iguale con sus pares de estas tierras. La perspectiva, en cambio, es que sin un plan de desarrollo ni políticas públicas que sostengan el progreso de la industria en Argentina, las asimetrías actualmente existentes serán cada vez mayores. Y la “competitividad”, apenas una excusa para reducir la participación del trabajo en el reparto de los ingresos.
8 de julio de 2019
El tratado Unión Europea – Mercosur, ya puesta la firma de los negociadores en el mismo, ingresa en la etapa de “revisión legal”, que en el viejo Continente se avizora turbulenta, pero que en el bloque regional sudamericano todavía no se define, más allá de los tibios reclamos de “dar a conocer lo firmado”, ya que ni siquiera eso se transparentó.
El gobierno de Mauricio Macri pasó de un anuncio eufórico, describiéndolo como “un hecho histórico” entre lágrimas y voz entrecortada de su canciller, a eludir una explicación sobre su contenido esquivando, incluso, una exposición ante el Congreso. De presentarlo como un relanzamiento promisorio de su gestión, el gobierno de Cambiemos parece haber pasado a querer sacarlo de la discusión pública. Sobre todo, cuando se pretende ahondar en sus detalles.
La poca información difundida hasta ahora muestra que el Mercosur cedió toda pretensión en materia de contemplación a sus sectores industriales, al tiempo que cedió a todos los reclamos de apertura de barreras al ingreso de productos importados a su propio mercado. Se sabe, también, que un listado de condiciones que había demandado la Unión Industrial Argentina en los encuentros decisivos de los equipos negociadores del segundo semestre de 2018, fue devuelto sin una sola respuesta positiva. Apenas si se “logró” que, en el caso de algunos sectores específicos, se abriera un termino de tres a diez años para la plena vigencia del arancel cero de importación.
El argumento, al que incluso adhieren algunas cámaras industriales, es que “hay que dar tiempo” a que los sectores manufactureros locales logren condiciones para enfrentar la competencia importada. Como si del otro lado del océano permanecieran estancados hasta que, algún proceso de este tipo, los iguale con sus pares de estas tierras. La perspectiva, en cambio, es que sin un plan de desarrollo ni políticas públicas que sostengan el progreso de la industria en Argentina, las asimetrías actualmente existentes serán cada vez mayores. Y la “competitividad”, apenas una excusa para reducir la participación del trabajo en el reparto de los ingresos.
