Un golpe de estado en marcha en Bolivia
Por Sebastián Moro
10 de noviembre de 2019
Imagen: EFE
Desde La Paz.Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una "solución política". La oposición pide la renuncia de Evo Morales y rechaza cualquier salida electoral. Los sindicatos agrarios salieron a las calles del Alto a apoyar al presidente.
La situación en Bolivia evolucionó rápidamente de un acuartelamiento policial en Cochabamba, el viernes, a una suerte de marcha sobre la capital el sábado, con la oposición llamando a la renuncia del presidente Evo Morales. El ejército se pronunció prescindente y pidió una solución política, mientras que finalmente los pobladores del Alto, en La Paz, tomaron las calles, se pronunciaron por Evo y avisaron que van a bloquear la llegada de policías rebeldes y de opositores.
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La mecha se encendió en Cochabamba, donde a las 18 del viernes se amotinó un cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y en las horas sucesivas se levantaron delegaciones policiales de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Oruro. En la tarde del sábado, se sumó la conmoción que causaron los policías encargados de la custodia del Palacio gubernamental, que por un rato abandonaron sus lugares para hacer una asamblea, aunque después volvieron a sus puestos.
El ministro de Defensa Javier Zavaleta aseveró que el levantamiento en Cochabamba era en realidad un acuartelamiento y que estaba prevista la remoción del jefe policial. Los amotinados plantearon motivos sectoriales como la nivelación de sus salarios y jubilaciones a las de las Fuerzas Armadas. También pidieron que se garantice su independencia política y confesaron la insidia generada por el cívico Luis Fernando Camacho respecto a la promesa de “una nivelación al cien por ciento del salario”. En este contexto, en Cochabamba, fueron incendiadas las sedes de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico y del MAS.
Las imágenes de sublevaciones en distintas partes del país, donde se ve claramente cómo los policías agitan consignas respecto al fraude y la renuncia de Morales, entremezclándose y siendo vivados por civiles que incluso van hasta los cuarteles militares a exigirles su “apoyo al pueblo”, dan cuenta del grado político del acuartelamiento policial. Uno de los ejemplos más notorios fue en Tarija, donde el jefe policial vivó ante las cámaras el cántico hit de las protestas: “¡Nadie se rinde!”.
Respecto a las Fuerzas Armadas, Zavaleta aseguró que “el presidente Evo Morales y nuestro Gobierno han dado una orden estricta a que bajo ninguna circunstancia va haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad. Por tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y todo el país es de normalidad”. Y sobre los policías amotinados apuntó a que confía que el comandante nacional, Yuri Calderón, haga “reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado y estamos seguros que la Policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional que es dar resguardo a la ciudadanía”.
Este sábado por la tarde, las Fuerzas Armadas se pronunciaron por primera vez desde que hace 20 días estalló el conflicto, después de las cuestionadas elecciones de septiembre. Lo hicieron para anunciar que "nunca se enfrentarán al pueblo boliviano" y pedir que en el ámbito político se encuentre una solución velando los intereses del país.
“Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”, anunció el comandante de esa institución, Willams Kaliman. El anuncio se hizo en conferencia de prensa junto todo el Alto Mando, compuesto por el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, el Inspector de las FFAA y los comandantes de las tres fuerzas.
El gobierno denuncia, los cívicos avanzan
El viernes por la noche la Cancillería boliviana hizo público un comunicado a la comunidad internacional dando cuenta del golpe de Estado. Este sábado, el presidente Morales, volvió a ser enfático al denunciar el golpe en marcha contra su gobierno, “contra los movimientos sociales y contra los más humildes”. Por eso llamó a una gran movilización pacífica en pos de la democracia y del voto popular y convocó a una mesa de diálogo con las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron asambleístas en las elecciones.
En cuanto a la oposición, quienes concentran por estas horas la atención mediática son los dirigentes de los comités cívicos encabezados por Camacho --de Santa Cruz-- y Marco Pumari --de Potosí--, que continúan incentivando al cerco de La Paz a través de la llegada de grupos de choque desde distintos puntos del país para presionar aún más sobre plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. Camacho volvió a acercar las posiciones con Carlos Mesa y pronunció el mensaje más explícito de golpismo al celebrar los amotinamientos y felicitar a los policías “por estar con su pueblo, ¡Dios los bendiga!” y pedir a los militares que se unan “para cumplir el compromiso con el pueblo”.
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La crisis se prolonga y se profundiza, la fecha máxima --entre el martes y miércoles próximo-- para que la OEA dé las conclusiones de la auditoría de las elecciones parece una eternidad. El propio lunes se avizora como otro atolladero institucional y una vuelta de tuerca sobre la convulsión ante la decisión tomada por opositores al mando de Camacho de entregar formalmente y en conjunto la carta de renuncia a Morales, lo cual elevará aún más las tensiones. La ofensiva de Camacho parece destinada a lograr la salida de Morales antes de que se conozca el resultado de la auditoría de la OEA. Camacho ya rechazó cualquier salida electoral y ni siquiera reconocería el llamado a una segunda vuelta, como propuso la OEA al comienzo de la crisis.
Apenas tres semanas han transcurrido desde la victoria electoral del MAS, pero el gobierno tambalea, la democracia cruje y sólo sobra la incertidumbre. Pero algo está claro respecto a los motines policiales: otro eslabón se ha roto en el camino del golpe de Estado.
Producto de los acuartelamientos, el sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Justamente la CSUTCB convocó a cercar La Paz para que el cívico Camacho abandone en 48 horas la ciudad, medida a la que se plegaron las federaciones vecinales y diversas organizaciones de El Alto. Con el respaldo de los alteños se plantea un escenario de mayor conflictividad, pero que puede ser un factor de alivio para el gobierno boliviano.
