Por Himelda Ascanio
3 diciembre, 2019
3 diciembre, 2019
Según el Informe de Somos Defensores, ¿El Juego Final? [1], denuncia la violencia política aplicada a los liderazgos sociales es sistemática, geoestratégica y goza de plena impunidad, porque nunca se determina quiénes están detrás de los ataques, cuáles son las causas y qué está haciendo el Gobierno.
El informe enfatiza, en “el propósito del Gobierno de Iván Duque de darle un giro a la relación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y limitar su tarea en el país. Modificando el Acuerdo que se firmó con la ONU para borrar cualquier mención a conflicto armado interno y en su lugar hacer referencia solo a una “compleja situación” [2].
El Estado continua su trato de guerra y la estigmatización al movimiento popular; constantemente son intimidados a través de amenazas individuales o colectivas; entre 2010 y el primer semestre del 2019, se registraron 3434 casos, 477 en el primer semestre del 2019.
Amenazar a los Defensores de DDHH es revictimizar
Recientemente el país conoció las amenazas de las que es víctima el abogado Diego Martínez, representante de la familia de excombatiente Dimar Torres; torturado y posteriormente asesinado por miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal, con jurisdicción en el Catatumbo [2].
Las amenazas ocurrieron después que el Consejo Superior de la Judicatura dio vía libre para que un Juzgado de Norte de Santander, decida si el Coronel (r) Jorge Pérez Amézquita, el Cabo Daniel Gómez y los soldados profesionales Cristian Casilimas Pulido, William Alarcón Castrillón y Yeison Buriticá Duarte, serán juzgados por la Justicia Ordinaria o por la Justicia Penal Militar.
Por su parte el Personero del Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, manifestó que desde hace un mes está siendo objeto de amenazas de muerte, después que denunció al Gobierno, por tener conocimiento previo de la presencia de menores de edad en la zona donde un bombardeo de las Fuerzas Militares cobró la vida de 18 menores de edad (4).
El régimen de la impunidad
Según el informe de Somos Defensores los casos de amenazas se encuentran en un 98 por ciento en la impunidad; entre 2017 y 2018 de 1.172 casos de amenazas que investiga la Fiscalía, sólo han hecho tres condenas, 9 imputaciones y 8 juicios. Los principales factores de impunidad obedecen a:
Falta de investigación en contexto y acumulación de expedientes.
Falta de diligencia de actos preliminares investigativos.
Desestimación del contexto de la agresión y la calidad de la víctima.
Fiscales locales sin la preparación adecuada.
En imputación de cargos y condenas sólo se llega al perpetrador y no al determinador.
Cierre masivo de las Fiscalías especializadas en Derechos Humanos.
No existe un sistema de datos públicos que permita conocer el estado de las investigaciones y el carácter de las víctimas.
22.000 indígenas Awá si son víctimas
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, de la JEP, caracterizó al pueblo Awá como víctima del conflicto armado. Reconoció la interrelación, interdependencia e inescindibilidad del Katsa Su con el pueblo indígena Awá, integrado por 32 cabildos indígenas, representados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá (UNIPA) [5]
La Comisión de la Verdad denunció el desplazamiento forzado de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré, Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles, Sur de Córdoba, hechos presentados desde el 12 de noviembre, en los dos últimos meses se han perpetrado dos masacres, producto del recrudecimiento de la violencia.
El mes de enero se intensificaron los asesinatos de líderes y desplazamientos de campesinos. Desde el Brigada 11 del ejército en Montería, Duque informó que para “frenar la guerra a sangre y fuego” conformaba con 4 mil hombres la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba; decisión que ha empeorado las agresiones a indígenas y campesinos [6].
Notas[1-2] Somos Defensores: informe ¿el juego final? [2] Amenazan a abogado de Dimar Torres. [3] Amenazan a personero de Puerto Rico. [4] Antes de bombardeo, personero de Puerto Rico ya había denunciado reclutamiento de menores. [5] Colombia reconoce que más de 20.000 indígenas fueron víctimas del conflicto armado [6] Ejército no está garantizando seguridad a campesinos del sur de Córdoba.
*Analista colombiana. Publicado en Insurrección
