La salida del muy criticado Luis Barranzuela es un alivio para el gobierno
Por Carlos Noriega
4 de noviembre de 2021
Luis Barranzuela, ministro de Interior renunciante.. Imagen: AFP
El funcionario renunciante había sido abogado de traficantes de armas que operaron en la dictadura de Fujimori de la mano de Montesinos, "monje negro" del régimen.
Una fiesta tumbó al ministro del Interior. El titular de esa cartera, Luis Barranzuela, se vio obligado a renunciar luego que se revelara que el domingo 31 de octubre organizó una fiesta en su casa a pesar de una prohibición para hacer reuniones debido a la pandemia. No llegó a cumplir un mes en el cargo.
El funcionario renunciante había sido abogado de traficantes de armas que operaron en la dictadura de Fujimori de la mano de Montesinos, "monje negro" del régimen.
Una fiesta tumbó al ministro del Interior. El titular de esa cartera, Luis Barranzuela, se vio obligado a renunciar luego que se revelara que el domingo 31 de octubre organizó una fiesta en su casa a pesar de una prohibición para hacer reuniones debido a la pandemia. No llegó a cumplir un mes en el cargo.
Abogado y exmayor de la policía, Barranzuela era el ministro más criticado del gabinete. Cuestionado por su pasado como policía y sus clientes como abogado, terminó cayendo por una ruidosa noche de festejos en su casa. La ilegal fiesta de Barranzuela hizo estallar un escándalo que envolvió al gobierno, pero su desenlace le quita un peso de encima al Ejecutivo con la salida de un ministro muy criticado que se había convertido en un problema para el gobierno de Pedro Castillo. Al momento del envío de esta nota no se había designado al nuevo ministro del Interior.
Lavadores y traficantes
Barranzuela estuvo 27 años en la policía, tiempo en el cual acumuló 158 sanciones por abandono de cargo, desobediencia y otras faltas, y solamente pudo ascender hasta el cargo de mayor. Después de dejar la policía trabajó como abogado. Al ser nombrado como ministro tenía entre sus clientes al secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, y otros dirigentes del partido acusados de lavado de activos. Se le cuestionaba un conflicto de intereses al convertirse en jefe de la policía que viene investigando a quienes eran sus recientes clientes como abogado. Barranzuela también fue abogado de traficantes de armas que operaron en la dictadura de Alberto Fujimori de la mano con Vladimiro Montesinos, el llamado “monje negro” del régimen fujimorista. La derecha parlamentaria y los medios explotaron al máximo la cuestionada figura de Barranzuela para atacar al gobierno.
En Perú, el 31 de octubre además de celebrarse Halloween se festeja también el día de la canción criolla. Con el 1 de noviembre feriado, es una tradicional noche de fiestas. En medio de la pandemia del coronavirus -las cifras de contagio y muertes están en su nivel más bajo, pero se teme una tercera ola- el gobierno prohibió todas las reuniones en esa fecha, en locales públicos y casas. Pero Barranzuela, el titular del ministerio que había sacado esa norma, decidió no cumplirla y celebrar igual. Sus vecinos, molestos con la música criolla a todo volumen que salía de la casa del ministro y el concurrido festejo en medio de la prohibición de fiestas que a ellos los obligaba a quedarse en su casa, decidieron denunciar lo que ocurría.
"No es una fiesta"
Alertado, un canal de televisión llegó hasta la casa del ministro. Desde la calle registraron el ruido de la fiesta y grabaron a los invitados que llegaban. Puesto en evidencia, el ministro intentó una defensa inverosímil: “No es una fiesta, es una reunión de trabajo”, atinó a decir. “El Perú no puede parar”, agregó, tratando de darle un giro de sacrificio laboral por el país a lo que era una festiva celebración privada. Esa respuesta hundió más al ministro. La jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, le pidió públicamente explicaciones a Barranzuela. Luego de recibirlas, la primera ministra escribió un Twitt en el que calificaba esas explicaciones, en las que el todavía ministro repitió el argumento de la reunión de trabajo, como “inaceptables”. Vásquez se reunió con Castillo y se decidió la salida del ministro.
Antes de irse, Barranzuela dejó una pesada herencia. En medio del escándalo de la famosa fiesta se publicó una norma, firmada por Barranzuela y el ministro de Defensa, en la que se dispone que las fuerzas armadas salgan a las calles para apoyar a la policía en el combate a la delincuencia. Es una concesión a la derecha que, aunque puede tener un nivel de popularidad en medio de la inseguridad ciudadana, pone en riesgo a la población con esta militarización y está lejos de solucionar el problema de la delincuencia. El gobierno de Castillo debe una explicación por esta medida, y una pronta rectificación.
Confianza
Esta crisis ministerial en el segundo gabinete del presidente Castillo se da en la víspera de que el Congreso, de mayoría opositora, defina este jueves el voto de confianza al gabinete. Si se lo niegan, el gabinete tendría que renunciar. El fujimorismo y otras dos bancadas de ultraderecha, que operan para desestabilizar al gobierno buscando dar un golpe parlamentario, negarían el voto de confianza. Suman 43 votos de 130. El oficialismo no contaría con todos los 37 votos de la bancada de PL luego de que un sector encabezado por su secretario general rompiera con el gobierno después que en octubre fuera destituido de la jefatura del gabinete a Guido Bellido, dirigente del partido y cercano aliado de Cerrón. Se estima que alrededor de una docena de los legisladores de PL no le darían la confianza al gabinete, al que dicen cuestionar por ser “moderado”. Con esta postura terminarían jugando a favor de la extrema derecha que maniobra contra el gobierno. Se consideran votos seguros por la confianza los de más de una veintena de PL, los cinco de la coalición progresista Juntos por el Perú, aliado el gobierno, y nueve de una bancada de centro derecha. Es clave lo que decidan dos bancadas de la llamada derecha moderada -Acción Popular y Alianza para el Progreso- que suman 31 votos. En unos casos han votado con la ultra derecha, en otros se han distanciado del extremismo. Sus voceros habían anunciado que negarían la confianza si Barranzuela se mantenía en el gabinete. La salida del ministro del Interior, que ya venía muy cuestionado antes del escándalo de la fiesta, juega a favor del gabinete para obtener el voto de confianza en el Congreso.
Lavadores y traficantes
Barranzuela estuvo 27 años en la policía, tiempo en el cual acumuló 158 sanciones por abandono de cargo, desobediencia y otras faltas, y solamente pudo ascender hasta el cargo de mayor. Después de dejar la policía trabajó como abogado. Al ser nombrado como ministro tenía entre sus clientes al secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, y otros dirigentes del partido acusados de lavado de activos. Se le cuestionaba un conflicto de intereses al convertirse en jefe de la policía que viene investigando a quienes eran sus recientes clientes como abogado. Barranzuela también fue abogado de traficantes de armas que operaron en la dictadura de Alberto Fujimori de la mano con Vladimiro Montesinos, el llamado “monje negro” del régimen fujimorista. La derecha parlamentaria y los medios explotaron al máximo la cuestionada figura de Barranzuela para atacar al gobierno.
En Perú, el 31 de octubre además de celebrarse Halloween se festeja también el día de la canción criolla. Con el 1 de noviembre feriado, es una tradicional noche de fiestas. En medio de la pandemia del coronavirus -las cifras de contagio y muertes están en su nivel más bajo, pero se teme una tercera ola- el gobierno prohibió todas las reuniones en esa fecha, en locales públicos y casas. Pero Barranzuela, el titular del ministerio que había sacado esa norma, decidió no cumplirla y celebrar igual. Sus vecinos, molestos con la música criolla a todo volumen que salía de la casa del ministro y el concurrido festejo en medio de la prohibición de fiestas que a ellos los obligaba a quedarse en su casa, decidieron denunciar lo que ocurría.
"No es una fiesta"
Alertado, un canal de televisión llegó hasta la casa del ministro. Desde la calle registraron el ruido de la fiesta y grabaron a los invitados que llegaban. Puesto en evidencia, el ministro intentó una defensa inverosímil: “No es una fiesta, es una reunión de trabajo”, atinó a decir. “El Perú no puede parar”, agregó, tratando de darle un giro de sacrificio laboral por el país a lo que era una festiva celebración privada. Esa respuesta hundió más al ministro. La jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, le pidió públicamente explicaciones a Barranzuela. Luego de recibirlas, la primera ministra escribió un Twitt en el que calificaba esas explicaciones, en las que el todavía ministro repitió el argumento de la reunión de trabajo, como “inaceptables”. Vásquez se reunió con Castillo y se decidió la salida del ministro.
Antes de irse, Barranzuela dejó una pesada herencia. En medio del escándalo de la famosa fiesta se publicó una norma, firmada por Barranzuela y el ministro de Defensa, en la que se dispone que las fuerzas armadas salgan a las calles para apoyar a la policía en el combate a la delincuencia. Es una concesión a la derecha que, aunque puede tener un nivel de popularidad en medio de la inseguridad ciudadana, pone en riesgo a la población con esta militarización y está lejos de solucionar el problema de la delincuencia. El gobierno de Castillo debe una explicación por esta medida, y una pronta rectificación.
Confianza
Esta crisis ministerial en el segundo gabinete del presidente Castillo se da en la víspera de que el Congreso, de mayoría opositora, defina este jueves el voto de confianza al gabinete. Si se lo niegan, el gabinete tendría que renunciar. El fujimorismo y otras dos bancadas de ultraderecha, que operan para desestabilizar al gobierno buscando dar un golpe parlamentario, negarían el voto de confianza. Suman 43 votos de 130. El oficialismo no contaría con todos los 37 votos de la bancada de PL luego de que un sector encabezado por su secretario general rompiera con el gobierno después que en octubre fuera destituido de la jefatura del gabinete a Guido Bellido, dirigente del partido y cercano aliado de Cerrón. Se estima que alrededor de una docena de los legisladores de PL no le darían la confianza al gabinete, al que dicen cuestionar por ser “moderado”. Con esta postura terminarían jugando a favor de la extrema derecha que maniobra contra el gobierno. Se consideran votos seguros por la confianza los de más de una veintena de PL, los cinco de la coalición progresista Juntos por el Perú, aliado el gobierno, y nueve de una bancada de centro derecha. Es clave lo que decidan dos bancadas de la llamada derecha moderada -Acción Popular y Alianza para el Progreso- que suman 31 votos. En unos casos han votado con la ultra derecha, en otros se han distanciado del extremismo. Sus voceros habían anunciado que negarían la confianza si Barranzuela se mantenía en el gabinete. La salida del ministro del Interior, que ya venía muy cuestionado antes del escándalo de la fiesta, juega a favor del gabinete para obtener el voto de confianza en el Congreso.
