MONTEVIDEO (Uypress)- 24.04.2024
El periodista argentino Hugo Alconada Mon, afirmó este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, que los uruguayos “no investigan nada el lavado de activos. No entregan información a la Argentina. Le decimos la Suiza de América del Sur, no porque haga chocolates. Es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur”, sin embargo, los expertos aclaran la situación del país con datos, según nota del colega Lucas Elmallian para diario El País.
Los uruguayos, afirmó Alconada Mon se la pasan señalando a los argentinos 'ustedes son corruptos' y hay que decirles 'ustedes uruguayos son unos lavadores'", agregó.
Estos comentarios generaron malestar en autoridades y expertos del sistema de prevención de lavado de activos a nivel local, debido a los esfuerzos que ha realizado el país para mejorar su combate a este delito.
En este sentido, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, afirmó a El País que "somos la Suiza de América -porque se ha dicho con cierta ironía- por nuestra estabilidad jurídica, por ser una democracia plena, por tener una república firme, reglas impositivas claras, la mejor Justicia en independencia en las tres Américas", y agregó que Uruguay es "un país donde no se hace malabarismo con el dólar".
En tanto, el gerente del Área de Control y Fiscalización de la secretaría, Gustavo Misa, dijo que "no da ni para discutir" los dichos del periodista sobre que Uruguay es "la caja de seguridad de toda América del Sur", ya que no hay "ninguna corroboración empírica de lo que dice".
"El sistema (antilavado) de Uruguay es uno de los mejores de la región y cumple con los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por eso pasó una Evaluación Mutua -rondas de evaluación que realiza el organismo a sus países miembro sobre su normativa y la efectividad de sus sistema antilavado-".
Asimismo, respecto a que Uruguay no comparte información, sostuvo que es "inaceptable" y que "no es verdad", ya que Uruguay comparte información con Argentina y con otros países, de acuerdo al sistema de garantías que tiene el país. No obstante, diferenció que para compartir información se debe hacer por los "carriles formales y ajustados a Derecho", que permiten que esto sea de forma "segura" y no por "un pedido de prensa".
Evaluaciones
Argentina aún se encuentra en la cuarta ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que inició el año pasado y ha llevado al país a realizar cambios normativos para evitar caer en la "lista gris" del organismo -lista de países que mantiene un mayor monitoreo por parte del grupo y que ese país ya había entrado en 2009, por deficiencias en su sistema antilavado ante el incumplimiento de 49 de 54 directrices estratégicas de prevención e investigación de lavado, de la que luego logró salir en 2014-, como la creación del Registro de Beneficiarios Finales y modificaciones en la lista de sujetos obligados en materia de prevención de lavado.
En el medio de la evaluación cambiaron sus autoridades, lo que también podría sacudir el proceso, teniendo en cuenta otra de las propuestas del actual presidente argentino, Javier Milei, en materia de blanqueamiento de capitales para ingresar dólares a las reservas estatales. En esta línea, el novel presidente despertó alertas tras sus dichos sobre que "le importa un rábano" de dónde provengan los dólares -según informó La Nación la semana pasada-, que luego tuvieron que salir a explicar otras autoridades argentinas.
En tanto, la última Evaluación Mutua del Gafilat realizada a Uruguay fue en 2019 y tuvo antes de ella dos evaluaciones nacionales de riesgos (2010 y 2017) y una estrategia nacional antilavado para el período 2017-2020, a la que se les suma una actualización nueva, finalizada en 2023, y en base a esta se trabaja en la Estrategia Nacional antilavado, que fijará pasos a seguir junto con las fechas para su realización, de cara a la próxima evaluación del organismo internacional en 2030.
En la evaluación publicada en 2020, dentro de sus hallazgos principales, señalaba que "Uruguay ha sido históricamente considerado como una plaza financiera regional, y recibe importantes fondos e inversiones del exterior", presentando un "riesgo inherentemente alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior".
Respecto a la coordinación y cooperación nacional, la evaluación la reconoció como "sólida", aunque exhortó como acción prioritaria el "promover y fortalecer" el desarrollo de las investigaciones financieras paralelas proactivas, y el incremento de investigaciones que involucren delito determinante de origen doméstico y otros de "riesgo alto", como el delito fiscal doméstico y extranjero.
A su vez, señalaba que Uruguay implementó medidas para impedir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas para el lavado, y ha implementado importantes medidas en materia de identificación del beneficiario final -el Banco Central del Uruguay cuenta con un Registro de Beneficiario Final-.
En cuanto a la cooperación internacional, destacaba que "el enfoque de las autoridades competentes es en general constructivo" y "colaborativo", pero que, "en general, se brinda asistencia internacional a solicitud, y en menor medida de forma espontánea".No obstante, destacaba que respecto al intercambio de inteligencia financiera, el tiempo de respuesta "presenta oportunidades de mejora".
Asimismo, otras de estas acciones prioritarias a realizar por Uruguay se concentraban en fortalecer los recursos y capacidades operativas de las instituciones que integran el sistema antilavado.
Sin embargo, al mirar las calificaciones obtenidas por el país en cuanto a su efectividad (Bajo, Moderado, Sustancial y Alto), en los 11 indicadores fue "Moderado", y respecto al cumplimiento técnico tuvo 39 calificaciones "Cumplida" o "Mayoritariamente Cumplida" y uno "No Aplica", aprobando su evaluación y evitando así caer en la "lista gris" -en la que aún no ha llegado a estar-.
En esta línea, la última actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, presentó recomendaciones en cuanto al aumento de recursos en los organismos que integran el sistema antilavado, análisis sectoriales de riesgo, revisión de normativa y sujetos obligados, entre otros. A su vez, señala que la amenaza más relevante para Uruguay es el narcotráfico -que se ha agravado en la región-.
Opiniones de expertos
Sobre los dichos de Alconada Mon, expertos en prevención de lavado señalaron que "no reconoce" los "esfuerzos" realizados por Uruguay.
En este sentido, el socio en BST Global Consulting, Ricardo Sabella, afirmó que "la verdad que hoy no" se puede decir que Uruguay es el "lavador"de América del Sur, ya que la "atención" que "impone a muchas instituciones financieras, y a otros sectores financieros tiende a mitigar esa posibilidad".
"Aunque el país aún sigue sufriendo el estigma de políticas y negocios que en su momento posibilitaron muchos casos de lavado mediante utilización de sociedades anónimas u otro tipo de estructuras (Safis o con acciones al portador) que eran creadas en Uruguay o en el exterior y vendidas y administradas desde acá. Lamentablemente, en antilavado las ollas que se fueron destapando, venían de años de hervirse", agregó.
Asimismo, destacó en cuanto a resultados, que ambos países "no han sido los mejores" de la región. Si bien no hay una comparativa que se pueda hacer, ya que Argentina está en el proceso de evaluación, señaló que en su informe "a 2017/2021 tenía 58 condenas por lavado, más de un cuarto de ellas no eran ni grandes casos ni de gravedad".
Por su parte, el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, señaló que Uruguay "quiso ser y fue durante tiempo una plaza regional, desde la época dictadura" un "lugar de recepción de fondos y no había mucha preocupación del origen" de estos, pero que al comenzar "el movimiento antilavado en el mundo", el país hizo esfuerzos para desarmar el "esquema" de "paraíso fiscal" -lo que se reconoce en la evaluación de 2019-.
"El esquema aquel que protegía todos los secretos ya no existe", afirmó.
Asimismo, destacó que los delitos tributarios, hasta 2017, no estaban tipificados como delitos precedentes de lavado.
Por otra parte, señaló que hubo un "retroceso" con la Ley de Urgente Consideración (LUC), en cuanto al tope de los montos para el uso de efectivo y la debida diligencia simplificada. Sin embargo, a pesar de estos dos puntos que deberían revisarse, señaló que comparativamente en materia normativa "estamos a nivel internacional".
Además, sostuvo que Uruguay cuenta con fortalezas, con una Justicia "que funciona", pero que faltan recursos en los principales organismos del sistema antilavado "para dar el salto de calidad". A su vez, sostuvo que la "crítica" que se le puede hacer a Uruguay es que es "lento para cooperar", debido a su falta de recursos.
Según Espinosa, "Alconada Mon simplifica, no reconoce el esfuerzo que el país ha hecho", pero "hay que reconocerle que tiene parte de razón", porque no se ha "acompañado el esfuerzo legislativo" con la creación de "organismos fuertes que investiguen y condenen" este delito.
En tanto, afirmó que Uruguay cuenta con "un aparato estatal judicial más cristalino que Argentina", pero que se debe "reconocer" su "argumento" de "no son tan puros como lo dicen".
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
