Balance fiscal del gobierno de Lacalle Pou: detrás del relato oficial, una realidad muy distinta
MONTEVIDEO (Uypress/Martín Vallcorba)
23.10.2024
Más allá de la retórica, el relato y las continuas referencias al "cumplimiento de la regla fiscal", la tozuda realidad se encarga de mostrar con claridad que, a diferencia de lo compromisos asumidos en la pasada campaña electoral, el gobierno de Lacalle Pou no ha mejorado la situación fiscal. Por el contrario, el próximo gobierno asumirá con una situación fiscal y de deuda peor a la que asumió esta administración, con una mayor carga tributaria y un mayor gasto público.
La actual conducción económica hizo una intensa campaña en el año 2019 sosteniendo que estábamos "en una situación de luces rojas sobre las finanzas públicas", con "el déficit fiscal más alto de los últimos treinta años y un crecimiento de la deuda insostenible". Ante esa situación, el "Compromiso por el país" firmado por la coalición oficialista se comprometía a "disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio".[1] Para ello, se repitió insistentemente que se reduciría el gasto en 900 millones de dólares, y hasta se detallaron los rubros en los que dicha reducción operaría.
A pocos días de las elecciones, y poco más de 4 meses de finalizar esta administración, es un buen momento para evaluar los resultados obtenidos por el gobierno en esta materia, resultados que se alejan notoriamente de lo prometido.
Marcado deterioro del resultado fiscal en los últimos dos años, en clave de ciclo electoral
Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondientes a agosto de 2024, volvieron a reflejar el deterioro que ha caracterizado a las cuentas públicas en los últimos meses, en línea con la tendencia que se viene observando desde el segundo semestre del 2022.
Concretamente, el déficit fiscal global del sector público se ubicó en 4,4% del PIB en los doce meses finalizados en agosto,[2] 0,1 puntos porcentuales mayor al cierre de 2019. A su vez, durante este período de gobierno aumentó la denominada "deuda flotante", esto es, los gastos realizados que se encuentran pendientes de pago. Corregido por ese factor, el déficit fiscal actual sería 0,2 puntos porcentuales del PIB mayor que en 2019, tal como se observa en el gráfico 1.
Este mayor déficit fiscal se dio a pesar de que en este período de gobierno, contra lo que se sostiene en el discurso oficial, aumentó la carga tributaria. O sea, los uruguayos estamos pagando una proporción mayor de nuestros ingresos en impuestos y otros tributos. En efecto, como se puede apreciar en el gráfico 2, los ingresos del sector público aumentaron 1,5% del PIB durante este período, aumento que se explicó básicamente por una mayor recaudación tanto de la DGI (0,6%) como del BPS (0,6%).
Por lo tanto, dado que los ingresos del Estado aumentaron, el mayor déficit fiscal observado se explica íntegramente por una expansión muy marcada del gasto público, que se concentró básicamente en los últimos dos años. Este aumento del gasto claramente estuvo asociado al ciclo electoral de la política fiscal actualmente en curso.
En efecto, tal como surge del gráfico 3, en los últimos dos años el gasto aumentó más de 3% del PIB.[3] Respecto a diciembre de 2019 el aumento del gasto fue de 1,1% del PIB.
Esto implica un claro incumplimiento del compromiso con que asumió el gobierno de Lacalle Pou que, como comentamos antes, insistió durante toda la campaña electoral de 2019 en que iba a bajar el gasto público en 900 millones de dólares. La realidad muestra que, lejos de bajar, el gasto aumentó a valores constantes en 925 millones de dólares.
El gráfico 3 muestra claramente cómo fue cambiando la orientación de la política fiscal del gobierno a lo largo del período. Por un lado, sin considerar los gastos COVID, el gasto permaneció relativamente estable en 2020, con un aumento muy leve. Luego, en 2021 y la primera mitad de 2022 --en plena pandemia, con todos los efectos sanitarios, sociales y económicos que generó--, el gobierno procesó un marcado ajuste fiscal, con una reducción del gasto público de aproximadamente 3% del PIB. Este ajuste se basó, esencialmente, en la caída de salarios y jubilaciones lo que, además de injusto, claramente era insostenible. Finalmente, en los últimos dos años, como se comentó antes, se registró un fuerte aumento del gasto, como parte del despliegue del ciclo fiscal electoral. Estas mismas tres etapas se verifican en la evolución del déficit, tal como se aprecia en el gráfico 1.
Los datos oficiales son claros y contundentes: las promesas electorales no se cumplieron y el gobierno fracasó en el cumplimiento de sus objetivos en materia fiscal y de deuda. Además, se verifica una notoria inconsistencia a lo largo de este período de gobierno entre la política monetaria, por un lado, y la política fiscal y de ingresos, por otro, lo que tiene importantes consecuencias negativas sobre la competitividad de la economía, principalmente el llamado "atraso cambiario", otro desequilibrio con que el próximo gobierno asumirá.
Un elemento adicional, que esperemos se resuelva adecuadamente en los últimos meses de esta administración, es la magnitud de la "deuda flotante" que, como se comentó, también aumentó durante este período de gobierno.
La ministra Arbeleche y las luces rojas
A mediados de 2019, cuando el déficit fiscal se ubicaba en los mismos niveles que en la actualidad, y cuando la deuda era 10 puntos del PIB menor que en este momento, la actual ministra de economía Azucena Arbeleche, en plena campaña electoral, alertaba reiteradamente sobre la gravedad de la situación.
Por ejemplo, afirmaba que el dato del resultado fiscal era "una cifra muy mala, que viene empeorando... Hoy estamos en una situación de luces rojas sobre las finanzas públicas. El aumento del déficit fiscal obedeció a un aumento del gasto público. No aumentó el déficit porque la recaudación bajó... Hasta ahora ¿cuál ha sido la causa del deterioro fiscal? El gasto desenfrenado del gobierno".[4]
Si esa era la valoración que hacía la ministra en aquel momento, alertando sobre luces rojas, parecería que hoy debería estar igual o más preocupada por la situación actual. Pero no, no es así. La visión oficial es que, a pesar de que la deuda es mayor y que el déficit es similar --aunque ahora se viene deteriorando de manera muy rápida--, en la actualidad todo parece estar bien.
Los argumentos que se manejan desde el oficialismo se apoyan en la mejora de la calificación de la deuda uruguaya y la baja del riesgo país, sin duda dos buenas noticias para Uruguay, pero que obedecieron más a los cambios ocurridos en el escenario financiero global, con un mayor nivel de deuda y déficit en general en todos los países, que a un cambio en la conducta fiscal del gobierno.
Tanto en aquel momento como ahora, estamos en medio de una campaña electoral, en la que se prioriza la construcción del relato, más allá de la realidad. La diferencia radica que en 2019 se intentaba construir, desde la otrora oposición, un relato para desplazar al Frente Amplio del gobierno, en tanto que ahora se intenta construir el relato contrario, para evitar el desplazamiento del actual gobierno y el triunfo del FA.
En nuestra opinión, ni en 2019 ni en este momento tenemos luces rojas encendidas sobre la situación fiscal. No teníamos ni tenemos urgencias que ameriten un ajuste fiscal, lo cual no significa que, tanto en aquel momento como ahora, nos enfrentamos a una situación fiscal que necesariamente debe ser mejorada. Por este motivo, aun asumiendo que no se aprueba el plebiscito de la seguridad social, la próxima administración asumirá con un espacio de posibilidades presupuestales limitado, que impondrá restricciones y obligará a priorizar.[5]
El próximo gobierno deberá mantener una conducta fiscal responsable, que consolide la estabilidad económica construida como política de Estado luego de la crisis de 2002, aquella crisis que, impactada por la situación que vivía Argentina, fue consecuencia de fallos sustantivos en el marco regulatorio y de supervisión del sistema financiera pero, también, y no se debe olvidar, de la debilidad de una economía afectada por fuertes y persistentes desequilibrios fiscales y monetarios-cambiarios derivados de las políticas económicas aplicadas en los años previos.
En definitiva, el próximo gobierno deberá implementar una política fiscal responsable que, como parte de una política económica comprometida con el crecimiento y la distribución, priorice la atención de las demandas sociales más importantes (pobreza infantil, educación, seguridad, entre otras) según el programa de gobierno que la ciudadanía termine eligiendo el próximo 27 de noviembre.
[1] La evolución del tipo de cambio daría para otra columna entera, por lo que no lo analizaremos en esta nota.
[2] Corregido por el efecto de los "cincuentones". Todas las cifras que se presentan en esta columna están corregidas por este efecto.
[3] Corregido por el gasto COVID, que era un gasto transitorio, y por la variación de la deuda flotante.
[4] teledoce.com/telemundo/economia/el-deficit-fiscal-alcanzo-la-mayor-cifra-en-los-ultimos-30-anos
[5] Espacio presupuestal que se vería absolutamente comprometido en caso de que fuera aprobado el plebiscito sobre la seguridad social.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
