Ajuste a los jubilados, freno a la obra pública y tarifazos. Resultado fiscal primario con saldo positivo en septiembre
Por Mara Pedrazzoli
18 de octubre de 2024
18 de octubre de 2024
El gasto público cayó 25 por ciento en términos reales en septiembre versus igual mes de 2023 y los ingresos cayeron otro 8 por ciento.. Imagen: Alejandro Leiva
En el noveno mes del año las cuentas fiscales cerraron nuevamente con un superávit primarios de 816.447 millones de pesos y retomaron el superávit financiero por la suma de 466.631 millones, este incluye también el pago de interés y amortizaciones por la deuda pública. Según informó el miércoles la Secretaría de Hacienda, el gasto público cayó 25 por ciento en términos reales versus igual mes de 2023 y los ingresos cayeron otro 8 por ciento, confirmando el doloroso proceso de ajuste al que someten a la población.
En el acumulado del año el superávit primario alcanzó 9,6 billones de pesos, un monto equivalente a 1,7 por ciento del PBI, y el resultado financiero fue de 2,4 billones, es decir 0,4 por ciento del PBI. Según el Gobierno este año cerraría con un superávit primario equivalente a 1,5 por ciento del PIB y el próximo lograría un saldo positivo de 1,3 por ciento del PBI y equilibrio en el balance financiero. El verdadero partido se juega en relación al resultado financiero y de allí que el proyecto de Presupuesto 2025 incorpore una serie de “salteos” a la Ley de Administración Financiera que rige el endeudamiento público.
“El superávit fiscal acumulado hasta septiembre se explica en un 31 por ciento por el recorte en jubilaciones y pensiones, 29 por ciento por el freno de la obra pública, 17 por ciento por menos subsidios económicos y 21 por ciento por la mayor recaudación del Impuesto País y de Derechos de exportación”, explicó LCG. Para el Gobierno los jubilados y la clase media se transformaron en casta y la casta en “héroes” que blindan el equilibrio de las cuentas públicas.
En el noveno mes del año las cuentas fiscales cerraron nuevamente con un superávit primarios de 816.447 millones de pesos y retomaron el superávit financiero por la suma de 466.631 millones, este incluye también el pago de interés y amortizaciones por la deuda pública. Según informó el miércoles la Secretaría de Hacienda, el gasto público cayó 25 por ciento en términos reales versus igual mes de 2023 y los ingresos cayeron otro 8 por ciento, confirmando el doloroso proceso de ajuste al que someten a la población.
En el acumulado del año el superávit primario alcanzó 9,6 billones de pesos, un monto equivalente a 1,7 por ciento del PBI, y el resultado financiero fue de 2,4 billones, es decir 0,4 por ciento del PBI. Según el Gobierno este año cerraría con un superávit primario equivalente a 1,5 por ciento del PIB y el próximo lograría un saldo positivo de 1,3 por ciento del PBI y equilibrio en el balance financiero. El verdadero partido se juega en relación al resultado financiero y de allí que el proyecto de Presupuesto 2025 incorpore una serie de “salteos” a la Ley de Administración Financiera que rige el endeudamiento público.
“El superávit fiscal acumulado hasta septiembre se explica en un 31 por ciento por el recorte en jubilaciones y pensiones, 29 por ciento por el freno de la obra pública, 17 por ciento por menos subsidios económicos y 21 por ciento por la mayor recaudación del Impuesto País y de Derechos de exportación”, explicó LCG. Para el Gobierno los jubilados y la clase media se transformaron en casta y la casta en “héroes” que blindan el equilibrio de las cuentas públicas.
Contento con los datos de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó un breve mensaje en la Red X que decía “Cumpliendo con el mandato presidencial”.
El Presupuesto 2025 es el de la “regla fiscal” que busca asegurar que cualquier caída en los ingresos será compensada por un recorte proporcional en el gasto (no automático). Los recortes presupuestados en el gasto público según el proyecto de Ley enviado al Congreso son menos agudos que los realizados en 2024 porque la base de comparación es más baja. Como ejemplo, en septiembre el gasto fiscal cayó 17 puntos más que los ingresos, destaca LCG: 25 por ciento el gasto versus 8 por ciento interanual real los ingresos.
Respecto al gasto, sostuvieron: “Se sostiene el ajuste en prestaciones sociales (cayendo 11 por ciento interanual real), y continúa la disparidad en su interior: el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 11 por ciento interanual real, el que contiene programas sociales como Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar lo hizo al 15 por ciento real, mientras que el gasto en asignaciones familiares creció 9 por ciento, traccionado por el aumento ofrecido a la AUH a principios de año”. En total, un 24 por ciento de la caída del gasto se explicó por el ajuste de prestaciones sociales, estimó la consultora.
En cuanto al gasto operativo, cayó 22 por ciento real contra septiembre de 2023 –integrado por el ajuste de salarios y universidades en torno al 21 por ciento-, lo destinado a subsidios cayó 13 por ciento anual real, mientras que la obra pública y transferencias a las provincias –que cayeron en torno al 72 por ciento real en cada caso- y siguen siendo las partidas más afectadas por el ajuste.
En 2025 impactará mayormente sobre el resultado fiscal la eliminación del Impuesto País (en un monto equivalente a 1,3 por ciento PBI) y la reducción de Bienes Personales tanto por la baja de alícuotas como por los adelantados vía moratoria. En el proyecto enviado al Congreso se advierte que el Gobierno espera compensarlo con la restitución del impuesto a las Ganancias en la categoría de salarios y un aumento en la recaudación vía impuestos a los Combustibles y Derechos de Exportación.
En materia de gasto, como se dijo, si el Presupuesto 2025 se aprueba sin modificaciones entonces el Ejecutivo podrá rollear deuda en condiciones poco favorables (tanto en plazo como tasa), canjear títulos en pesos por otros en dólares y aumentar el límite de endeudamiento de Anses para comprar títulos del Tesoro.
El Presupuesto 2025 es el de la “regla fiscal” que busca asegurar que cualquier caída en los ingresos será compensada por un recorte proporcional en el gasto (no automático). Los recortes presupuestados en el gasto público según el proyecto de Ley enviado al Congreso son menos agudos que los realizados en 2024 porque la base de comparación es más baja. Como ejemplo, en septiembre el gasto fiscal cayó 17 puntos más que los ingresos, destaca LCG: 25 por ciento el gasto versus 8 por ciento interanual real los ingresos.
Respecto al gasto, sostuvieron: “Se sostiene el ajuste en prestaciones sociales (cayendo 11 por ciento interanual real), y continúa la disparidad en su interior: el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 11 por ciento interanual real, el que contiene programas sociales como Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar lo hizo al 15 por ciento real, mientras que el gasto en asignaciones familiares creció 9 por ciento, traccionado por el aumento ofrecido a la AUH a principios de año”. En total, un 24 por ciento de la caída del gasto se explicó por el ajuste de prestaciones sociales, estimó la consultora.
En cuanto al gasto operativo, cayó 22 por ciento real contra septiembre de 2023 –integrado por el ajuste de salarios y universidades en torno al 21 por ciento-, lo destinado a subsidios cayó 13 por ciento anual real, mientras que la obra pública y transferencias a las provincias –que cayeron en torno al 72 por ciento real en cada caso- y siguen siendo las partidas más afectadas por el ajuste.
En 2025 impactará mayormente sobre el resultado fiscal la eliminación del Impuesto País (en un monto equivalente a 1,3 por ciento PBI) y la reducción de Bienes Personales tanto por la baja de alícuotas como por los adelantados vía moratoria. En el proyecto enviado al Congreso se advierte que el Gobierno espera compensarlo con la restitución del impuesto a las Ganancias en la categoría de salarios y un aumento en la recaudación vía impuestos a los Combustibles y Derechos de Exportación.
En materia de gasto, como se dijo, si el Presupuesto 2025 se aprueba sin modificaciones entonces el Ejecutivo podrá rollear deuda en condiciones poco favorables (tanto en plazo como tasa), canjear títulos en pesos por otros en dólares y aumentar el límite de endeudamiento de Anses para comprar títulos del Tesoro.
