La educación que queremos, en el país del veto al pueblo
Por Noelia Naranjo
En 07/10/2024
En 07/10/2024
Más de un millón y medio de personas en todo el país se movilizaron el miércoles 2 de octubre en la que fue la Segunda Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, pidiendo la actualización del presupuesto 2025 y contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 . Fiel a su estilo, después de la multitudinaria marcha, el presidente decretó el veto que ahora será tratado en sesión especial por la Cámara de Diputados y Senadores para anularlo y ratificar el financiamiento o acompañarlo.
El 2 de octubre más de 1.500.000 personas salieron a la calle, una vez más en defensa de la educación pública mostrando un fuerte poder de convocatoria en las calles. Con la bandera «La Universidad no es el problema, es parte de la solución», en las principales ciudades del país como Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán hubo una mayor convocatoria que en abril. Volvió a ponerse en evidencia que la universidad pública y gratuita sigue siendo considerada un bastión de movilidad social ascendente en nuestro país. Según la última Síntesis de Información Estadísticas Universitaria 2022- 2023 hay 61 instituciones universitarias nacionales distribuidas en todas las provincias de Argentina, donde actualmente asisten más de dos millones de estudiantes en busca de un título universitario qué los habilite a tener mejores condiciones de vida. Esto podría explicar que el veto recibió un 68,6% de rechazo (según sondeo de CEOP) de parte de quienes creen que el presidente debe priorizar a la educación pública.
Actores como la Confederación General del Trabajo y las dos Confederación de Trabajadores Argentinas (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) acompañaron la movilización universitaria. Periodistas de diferentes arcos políticos, ex diputados, funcionarios provinciales y también la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron a marchar en defensa de la universidad pública.
Mientras tanto, actores del gobierno como la vicepresidenta Victoria Villarruel, el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, el secretario de Educación de la Nación Carlos Torrendell, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Capital Humano Sandra Petovello buscaron deslegitimar en medios de comunicación, comunicados oficiales y redes sociales a la movilización multitudinaria qué se gestó en el sector universitario.
Carteles con consignas como “La Universidad Pública es la ilusión de todxs” “Calle y futuro son correlativas” “Defender la educación pública es política” “Lo esencial es invisible al presidente” y “Se metieron con la casta equivocada”, fueron parte de la escenografía argentina el 2 de octubre.
Retrocesos y tensiones de un conflicto de larga data
La avanzada del gobierno de Javier Milei contra el Estado y el desprecio por lo público llegó a las Universidades apenas asumió. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso el ajuste de Milei a las universidades nacionales se estima en un 30% en términos reales entre diciembre 2023 y agosto 2024. El 23 de abril, en lo que fue la primera Marcha Federal Universitaria, cerca de dos millones de personas salieron a la calle en todo el territorio argentino, constituyendo un verdadero punto de inflexión en el escenario político argentino, a cuatro meses del inicio de gestión del presidente Javier Milei. Fue una de las marchas más grandes del siglo, con su antecedente reciente en agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri en la antesala del acuerdo histórico con el FMI.
El golpe masivo en la calle hizo que Javier Milei autorizara la actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades ( que representa menos del 10% del presupuesto total de las universidades); dejando sin respuesta al gran problema de las universidades que es la crisis salarial en la que se encuentran sus trabajadoras y trabajadores. Actualmente un Jefe de Trabajos Prácticos con cuarenta horas semanales y cinco años de antigüedad cobra 550.000 pesos y un docente de cargo ayudante de primera (primer escalafón docente) con diez horas semanales y diez años de antigüedad cobra 116.000 pesos. Hoy el 60% de quienes trabajan en la universidad se encuentran bajo la línea de la pobreza. Esto se suma a un presupuesto que obliga a ajustar y asfixia a las universidades en sus diversas funciones tales como investigación, extensión y articulación.
En este contexto de crisis educativa en el mes de agosto diputados del partido de la Unión Cívica Radical presentaron al Congreso el proyecto de ley de Financiamiento a Universidades Nacionales por el cual se declara la emergencia presupuestaria del sistema Universitario Nacional. La, ahora ley aprobada tanto en la cámara de Diputados como de Senadores, propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Respecto de lo salarial esta ley pretende recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. De hacerse efectiva, el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales se aprobó en el mes de agosto en la Cámara de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Y un mes más tarde, lo hizo el Senado, donde obtuvo 57 votos a favor contra sólo 10 en contra y una abstención. Un día después de la aprobación en el Senado tanto el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, como el mismísimo Milei publicaron en la red social X que vetarían la Ley, lo cual ocurrió el pasado miércoles.
Si hay plata: la disputa de la riqueza en las calles para condicionar a las instituciones.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, lo que implica el ajuste de Milei a las universidades es el mismo presupuesto que otorgó por la exención del “Impuesto a los bienes personales” a las elites adineradas del país. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones de pesos.
Los autores Rovelli y Mangas en su trabajo “El financiamiento de las universidades nacionales: evolución, impacto distributivo y ampliación democrática” describen de dónde proviene y cómo se distribuye el financiamiento universitario.
El dinero proviene del Tesoro Nacional, del presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación, de recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realiza cada universidad, de recursos otorgados por el sector público (a través de diferentes programas públicos y en distintos ministerios) y de la “economía o el ahorro” de ejercicios anteriores. ¿Dónde se decide cuánto presupuesto les llega a las universidades? El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Políticas Universitarias o del Ministerio de Educación) y el Congreso Nacional definen los destinos de la educación en materia presupuestaria. Desde el año 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desarrolló un modelo de distribución objetiva para las Universidades dejando atrás un modelo que se basaba en asignaciones históricas qué se configuraban como pisos presupuestarios donde ninguna universidad debía recibir menos fondos que el año anterior.
Datos relevantes para comprender que se trata de una definición política de redireccionar los fondos de educación, ciencia y tecnología hacia los sectores más concentrados del país. Los mismos de siempre, quedándose con los recursos de todas y todos.
Más allá de si prospera o no el veto a la ley de presupuesto universitario 2024; el conflicto educativo y en particular universitario continuará. Con el proyecto de Presupuesto 2025 sobre la mesa, podemos ver como el ajuste brutal a la educación y a la ciencia se profundiza. En concreto, existen tres artículos que golpean a la educación pública de grado: la reducción en más de la mitad de las partidas presupuestarias sugeridas por las universidades -el proyecto de Presupuesto 2025 solo prevé un aumento del 28% para el presupuesto universitario, equivalente a una asignación anual de solo $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $7,2 billones-, el otorgamiento de la facultad al poder Ejecutivo para interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían la información qué se le solicite y la suspensión de la Ley nacional de Educación que garantiza una inversión no menor al 6% del PBI. Mientras se ajusta por este lado, el proyecto de Presupuesto 2025 contempla un incremento del 94% para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), duplicando su presupuesto actual.
Dos horas después de qué las movilizaciones habían llenado las plazas de todo el país el presidente emitió un comunicado oficial donde confirmó el veto de La Ley de Financiamiento y el jueves 3 lo emitió en el Boletín Oficial de la Nación por no contar con “previsión presupuestaria”. El próximo miércoles 9 la Cámara de Diputados tiene la tarea de debatir nuevamente el proyecto de Ley. La aprobación de dos tercios de la cámara permitiría qué pase a la Cámara de senadores para estar cada vez más cerca de ser efectiva. En este escenario aparece también la Corte Suprema de la Nación como otra de las herramientas a las qué podría apelar Javier Milei.
Esta semana será de llamadas, negociaciones y acuerdos de la fracción libertaria con quienes ejercen los cargos legislativos qué tienen la histórica tarea de decidir a favor del derecho a la educación para las generaciones futuras o de los acuerdos con la casta mileista. La red social X va mostrando el rumbo de las negociaciones, como es el caso de Mauricio Macri que al parecer habría cerrado el apoyo al veto. La política de Milei evidencia cada vez más su rasgo elitista y represivo, sumado al contexto de deterioro de las condiciones de vida del pueblo argentino.
El 2 de octubre más de 1.500.000 personas salieron a la calle, una vez más en defensa de la educación pública mostrando un fuerte poder de convocatoria en las calles. Con la bandera «La Universidad no es el problema, es parte de la solución», en las principales ciudades del país como Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán hubo una mayor convocatoria que en abril. Volvió a ponerse en evidencia que la universidad pública y gratuita sigue siendo considerada un bastión de movilidad social ascendente en nuestro país. Según la última Síntesis de Información Estadísticas Universitaria 2022- 2023 hay 61 instituciones universitarias nacionales distribuidas en todas las provincias de Argentina, donde actualmente asisten más de dos millones de estudiantes en busca de un título universitario qué los habilite a tener mejores condiciones de vida. Esto podría explicar que el veto recibió un 68,6% de rechazo (según sondeo de CEOP) de parte de quienes creen que el presidente debe priorizar a la educación pública.
Actores como la Confederación General del Trabajo y las dos Confederación de Trabajadores Argentinas (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) acompañaron la movilización universitaria. Periodistas de diferentes arcos políticos, ex diputados, funcionarios provinciales y también la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron a marchar en defensa de la universidad pública.
Mientras tanto, actores del gobierno como la vicepresidenta Victoria Villarruel, el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, el secretario de Educación de la Nación Carlos Torrendell, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Capital Humano Sandra Petovello buscaron deslegitimar en medios de comunicación, comunicados oficiales y redes sociales a la movilización multitudinaria qué se gestó en el sector universitario.
Carteles con consignas como “La Universidad Pública es la ilusión de todxs” “Calle y futuro son correlativas” “Defender la educación pública es política” “Lo esencial es invisible al presidente” y “Se metieron con la casta equivocada”, fueron parte de la escenografía argentina el 2 de octubre.
Retrocesos y tensiones de un conflicto de larga data
La avanzada del gobierno de Javier Milei contra el Estado y el desprecio por lo público llegó a las Universidades apenas asumió. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso el ajuste de Milei a las universidades nacionales se estima en un 30% en términos reales entre diciembre 2023 y agosto 2024. El 23 de abril, en lo que fue la primera Marcha Federal Universitaria, cerca de dos millones de personas salieron a la calle en todo el territorio argentino, constituyendo un verdadero punto de inflexión en el escenario político argentino, a cuatro meses del inicio de gestión del presidente Javier Milei. Fue una de las marchas más grandes del siglo, con su antecedente reciente en agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri en la antesala del acuerdo histórico con el FMI.
El golpe masivo en la calle hizo que Javier Milei autorizara la actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades ( que representa menos del 10% del presupuesto total de las universidades); dejando sin respuesta al gran problema de las universidades que es la crisis salarial en la que se encuentran sus trabajadoras y trabajadores. Actualmente un Jefe de Trabajos Prácticos con cuarenta horas semanales y cinco años de antigüedad cobra 550.000 pesos y un docente de cargo ayudante de primera (primer escalafón docente) con diez horas semanales y diez años de antigüedad cobra 116.000 pesos. Hoy el 60% de quienes trabajan en la universidad se encuentran bajo la línea de la pobreza. Esto se suma a un presupuesto que obliga a ajustar y asfixia a las universidades en sus diversas funciones tales como investigación, extensión y articulación.
En este contexto de crisis educativa en el mes de agosto diputados del partido de la Unión Cívica Radical presentaron al Congreso el proyecto de ley de Financiamiento a Universidades Nacionales por el cual se declara la emergencia presupuestaria del sistema Universitario Nacional. La, ahora ley aprobada tanto en la cámara de Diputados como de Senadores, propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Respecto de lo salarial esta ley pretende recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. De hacerse efectiva, el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales se aprobó en el mes de agosto en la Cámara de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Y un mes más tarde, lo hizo el Senado, donde obtuvo 57 votos a favor contra sólo 10 en contra y una abstención. Un día después de la aprobación en el Senado tanto el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, como el mismísimo Milei publicaron en la red social X que vetarían la Ley, lo cual ocurrió el pasado miércoles.
Si hay plata: la disputa de la riqueza en las calles para condicionar a las instituciones.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, lo que implica el ajuste de Milei a las universidades es el mismo presupuesto que otorgó por la exención del “Impuesto a los bienes personales” a las elites adineradas del país. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones de pesos.
Los autores Rovelli y Mangas en su trabajo “El financiamiento de las universidades nacionales: evolución, impacto distributivo y ampliación democrática” describen de dónde proviene y cómo se distribuye el financiamiento universitario.
El dinero proviene del Tesoro Nacional, del presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación, de recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realiza cada universidad, de recursos otorgados por el sector público (a través de diferentes programas públicos y en distintos ministerios) y de la “economía o el ahorro” de ejercicios anteriores. ¿Dónde se decide cuánto presupuesto les llega a las universidades? El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Políticas Universitarias o del Ministerio de Educación) y el Congreso Nacional definen los destinos de la educación en materia presupuestaria. Desde el año 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desarrolló un modelo de distribución objetiva para las Universidades dejando atrás un modelo que se basaba en asignaciones históricas qué se configuraban como pisos presupuestarios donde ninguna universidad debía recibir menos fondos que el año anterior.
Datos relevantes para comprender que se trata de una definición política de redireccionar los fondos de educación, ciencia y tecnología hacia los sectores más concentrados del país. Los mismos de siempre, quedándose con los recursos de todas y todos.
Más allá de si prospera o no el veto a la ley de presupuesto universitario 2024; el conflicto educativo y en particular universitario continuará. Con el proyecto de Presupuesto 2025 sobre la mesa, podemos ver como el ajuste brutal a la educación y a la ciencia se profundiza. En concreto, existen tres artículos que golpean a la educación pública de grado: la reducción en más de la mitad de las partidas presupuestarias sugeridas por las universidades -el proyecto de Presupuesto 2025 solo prevé un aumento del 28% para el presupuesto universitario, equivalente a una asignación anual de solo $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $7,2 billones-, el otorgamiento de la facultad al poder Ejecutivo para interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían la información qué se le solicite y la suspensión de la Ley nacional de Educación que garantiza una inversión no menor al 6% del PBI. Mientras se ajusta por este lado, el proyecto de Presupuesto 2025 contempla un incremento del 94% para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), duplicando su presupuesto actual.
Dos horas después de qué las movilizaciones habían llenado las plazas de todo el país el presidente emitió un comunicado oficial donde confirmó el veto de La Ley de Financiamiento y el jueves 3 lo emitió en el Boletín Oficial de la Nación por no contar con “previsión presupuestaria”. El próximo miércoles 9 la Cámara de Diputados tiene la tarea de debatir nuevamente el proyecto de Ley. La aprobación de dos tercios de la cámara permitiría qué pase a la Cámara de senadores para estar cada vez más cerca de ser efectiva. En este escenario aparece también la Corte Suprema de la Nación como otra de las herramientas a las qué podría apelar Javier Milei.
Esta semana será de llamadas, negociaciones y acuerdos de la fracción libertaria con quienes ejercen los cargos legislativos qué tienen la histórica tarea de decidir a favor del derecho a la educación para las generaciones futuras o de los acuerdos con la casta mileista. La red social X va mostrando el rumbo de las negociaciones, como es el caso de Mauricio Macri que al parecer habría cerrado el apoyo al veto. La política de Milei evidencia cada vez más su rasgo elitista y represivo, sumado al contexto de deterioro de las condiciones de vida del pueblo argentino.
Animarse a soñar con la educación que queremos, a pesar de Milei
La defensa de la educación pública en general, y de la universidad nacional en particular, fue un eje aglutinador de las demandas de los diferentes sectores, que se expresó tanto el 23 de abril como el 02 de octubre, en la heterogeneidad que confluyó en la calle.
Hoy a pesar del escenario adverso, debemos poder pensar en un nuevo modelo educativo que nos permita construir la educación que queremos. Cambio de todos los planes de estudio de todas las carreras, con perspectiva feminista, transfeminista, ambientalista, Latinoamérica, y de derechos humanos. Poner la virtualidad y la digitalización de la vida como posibilidad de incluir a todos y todas, con clases híbridas, utilizar la Inteligencia Artificial y herramientas digitales de punta apuntando al acceso libre para toda la comunidad educativa y trabajando para generar las condiciones de accesibilidad.
Profundizar el trabajo de articulación social y compromiso de las Universidades con la comunidad en la que está inserta. Queremos un presupuesto universitario en manos de los y las cientistas, porque queremos desarrollar y promover la investigación para la soberanía científica y tecnológica.
Está en juego, hoy como siempre, el conocimiento y la ciencia; que si no nos libera nos oprime.
*Noelia Naranjo. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública ( UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Secretaria General del Sindicato de Docentes de la UNCUYO . Secretaria de Relaciones Institucionales de CONADU
La defensa de la educación pública en general, y de la universidad nacional en particular, fue un eje aglutinador de las demandas de los diferentes sectores, que se expresó tanto el 23 de abril como el 02 de octubre, en la heterogeneidad que confluyó en la calle.
Hoy a pesar del escenario adverso, debemos poder pensar en un nuevo modelo educativo que nos permita construir la educación que queremos. Cambio de todos los planes de estudio de todas las carreras, con perspectiva feminista, transfeminista, ambientalista, Latinoamérica, y de derechos humanos. Poner la virtualidad y la digitalización de la vida como posibilidad de incluir a todos y todas, con clases híbridas, utilizar la Inteligencia Artificial y herramientas digitales de punta apuntando al acceso libre para toda la comunidad educativa y trabajando para generar las condiciones de accesibilidad.
Profundizar el trabajo de articulación social y compromiso de las Universidades con la comunidad en la que está inserta. Queremos un presupuesto universitario en manos de los y las cientistas, porque queremos desarrollar y promover la investigación para la soberanía científica y tecnológica.
Está en juego, hoy como siempre, el conocimiento y la ciencia; que si no nos libera nos oprime.
*Noelia Naranjo. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública ( UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Secretaria General del Sindicato de Docentes de la UNCUYO . Secretaria de Relaciones Institucionales de CONADU
