Publicado:11 oct 2024
Filial de TD Bank en Nueva York (EE.UU.).SOPA Images Limited / Legion-Media
Las autoridades determinaron que más de 670 millones de dólares fueron transferidos a través del banco por tres redes criminales.
El banco canadiense Toronto-Dominion (TD Bank) admitió su culpabilidad frente a cargos de blanqueo de capitales y deberá pagar unos 3.000 millones de dólares al fisco estadounidense, en multas por no implementar debidamente las leyes antilavado de Estados Unidos.
Según el fiscal general, Merrick B. Garland, el décimo mayor banco con presencia en EE.UU. hizo que sus servicios fuesen "cómodos para los criminales", con lo cual se convirtió a su vez en uno de ellos.
"Hoy, el TD Bank se ha convertido en el mayor banco en la historia de EE.UU. en declararse culpable de incumplimientos del programa de la Ley de Secreto Bancario, y en el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales", comentó el alto funcionario.
Los laxos controles de cumplimiento de las leyes estadounidenses permitieron, conforme a la Justicia, que tres redes criminales transfirieran más de 670 millones de dólares a través de sus cuentas entre 2019 y 2023.
Por su parte, la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusa al TD Bank de no detectar a tiempo las sospechosas actividades de sus propios empleados.
Como ejemplo, se menciona en un comunicado que un empleado del banco facilitó en 2021 el blanqueo de dinero procedente de narcóticos a cambio de sobornos. "El TD Bank sabía que ese tipo de actividad no estaba sujeta a los controles adecuados y no mitigó ese riesgo evidente", reza el comunicado.
El Departamento de Justicia ha imputado a más de dos docenas de personas por esos delitos, incluidos dos empleados de la institución bancaria. El acuerdo de declaración de culpabilidad exige al banco una cooperación continua en las investigaciones en curso contra esos individuos.
Bajo dicho acuerdo, el TD Bank estará sujeto por tres años a un monitoreo independiente, y tomará medidas para corregir y mejorar su programa de cumplimiento de las leyes antiblanqueo.
Organismo de "control" del blanqueo suspende a Colombia tras divulgaciones de Petro sobre Pegasus
Las autoridades determinaron que más de 670 millones de dólares fueron transferidos a través del banco por tres redes criminales.
El banco canadiense Toronto-Dominion (TD Bank) admitió su culpabilidad frente a cargos de blanqueo de capitales y deberá pagar unos 3.000 millones de dólares al fisco estadounidense, en multas por no implementar debidamente las leyes antilavado de Estados Unidos.
Según el fiscal general, Merrick B. Garland, el décimo mayor banco con presencia en EE.UU. hizo que sus servicios fuesen "cómodos para los criminales", con lo cual se convirtió a su vez en uno de ellos.
"Hoy, el TD Bank se ha convertido en el mayor banco en la historia de EE.UU. en declararse culpable de incumplimientos del programa de la Ley de Secreto Bancario, y en el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales", comentó el alto funcionario.
Los laxos controles de cumplimiento de las leyes estadounidenses permitieron, conforme a la Justicia, que tres redes criminales transfirieran más de 670 millones de dólares a través de sus cuentas entre 2019 y 2023.
Por su parte, la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusa al TD Bank de no detectar a tiempo las sospechosas actividades de sus propios empleados.
Como ejemplo, se menciona en un comunicado que un empleado del banco facilitó en 2021 el blanqueo de dinero procedente de narcóticos a cambio de sobornos. "El TD Bank sabía que ese tipo de actividad no estaba sujeta a los controles adecuados y no mitigó ese riesgo evidente", reza el comunicado.
El Departamento de Justicia ha imputado a más de dos docenas de personas por esos delitos, incluidos dos empleados de la institución bancaria. El acuerdo de declaración de culpabilidad exige al banco una cooperación continua en las investigaciones en curso contra esos individuos.
Bajo dicho acuerdo, el TD Bank estará sujeto por tres años a un monitoreo independiente, y tomará medidas para corregir y mejorar su programa de cumplimiento de las leyes antiblanqueo.
Organismo de "control" del blanqueo suspende a Colombia tras divulgaciones de Petro sobre Pegasus
El presidente Gustavo Petro divulgó la compra del 'software' israelí realizada por el gobierno de Iván Duque en 2021 para realizar espionaje ilegal a celulares.
Richard Drew / AP
La organización internacional Egmont Group, que se dedica a investigar y prevenir el blanqueo de dinero y delitos adyacentes como la financiación de terrorismo, comunicó sobre la suspensión del acceso de Colombia a su plataforma, después de que el presidente Gustavo Petro compartiera información confidencial que funcionarios de su Administración obtuvieron del grupo.
"Debido a las recientes acciones en las que se ha visto involucrada la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los directores de la UIAF del Grupo Egmont han confirmado la suspensión del acceso de Colombia a la Red Segura Egmont, utilizada por 177 miembros para intercambiar información relacionada con el blanqueo de capitales", reza el comunicado.
En este sentido, la organización señaló que la "medida de emergencia" permanecerá en vigor mientras se sigue investigando la situación. "El Grupo Egmont continuará su compromiso con la UIAF de Colombia bajo los procedimientos internos actuales para que haya confianza entre los miembros de que su información está totalmente protegida", subrayó.
"Revelamos la verdad"
Comentando sobre la discusión del anuncio de Egmont Group por parte de los medios de comunicación colombianos, Petro aseguró que se trata de una "estrategia para tapar Pegasus".
"Egmont nos sanciona transitoriamente porque revelamos la verdad de Pegasus. Es decir, porque un gobierno compró ilegalmente con lavado de activos Pegasus y con él, interceptó ilegalmente para asesinar jóvenes en el estallido social" de 2021, señaló el mandatario. "No les importan los jóvenes asesinados. Nunca les importaron", agregó en referencia a los medios locales.
La organización internacional Egmont Group, que se dedica a investigar y prevenir el blanqueo de dinero y delitos adyacentes como la financiación de terrorismo, comunicó sobre la suspensión del acceso de Colombia a su plataforma, después de que el presidente Gustavo Petro compartiera información confidencial que funcionarios de su Administración obtuvieron del grupo.
"Debido a las recientes acciones en las que se ha visto involucrada la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los directores de la UIAF del Grupo Egmont han confirmado la suspensión del acceso de Colombia a la Red Segura Egmont, utilizada por 177 miembros para intercambiar información relacionada con el blanqueo de capitales", reza el comunicado.
En este sentido, la organización señaló que la "medida de emergencia" permanecerá en vigor mientras se sigue investigando la situación. "El Grupo Egmont continuará su compromiso con la UIAF de Colombia bajo los procedimientos internos actuales para que haya confianza entre los miembros de que su información está totalmente protegida", subrayó.
"Revelamos la verdad"
Comentando sobre la discusión del anuncio de Egmont Group por parte de los medios de comunicación colombianos, Petro aseguró que se trata de una "estrategia para tapar Pegasus".
"Egmont nos sanciona transitoriamente porque revelamos la verdad de Pegasus. Es decir, porque un gobierno compró ilegalmente con lavado de activos Pegasus y con él, interceptó ilegalmente para asesinar jóvenes en el estallido social" de 2021, señaló el mandatario. "No les importan los jóvenes asesinados. Nunca les importaron", agregó en referencia a los medios locales.
La denuncia de Petro
A principios de este mes, Petro denunció la compra del programa informático israelí Pegasus para realizar espionaje ilegal a celulares por parte del gobierno de Iván Duque (2018-2022) "en medio del estallido social y antes de las campañas" electorales de 2021. De acuerdo con la información obtenida de la UIAF, se trató de una compra por 11 millones de dólares que no habrían sido declarados, gestionada por la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (Dipol) con "la firma israelí NSO Group".
"Un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado", precisó en su momento Petro e instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación sobre la transacción, detallando que tanto él como su familia fueron víctimas de espionaje ilegal por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Duque.
Posteriormente, el ministro de Defensa del país latinoamericano, Iván Velázquez, aseguró que después de "un rastreo minucioso" y "algunas pistas", las autoridades sospechan que la compra del 'software' podría haberse realizado con dinero incautado en operaciones contra el narcotráfico. Tras una investigación los medios Señal Colombia y Revista Raya secundaron esta teoría.
Por su parte, la Dipol negó la semana pasada dicha compra, así como su uso para labores de espionaje e interceptaciones telefónicas contra la familia de Petro, integrantes del Pacto Histórico y magistrados de la Corte Constitucional.
Duque habría comprado con dinero ilícito el software israelí Pegasus para espiar en Colombia
Una investigación de dos medios colombianos indica que la posible adquisición del sistema de espionaje se hizo bajo un presunto esquema de lavado de activos.
Logotipo de la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa de espionaje Pegasus.Amir Levy / Gettyimages.ru
Un reportaje conjunto de los medios Señal Colombia y Revista Raya informó que la adquisición del software espía Pegasus, de origen israelí, la habría hecho el gobierno de Iván Duque (2018-2022) con dineros ilícitos, provenientes del narcotráfico, a través de un esquema de lavado de activos.
La investigación periodística, citada por el medio colombiano El Universal, indicó que la compra, denunciada semanas atrás por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la habría ejecutado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para espiar a la oposición y a manifestantes durante el estallido social de 2021.
La adquisición, sostiene el informe, se efectuó con dinero incautado a organizaciones criminales del narcotráfico en distintos procedimientos de las autoridades de seguridad.
Al respecto, el actual director de la DNI, Jorge Lemus, informó a esos medios que la transacción por el uso de Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group, se llevó a cabo "de manera clandestina" entre junio y septiembre de 2021. La versión del máximo jefe de la inteligencia contradice la expuesta la semana pasada por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que negó la compra del software.
"Ellos sabían que estaban cometiendo un delito, y por eso actuaron de manera encubierta", dijo Lemus, en referencia a los involucrados en la operación irregular. El pago, por 11 millones de dólares, se hizo en efectivo que fue llevado desde Bogotá a Tel Aviv sin ser reportado ante las autoridades fiscales colombianas.
Según el reportaje, la operación secreta involucró a altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, lo que significa que en este caso se habrían cometido diversos delitos.
Posible lavado de activos
Entre los funcionarios supuestamente involucrados se menciona al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retirado Juan Diego Sepúlveda, quienes habrían participado activamente en las negociaciones con la empresa israelí.
Además, según el reportaje, el periodista israelí Gur Megiddo dijo haber recibido información sobre la transacción desde el Banco Hapoalim, en Israel. "Una de las fuentes confirmó que dinero incautado a narcotraficantes fue usado para la compra del software", aseveró el reportero.
La investigación indica que la negociación pudo haber constituido también un delito de lavado de activos. Sobre esto, Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, señaló que "la falta de transparencia en este tipo de transacciones puede generar graves consecuencias legales".
Primera víctima del espionaje
El reportaje reveló que María Fernanda Rangel, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo y candidata a la Contraloría General en 2023, fue la primera víctima confirmada de Pegasus en Colombia.
A esa conclusión se arribó luego de un análisis forense que demostró que el teléfono de Rangel fue infectado con el virus espía.
A ese respecto, el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, anunció que planteará un debate de control político en el Congreso para octubre próximo, con el propósito de buscar respuestas sobre el uso del software y sus posibles impactos en la privacidad de los ciudadanos.
"Es necesario esclarecer cómo se adquirió esta herramienta y bajo qué circunstancias se ha utilizado en Colombia", dijo el parlamentario.
A inicios de septiembre, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre la presunta compra del programa informático israelí, en respuesta a la denuncia presentada por el presidente, Gustavo Petro.
El ente investigador dijo que buscaba "establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales" del software espía.
Un reportaje conjunto de los medios Señal Colombia y Revista Raya informó que la adquisición del software espía Pegasus, de origen israelí, la habría hecho el gobierno de Iván Duque (2018-2022) con dineros ilícitos, provenientes del narcotráfico, a través de un esquema de lavado de activos.
La investigación periodística, citada por el medio colombiano El Universal, indicó que la compra, denunciada semanas atrás por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la habría ejecutado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para espiar a la oposición y a manifestantes durante el estallido social de 2021.
La adquisición, sostiene el informe, se efectuó con dinero incautado a organizaciones criminales del narcotráfico en distintos procedimientos de las autoridades de seguridad.
Al respecto, el actual director de la DNI, Jorge Lemus, informó a esos medios que la transacción por el uso de Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group, se llevó a cabo "de manera clandestina" entre junio y septiembre de 2021. La versión del máximo jefe de la inteligencia contradice la expuesta la semana pasada por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que negó la compra del software.
"Ellos sabían que estaban cometiendo un delito, y por eso actuaron de manera encubierta", dijo Lemus, en referencia a los involucrados en la operación irregular. El pago, por 11 millones de dólares, se hizo en efectivo que fue llevado desde Bogotá a Tel Aviv sin ser reportado ante las autoridades fiscales colombianas.
Según el reportaje, la operación secreta involucró a altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, lo que significa que en este caso se habrían cometido diversos delitos.
Posible lavado de activos
Entre los funcionarios supuestamente involucrados se menciona al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retirado Juan Diego Sepúlveda, quienes habrían participado activamente en las negociaciones con la empresa israelí.
Además, según el reportaje, el periodista israelí Gur Megiddo dijo haber recibido información sobre la transacción desde el Banco Hapoalim, en Israel. "Una de las fuentes confirmó que dinero incautado a narcotraficantes fue usado para la compra del software", aseveró el reportero.
La investigación indica que la negociación pudo haber constituido también un delito de lavado de activos. Sobre esto, Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, señaló que "la falta de transparencia en este tipo de transacciones puede generar graves consecuencias legales".
Primera víctima del espionaje
El reportaje reveló que María Fernanda Rangel, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo y candidata a la Contraloría General en 2023, fue la primera víctima confirmada de Pegasus en Colombia.
A esa conclusión se arribó luego de un análisis forense que demostró que el teléfono de Rangel fue infectado con el virus espía.
A ese respecto, el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, anunció que planteará un debate de control político en el Congreso para octubre próximo, con el propósito de buscar respuestas sobre el uso del software y sus posibles impactos en la privacidad de los ciudadanos.
"Es necesario esclarecer cómo se adquirió esta herramienta y bajo qué circunstancias se ha utilizado en Colombia", dijo el parlamentario.
A inicios de septiembre, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre la presunta compra del programa informático israelí, en respuesta a la denuncia presentada por el presidente, Gustavo Petro.
El ente investigador dijo que buscaba "establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales" del software espía.
RT
