Las cinco mentiras de Milei sobre las universidades. Una por una, desmentidas por el Consejo Interuniversitario Nacional
5 de octubre de 2024
. Imagen: Guadalupe Lombardo
Luego de la multitudinaria marcha contra el veto del Presidente, el Gobierno salió a instalar versiones falsas sobre la cantidad y el origen de los alumnos, el acceso a los fondos, las auditorías y los salarios docentes. “Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”, afirmaron los rectores al refutar cada una de las mentiras.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce de “las mentiras” que promueve el gobierno nacional a través de una permanente campaña de desinformación que tiene como objetivo desacreditar las demandas de los trabajadores del sector y la situación que atraviesa esas casas de estudio.
El pronunciamiento público elaborado por los rectores de todas las universidades nacionales fue difundido a través de las redes sociales y explican uno a uno los argumentos de los que inclusive el presidente Javier Milei se hizo eco durante estos días.
Las "5 mentiras" del Gobierno versus las "5 verdades" de la realidad universitaria
1. “Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”, subraya la declaración.
El texto explica que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben “se actualiza según el último presupuesto consolidado”. Los componentes que se tienen en cuenta son “salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”.
2. "Es falso que los pobres no estén en las universidades”, remarca el punto dos de la desmentida al discurso oficial replicado por los medios de comunicación oficialistas.
Según el CIN, en la actualidad el 48,5 por ciento de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”. Además, “casi siete de cada diez alumnos” proviene de familias que no fueron a la universidad.
3. “Es falso que no se audite lo que las universidades gastan”, prosiguió el escrito de los rectores que dejaron claro que “todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”. Luego explicaron cómo es el sistema de control de gastos.
“Los gastos de las universidades se componen en un 90 por ciento en salarios (registrados) y un 10 por ciento en gastos de funcionamiento”. Es decir de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. De todos esos gastos “se rinden” cuentas, aseguraron.
Las universidades “con las entidades del sector público más controladas y auditadas”, remarca la declaración. El control es tal que “lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la jefatura de Gabinete de la Nación”.
Asimismo, “tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”.
4. “Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”, añadió el pronunciamiento e hizo un breve panorama de la situación que atraviesan los docentes y no docentes.
“Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023” cuando Javier Milei asumió y desató durísima devaluación del 114 por ciento. “La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30 por ciento”, aseguraron.
La realidad es que “los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza” mientras que “el 60 por ciento de las y los no docentes” atraviesa esa misma situación.
5. “Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”, tal como lo quiere hacer creer el Gobierno que una y otra vez acusó a los legisladores que votaron la norma de querer atentan contra su mentado equilibrio fiscal.
La ley votada en el Congreso “representa apenas el 0,14 por ciento” del Producto Bruto Interno (PBI) y es “similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altor recursos”.
“Por otro lado, ese 0,14 por ciento se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, sentenció el documento del CIN.
Luego de la multitudinaria marcha contra el veto del Presidente, el Gobierno salió a instalar versiones falsas sobre la cantidad y el origen de los alumnos, el acceso a los fondos, las auditorías y los salarios docentes. “Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”, afirmaron los rectores al refutar cada una de las mentiras.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce de “las mentiras” que promueve el gobierno nacional a través de una permanente campaña de desinformación que tiene como objetivo desacreditar las demandas de los trabajadores del sector y la situación que atraviesa esas casas de estudio.
El pronunciamiento público elaborado por los rectores de todas las universidades nacionales fue difundido a través de las redes sociales y explican uno a uno los argumentos de los que inclusive el presidente Javier Milei se hizo eco durante estos días.
Las "5 mentiras" del Gobierno versus las "5 verdades" de la realidad universitaria
1. “Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”, subraya la declaración.
El texto explica que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben “se actualiza según el último presupuesto consolidado”. Los componentes que se tienen en cuenta son “salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”.
2. "Es falso que los pobres no estén en las universidades”, remarca el punto dos de la desmentida al discurso oficial replicado por los medios de comunicación oficialistas.
Según el CIN, en la actualidad el 48,5 por ciento de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”. Además, “casi siete de cada diez alumnos” proviene de familias que no fueron a la universidad.
3. “Es falso que no se audite lo que las universidades gastan”, prosiguió el escrito de los rectores que dejaron claro que “todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”. Luego explicaron cómo es el sistema de control de gastos.
“Los gastos de las universidades se componen en un 90 por ciento en salarios (registrados) y un 10 por ciento en gastos de funcionamiento”. Es decir de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. De todos esos gastos “se rinden” cuentas, aseguraron.
Las universidades “con las entidades del sector público más controladas y auditadas”, remarca la declaración. El control es tal que “lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la jefatura de Gabinete de la Nación”.
Asimismo, “tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”.
4. “Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”, añadió el pronunciamiento e hizo un breve panorama de la situación que atraviesan los docentes y no docentes.
“Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023” cuando Javier Milei asumió y desató durísima devaluación del 114 por ciento. “La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30 por ciento”, aseguraron.
La realidad es que “los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza” mientras que “el 60 por ciento de las y los no docentes” atraviesa esa misma situación.
5. “Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”, tal como lo quiere hacer creer el Gobierno que una y otra vez acusó a los legisladores que votaron la norma de querer atentan contra su mentado equilibrio fiscal.
La ley votada en el Congreso “representa apenas el 0,14 por ciento” del Producto Bruto Interno (PBI) y es “similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altor recursos”.
“Por otro lado, ese 0,14 por ciento se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, sentenció el documento del CIN.
