El atentado se produjo entre las 13:30 y las 14:30 de este jueves, cuando el periodista retornaba de una cobertura periodística en la colonia Ko’ë Porä, a unos 45 kilómetros de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Pablo Medina viajaba en su vehículo particular, acompañado de dos personas, una de ellas dirigente campesina, cuando ya a la altura de Itanaramí aparentemente el profesional se detuvo para tomar unas fotografías, momento en que fue interceptado por dos hombres fuertemente armados.
Según datos preliminares, justo en el momento del ataque, la líder campesina que acompañaba al periodista logró realizar una llamada de auxilio desde el teléfono del comunicador. La mujer apenas pudo decir unas cuantas palabras, ya que la línea finalmente se cortó. “Auxilio, auxilio, le dispararon a Pablo”, se oyó poco antes de cortarse la llamada.
Sixto Portillo, quien recibió la llamada, indicó que intentó comunicarse nuevamente pero ya resultó imposible. Inmediatamente, el dirigente se dirigió a la comisaría de Ára Vera, donde dio aviso a los agentes.
Los criminales realizaron varios disparos, que finalmente acabaron con la vida de Pablo Medina, mientras que algunos de los balazos hirieron a una de las acompañantes, quien debió ser trasladada de urgencia.
Luego de perpetrar el crimen, los autores huyeron a pie por unos metros para finalmente abordar una motocicleta con la cual se ocultaron hacia una zona boscosa.
Los últimos datos señalan que en el sitio del hecho se encontraron cinco vainas servidas de calibre 9 mm y de escopeta. La mayoría de los impactos se produjeron en la cara y el pecho del periodista.
Pablo Medina era constantemente amenazado debido a su trabajo de denuncia sobre los masivos cultivos de marihuana en el departamento de Canindeyú. Debido a ello inclusive se había dispuesto una custodia policial, pero ningún agente se encontraba junto a él al momento del ataque.
Tercer periodista asesinado en 2014
El periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en la localidad de Curuguaty, fue acribillado tras ser emboscado cuando viajaba en su vehículo. Este es el tercer comunicador asesinado en 2014.
Medina fue acribillado luego de realizar una cobertura periodística en la tarde de este jueves. El corresponsal de ABC Color recibía constantes amenazas, según informaron colegas del comunicador.
Una acompañante del periodista también fue alcanzada por las balas y falleció minutos después del atentado.
Referentes del departamento de Conindeyú señalaron que narcotraficantes serían los responsables del asesinato.
Medina es el tercer periodista asesinado en Paraguay en lo que va de año. El pasado 19 de junio Edgar Pantaleón Fernández Fleitas, de 43 años, fue hallado muerto en el interior de su casa en la ciudad de Concepción, a unos 300 kilómetros al norte de Asunción, con seis disparos en la cabeza y el cuello, de acuerdo al reporte de la agencia EFE.
Fernández tenía un programa llamado “Ciudad de la Furia” en radio Belén Comunicaciones, donde denunciaba las supuestas corruptelas del Poder Judicial en la ciudad y la región, según Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).
Ortiz atribuyó el asesinato de Fernández a “las denuncias y críticas que hacía a las autoridades sobre casos de mala gestión”.
El pasado 16 de mayo, otro periodista paraguayo, Fausto Gabriel Alcaraz, conocido por sus denuncias contra el narcotráfico, murió por disparos efectuados por dos desconocidos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil.
En abril de 2013 fue asesinado en la misma ciudad Carlos Manuel Artaza de 45 años, que trabajaba para la secretaría de prensa del departamento de Amambay, este de Paraguay.
El Gobierno va perdiendo la batalla contra el crimen – Editorial ABC Color
De varios balazos ayer murió acribillado el corresponsal de nuestro diario en Curuguaty, Pablo Medina, de 53 años. El atentado se produjo en la colonia Itanaramí, distrito de Villa Ygatimí, de Canindeyú, en circunstancias en que el infortunado comunicador social retornaba de la cobertura periodística de un acto de la Federación Nacional Campesina (FNC). Por trágica coincidencia, cabe señalar que en enero del año 2001 también fue asesinado a balazos su hermano, Salvador Medina, periodista de una radio comunitaria de la zona, dominada por el narcotráfico, el rollotráfico y otros delitos.
Aunque en todo tiempo y lugar el asesinato de periodistas que arriesgan sus vidas para cumplir con su cometido de informar verazmente desde el lugar de los hechos acerca de lo que ocurre e interesa a la gente, se ha vuelto lugar común en los titulares de los medios de comunicación, el vil asesinato de nuestro corajudo corresponsal en Curuguaty tiene para nosotros una doble significación. Por una parte, la dolorosa pérdida de un meritorio miembro de la gran familia de ABC Color, a quien recordaremos con admiración y cariño por siempre. Por la otra, una alarmante señal de cuán desprotegida está la sociedad paraguaya ante el desborde de criminalidad que se enseñorea por doquier, sin que las fuerzas del orden de la República reaccionen para poner freno a la inseguridad reinante, tanto en las ciudades como en el campo.
En efecto, el alevoso asesinato de nuestro corresponsal es otra dramática muestra de la crítica situación de incertidumbre y zozobra en que vive la ciudadanía por obra de la mafia, que se ha hecho dueña de la vida y hacienda de la sociedad paraguaya en los últimos tiempos por la deplorable ausencia del Estado, cuya principal razón de ser es, justamente, la de brindar protección a los ciudadanos y a sus bienes. Y como el Presidente de la República es el Jefe del Estado, la persona que ocupa ese cargo es, en última instancia, el responsable de que la sociedad paraguaya viva en estos momentos en permanente angustia existencial. Actualmente, el presidente Horacio Cartes es el primer responsable constitucional de la seguridad de nuestra sociedad, porque para eso la ley le otorga el monopolio de la fuerza pública que tiene bajo su mando.
Sin embargo, para desventura de la sociedad paraguaya, hasta ahora el Primer Mandatario no ha asumido una enérgica intervención directa en el tema de la inseguridad pública, salvo para avalar las justificaciones institucionales de su inoperante ministro del Interior, Francisco de Vargas, y de su igualmente incapaz jefe de Policía, comisario general Francisco Alvarenga. En vez de arremeter contra el crimen organizado y la mafia marihuanera que se valen del EPP, ACA, motochorros, traficantes de cocaína y vendedores ambulantes de crack, para impulsar sus actividades delictivas transnacionales, las autoridades responsables de la seguridad interna del país se pasan ensayando excusas para engañar a la gente, como eso de que la inseguridad es una cuestión de mera “percepción” ciudadana, cuando la verdad es que la gente sufre a diario el duro azote de asaltos callejeros, cuando no de crímenes horrendos como el que acabó con la vida de nuestro infortunado corresponsal.
Precisamente, nuestro compañero de tareas, Pablo Medina, fue un paradigma del ciudadano indefenso que vivía con la psicosis de estar permanentemente en la mira de los criminales y con la resignada fatalidad de que podía morir absurdamente cualquier día, en su casa, o en el camino, como en efecto por desgracia sucedió. Aunque parezca increíble, una de las amenazas provino de una autoridad de la zona, el intendente de Ypehû, Vilmar “Neneco” Acosta.
El Presidente, como máximo responsable de la seguridad interna del país, debe imperiosamente mejorar el combate al crimen que prolifera actualmente a lo largo y ancho del territorio nacional, involucrándose personalmente en la problemática. Porque en última instancia, el resultado de esa guerra va a determinar quién controla realmente las instituciones de la seguridad pública, judiciales y políticas del país; si el Gobierno, o la mafia. Actualmente la población sufre por la acción de los grupos armados EPP y ACA, de los narcotraficantes, de los motochorros, de los asaltantes y ladrones domiciliarios, de quienes roban cajeros automáticos y hasta en escuelas e iglesias.
Hoy nos toca al gremio periodístico llorar la muerte de Pablo Medina, un trabajador responsable y honesto, cuyo pecado fue cumplir con su deber de informar a la sociedad sobre lo que ocurre en su zona a riesgo de sufrir la represalia de delincuentes desalmados que no hesitan en asesinar a quienes se atrevan a investigar sus fechorías. El Gobierno no debe permitir más que el crimen siga triunfando sobre los anhelos de bienestar de nuestro país.
