Los tres grandes países del euro piden un cambio legal rápido para evitar escándalos como el de los pactos secretos de Luxemburgo
- Bruselas utilizará la información filtrada para investigar ‘LuxLeaks’
CLAUDI PÉREZ Bruselas 2 DIC 2014
El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, la primera vicegobernadora del Banco de Francia, Anne de Lorier, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, su homólogo francés, Michel Sapin, el titular francés de Economía, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Sigmar Gabriel, en Berlín el 2 de diciembre / H. H. (REUTERS)
Las ventas de Apple crecen a toda máquina en España pero la declaración de impuestos le sale una y otra vez a devolver al gigante informático, que elige pagar el grueso de la factura en otros países. En Luxemburgo hay un edificio donde se agolpan 3.500 empresas, que han elegido ese inmueble como sede pantalla para beneficiarse de tipos extrabajos en el impuesto de sociedades, inferiores al 1% en algunos casos. Europa ha aplicado varias rondas de austeridad en la periferia mientras miraba hacia otro lado con los acuerdos fiscales agresivos que permiten a Apple y a las 3.500 empresas que usan el buzón luxemburgués pagar muy pocos impuestos de forma perfectamente legal. Pero los grandes países quieren ahora mano dura para evitar ese tipo de ingeniería que drena sus arcas públicas: Alemania, Francia e Italia han enviado una carta conjunta a la UE en la que exigen “acelerar” la lucha contra la planificación fiscal agresiva. Quieren nuevas reglas, y pronto: para finales de 2015.
Ese es el empujón político que faltaba en Bruselas después del último escándalo, que ha obligado a poner sobre la mesa ese debate mil veces postergado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó una ambiciosa agenda al respecto, que incluye la armonización de las bases fiscales del impuesto de sociedades y el intercambio automático de datos fiscales, tras verse acorralado por su destacado papel en el caso Luxleaks. Juncker ocupa un papel estelar en esa historia: fue primer ministro de Luxemburgo durante casi dos décadas, en el periodo en el que se firmaron los 340 pactos secretos con multinacionales que han salido a la luz. Juncker, que en su día se vanagloriaba de lograr esos pactos, se ha visto obligado a dar un viraje de 180 grados y pretende acabar con ese tipo de asuntos al frente de la Comisión.
Ya no tiene excusas: Berlín, París y Roma reclaman “mayor transparencia” y que las empresas respeten “el principio general de imposición efectiva”. En plata: las empresas deberían pagar en torno a un 25% de sus beneficios, pero abonan porcentajes muy inferiores con la firma de acuerdos fiscales agresivos en 24 de los 28 países de la UE. Los expertos llaman a esa práctica “competencia fiscal desleal”, y se consigue por las lagunas que dejan las distintas legislaciones nacionales. Los tres grandes países del euro buscan acabar con esas lagunas para que las multinacionales paguen lo que deben: “El diagnóstico y las soluciones son conocidas, por lo que deberíamos actuar y hacerlo sin retrasos”, según la misiva que firman el alemán Wolfgang Schäuble, el francés Michel Sapin y el italiano Pier Carlo Padoan.
La Comisión analizará esas propuestas y se compromete a responder esta semana a los tres países, explicó ayer un portavoz: “Alemania, Francia e Italia han anunciado medidas adicionales que podrían conducir a una estrategia más amplia contra la planificación fiscal agresiva”. La Eurocámara desconfía: cree queJuncker planteó ese debate como una cortina de humo para distraer tras el estallido del escándalo Luxleaks, que afecta a compañías como Pepsi, Ikea o Deutsche Bank. Los avances nunca acaban de sustanciarse: requieren unanimidad, y el Parlamento Europeo considera que el derecho de veto de los países más agresivos —Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Austria— volverá a dificultar los acuerdos esta vez. “Nuestros ciudadanos y nuestras empresas esperan que acabemos con ese tipo de acuerdos inapropiados que erosionan las bases fiscales”, dice la carta.
