En escasas tres semanas el sistemático e incesante atropello del oficialismo a las normas, procedimientos y valores propios de una democracia precipitó la vertiginosa transición desde la república hacia una forma estatal diferente, que en la ciencia política se conoce bajo el nombre de régimen. Este se caracteriza por su desprecio por la legalidad, el autoritarismo en el ejercicio de las atribuciones presidenciales y la violación de las reglas del juego y de la cultura dialógica propias de la democracia. También por la supeditación de los otros poderes del estado a los designios del poder central y la esterilización de la voluntad popular resultante de la parálisis producida en el funcionamiento del congreso.
ATILIO A. BORON/ Resumen Latinoamericano
Todo esto motivado por un afán incontenible de cancelar algunos de los más importantes logros del kirchnerismo, para lo cual no existen escrúpulos de ningún tipo y se apela a un torrente de decretos de necesidad y urgencia, cuando no existen ni la una ni la otra. O a “aprietes” para destituir a funcionarios que gozan de una designación vitalicia, como la Procuradora General Alejandra Gils Carbó; o cuyo mandato legalmente estipulado todavía no había expirado, como Alejandro Vanoli al frente del Banco Central. O recurrir a monstruosidades jurídicas e institucionales, como la disolución de una agencia del estado como la AFSCA, establecida por una ley del congreso que, además, había sido declarada constitucional por la Corte Suprema.