Puerto Rico denunciará ante la ONU la Ley de Cabotaje impuesta por EE.UU. que obliga a que los barcos que transportan mercancía a la isla sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, lo que, según sus datos, encarece el transporte entre un 25 y un 40 % y lastra la economía local.
EFE –
El Senado de Puerto Rico aprobó hoy impulsar una petición ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reclamar que se ponga fin a la aplicación de esta ley, vigente desde el año 1900.
La legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, Rossana López León, dijo hoy a Efe, poco antes de defender su propuesta ante la Cámara alta, que la denuncia ante la ONU responde a la supuesta violación de los derechos civiles de los puertorriqueños que supone esa norma.
El informe deberá ser enviado ahora al Comité de Descolonización de la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la situación sea considerada como asunto de vital importancia económica y civil para los puertorriqueños.
Con la iniciativa se busca acabar una normativa que le cuesta a Puerto Rico más de 200 millones de dólares anuales, por el hecho de no tener otra alternativa posible al uso de la marina mercante de EE.UU., lo que encarece el conjunto del transporte entre un 25 y un 40 %.
La legisladora denunció que “no hay barcos suficientes para traer a Puerto Rico los alimentos frescos que se necesitan” debido a una “evidente falta de capacidad” de las tres compañías que ofrecen en la actualidad este servicio.
“Se trata de un asunto trascendental para el desarrollo económico de Puerto Rico y que pone en riesgo nuestra vulnerabilidad”, subrayó la legisladora.
Entre las medidas aprobadas hoy también está la de reclamar una exención administrativa a las autoridades de EE.UU. que permita de forma temporal dejar sin efecto la Ley de Cabotaje y poner en marcha una comisión conjunta entre la Legislativa local y el Congreso estadounidense para estudiar el final definitivo de la normativa.
Además, se ha acordado que el Departamento de Justicia de Puerto Rico evalúe la puesta en marcha de medidas ante los tribunales federales de EE.UU. por considerar que la Ley de Cabotaje supone una restricción al desarrollo económico de la isla.
La lista de medidas incluye también que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) local establezca un tope de beneficio a las navieras que realizan el transporte de mercancías entre EE.UU. y Puerto Rico, por entender que imponen tarifas demasiado elevadas gracias a su condición de oligopolio.
Otra de las sugerencias aprobadas es la de hacer frente común ante Washington con los territorios estadounidenses de Hawai, Alaska y Guam, que también están sometidos a la Ley de Cabotaje.
La legisladora resaltó que hay otro problema quizá todavía más importante que el económico y es que estar en manos de unas pocas compañías estadounidenses pone en peligro el suministro de mercancía a la isla.
“Con este sistema sólo hay provisión de alimentos perecederos para una semana en Puerto Rico”, dijo López, después de asegurar que el transporte de mercancía de Puerto Rico descansa en “una de las marinas más caras del mundo”, a lo que hay que sumar su falta de modernidad y eficacia.
A todo ello se suma que más del 90 % de la mercancía que llega a Puerto Rico tiene como origen el Puerto de Jacksonville (Florida), una región que puede sufrir huracanes, al igual que Puerto Rico, lo que incrementa el riesgo de corte de suministro.
La Ley de Cabotaje se aplica en Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica, la Ley Foraker, y dispuso que el cabotaje entre la isla y EE.UU. sería regulado conforme con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo.
