A cuatro meses de iniciar investigaciones, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informaron que el gobierno federal aún no responde a 47% de las diligencias que han solicitado, entre las que se encuentran lasentrevistas con miembros del 27 Batallón del Ejército instalado en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
Hasta el momento no han tenido una negativa oficial sobre un encuentro con miembros del Ejército, pero sólo les informan que las autoridades siguen valorando la posibilidad, pero lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “señala con preocupación el retraso de esta decisión”.
Aunque los sobrevivientes del ataque señalan la participación de miembros del Ejército, los expertos buscarán esa información con otras personas pues, “la solidez de nuestras informaciones no se ven dañadas, porque hay otras fuentes de información”, dijo Francisco Cox, uno de los integrantes del grupo.
En conferencia de prensa informaron que, hasta el momento, 40 detenidos presuntamente relacionados con la desaparición de los estudiantes denunciaron que fueron torturados durante la detención, el traslado y en la estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por lo que los jueces deben tomarlo en cuenta para la investigación.
Como parte de las investigaciones con los detenidos, el GIEI entrevistó a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la última semana de mayo, pero los expertos evitaron dar a conocer detalles de las conversaciones.
Otro de los avances, dijo Ángela Buitrago, es que la procuradora Arely Gómez aceptó tener un encuentro con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Aunque no hay una fecha concreta, es una buena noticia que se restablezca el diálogo con la titular de la PGR, afirmó la experta.
El grupo reveló, además, que Julio César Mondragón, el estudiante cuyo cuerpo apareció desollado horas después del ataque contra normalistas, fue torturado antes de fallecer.
“En la autopsia, en las evidencias científicas señalan que hay lesiones pre mórtem que son de tortura, obviamente. No hay otra explicación que causen las graves fracturas craneales que tenía o que cause el hematoma al pulmón”, dijo Carlos Beristain, uno de los expertos.
Sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, los expertos señalaron que los estudiantes no “planificaron previamente” la visita al centro de Iguala, pues solo habían acordado salir a botear para obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre. “La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”, informaron los expertos.
Investigación dispersa
Hasta el momento, el gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR), solo ha respondido a 30% de las solicitudes de información de manera completa y 24% de forma parcial.
Además, la fragmentación de las evidencias también dificulta la investigación, toda vez que los expedientes y las evidencias se encuentran en distintas partes del país; sumado a que elementos de las escenas ni siquiera han sido resguardados, como es el caso de los autobuses comerciales en los que viajaban los estudiantes, que fueron reparados y continúan operando en las empresas de transporte, dijo Carlos Beristain.
Tras el señalamiento de los expertos sobre la dispersión de expedientes, la procuradora Arely Gómez se comprometió a recibirlos para que el GIEI “colabore con sus criterios en la valoración y tipificaciones de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos en Tamaulipas, Morelos y Guerrero.
El grupo informó que durante el mes pasado se hicieron diversas diligencias en los establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero.
También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría.
