Sucursal del banco HSBC en Londres, Reino Unido. / Efe
Un individuo con un maletín lleno de billetes entra en una oficina de la zona financiera de Madrid. Se acerca a la ventanilla y le susurra al banquero que le gustaría ingresarlo en algún paraíso fiscal. ¿Adivina la siguiente escena?
Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es la mejor forma de tratar ese dinero”. Así lo asegura sin ninguna duda, nada menos que José María Peláez, expresidente de la Asociación de Inspectores Fiscales de la Agencia Tributaria española.En España, como en la mayoría de los países occidentales, rigen leyes antiblanqueo de capitales que obligan a los bancos (y a otros sectores como abogados, agentes de seguros, marchantes de arte, etc.) a que, ante clientes u operaciones sospechosos, apliquen una serie de medidas de control. En casos como el descrito deben identificar al sujeto, verificar su empleo, sus ingresos, los bienes en propiedad que pueda tener y rastrear el origen del dinero. Si algo no cuadra están obligados a comunicarlo a las autoridades. En el caso español, al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Estas exigencias se han endurecido tras el estallido de la crisis financiera y han obligado a los bancos a incrementar hasta un 53% su presupuesto en la prevención del blanqueo, según un informe sobre el tema elaborado por la consultora KPMG. Una burocracia que no ha resultado demasiado efectiva. Porque la crisis ha dejado en segundo plano la lucha contra el blanqueo. Hasta tal punto llegó esa dejadez que la Autoridad Financiera Británica (FSA) lanzó en 2011 un duro informe en el que detallaba los principales agujeros del sistema financiero y acusaba a la banca de facilitar en exceso la labor de blanqueo. “Los bancos británicos ningunean las normas de lavado de dinero”, llegó a decir.
En cambio en España, en 2013, Banco Santander reforzó su unidad de prevención de blanqueo creando un gran departamento y fichando a Gabriel Panizo, exjefe de Servicio Ejecutivo del Sepblac.
Son las contradicciones de la situación actual. “Es cierto que cada vez hay más legislación y más controles. Pero como falta voluntad real para acabar con el blanqueo al final todo es hacer ruido, pero no se acompaña de una política de penas adecuada”, comenta José María Mollinedo, presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha.
Aunque las condenas de años anteriores a entidades financieras por estas prácticas, las denuncias van en aumento. En 2013, el Sepblac recibió 4.025 denuncias por operaciones sospechosas en España, lo que supone un incremento del 31,6%.
Multas a los bancos por blanqueo (cifras en millones de euros). / Elaboración: Pilar Blázquez
El pasado verano veíamos cómo la Audiencia Nacional confirmaba una multa de 1,2 millones de euros a Bankinter por no esforzarse lo suficiente en frenar el blanqueo a través de sus oficinas de Gran Canaria. Se une a la que el Ministerio de Economía español impuso, en abril, al Espíritu Santo de 1,1 millones de euros por dos infracciones “muy graves” del deber de comunicación. El banco danés Jykse Bank, con sucursal en Gibraltar; el británico HSBC (2,1 millones), CajaSur, Novacaixa Galicia, e incluso la aseguradora Mapfre han sido otros de los condenados en España (por vía administrativa en la mayoría de los casos) por no aplicar adecuadamente los procedimientos de blanqueo.
Fuera de nuestras fronteras, EE UU y Reino Unido son los países que más ruido han hecho en materia de sanciones. En pleno mes de agosto, EE UU multó con 225 millones de euros al británico Standard Chartered. Una minucia comparado con la multa que recibió en 2013, el HSBC. Nada menos que 1.379 millones de euros por no identificar adecuadamente a personas de alto riesgo y sujetos políticamente expuestos (las personas con cargos políticos son uno de los principales objetivos de control de las políticas de blanqueo). Además, el HSBC tuvo que reconocer que había facilitado el lavado a los cárteles de la droga de México y Colombia. Pero el récord lo tiene el suizo Credit Suisse, que fue multado el pasado mes de mayo con 1.824 millones de euros por ayudar a miles de ciudadanos a evadir impuestos. Hasta ahora esta ha sido la multa más alta de historia por este concepto.
También EE UU lideró la presión contra la banca suiza hasta que obligó al país helvético a romper su sacrosanto secreto bancario. En Europa tampoco han faltado ejemplos. El Coutts&Co, el banco privado que gestiona la fortuna de la reina Isabel II, de Inglaterra, tuvo que pagar 10,4 millones de euros en 2012. Los cajeros bancarios del Vaticano fueron bloqueados durante días en enero de 2013 ante la negativa de las empresas de pagos electrónicos a trabajar sin las medidas antiblanqueo más básicas.
Estas multas pueden parecer escandalosas, pero que nadie se engañe. Apenas son un gota en el océano del blanqueo. Aunque es imposible saber con exactitud las cuantías que se mueven en este sucio negocio, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (Gafi) ha difundido, en alguna ocasión, que cada año se blanquea en el planeta alrededor del 7% del PIB mundial (unos 4 billones de euros).
Más grave aún es que esas multas sirvan para esquivar sanciones penales. Es lo que la banca anglosajona ha bautizado como too big to jail (bancos demasiado grandes para ir la cárcel), en paralelo con el famoso too big to fail (demasiado grandes para caer), que se implantó tras la quiebra de Lehman Brothers.
En definitiva, sanciones que pueden hacer un roto a la cuentas del banco durante un año y a su imagen pública, pero que no cambian ni un ápice el engranaje de la operativa de blanqueo mundial donde los bancos son una pieza clave. Las nuevas tecnologías, una complicada gestión de la información y el abrigo de la opacidad informativa que ofrecen los paraísos fiscales permiten que las conductas que describe el inspector Peláez no sean casos aislados.
Hay dos figuras bancarias clave para burlar los costosos sistemas de blanqueo implantados en entidades financieras: la banca de corresponsales y los bancos pantalla. Ambos se sustentan en la complejidad del sistema informático internacional y las reglas con las que se intercomunican todas las entidades financieras del planeta, casi ininteligibles para los legos en la materia.
Para evitar que el dinero ande de paseo físico entre un banco y otro, el sistema financiero ha diseñado una metodología de trabajo que lo simplifica. Pongamos un ejemplo. Banco E (español) recibe a clientes británicos que quieren enviar en total 15.000 euros a su país al Banco GB y en éste hay españoles ordenando transferencias al Banco E por 10.000 euros. A lo largo del día se hacen las anotaciones pertinentes y al final de la jornada se liquida el saldo. El banco español le tiene que dar al británico 5.000 euros.
El problema, como lleva años advirtiendo el Sepblac, es que para intercambiar la información de esas operaciones, se ha establecido una especie de jerga informática que simplifica codificando la descripción. Es lo que se conoce como código SWIFT (parecido al IBAN con el que ahora se identifican las cuentas de las personas físicas), que recoge en 11 caracteres la identidad del banco, del país emisor y la sucursal en la que está abierta la cuenta. “De esta forma, información que es básica para la lucha contra el blanqueo de capitales como la identidad de los clientes y otros muchos datos desaparecen. Esto, unido al sistema de liquidación diaria hace que, en muchos casos, sea imposible seguir el rastro de las operaciones de blanqueo”, asegura José María Peláez.
Ya en 2007 un informe publicado por el Sepblac aconsejaba modificar esta metodología. Siete años después sigue vigente para alegría de los interesados en lavar dinero negro.
La siguiente herramienta legal que los blanqueadores utilizan en su beneficio es la banca de corresponsales. La incapacidad de las entidades financieras para estar presente en todos los países del mundo propició la creación de esta figura. Se trata de personas que representan a los bancos y que pueden moverse a cualquier país para atender a sus clientes más potentados.
Si alguien está interesado en llevar dinero a un paraíso fiscal, solo tiene que ponerse en contacto con el banco que le interese en ese país. Éste le enviará un corresponsal a recoger su dinero en su propia casa, quien le dará un recibo privado por haberlo entregado en efectivo. Desde ese momento, la identidad del dueño real del dinero desaparece. El corresponsal puede ir a cualquier banco español e ingresar el efectivo. “Aunque es una persona física, representa a una identidad jurídica (al banco del paraíso fiscal). Así que la entidad española lo único que tiene que hacer es registrar ese dinero a nombre del banco extranjero directamente. Es una gestión de banco a banco que nos permite saltarnos con toda impunidad los controles antiblanqueo”, explica el jefe de los Inspectores de Hacienda.
El viaje de vuelta, es decir, que el usuario pueda disponer cuando quiera de su dinero localizado en el paraíso fiscal, se diseña a gusto del consumidor. Se puede montar una sociedad holding en Holanda, abrir cuentas en Suiza, o diseñar un fondo de inversión específico. Para pequeñas cuantías el producto estrella es la “tarjeta innominada”. Se denominan así a unas tarjetas de pago (con la misma apariencia que las de crédito) pero sin titular físico. Identifican al banco que las emite y sirven para hacer la operación inversa. Es decir, que el cliente pueda sacar dinero de cualquier cajero español sin necesidad de identificarse porque la operación también es de banco a banco y también permite eludir los controles.
Otra fórmula para recuperarlo son los llamados “préstamos de regreso”. De nuevo, el ejemplo es la mejor forma para explicarlo. Banco A Ltd, con sede en Isla de Man, ha recibido ese dinero. Acuerda con Banco B, con sede en Londres, que debe dar un préstamo al cliente por la cuantía del dinero blanqueado. La garantía que se pone para verificar la operación es el dinero depositado en Isla de Man (aunque esto no queda reflejado en ningún sitio). Oficialmente es un préstamo normal que el cliente irá devolviendo en cómodas mensualidades.
Más difícil de justificar ante las leyes antiblanqueo es la otra fórmula estrella para los narcotraficantes y organizaciones mafiosas: los bancos pantalla. “Hay jurisdicciones como las de Samoa o Barbudas que permiten crear un banco con una inversión de menos de un millón de euros, calderilla para ellos, utilizando testaferros que enmascaran la identidad de los propietarios del dinero”, cuenta Peláez. Estos países están en la lista negra de todos los bancos y aseguradoras y cualquier operación procedente de ellos requiere verificación exhaustiva o rechazo de la misma. Pero los asesores jurídicos son capaces de montar elaborados entramados empresariales para encubrir ese origen. Algo que sería casi imposible sin la inestimable ayuda de la opacidad financiera que proporcionan los paraísos fiscales.
Sí, esos lugares a los que los políticos de todo el planeta declararon la guerra tras estallido de la crisis mundial allá por 2008, pero cuyas batallas no parecen tener demasiado éxito. Se han hecho muchas leyes desde entonces. Muchos se han comprometido a intercambiar información para que la OCDE les saque de su lista negra. “La realidad está lejos de lo que cuenta los titulares de prensa. Conseguir la información es muy complicado, ponen todo tipo de trabas y excusas para dilatar los procesos de investigación”, asegura José María Mollinedo, portavoz de colectivo de subinspectores de Hacienda Gestha.
Los expertos en prevención de blanqueo también lo tienen muy claro. “Acabar este problema sería tan fácil como prohibir los paraísos fiscales y dejar sin validez, de un día para otro los billetes de 500 y 200 euros. ¿Quién se vería afectado por estas medidas?”, apunta Luis Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Pero nada más lejos de la realidad. El incremento del control legal impuesto con la crisis contrasta con la evidencia de los datos. La actividad en paraísos fiscales no solo no retrocede si no que se incrementa. El último informe publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, es el ejemplo. En 2012, se constató que 33 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales. En total existen 437, un 6,8% más que el año anterior y un 71% más que 2009. El Banco Santander ostentaba el dudoso honor de liderar ese ránking, con 79 sociedades, siete más que el año anterior y 45 más que en 2009. BBVA ha rebajado su presencia en este tipo de países desde 43 sociedades, en 2011, a 33 en 2012. Aún así son 10 más que en 2009, y ocupa el tercer lugar del ránking de las empresas del Ibex 35, siguiendo a la constructora ACS. El resto de la banca es más moderada. Bankia, ha pasado de nueve paraísos en 2011 a ocho en 2012. Banco Popular y Bankinter se mantienen con tres y uno respectivamente. CaixaBank ha pasado de estar en un paraíso fiscal a estar en dos.
